Efecto Cristóbal López: La AFIP pidió que sea intervenida Ideas del Sur

El organismo solicitó, tal como reveló este diario, que se frene la venta de acciones de Tinelli al empresario Kirchnerista. Y se reservó el derecho de acudir a la Corte. Los argumentos

Por: Mariano Confalonieri y Gabriel Ziblat
La AFIP solicitó a la Justicia la intervención judicial de Ideas del Sur, productora televisiva que forma parte del Grupo Indalo de Cristóbal López. La presentación entró al Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 el 12 de abril y fue realizada por dos abogados de la División de Cobranzas Judiciales y Sumarios de la Dirección de Operaciones de Grandes Contribuyentes del organismo.

Hace tres semanas, el conductor Marcelo Tinelli vendió el 19% que le quedaba de Ideas del Sur a su entonces socio, López. Pero la AFIP también quiere evitar que esa operación se concrete, tal como publicó PERFIL la semana pasada.

En el documento, al que tuvo acceso este diario en exclusiva, el organismo recaudador sostiene que la transferencia de acciones implica por parte de Indalo un desembolso de 17 millones de dólares, maniobra que entra en contradicción con “la situación concursal” de Oil, empresa del Grupo.

Por esta razón, la AFIP solicitó “de manera urgente” que se oficie a Ideas del Sur para que se abstenga de registrar dicha operación y le reclamó a la Inspección General de Justicia (IGJ) que impida la inscripción de la transferencia de las acciones de la sociedad. El juez, Esteban Furnari, todavía no se expidió.

Posible negativa. Sin embargo, fuentes judiciales explicaron que si bien hay una medida cautelar que prohíbe cualquier tipo de operación que implique un vaciamiento del Grupo Indalo, la venta de acciones de Tinelli a López no figuraría entre ellas porque no produce un vaciamiento, de modo que el magistrado tendría el camino allanado para autorizar la operación.

El fisco también pidió que el mismo criterio que se utilizó para intervenir varias empresas de Indalo se aplique para colocar un veedor judicial en Ideas del Sur. El objetivo es que en esa empresa no se concrete ninguna operación tendiente a vaciar o desmembrar el Grupo, que mantiene con la AFIP una deuda de más de 8 mil millones de pesos.

En el escrito, de siete páginas, los abogados del organismo recaudador se reservan, además, el derecho a acudir a la Corte Suprema de la Nación a través de un recurso extraordinario, en caso de que el juez interviniente no falle en sintonía con sus intereses.

El diario La Nación reveló que durante los últimos cuatro años de gestión de Cristina Kirchner la empresa Oil Combustibles, parte del Grupo Indalo, evadió impuestos por más de 8 mil millones de pesos y aseguró que, con ese dinero, fondeó a otras empresas del emporio económico.

Ideas del Sur fue dirigida por Tinelli hasta que vendió las últimas acciones que tenía. Ahora, el conductor es un empleado más de la productora. Según contaron fuentes de su entorno, el planteo de la AFIP no contempla que ellos hicieron uso de un derecho que estaba incluido en el contrato para la venta de las acciones. Se trata de una cláusula “put in”, que implica que ellos pueden vender en cualquier momento y los controlantes, en este caso López, tienen la obligación de comprar.
Fuente: Diario Perfil

Nueva Ley Audiovisual: los medios comunitarios se aprontan para la batalla

Por: Tomás Astelarra
Luego del apoyo del Comisión Interamericana de Derechos Humanos pero del duro revés en el Congreso Nacional, los medios comunitarios se preparan para dar la pelea en las calles sin desatender el frente legislativo.

Dentro de la agenda de drásticos cambios en los que la Argentina se ve inserta desde la asunción de Mauricio Macri, la política de medios está entre las más visibles e intrincadas. Ya sea por el lugar emblemático que ocupó la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la lista de logros del kirchnerismo, por el supuesto papel de Clarín en las elecciones y la formación de opinión y los rápidos decretos que, entre otras cosas, dejaron en la calle a Martín Sabatella, cerraron el AFSCA, nombraron un abogado del multimedios en la Corte Suprema y dejaron sin efecto su supuesta obligación de deshacerse de varios canales de cable en enero. En las últimas semanas, la victoria que las organizaciones que apoyan la comunicación popular y comunitaria lograron al llevar sus planteos en defensa de la “Ley Audiovisual” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pareció verse nublada por la ratificación en el Congreso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) 13 y 267 y el Decreto Presidencial 236, que modificaron la ley. Si bien hay varios recursos de amparo en la Justicia, la aprobación por parte de los legisladores de los decretos hace casi una utopía la vía judicial, por lo que muchas organizaciones ya comienzan a resignarse a la lucha por los derechos de los medios comunitarios en las calles y los intrincados pasillos legislativos, tratando de incidir en la nueva ley que podría llegar en los próximos meses.

“El escenario que se plantea es un desafío para, en principio, no retroceder en los derechos que el sector de medios comunitarios habíamos logrado con la ley 26.522 y que garantizaba un 33% para nuestro sector, entre otras cosas, como los FoMCA´s y nuestra participación en el Consejo Federal, que era un órgano consultivo en el que toda la sociedad civil venía siendo representada. Lograr mayor marco de unidad en el sector para poder plantear en conjunto, con mayor fuerza, nuestras posturas y demandas, para no retroceder en los derechos que habíamos adquirido y plantear otras cuestiones como democratizar la pauta oficial”, opina Lionel Martín, integrante de Radio Sur, que transmite desde el barrio de viviendas populares del Movimiento Territorial de Liberación (MTL) en Barracas. Además de dejar sin efecto las implicancias de la Ley Audiovisual sobre la televisión por cable y disolver el AFSCA, los decretos firmados por Macri en diciembre también enterraron al Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (CoFeCA) en el cual los medios comunitarios estaban representados y que también administraba los Fondos de Fomento Concursable (FoMeCA). En la reunión de la Asociación Mundial de Artesanos de Radios Comunitarias (AMARC) realizada el fin de semana pasado en Santa Rosa, La Pampa, los miembros de la red contabilizaron $5 millones de pesos que les adeuda el Estado en este concepto.

Muchas de las radios ya hicieron las inversiones y quedaron endeudas, o ven como los presupuestos elaborados el año pasado se disuelven en la inflación o devaluación reinante. Como si fuera poco las radios también deben cargar con la cuentas pendientes de la Ley Audiovisual, como la ilegalidad o la priorización de proyectos más afines al kircherismo a la hora de otorgar fondos y licencias. Por dar un ejemplo, la radio La Tosca (FM 95.1), anfitriona de la asamblea de Amarc en Santa Rosa, aún no cuenta con licencia a pesar de haber sido censada por el AFSCA, y como si fuera poco, el organismo le otorgó su frecuencia a otra emisora naciente en una escuela de la ciudad. Para llenar el horno de bollos en la difícil coyuntura de los medios comunitarios, la pizzas y cervezas con las que los miembros de Amarc festejaban su primer día de asamblea fueron interrumpidos por la noticia de que la periodista Cintia Alcaraz de Radio Kermes de Santa Rosa había sido detenida por la policía tras intentar cubrir los abusos de los efectivos contra una par de jóvenes madres y sus hijos. Los efectivos de la Comisaría 3 no podían salir de su asombro cuando vieron llegar a ese batallón de jóvenes periodistas independientes al rescate de su compañera. A pesar del pequeño triunfo de la gesta (la periodista y las madres con sus hijos fueron finalmente liberadas), la situación demostró, como dice el comunicado de Amarc “el avance y despliegue de las políticas represivas, no sólo en la provincia de La Pampa sino a nivel nacional y continental”. Y agrega: “Esto ocurre en el marco de políticas económicas antipopulares que aumentaron abruptamente el costo de vida para las mayorías y hasta el momento han dejado el saldo de más de 100.000 despidos entre el sector público y privado, como contracara de los grandes beneficios que se propiciaron desde el Estado hacia los sectores más concentrados de la economía como los agroexportadores, las mineras y los fondos buitre. Nuestras radios redoblan el compromiso de informar desde la mirada y los intereses de nuestro pueblo, que no se resigna y sigue peleando por una vida más digna y justa para todos/as. Consideramos que el ejercicio de la comunicación popular es un derecho fundamental para caminar y organizarnos hacia una sociedad más justa y solidaria”.

Para llevar adelante todos estos desafíos es que desde el sector de medios comunitarios se fomenta un espacio de “Interredes”, del que participan, además de AMARC, el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCo), la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), la Red Colmena (de medios de comunicación cooperativos), RED COM (de carreras de comunicación y televisiones comunitaria como Barricada TV o Antena Negra) y la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (Arecia). Además se reflotó la Coalición por una Comunicación Democrática que en su momento fue una de las grandes impulsoras de la Ley Audiovisual.

“Lo que la CIDH específicamente pidió que no haya un retroceso a los estándares internacionales de comunicación que se habían ganado en amplios sentidos. También hubo una preocupación en términos de volver a facilitar la concentración comunicacional, generando menos posibilidades para, no solamente generar nuevas voces, sino también que se consoliden las que ya existen. Quedaría una ley del más fuerte, por lo que se pone en riesgo lo que se llama la competitividad. Que la CIDH haya escuchado nuestras peticiones es un avance. Quizás nos estamos conformando con poco. El escenario ha cambiado y volvemos a nuestra instancia, que ha sido siempre la resistencia, generar acciones. E incluso ir por más. Los nuevos 21 puntos de la Coalición vuelven a la discusión de lo que es la regulación de las telecomunicaciones que habían quedado afuera de la Ley Audiovisual. Buscamos ahora compatibilizar dos espacios muy complejos, pero con una dinámica que mueve muchísimo dinero. Es el sector de mayor acumulación. Da toda la sensación de que estamos en un espacio que necesitamos consolidarnos como fuerza. Lo que cambió es un escenario político con un poder político concentrado también en el Congreso Nacional, que nos pone de patas lo que hemos construido. Por eso hablamos de retroceso, pero la estrategia es dar un paso adelante, volviendo a dar la pelea en los sectores populares, no solo planteando nuestras necesidades como sector, sino lo que consideramos un derecho inalienable para toda la sociedad. Tener mucha paciencia, madurar mejores estrategias, volver a discutir con las bases, en los territorios y organizaciones, con otros actores. Esto no se va resolver de la noche a la mañana. Pero si dentro de un marco legal que nos pone en una situación de vulnerabilidad. Por eso estas presentaciones en la CIDH, para garantizar estos derechos que ya habíamos ganado”, explica Liliana Belforte de FM En Tránsito de Moreno.
Fuente: Marcha

Clarín detrás de Moreno: "de la guerra contra los medios al armado de Szpolski"

Alejandro Alfie, autor del libro negro del empresario de medios que más ganó, imprime en Clarín datos de la empresa controlante del Grupo 23 que se creó en la escribanía de Marta Cascales, la esposa de Guillermo Moreno, pieza fuerte de las ofensivas Kirchnerista

Tuvo que romperse la sociedad entre Sergio Szpolski y Matías Garfunkel para que comiencen a salir a la luz los papeles sobre la estructura empresarial del Grupo 23, entre los que se destaca una escritura que muestra el vínculo entre Szpolski, sus testaferros y funcionarios de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Es el caso de Uluru Corp, la empresa controlante del grupo de medios kirchnerista, que fue realizada por la escribana Michela Ponisio, de la escribania de Marta Cascales, esposa del ex funcionario Guillermo Moreno.

La escribanía de Cascales hizo en noviembre de 2012 la escritura de Uluru Corp, la empresa que manejó todos los medios del grupo de Szpolski y Garfunkel. Allí certificó que la empresa era manejada por Erik Daniel Ruckauf y Cecilia Paola Moreno, representados por la apoderada Ana María Quinteros; aunque esas personas eran prestanombres de Szpolski y Garfunkel.

El Grupo 23 fue el multimedio que más publicidad oficial recibió durante la gestión kirchnerista, con más de $2.000 millones –incluyendo ANSES y actualizando las cifras por inflación–, acumuló más de 20 medios, la mayoría financiados casi exclusivamente con pauta oficial, como CN23, radio América, los diarios Tiempo Argentino y El Argentino, el sitio Infonews, el dominical Miradas al Sur y las revistas Veintitrés, Auto Bild y Forbes Argentina, entre otros. Pero su vaciamiento empresarial, la poca audiencia de sus medios y el cambio de gobierno provocaron la desintegración del Grupo 23.

Cascales actuó también como escribana en la creación de Meldorek, la empresa de Sergio Schoklender que construía casas para el polémico programa Sueños Compartidos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Además, la esposa de Moreno fue directora suplente de la empresa estatal Arsat, cuando la controlaba el entonces ministro Julio De Vido, mientras ella era socia de Alessandra Minnicelli, su esposa, en la consultora Fonres. La escribana Cascales participó de actividades públicas con Moreno, como la escandalosa ofensiva que ambos hicieron en abril de 2013 en la Asamblea del Grupo Clarín, acompañados por Axel Kicillof y Alejandro Vanoli, por entonces ministro de Economía y titular de la Comisión Nacional de Valores, respectivamente. En esa ocasión, se comportaron muy agresivamente y se viralizó un video donde se la veía a Cascales gritando: “Abra la puerta. Saque la mano de ahí y no me provoque. Usted me toca. ¡Usted me está tocando!”. En tanto que Moreno alardeaba: “¡Mirá todo lo que vamos a tener, mirá con lo que nos vamos a quedar!”, en referencia al Grupo Clarín.

La Justicia le dictó dos procesamientos a Moreno, por “maniobras de hostigamiento” contra el Grupo Clarín y usar fondos públicos para financiar cotillón de propaganda contra Clarín (a través de remeras, folletos y hasta un globo dirigible). Su esposa, ahora se sabe, participó en el armado societario del grupo de medios que, con financiamiento estatal, fue parte del aparato de propaganda kirchnerista, que se dedicó durante varios años a replicar el “relato Kirchnerista” y a hostigar a los críticos de la gestión oficial.

Las sociedades. Uluru Corp es, desde 2012, la empresa dueña de todos los medios del Grupo 23, formada por dos sociedades: Inversora en Medios (70%), de Sergio Szpolski y sus socios ocultos, que podrían ser Darío Richarte y Javier Fernández; Dolkar Way (30%), de Matías Garfunkel (95%) y Guillermo Bracuto Fare (5%). La presidenta de Uluru Corp es Emma Della Croce, quien además es titular y accionista mayoritaria (90%) de Inversora en Medios, la sociedad de Szpolski. Estos datos surgieron en el juicio iniciado por Bracuto Fare, contra Szpolski, por la venta de medios del Grupo 23 sin el consentimiento de los dueños de Dolkar Way.
Foto: Perfil
Fuente: Diario Clarín

Despidos en Editorial Atlántida-Televisa

El miércoles 28 de abril, la Editorial Atlántida-Televisa despidió a 28 trabajadores de diferentes redacciones (Gente, Para Ti, Billiken, Vanidades, Atlántida Digital) y sectores de la empresa como Archivo, Pre-prensa, Comercial y Sistemas, en el marco de lo que definieron como un “Plan de reestructuración para poder llegar a fin de año”.

El número de trabajadores despedidos en los días sucesivos, según reconoció la empresa, iba a ascender a 39, sin embargo, tras un proceso de negociación iniciado por la comisión interna se logró frenar 12 nuevos despidos.

Luego de una numerosa asamblea llevada a cabo el jueves 28 dentro de la editorial, se votó realizar el lunes 2 de mayo, a las 14, una actividad con cese de tareas en la puerta del edificio ubicado en Azopardo 565, a la espera de las novedades que surjan de la reunión que la comisión interna y un representante de la UTPBA tendrán con la patronal para avanzar en la reincorporación de más compañeros.

La pérdida de puestos significa casi un 20% del total de la planta de trabajadores y se produce en medio de la negociación paritaria que las cámaras patronales están realizando con el sindicato. Por lo que se trata de una clara maniobra intimidatoria que busca de flexibilizar las condiciones laborales en todo el gremio de prensa.
Trabajadores Atlántida-Televisa

Como una especie de nominados de GH, fuimos escuchando nombres y apellidos...
Por: Paola Florio
Hoy a la tarde nos juntamos en una asamblea multitudinaria, algo inusual en esta empresa. La Comisión Interna de Atlantida Televisa la peleó a full y consiguió frenar los despidos al menos hasta el lunes que hay reunión en el Ministerio de Trabajo. También consiguieron la lista total, la de los compañeros que llegaron a despedir y la de los pendientes, que iban a despedir entre hoy a la tarde y mañana. Nos preguntaron si queríamos conocer los nombres. Dijimos que sí, que acabemos con esta agonía.

Como una especie de nominados de GH, fuimos escuchando nombres y apellidos. La panza estrujada, fuego en el pecho, lágrimas en los ojos. Esto que parece un reality no lo es, detrás de cada persona hay una historia, una familia, no es momento de quedarse en la calle. Pocas veces me sentí tan desamparada, pero éramos muchos y eso da fuerzas a cualquiera.

Nos miramos los que por ahora zafamos, abrazamos a los que les tocaría y ahora no saben qué pasará, puteamos por los que están del otro lado de la puerta porque ni siquiera los dejaron entrar a buscar sus pertenencias como si se tratara de delincuentes (cuando muchos se pasaron 40 años adentro de la empresa).

Organizamos un aplauzazo, lloramos, nadie entiende nada. Nos duele, nos da impotencia, somos laburantes de prensa, la mayoría de nosotros no sabe hacer otra cosa que contar historias. Organizamos asamblea para el lunes a las 14 en la puerta de la editorial (Azopardo 565). Están todos invitados, necesitamos que nos vengan a bancar y de paso, a dar un abrazo.

DreamWorks Animation ya es de Comcast por US$ 3.800 M

NBCUniversal, filial de Comcast, anunció un acuerdo para la adquisición de DreamWorks Animation, en una operación valorada en US$ 3.800 millones, que se completará a finales de 2016

Según los términos financieros de la operación, que Comcast hará a través de su división NBCUniversal, los accionistas de DreamWorks recibirán 41 dólares en efectivo por cada uno de sus títulos, lo que representa una prima del 27 % respecto al cierre del miércoles.

"DreamWorks Animation es una gran aportación que nos ayudará a crecer en los próximos años en nuestro negocio de cine, televisión, parques temáticos y productos de consumo", afirmó en un comunicado el consejero delegado de NBCUniversal, Steve Burke.

Tras el cierre de la operación, DreamWorks Animation pasará a formar parte de Universal Filmed Entertainment Group, que incluye compañías como Universal Pictures y Fandango.

“DreamWorks Animation es una gran incorporación a NBCUniversal”, declaró Steve Burke, consejero delegado de NBCUniversal, quien destacó el dinamismo y la profundidad del catálogo de propiedad intelectual de la compañía. Asimismo, Burke señaló que la compra de DreamWorks contribuirá a desarrollar durante los próximos años los negocios de películas, televisión, parques temáticos y productos de consumo.

Por su parte, tras el cierre de la operación, Jeffrey Katzenberg, consejero delegado y co-fundador de DreamWorks Animation, se convertirá en presidente de DreamWorks New Media, que comprenderá los intereses del estudio en Awesomeness TV y NOVA. Asimismo, Katzenberg será también consultor de NBC Universal.

“Después de dos décadas trabajando juntos para sacar adelante DreamWorks, estoy orgulloso de poder decir que NBCUniversal es el hogar perfecto para nuestra empresa”, aseguró Katzenberg.

Katzenberg fundó la compañía en 1994 junto al director Steven Spielberg y el productor David Geffen y tiene en la actualidad una valoración bursátil de unos US$ 2.300 millones.

El acuerdo ha sido aprobado en los consejos de administración de ambas compañías. Eso sí, la operación está sujeta a los cumplimientos de cierre habituales tanto nacionales como internacionales, esperando que el cierre definitivo se produzca a finales del presente año.

Respecto a la empresa matriz, Comcast, la misma es conocida por ofrecer servicios de televisión por cable, telefonía y acceso a Internet a alta velocidad en los Estados Unidos. Con la adquisición de DreamWorks Animation por parte de NBCUniversal, se refuerza la posición de esta en los contenidos que lleva a sus usuarios además de los negocios relacionados.

Señalar que Comcast adquirió la mayor parte del conglomerado de medios de NBCUniversal en diciembre del 2009.
Fuentes: Agencias EFE y AFP

ARSAT y la Universidad Nacional del Litoral trabajarán en la regionalización de señales

Mañana viernes a las 11 en el Rectorado de la casa de estudios tendrá lugar un encuentro para comenzar a delinear el trabajo. Esto permitirá extender la señal del canal de televisión Litus a gran parte de la provincia

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT) iniciarán conversaciones para regionalizar la señal televisiva de Litus en la provincia de Santa Fe.

La intención de este trabajo es llevar la señal del Litus, el canal de televisión de la UNL, a toda la provincia y áreas de influencia a través del uso de las antenas de ARSAT ubicadas en el territorio.

En el encuentro participarán el rector de la casa de altos estudios, Miguel Irigoyen; en representación del Directorio de ARSAT, Oscar Martínez; y Romina Kippes, directora de Comunicación Institucional de la UNL.

“Desde el multimedio de la Universidad, en coincidencia con el plan de trabajo de ARSAT, pretendemos que las señales públicas lleguen efectivamente a los santafesinos, y eso nos reúne para programar acciones conjuntas”, detalló Kippes.

La señal de Litus se expande
Litus actualmente está incluida en el paquete de señales de TDA para el área de influencia de la antena ubicada en Santo Tomé. Recientemente, fue incluida en el paquete de Cablenet Play, empresa que distribuye su servicio a 10 localidades de 4 departamentos del centro provincial: Margarita, San Vicente, San Martín de las Escobas, Colonia Belgrano, Santa Clara de la Buena Vista, López, Gálvez, Irigoyen, San Fabián, Arocena. Desde su salida al aire, Cablevideo Digital sumó la señal universitaria a su paquete HD.

“De manera ininterrumpida trabajamos para sumar nuevos contenidos y perfeccionar los existentes. El multimedio de la UNL tiene un gran potencial ya que permite –y requiere– una integración constante de los contenidos generados por la Radio universitaria, LT10 en AM y X en FM. Por eso, mediante un trabajo conjunto, estamos, por ejemplo, diseñando el próximo paso para realizar coberturas en vivo y emitir panoramas informativos con información multimedia”, consignó Kippes, y continuó: “Buscamos que nuestros contenidos sean de interés para los santafesinos y que eso sea el motivo que nos permita avanzar en las negociaciones con las empresas distribuidoras de televisión en la región”.
Fuente: UNL

El periodismo de la filtración amenaza con ahogar el de investigación

Los Panamá Papers marcan un nuevo desafío a los medios por el volumen casi inmanejable de documentos

La filtración a los medios de las cuentas bancarias en paraísos fiscales gestionadas desde Panamá constituye la mayor avalancha de información, obtenida fuera de los circuitos institucionales y volcadas en los medios de comunicación. Los llamados “Panamá Papers” guardan similitudes con las otras dos grandes filtraciones aireadas por la prensa mundial -los llamados casos de “Wikileaks” y “Luxleaks”- aunque todos tengan características propias. La más importante, quizá, el volumen cada vez mayor de documentos filtrados. En el caso de Panamá, once millones y medio, una circunstancia que hace temer a muchos que ya no se trata del clásico “periodismo de investigación” sino del de gestión de un volumen casi inmanejable de datos.

Wikileaks
La organización creada por Julian Assange -hoy refugiado en la embajada de Ecuador en Londres- es un sitio web que, haciendo un uso intensivo de internet, se ha convertido en una fuente adicional de preocupación para gobiernos, corporaciones o todo aquel que tenga interés en mantener cosas ocultas, a través de la filtración anónima de documentos con contenido sensible en materia corporativa o gubernamental. Cuando WikiLeaks apareció en internet en 2007 muchos lo consideraron el heraldo del nuevo periodismo investigativo, mientras que otros lo vieron como un experimento muy arriesgado.

El 28 de noviembre de 2010 Wikileaks inició la publicación de 251,287 cables diplomáticos de Estados Unidos, el “paquete” más grande de documentos confidenciales que jamás se había puesto a disposición del dominio público.

Los cables, que comprenden un período que abarca desde 1966 hasta febrero de ese año, contienen comunicaciones confidenciales entre 274 Embajadas ubicadas en casi todos los países alrededor del mundo y el Departamento de Estado en Washington D.C. Hay 15,652 cables clasificados.

Luxleaks
A finales de 2014 estalló el segundo gran escándalo de filtración de documentos secretos a la prensa. Casi 350 multinacionales, entre ellas Pepsi, Ikea, AIG, Fiat, Amazon, JP Morgan, Heinz, Burberry, PIMCO o Deutsche Bank, habrían firmado acuerdos secretos con Luxemburgo para rebajar sus impuestos, de acuerdo con documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). El escándalo afectó directamente a Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea, que era primer ministro y ministro de Finanzas de Luxemburgo cuando se firmaron los acuerdos.

La auditora PricewaterhouseCoopers habría ayudado a las compañías a obtener al menos 548 decisiones fiscales vigentes en Luxemburgo desde 2002 y 2010 para beneficiarse de "estructuras fiscales complejas diseñadas para crear reducciones drásticas en los impuestos", indicó el ICIJ. Algunas compañías consiguieron, incluso, impuestos de sociedades de tan sólo el 1% sobre los beneficios que llevaron a Luxemburgo. Una dirección popular, el número 5 de la calle Guillaume Kroll albergaba a más de 1.600 compañías, según los documentos revelados.

Panamá Papers
Son la filtración de más de 11,5 millones de documentos (2,6 TB) robados en 2015 de los servidores de Mossack Fonseca, un bufete de abogados panameño dedicado principalmente a la gestión de sociedades offshore. Aunque la oficina principal es panameña, se trata de una firma internacional en la que trabajan más de 600 personas en delegaciones para 42 países.

Los Panamá Papers han revelado que entre los clientes de Mossack Fonseca hay 143 políticos, sus familiares o asociados. Entre esos políticos hay ya 12 presidentes de gobierno tan conocidos como Vladimir Putin. Junto a Putin aparecen nombres como Nawaz Sharif, primer ministro de Pakistán; Ayad Allawi, antiguo vicepresidente de Irak; Petro Poroshenko, presidente de Ucrania; Alaa Mubarak, hijo del antiguo presidente de Egipto, o el primer ministro de Islandia, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, el único que ha dimitido hasta ahora. Figuran también innumerables deportistas, y personajes públicos de todo el mundo.

La elaboración de esta inmensa información, suministrada en último término por la ICIJ, término final del camino de la filtración, se solapa con los procedimientos abiertos por muchos gobiernos para estudiar posibles delitos de evasión fiscal, un proceso que será muy largo y casi imposible de concluir sin la colaboración de las autoridades panameñas.

Solo ellas pueden ayudar a conocer a qué actividades se dedicaron las empresas implicadas. Pero, como ocurrió con los Luxleaks, el gobierno panameño como el luxemburgués se apoya en la “contaminación de la prueba” por proceder de una filtración, de suyo delito, para negarse a colaborar. El supuesto “periodismo de investigación” en torno a los 11,5 millones de documentos se presenta, en ese contexto, casi como una contradicción en los términos. Sin investigación real, el nuevo fenómeno de filtración solo puede lograr la devastación de prestigios, sometidos a la picota pública.
Foto: Rodrigo Arangua - AFPFuente: Diario ABC

Tiempos de violencia y resistencia en periodismo latinoamericano

Manifestantes en un acto en recuerdo de la periodista Regina Martínez, en el monumento del Ángel de la Independencia, en Ciudad de México. En este país fueron muertos 14 de los 43 periodistas asesinados en América Latina durante 2015. 

Por: Daniela Pastrana. Editado por Estrella Gutiérrez
México es el país más letal para el periodismo en América Latina. Durante 2015, sumó la tercera parte de los asesinatos de periodistas en la región, y cuatro periodistas más se añadieron a la lista sangrienta en lo que va de 2016.

El último, Francisco Pacheco Beltrán fue asesinado a balazos afuera de su casa, en el sureño estado de Guerrero, el lunes 25. Pacheco Beltrán era un periodista crítico, que trabajaba para varios medios locales en el estado más pobre del país y uno de los más violentos.

Su asesinato hila un capítulo más a la historia de terror de la prensa mexicana en este siglo, y cuyo rostro más oscuro no es solo el de 92 periodistas asesinados, sino un fenómeno casi único en democracias: 23 periodistas han sido desaparecidos en 12 años, un promedio de dos por año.

Y cada 22 horas, un periodista es agredido en México, según el último informe de la organización internacional Artículo 19, dedicada a promover y defender la libertad de expresión.

“La violencia contra la prensa en México es sistemática y generalizada”, aseguró su exdirector en el país, Darío Ramírez, en el marco del pasado Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad en Crímenes contra Periodistas, que se realiza cada 2 de noviembre.

Pero la violencia y la impunidad en las agresiones no son los únicos problemas del periodismo en México y el resto de la región.

Ricardo González, coordinador del programa global de protección de Artículo 19, con sede en Londres, explicó a IPS que la libertad de prensa en América Latina tiene tres retos principales: la protección preventiva y el combate a la impunidad, la desconcentración de la propiedad de medios y mejorar las condiciones laborales de los periodistas.

“Para nosotros los focos rojos son México, Honduras y Brasil”, dijo González.

Datos de la Federación de Periodistas Latinoamericanos indican que en la región fueron asesinados 43 periodistas durante 2015, de ellos 14 en México, a los que se suman dos desaparecidos. Le siguen en el luctuoso ranking Honduras (10), Brasil (8), Colombia (5) y Guatemala (3).

Un ingrediente preocupante de Brasil es el alto incremento de las víctimas mortales en el ejercicio del periodismo. La Federación Nacional de Periodistas destaca que la cifra se incrementó en 60 por ciento, entre 2014 y 2015. El caso más emblemático fue el del periodista de investigación Evany José Metzker, hallado decapitado en mayo de 2015.

Honduras y México, por su parte, tienen problemas muy parecidos: a la violencia contra periodistas se añade la impunidad en las investigaciones.

Periodistas hondureños protestan contra una ley de secretos oficiales que atenta contra su función social. Mediante leyes y otros mecanismos los gobiernos latinoamericanos coartan el derecho al acceso a la información, tema este año del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

“En el primer semestre de 2015, la CIDH ha registrado un número preocupante de asesinatos de comunicadores y trabajadores de medios, cuyos motivos no están esclarecidos”, dice el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Honduras.

Más que muertes
A la violencia, el país centroamericano suma el reciente cierre de uno de los periódicos más tradicionales y que resaltó por su defensa de la democracia durante el golpe de Estado de 2009: Diario Tiempo.

Paradójicamente, el cierre del diario está ligado a la caída de una de las familias más poderosas del país: la de Jaime Rosenthal, a quien el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusa de legitimación de capitales procedentes del tráfico de drogas.

El bloqueo de cuentas de las empresas del Grupo Continental, derivados de esa acusación, llevó al cierre del periódico, anunciado en octubre, por lo que se acusó de “medidas desproporcionadas” adoptadas por el gobierno local contra el combativo medio.

En una carta pública, Rosenthal afirmó que “las circunstancias que obligan esta suspensión son de la mayor gravedad en lo que importa a la libertad de expresión, al desarrollo de la comunicación social y a la democracia en nuestro país, al grado de constituir un caso atípico en el mundo occidental”.

Otro tiempo, en Argentina, representa un ejemplo de la cara anversa de la moneda en la región. El lunes 25, los periodistas de un diario bonaerense, cerrado a finales de 2015, relanzaron esa cabecera que tendrá una edición impresa semanal.

Bajo el lema de “dueños de nuestras propias palabras”, los redactores de Tiempo Argentino recuperaron su espacio laboral, bajo un esquema de cooperativa, similar al que usaron los trabajadores fabriles durante la crisis surgida en 2001.

“Es muy lindo ver que entre más organización hay, se supera la competencia de las empresas”, dijo a IPS desde Buenos Aires, Cecilia González, corresponsal de la agencia Notimex en los países del Cono Sur americano.

Pero allí no faltan los problemas o abundan estas respuestas positivas, aclaró González. Uno de esos problemas es la derogación mediante decreto por el presidente Mauricio Macri de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2015, y que limitaba la concentración de medios.

El 18 de este mes, Macri, en el poder desde diciembre, ofreció a la CIDH que hará una nueva ley de medios con participación previa de la sociedad civil. Pero los periodistas argentinos son escépticos.

“Además de más de 300 medios que ostenta el Grupo Clarín y de los que evita desprenderse, en las sombras edifica otro monopolio. Asociado con La Nación planean quedarse con toda la cadena de las revistas gráficas”, denunció la revista Orsai.

Pero los problemas para la CIDH y su relatoría especial para la libertad de expresión, no solo son provocados por los gobiernos conservadores.

En Ecuador, por citar un solo ejemplo desde la orilla de la izquierda, el presidente Rafael Correa, en el poder desde 2007, usó toda la fuerza del Estado para demandar penalmente a los directivos del diario El Universo, Carlos, César y Nicolás Pérez y para el entonces editor de opinión, Emilio Palacio.

El mandatario pidió 80 millones de dólares y tres años de cárcel por supuestas injurias por un artículo que afirmaba que Correa había ordenado “fuego a discreción” contra un hospital lleno de civiles durante la rebelión policial de septiembre de 2010.

Derivado de ello, en diciembre 2015, la CIDH, admitió la petición por la cual se alega responsabilidad internacional de la república de Ecuador, por la presunta violación de garantías judiciales, libertad de pensamiento y expresión, y pedido de protección judicial.

De la coerción no escapa el humor. Una caricatura política sobre la incursión de policías en el domicilio de un opositor indignó en 2014 a Correa, que inició una campaña con todos los resortes del poder contra el autor, Xavier Bonilla, que firma como Bonil, al que calificó de “sicario de tinta y enfermo”.

“Los ecuatorianos debemos rechazar las mentiras y a los mentirosos, sobre todo si esos mentirosos son cobardes disfrazados de jocosos caricaturistas. Odiadores del gobierno disfrazados de jocosos caricaturistas”, fue una de las andanadas del mandatario contra uno de los caricaturistas latinoamericanos más reconocidos.

Son algunos de los claroscuros con los que los periodistas de la región reciben el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra el 3 de mayo.

Aunque los escenarios no son los más óptimos para el periodismo latinoamericano, hay muestras de resistencia que parecen encender en diferentes países.

Incluso en Veracruz, el estado mexicano que ha saltado a la prensa mundial por el escandaloso número de periodistas asesinatos y agredidos.

El 28 de abril, cuando se cumplen cuatro años del asesinato de Regina Martínez, corresponsal del semanario Proceso, los periodistas del Colectivo Voz Alterna, que han dado una enorme batalla por la información en un ambiente de terror, colocarán una placa en su honor en la Plaza Central de la capital estado.

“No podemos olvidar, ni quedarnos sin hacer nada”, dijo a IPS la reportera veracruzana Norma Trujillo. Mantras parecidos repiten periodistas que ejercen su oficio en situación de riesgo en diferentes países de la región.
# Este artículo forma parte de una serie elaborada por IPS, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo
Fotos: Lucía Vergara, Thelma Mejía
Fuente: InterPressService