El diario, que se editaba en la capital, termina sus operaciones después de 32 años de circulación nacional. La decisión se basa en 'las regulaciones restrictivas de la Ley de Comunicación, que limitan de forma discriminatoria la inversión en los medios'. HOY anunció que desde el mañana, 30 de junio, saldrá una edición digital y no descarta publicar a futuro una edición impresa los fines de semana
El matutino señaló en su editorial que la decisión se basa en "las regulaciones restrictivas de la Ley de Comunicación y la profundización de algunas de sus disposiciones, entre ellas, las que limitan de forma discriminatoria la inversión nacional en medios de comunicación".
El gobierno del presidente Rafael Correa, que mantiene un duro enfrentamiento con un sector de la prensa al que tilda de opositor, promovió esa ley expedida en 2013, la cual prohíbe que banqueros sean propietarios de medios y es cuestionada por un sector privado por supuestas restricciones a la libertad de prensa.
"El permanente boicot publicitario a Hoy, la cancelación de contratos de impresión especialmente de textos escolares, y otras limitaciones para financiar nuestras operaciones, incluyendo la iniciativa de transformar la información en servicio público, en un escenario mundial de progresivo deterioro de las audiencias de la prensa escrita, nos obligan a tomar la dura decisión de suspender la edición impresa diaria", indicó el periódico quiteño.
"La gradual pérdida de las libertades y limitación de las garantías constitucionales que sufre el Ecuador, la autocensura que impone la vigencia de la Ley de Comunicación, los ataques reiterados directos e indirectos a la prensa que no controla el Gobierno, han generado, desde hace más de siete años, un escenario totalmente adverso para el desarrollo de un diario plural, libre, independiente, abierto a las distintas corrientes de opinión", añadió el editorial de Hoy.
HOY cierra un ciclo e inicia nueva etapa
La gradual pérdida de las libertades y limitación de las garantías constitucionales que sufre el Ecuador, la autocensura que impone la vigencia de la Ley de Comunicación, los ataques reiterados directos e indirectos a la prensa que no controla el Gobierno, han generado, desde hace más de siete años, un escenario totalmente adverso para el desarrollo de un diario plural, libre, independiente, abierto a las distintas corrientes de opinión.
Las regulaciones restrictivas de la Ley de Comunicación y la profundización de algunas de sus disposiciones, entre ellas, las que limitan de forma discriminatoria la inversión nacional en medios de comunicación, (a pesar de que, a través de un reglamento ad hoc, se permita la inversión extranjera en éstos), el permanente boicot publicitario a HOY, la cancelación de contratos de impresión especialmente de textos escolares, y otras limitaciones para financiar nuestras operaciones, incluyendo la iniciativa de transformar la información en servicio público, en un escenario mundial de progresivo deterioro de las audiencias de la prensa escrita, nos obligan a tomar la dura decisión de suspender la edición impresa diaria de HOY.
Esta resolución cierra el primer ciclo de más de 32 años de servicio honesto, transparente, directo y frontal de Diario HOY a la comunidad ecuatoriana, ciclo en el cual puede exhibir con legítimo orgullo su aporte para la defensa de la democracia, el respeto a los derechos humanos y las libertades, la lucha por una sociedad más justa, solidaria e inclusiva.
En la nueva etapa, HOY se centrará en la defensa de similar mensaje con la misma filosofía de independencia, pluralismo y los demás valores que inspiraron su nacimiento. Lo hará por medio de una renovada edición de HOYDigital , que se presentará al público mañana lunes 30 de Junio.
Esta transformación ubica al Diario en el camino por donde empiezan a transitar todos los medios escritos en el planeta, hacia el mundo de interacción con los lectores a través de las innovaciones tecnológicas y las redes sociales, la inmediatez del mensaje informativo y el análisis, la oportunidad y profundidad con que puede entregarse la opinión.
En las actuales circunstancias, esta modalidad permitirá también , a HOY, desarrollar ese periodismo que ha pretendido ejercer, desde cuando apareció su primer ejemplar: un periodismo sin las cortapisas que impone la Ley de Comunicación a los medios escritos y audiovisuales.
Con la herramienta digital, podrá volver a utilizar las capacidades de investigación y análisis libre, que sustentan al periodismo honesto en una democracia.
A esta innovación que estamos implantando, se suma la edición de un nuevo periódico impreso semanal, en formato más amigable, a todo color con un contenido familiar, cosmopolita y de comunidad que circulará los fines de semana.
En medio de las difíciles circunstancias antes explicadas, HOY se mantiene firme en su filosofía de servicio al país, ante el cual reitera los compromisos de independencia y pluralismo que asumió hace más de 32 años y que han sustentado su credibilidad ante lectores y anunciantes.
A pesar de todas las dificultades, HOY mira con optimismo y esperanza el futuro porque tiene fe que prevalecerán los grandes valores que ha profesado el pueblo ecuatoriano a lo largo de su historia, de repudio a imposiciones, dictaduras y autoritarismos y de defensa de la democracia y las libertades.
La prensa como servicio público fue idea de Franco y Mussolini
Por: Lizette Abril
Guadalupe Fierro examina el alcance de la enmienda constitucional que plantea a la comunicación como un servicio público. Ese afán, dice, tiene un antecedente histórico: la ley del 2 de abril de 1938 del franquismo
¿Cuáles son las implicaciones de que la comunicación se convierta en un servicio público?
En alguna oportunidad, Frank La Rue, relator especial de las Naciones Unidas, envió una carta al Presidente de la República en la que hizo una advertencia de que era absolutamente extraño denominar a la comunicación como un servicio público porque esto contraviene el espíritu y el contenido de las libertades universales que en materia de comunicación existen, tanto de las Naciones Unidas como en el caso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Rue ratificó en esa publicación el hecho de que no debe confundirse el tema de la comunicación como un derecho, de lo que es un servicio público que, por su naturaleza, está a cargo del Estado. El servicio público es una responsabilidad del Estado para con los ciudadanos y se ejerce en diversos ámbitos donde es necesario proveer determinadas necesidades.
Con todas las declaraciones supraconstitucionales que existen y a las que Ecuador está suscrito, ¿si la comunicación se convierte en un servicio público eso ocasionaría que el país entre en una controversia internacional por romper esos acuerdos?
Hay que recordar la misma disposición constitucional que establece la jerarquía de las normas de nuestro sistema jurídico. La Constitución dice con absoluta claridad que, en materia de derechos fundamentales, si los tratados internacionales son más favorables serán estos los que tengan más vigencia. Con la solicitud de enmienda existe contradicción entre nuestra normativa, ya sea esta legal en rango de una ley orgánica, como lo es la Ley de Comunicación y por la Constitución de la República en donde se establece que nosotros tenemos que atenernos a los tratados internacionales que dan una aptitud mayor y un respaldo mayor a los derechos humanos fundamentales. Eso está claro en nuestra Constitución y de pasar la enmienda ese punto quedará inconsistente por su propia normativa interna.
¿Una Constitución se tiene que reformar para adaptarse a una ley?
Resulta realmente extraño que, en un intento más de hacer prevalecer el principio de la comunicación como un servicio público, el Gobierno haya formulado ese pedido de enmienda constitucional. Me atrevo a creer que en realidad fue el impulso del deseo presidencial lo que motivó al Cordicom y a la Superintendencia de Comunicación para enviar esta solicitud de enmienda constitucional. Eso solo demuestra la importancia suprema que los señores que están actualmente en el poder le dan a la definición de la comunicación como un servicio público que, además, tiene implicaciones jurídicas y administrativas muy importantes que no hay que perder de vista.
¿Hay antecedentes históricos?
Uno debería remitirse a la ley del 2 de abril de 1938 de Francisco Franco (dictador español). Él creía que la comunicación tiene que cumplir un papel dentro de un Estado y repetía que no podía perdurar un sistema que tolerara la existencia de la prensa como un cuarto poder. Eso es, más o menos, lo que suele repetir el Presidente. Esa ley además decía que, siendo la prensa un órgano popular y sobre todo fundamental en la creación de la conciencia colectiva, no se podía admitir que el periodismo continúe viviendo al margen del Estado en ese país. De eso se trata. No quieren un periodismo que se mantenga al margen del Estado. El texto de 1938 también decía: convertir a la prensa en una institución nacional, haciendo del periodista un digno trabajador al servicio de España. Quiero recordar que en nuestra Constitución se habla del tema del servicio público y se dice que servidores públicos son todos aquellos que prestan un servicio público. Entonces los periodistas se convertirían en, virtualmente, servidores públicos. Cuando uno lee cuáles son las facultades, deberes y atribuciones que tiene un servidor público se entiende claramente qué es y hacia dónde camina todo esto. Es posible que, en un exceso de celo, los asambleístas hayan impulsado esta idea pensando que es un concepto revolucionario, pero que en realidad es un concepto regresivo que ya tiene un antecedente porque no es una novedad. Esto es una cosa que ya se trabajó en los regímenes de (Benito) Mussolini y de Franco.
Al ser la comunicación un servicio público, ¿el Estado estaría obligado, incluso, a financiar infraestructura para los medios de comunicación?
No se dice nada de eso. Solo se trata el trabajo que desarrollan los medios privados y ahora también los comunitarios. No se dice nada de la regulación interna ni de la infraestructura. Lo que cabría en este caso es suponer que se aplicarían las disposiciones vía analogía, a pesar de que eso en el tema de derecho administrativo es absolutamente prohibido porque solo se aplica lo que está expresamente escrito en la ley. El tema del servicio público tiene que ver, y en eso los asambleístas y el Presidente tienen razón, con los medios públicos. En eso si se ajusta a lo que la Constitución establece. La Carta Magna dice que habrá personas jurídicas que se funden y este es el caso de las empresas de comunicación que tienen que ver con el Estado. Eso es correcto, eso es un servicio público. Los periodistas que trabajan allí, evidentemente son servidores públicos porque los recursos con los que son pagados son del Estado. El trabajo que ellos desarrollan es un trabajo que está destinado a llenar un vacío que supuestamente interesa al Estado promover, como es la información cultural, en la que los medios privados son deficitarios y en eso estamos de acuerdo. En el caso de las radios hay que hacer una distinción para saber lo que es la comunicación como un servicio público y lo que son los temas instrumentales y de herramientas para ejercer la comunicación como un derecho humano. Por ejemplo, las radios utilizan el espectro electromagnético que es un bien público y, por consecuencia, debe estar controlado, consignado y regulado por el Estado. Cuando la ley se estaba tratando recién se dijo que, para evitar confusiones de ese tipo, el espectro electromagnético debía salir del texto y estar inmerso en una Ley de Telecomunicaciones. La comunicación como un derecho no puede estar regulada como un servicio público.
¿Cuál es la diferencia entre que sea un derecho y un servicio público?
Los ejemplos puestos por los asambleístas y por quienes están postulando esta enmienda permiten aclarar el panorama. Quién no está de acuerdo en que la salud es un derecho público, pero ese servicio precisamente lo presta el sistema de salud pública y, por encargo, algunos elementos privados sin que esas empresas pierdan su naturaleza. No es correcto confundir el derecho con las herramientas para satisfacerlo porque cada ser humano es libre de escoger la forma en la que puede satisfacer su derecho.
Si la enmienda pasa, ¿qué competencias tendría el Gobierno?
Se define en la Constitución lo que son los servicios públicos y obviamente tendría todas las razones para normar la comunicación.
¿Cuáles serían las consecuencias de que eso ocurra?
Se expropiaría un derecho de los seres humanos para pasar a ser un derecho modulado y regulado por el Estado. Hay que recordar que el derecho a la libertad de expresión y, por consiguiente, el derecho que tenemos a escoger el tipo de información según lo que nosotros consideramos, pasaría a ser modulado por el Estado. Lo más peligroso es que se acabaría con el derecho que tienen las personas o núcleos de personas que pertenecen a los medios privados y comunitarios de informar sin la tutela estatal. En el caso de los medios públicos está claro que deben ser modulados por la institución que los creó y que tienen la obligación de ser voceros de la institución a la que representan.
En su criterio, ¿tener a la comunicación como servicio público aupa a tener un discurso único?
Hay que acudir a la experiencia práctica y, como hemos señalado, esta no es la primera vez que se trata de establecer esta norma. Los gobiernos de Franco y Mussolini fueron por la misma línea y el objetivo fundamental era crear una agenda informativa regulada por el Estado, y más bien dicho por el Gobierno. Esa es una diferencia fundamental, porque cuando se habla de medios públicos, que no son lo mismo que gubernamentales, se puede citar por ejemplo a la BBC de Londres, a la televisión francesa, a la italiana y todas ellas lo que hacen es vincular los intereses de los distintos sectores de la sociedad y los expresan de manera plural porque son parte de la sociedad. Eso es ser un medio público, porque son vínculos con el Estado y no con el Gobierno de turno.
¿Cuánto daño le haría esa enmienda al mismo Gobierno?
Casa adentro la propaganda oficial ha tenido un relativo éxito en presentar esto como algo de avanzada, pero hacia afuera, en donde las cosas están claras y donde la propaganda oficial no puede crear argumentos engañosos y ficticios, eso será un prejuicio muy grave para el país y el Gobierno. En Europa, por ejemplo, se recordará con mucha facilidad el momento indeseable que fue el de los gobiernos autoritarios que controlaron a la prensa con el efecto de adelantar su proyecto político. Nosotros entraremos a ser parte de ese pequeño grupo de naciones que en este tema han tenido una respuesta absolutamente reaccionaria.
¿Qué papel tendríamos los ciudadanos si la comunicación es un servicio público?
Las personas que recibimos un servicio a través de una empresa somos usuarios. En esa calidad nosotros nos vemos como administrados y estamos en estado de subordinación porque no se puede negociar de igual a igual con la empresa que regula los servicios. La única potestad que tenemos los administrados es la de adherirnos. Todos los contratos que hacemos frente a la administración son de adhesión y la potestad del Estado es de regular los servicios.
¿Qué pasaría con los medios privados?
El Gobierno trata de establecer una norma con la que exista la posibilidad de intervenir cuando lo considere necesario porque, en el conjunto de los medios privados, hay algunos que les resultan incómodos y a ellos se les administrará la regulación. Es lo mismo que pasó en España, donde se estableció una censura previa como parte de la potestad que tenía el Gobierno de orientar y dirigir a la prensa como servicio público. Entonces se establecieron oficinas de sensores y los medios tenían la obligación de reportar su información.
¿Podríamos volver a esa época?
Esto está destinado a hacerse, no de la misma forma pero si por ejemplo, a visualizar los focos de incomodidad para el Gobierno y aplicarles todo el rigor de la ley.
El personaje: Abogada y periodista. Es la vicepresidenta de la Unión Nacional de Periodistas.
Aporta Gonzalo Peltzer
Excelente excusa para cerrar un diario
Dos realidades que parecen no tener nada que ver:
- La industria de periódicos no anda bien.
- Rafael Correa es un autoritario.
Juntas dan esto que ha ocurrido ayer en el Ecuador: cierra la edición impresa del diario Hoy quebrado por sus angustias económicas y le echa la culpa al autoritarismo del gobierno
Actualización:
Fuentes: Agencia AFP, Diario Hoy y Paper Papers
