Porque somos esencialmente trabajadores, desde el Movimiento Sindical de Prensa (MSP) saludamos el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declara la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, aprobada por el Congreso de la Nación hace ya cuatro años y nos pronunciamos a favor de la aplicación plena de su articulado
Su sanción fue antecedida por un extenso e intenso programa de consultas en los mas diversos ámbitos de la sociedad civil.
La puesta en vigencia integral de la Ley referida contribuirá a la diversificación social de las fuentes de emisión de informaciones, opiniones y expresiones culturales, preservando y consolidando así el sistema democrático vigente.
La posibilidad de contar con espacios definidos en el espectro para la comunicación desde los medios privados, otros del Estado nacional, provinciales y municipales, y también desde cooperativas, sindicatos, entidades educativas y profesionales, conlleva la potencial generación de nuevos empleos en este rubro.
En este orden consideramos una cuestión clave la puesta en práctica de los instrumentos legales y financieros que hagan viable el surgimiento y desarrollo de Medios en todo el territorio nacional, a manos de los diferentes estamentos de la sociedad civil.
En lo especifico del ejercicio del periodismo, entendemos que es esencial revertir el proceso de concentración de Medios entre pocos propietarios, acentuado desde la década del noventa, que produjo un grave deterioro en las condiciones de trabajo y salariales del sector, en decidida violación de los derechos establecidos en los Convenios Colectivos y en el Estatuto del Periodista Profesional.
La defensa de los derechos laborales, sindicales, de los puestos de trabajo, y del ejercicio profesional digno son objetivos prioritarios para el MSP.
La vigencia plena de la Ley referida implica un fuerte desafío para funcionarios, empresarios, trabajadores y dirigentes sociales: hacer que los Medios sean una caja de resonancia al servicio de la libertad de expresión en el marco de un proyecto nacional y popular que aliente nuestra capacidad de reflexión y el desarrollo de una sociedad plural e inclusiva.
Buenos Aires, Octubre de 2013
MSP / Movimiento Sindical de Prensa / en el Frente de Unidad
Tato Dondero (Delegado PáginaI12), Ana Paoletti (Delegada PáginaI12), Carlos De Mori (Delegado La Nación), Alfredo Migueles (Delegado La Nación), Antonio Soriano (Delegado La Nación), Carlos Liascovich (Delegado Clarin), Daniel Vides (Delegado Noticias Argentinas), Santiago Magrone (Delegado Diarios y Noticias), Susana Grassi (Delegada Diarios y Noticias), Nicolàs Borojovich (ARGRA), Raúl “Darta” Ferrari (TelAm – ARGRA), Facundo Martínez (Delegado PáginaI12)... y siguen las firmas
miércoles, 30 de octubre de 2013
LSCA: Es más un desafío que una victoria
Por: Sebastián Lacunza, @sebalacunza
El mercado de medios de la Argentina funcionó durante décadas bajo la premisa, aceptada de mejor o peor grado por los gobernantes, de que el Grupo Clarín era demasiado grande para ser regulado. Incluso, algunos ejecutivos que contribuyeron a su expansión a cambio de apoyo mediático, luego se arrepintieron y buscaron, sin éxito, replantear el escenario, transformándose en víctimas de su propio legado.
El fallo de la Corte conocido el martes puso sello a un giro copernicano avalado por los tres poderes del Estado. Para la ley y la Constitución argentinas, el principal multimedios del país y uno de los más importantes de América Latina puede ser controlado, tal como fue reclamado durante años por quienes llevaron adelante trabajo y militancia en pos de superar la norma de facto firmada por Jorge Rafael Videla y, en ciertos aspectos, empeorada por gobiernos democráticos.
Un razonamiento puede parecer básico pero ha demandado treinta años hasta ser consagrado en una sentencia de la Corte Suprema: la concentración de la propiedad de los medios afecta de modo directo la Libertad de expresión y por esto debe ser regulada específicamente.
Con el fallo culminó un proceso judicial complejo, con idas, vueltas, dilaciones inexplicables y chicanas de letrados potenciadas por las trincheras mediáticas, hasta que el máximo tribunal revocó la decisión de la Cámara Federal en lo Civil que había dado curso a casi todos los reclamos del multimedios.
Una vez conocida la decisión sostenida por los jueces Raúl Eugenio Zaffaroni, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Enrique Petracchi, el oficialismo comenzó a festejar la que consideran una victoria decisiva para “democratizar la palabra” o, en lenguaje menos poético, un punto crucial en la guerra contra el principal enemigo del Gobierno. Sin embargo, ciertos festejos parecen prematuros para un Poder Ejecutivo que se encuentra ahora más que nunca en la encrucijada de demostrar que realmente aspira a establecer un sistema de medios plural.
Enmarcados en la incertidumbre del modo de ejecución del fallo, sus plazos y formas, aparecen dos interrogantes clave. Por un lado, quiénes y cómo podrían adquirir los medios que Clarín debe vender. Por el otro, cómo garantizar los puestos de trabajo de cientos de trabajadores de las empresas del Grupo sujetas a desinversión y reducción de costos. En principio, la lógica económica indica que la pérdida de posición dominante deriva en mayor diversidad y calidad; por ende, más puestos laborales, aunque el camino suele presentar dificultades inevitables o provocadas que la teoría y las buenas intenciones no puedan frenar, al menos transitoriamente.
Uno de los aspectos a tener en cuenta para no anticipar conclusiones es que, perdida la batalla madre, Clarín ya dio señales de que resistirá por vía administrativa y judicial, amparado en el desbarajuste de licencias creado en complicidad con el viejo Comfer y en la opaca aplicación de la ley vigente por la actual Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), dando lugar a una lucha "de guerrillas", más diseminada y con fines menos pretenciosos que una declaración de inconstitucionalidad, y que fuera prenunciada hace meses por los especialistas Martín Becerra y Gustavo Arballo.
Al virtualmente ampliar el período para que el multimedios presente un plan de adecuación, tal como anunció ayer Martín Sabbatella a las puertas de la empresa, el Gobierno parece dar señales de pretender acotar al mínimo la posibilidad de un nuevo recurso judicial que aduzca discriminación con respecto al resto de los grupos. Fuentes técnicas gubernamentales agregan que aún sin presentar un plan de adecuación, Clarín podría "colaborar" con la desinversión de oficio, al tiempo que descreen de las posibilidades reales de la empresa de multiplicar los recursos judiciales. "Si se niegan a todo, si dicen que no cambió nada con el fallo de la Corte, se le va a hacer muy difícil a un juez disparar cautelares porque sí. Nadie puede alegar su propia torpeza en defensa propia", razonó la fuente.
El fondo de la retórica
En su texto, los jueces supremos se ocuparon de dar cauce a demandas vinculadas a la génesis de los famosos 21 puntos en los que se basó gran parte de la ley audiovisual. No por retórica, dicha mención debería ser menospreciada. La Corte aludió a que la utilización de los medios públicos como herramientas gubernamentales y la discrecionalidad y falta de transparencia de los organismos de control son tan negativas para la libertad de expresión como la concentración de la propiedad, acaso un anticipo del eje de la discusión en los meses venideros si el gobierno no reacciona a tiempo.
Los jueces supremos dejaron abierta la puerta a escenarios complejos en el futuro si se mantienen los actuales mecanismos de asignación desigual y discrecional de la pauta oficial de publicidad (independientemente de que, bien legislada, puede ser una herramienta saludable para promover la diversidad), y la gestión gubernamental de los medios públicos, que, corresponde recordar, son del Estado y no de la Casa Rosada.
La discusión no es tan lineal como atribuir los males a tal o cual apellido. Una mirada sobre el abuso de las pautas publicitarias y los aparatos de difusión de los gobiernos de la Capital Federal, Córdoba, Corrientes o la provincia de Buenos Aires, por citar algunos mercados, revela lo impregnada que está la dirigencia política argentina de ciertos vicios.
Aunque resulte sorprendente e inesperado, el fallo que avaló la constitucionalidad de la ley fue conocido antes que el plan técnico de frecuencias, un aspecto básico a la hora de repartir y reasignar el espectro radioeléctrico. Es decir, una muestra de que la decisión de los jueces no resuelve ni más ni menos que el litigio central que comenzó el Grupo Clarín semanas después de que se aprobara la ley, en su objetivo de demorar la aplicación hasta un cambio en la escena política.
El nuevo escenario exige del Gobierno otra calidad para la aplicación de la ley pero también mayor responsabilidad de parte de la oposición. Cabe recordar que los partidos que rechazaron la ley dejaron vacantes durante dos años los asientos que les corresponden en los organismos de control establecidos en la ley. En una palabra: boicot.
Sin embargo, a comienzos de 2012, el Frente Amplio Progresista, que incluye a varios legisladores que votaron a favor de la ley, finalmente propuso para la AFSCA al abogado Alejando Pereyra, un letrado que considera que no hay posición dominante de parte de Clarín y sostiene que la norma es inconstitucional. Rarezas y contradicciones aparte, el representante del FAP fue rechazado por el Gobierno a raíz de una serie de impugnaciones, por lo que nunca pudo asumir, con lo que, de persistir esa situación, otorgará a Clarín un argumento para cuestionar la validez de un directorio incompleto.
Por otro lado, será importante analizar la decisión al respecto que tendrán los nuevos actores que se instalarán en el Congreso a partir de diciembre, y ver si la tercera minoría (aparentemente, el Frente Renovador liderado por Sergio Massa) decide nombrar su representante en AFSCA. De paso, el kirchnerismo podría descongelar la Comisión Bicameral, otra herramienta de control consagrada por la ley pero inactiva en los hechos.
A su vez, todo indica que el multimedios acelerará a fondo en la estrategia de sumar fuerzas a través de sus aceitados vínculos internacionales, lo que incluye la apelación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por cierto, según entienden varios especialistas en este tema, será difícil que esas acciones resulten exitosas por el tipo de demandas que suele aceptar la CIDH, vinculadas a derechos de las personas y no así a intereses de empresas.
En sendas entrevistas posteriores al fallo, Lorenzetti y Zaffaroni ratificaron lo obvio: Clarín puede recurrir a todas las vías le habiliten las leyes.Acaso previendo el escenario, los jueces que avalaron la constitucionalidad apelaron a numerosas citas a la misma CIDH a la que Clarín debería acudir, así como a las relatorías de Libertad de Expresión de la OEA y la ONU, la Comisión Europea de Derechos Humanos, constitucionalistas como Owen Fiss (que había sido citado por ambas partes en las audiencias públicas convocadas por la Corte) y una amplia doctrina jurídica.
Al respecto, embajadores europeos, quienes vienen siguiendo con atención el conflicto con Clarín y manifiestan críticas para ambas partes, suelen expresar que el texto de la ley audiovisual argentina no es muy diferente del de las leyes de sus respectivos países. Hasta la Embajada norteamericana se ocupó de filtrar a Washington su acuerdo parcial con algunos objetivos de la norma cuando ésta estaba en fase de preparación, en 2008, a raíz de que señales norteamericanas se habían quejado de que Cablevisión hacía valer su posición dominante para pagarles migajas.
Cierto es que, en términos de dominio del mercado, si bien son mencionables multimedios con valuación superior a la de Clarín (Murdoch, Globo, Televisa, Prisa, Berlusconi, Comcast, Bertelsmann), resulta más difícil encontrar un homólogo con tentáculos repartidos en todos los negocios referidos a la comunicación; una singularidad conseguida por la combinación de innegables méritos para comprender (y promover) el “sentido común” de la clase media argentina (“la gente”) y una manifiesta y exitosa presión a los gobernantes para perpetuar su privilegio.
La sentencia del martes, emitida por un tribunal que contribuyó en gran medida a una demora injustificable de cuatro años para decidir sobre el fondo, fue categórica. La palabra "dogmatismo" aparece en varios párrafos, tanto para puntualizar falencias del peritaje contable notoriamente favorable al multimedios como, sobre todo, para criticar sin eufemismos la estrategia jurídica de "la parte actora". "La Corte no puede sustituir a las partes... ni expedirse sobre lo no apelado", remarcó uno de los firmantes sobre la escasa fundamentación de los abogados de Clarín.
En cambio, la Cámara Federal en lo Civil había tomado uno a uno sus argumentos. La mayoría de los jueces de la Corte se ahorraron esfuerzos retóricos para contradecir a sus colegas. Mediante algunos párrafos lapidarios, el máximo tribunal arrasó con la confusión entre "rentabilidad" y "sustentabilidad" en la que incurrieron los letrados de Clarín (muy especialmente en las audiencias públicas llevadas a cabo en agosto), un perito y los jueces subalternos. “Nadie tiene derecho a que se proteja un derecho particular sobre un derecho colectivo”, aclararon los magistrados para zanjar el asunto de los “derechos adquiridos” en el plano patrimonial.
A la luz de los resultados, caben dudas sobre si el fallo liderado Francisco de las Carreras, Susana Najurieta y Ricardo Guarinoni terminó beneficiando o perjudicando los intereses de Clarín. El jurista Arballo escribió en Ámbito Financiero, semanas atrás, que la extraña argumentación de los jueces de Cámara que equipararon sustentabilidad con rentabilidad había transformado el concepto económico "too big to fail" en el absurdo jurídico "too big to regulate".
En 2008, el Gobierno supo ver un escenario en el que había un tendal actores con ganas de limitar a Clarín, de izquierda a derecha, desde diarios de todo tipo a los que escamoteó el papel y sometió a estrategias comerciales desleales, a pequeñas cooperativas de cable que debieron cerrar sus puertas y magnates de los medios que envidian sus negocios; desde políticos menemistas dolidos por pactos quebrados a organizaciones de derechos humanos. Fue así como el kirchnerismo encontró una ventaja estratégica en el inicio de la batalla y puso a Clarín a la defensiva, como nunca antes.
Cinco años después, muchos de los impulsores ideológicos de la ley de medios critican la aplicación parcial, intencionada y desprolija del texto. Otros que miraban a cierta distancia pero les agradaba un Clarín menos abrumador, se preguntan cuáles son los beneficios concretos de una lucha, con frecuencia, desquiciante.
En cualquier caso, más allá del tiempo perdido y de los aliados estratégicos que hoy lucen descreídos, a Cristina Kirchner le aguardan dos años por delante. Tiene en sus manos una ley valorada más allá de las fronteras kirchneristas. Una oportunidad única para establecer una política democrática de comunicación y en condiciones de mercado más saludables como nunca ha tenido el país.
Si la Presidenta utiliza la sentencia de ayer para promover a sus amigos mediáticos y abusar del poder del Estado, en contra del espíritu y la letra de la ley de medios, entonces Clarín tendrá más oportunidades para mantener su posición dominante. Ningún líder opositor parece preparado para lidiar con el grupo poderoso y 2015 está a la vuelta de la esquina.
Fuente: Buenos Aires Herald
El mercado de medios de la Argentina funcionó durante décadas bajo la premisa, aceptada de mejor o peor grado por los gobernantes, de que el Grupo Clarín era demasiado grande para ser regulado. Incluso, algunos ejecutivos que contribuyeron a su expansión a cambio de apoyo mediático, luego se arrepintieron y buscaron, sin éxito, replantear el escenario, transformándose en víctimas de su propio legado.
El fallo de la Corte conocido el martes puso sello a un giro copernicano avalado por los tres poderes del Estado. Para la ley y la Constitución argentinas, el principal multimedios del país y uno de los más importantes de América Latina puede ser controlado, tal como fue reclamado durante años por quienes llevaron adelante trabajo y militancia en pos de superar la norma de facto firmada por Jorge Rafael Videla y, en ciertos aspectos, empeorada por gobiernos democráticos.Un razonamiento puede parecer básico pero ha demandado treinta años hasta ser consagrado en una sentencia de la Corte Suprema: la concentración de la propiedad de los medios afecta de modo directo la Libertad de expresión y por esto debe ser regulada específicamente.
Con el fallo culminó un proceso judicial complejo, con idas, vueltas, dilaciones inexplicables y chicanas de letrados potenciadas por las trincheras mediáticas, hasta que el máximo tribunal revocó la decisión de la Cámara Federal en lo Civil que había dado curso a casi todos los reclamos del multimedios.
Una vez conocida la decisión sostenida por los jueces Raúl Eugenio Zaffaroni, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Enrique Petracchi, el oficialismo comenzó a festejar la que consideran una victoria decisiva para “democratizar la palabra” o, en lenguaje menos poético, un punto crucial en la guerra contra el principal enemigo del Gobierno. Sin embargo, ciertos festejos parecen prematuros para un Poder Ejecutivo que se encuentra ahora más que nunca en la encrucijada de demostrar que realmente aspira a establecer un sistema de medios plural.
Enmarcados en la incertidumbre del modo de ejecución del fallo, sus plazos y formas, aparecen dos interrogantes clave. Por un lado, quiénes y cómo podrían adquirir los medios que Clarín debe vender. Por el otro, cómo garantizar los puestos de trabajo de cientos de trabajadores de las empresas del Grupo sujetas a desinversión y reducción de costos. En principio, la lógica económica indica que la pérdida de posición dominante deriva en mayor diversidad y calidad; por ende, más puestos laborales, aunque el camino suele presentar dificultades inevitables o provocadas que la teoría y las buenas intenciones no puedan frenar, al menos transitoriamente.
Uno de los aspectos a tener en cuenta para no anticipar conclusiones es que, perdida la batalla madre, Clarín ya dio señales de que resistirá por vía administrativa y judicial, amparado en el desbarajuste de licencias creado en complicidad con el viejo Comfer y en la opaca aplicación de la ley vigente por la actual Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), dando lugar a una lucha "de guerrillas", más diseminada y con fines menos pretenciosos que una declaración de inconstitucionalidad, y que fuera prenunciada hace meses por los especialistas Martín Becerra y Gustavo Arballo.
Al virtualmente ampliar el período para que el multimedios presente un plan de adecuación, tal como anunció ayer Martín Sabbatella a las puertas de la empresa, el Gobierno parece dar señales de pretender acotar al mínimo la posibilidad de un nuevo recurso judicial que aduzca discriminación con respecto al resto de los grupos. Fuentes técnicas gubernamentales agregan que aún sin presentar un plan de adecuación, Clarín podría "colaborar" con la desinversión de oficio, al tiempo que descreen de las posibilidades reales de la empresa de multiplicar los recursos judiciales. "Si se niegan a todo, si dicen que no cambió nada con el fallo de la Corte, se le va a hacer muy difícil a un juez disparar cautelares porque sí. Nadie puede alegar su propia torpeza en defensa propia", razonó la fuente.
El fondo de la retórica
En su texto, los jueces supremos se ocuparon de dar cauce a demandas vinculadas a la génesis de los famosos 21 puntos en los que se basó gran parte de la ley audiovisual. No por retórica, dicha mención debería ser menospreciada. La Corte aludió a que la utilización de los medios públicos como herramientas gubernamentales y la discrecionalidad y falta de transparencia de los organismos de control son tan negativas para la libertad de expresión como la concentración de la propiedad, acaso un anticipo del eje de la discusión en los meses venideros si el gobierno no reacciona a tiempo.
Los jueces supremos dejaron abierta la puerta a escenarios complejos en el futuro si se mantienen los actuales mecanismos de asignación desigual y discrecional de la pauta oficial de publicidad (independientemente de que, bien legislada, puede ser una herramienta saludable para promover la diversidad), y la gestión gubernamental de los medios públicos, que, corresponde recordar, son del Estado y no de la Casa Rosada.
La discusión no es tan lineal como atribuir los males a tal o cual apellido. Una mirada sobre el abuso de las pautas publicitarias y los aparatos de difusión de los gobiernos de la Capital Federal, Córdoba, Corrientes o la provincia de Buenos Aires, por citar algunos mercados, revela lo impregnada que está la dirigencia política argentina de ciertos vicios.
Aunque resulte sorprendente e inesperado, el fallo que avaló la constitucionalidad de la ley fue conocido antes que el plan técnico de frecuencias, un aspecto básico a la hora de repartir y reasignar el espectro radioeléctrico. Es decir, una muestra de que la decisión de los jueces no resuelve ni más ni menos que el litigio central que comenzó el Grupo Clarín semanas después de que se aprobara la ley, en su objetivo de demorar la aplicación hasta un cambio en la escena política.
El nuevo escenario exige del Gobierno otra calidad para la aplicación de la ley pero también mayor responsabilidad de parte de la oposición. Cabe recordar que los partidos que rechazaron la ley dejaron vacantes durante dos años los asientos que les corresponden en los organismos de control establecidos en la ley. En una palabra: boicot.
Sin embargo, a comienzos de 2012, el Frente Amplio Progresista, que incluye a varios legisladores que votaron a favor de la ley, finalmente propuso para la AFSCA al abogado Alejando Pereyra, un letrado que considera que no hay posición dominante de parte de Clarín y sostiene que la norma es inconstitucional. Rarezas y contradicciones aparte, el representante del FAP fue rechazado por el Gobierno a raíz de una serie de impugnaciones, por lo que nunca pudo asumir, con lo que, de persistir esa situación, otorgará a Clarín un argumento para cuestionar la validez de un directorio incompleto.
Por otro lado, será importante analizar la decisión al respecto que tendrán los nuevos actores que se instalarán en el Congreso a partir de diciembre, y ver si la tercera minoría (aparentemente, el Frente Renovador liderado por Sergio Massa) decide nombrar su representante en AFSCA. De paso, el kirchnerismo podría descongelar la Comisión Bicameral, otra herramienta de control consagrada por la ley pero inactiva en los hechos.
A su vez, todo indica que el multimedios acelerará a fondo en la estrategia de sumar fuerzas a través de sus aceitados vínculos internacionales, lo que incluye la apelación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por cierto, según entienden varios especialistas en este tema, será difícil que esas acciones resulten exitosas por el tipo de demandas que suele aceptar la CIDH, vinculadas a derechos de las personas y no así a intereses de empresas.
En sendas entrevistas posteriores al fallo, Lorenzetti y Zaffaroni ratificaron lo obvio: Clarín puede recurrir a todas las vías le habiliten las leyes.Acaso previendo el escenario, los jueces que avalaron la constitucionalidad apelaron a numerosas citas a la misma CIDH a la que Clarín debería acudir, así como a las relatorías de Libertad de Expresión de la OEA y la ONU, la Comisión Europea de Derechos Humanos, constitucionalistas como Owen Fiss (que había sido citado por ambas partes en las audiencias públicas convocadas por la Corte) y una amplia doctrina jurídica.
Al respecto, embajadores europeos, quienes vienen siguiendo con atención el conflicto con Clarín y manifiestan críticas para ambas partes, suelen expresar que el texto de la ley audiovisual argentina no es muy diferente del de las leyes de sus respectivos países. Hasta la Embajada norteamericana se ocupó de filtrar a Washington su acuerdo parcial con algunos objetivos de la norma cuando ésta estaba en fase de preparación, en 2008, a raíz de que señales norteamericanas se habían quejado de que Cablevisión hacía valer su posición dominante para pagarles migajas.
Cierto es que, en términos de dominio del mercado, si bien son mencionables multimedios con valuación superior a la de Clarín (Murdoch, Globo, Televisa, Prisa, Berlusconi, Comcast, Bertelsmann), resulta más difícil encontrar un homólogo con tentáculos repartidos en todos los negocios referidos a la comunicación; una singularidad conseguida por la combinación de innegables méritos para comprender (y promover) el “sentido común” de la clase media argentina (“la gente”) y una manifiesta y exitosa presión a los gobernantes para perpetuar su privilegio.
La sentencia del martes, emitida por un tribunal que contribuyó en gran medida a una demora injustificable de cuatro años para decidir sobre el fondo, fue categórica. La palabra "dogmatismo" aparece en varios párrafos, tanto para puntualizar falencias del peritaje contable notoriamente favorable al multimedios como, sobre todo, para criticar sin eufemismos la estrategia jurídica de "la parte actora". "La Corte no puede sustituir a las partes... ni expedirse sobre lo no apelado", remarcó uno de los firmantes sobre la escasa fundamentación de los abogados de Clarín.
En cambio, la Cámara Federal en lo Civil había tomado uno a uno sus argumentos. La mayoría de los jueces de la Corte se ahorraron esfuerzos retóricos para contradecir a sus colegas. Mediante algunos párrafos lapidarios, el máximo tribunal arrasó con la confusión entre "rentabilidad" y "sustentabilidad" en la que incurrieron los letrados de Clarín (muy especialmente en las audiencias públicas llevadas a cabo en agosto), un perito y los jueces subalternos. “Nadie tiene derecho a que se proteja un derecho particular sobre un derecho colectivo”, aclararon los magistrados para zanjar el asunto de los “derechos adquiridos” en el plano patrimonial.
A la luz de los resultados, caben dudas sobre si el fallo liderado Francisco de las Carreras, Susana Najurieta y Ricardo Guarinoni terminó beneficiando o perjudicando los intereses de Clarín. El jurista Arballo escribió en Ámbito Financiero, semanas atrás, que la extraña argumentación de los jueces de Cámara que equipararon sustentabilidad con rentabilidad había transformado el concepto económico "too big to fail" en el absurdo jurídico "too big to regulate".
En 2008, el Gobierno supo ver un escenario en el que había un tendal actores con ganas de limitar a Clarín, de izquierda a derecha, desde diarios de todo tipo a los que escamoteó el papel y sometió a estrategias comerciales desleales, a pequeñas cooperativas de cable que debieron cerrar sus puertas y magnates de los medios que envidian sus negocios; desde políticos menemistas dolidos por pactos quebrados a organizaciones de derechos humanos. Fue así como el kirchnerismo encontró una ventaja estratégica en el inicio de la batalla y puso a Clarín a la defensiva, como nunca antes.
Cinco años después, muchos de los impulsores ideológicos de la ley de medios critican la aplicación parcial, intencionada y desprolija del texto. Otros que miraban a cierta distancia pero les agradaba un Clarín menos abrumador, se preguntan cuáles son los beneficios concretos de una lucha, con frecuencia, desquiciante.
En cualquier caso, más allá del tiempo perdido y de los aliados estratégicos que hoy lucen descreídos, a Cristina Kirchner le aguardan dos años por delante. Tiene en sus manos una ley valorada más allá de las fronteras kirchneristas. Una oportunidad única para establecer una política democrática de comunicación y en condiciones de mercado más saludables como nunca ha tenido el país.
Si la Presidenta utiliza la sentencia de ayer para promover a sus amigos mediáticos y abusar del poder del Estado, en contra del espíritu y la letra de la ley de medios, entonces Clarín tendrá más oportunidades para mantener su posición dominante. Ningún líder opositor parece preparado para lidiar con el grupo poderoso y 2015 está a la vuelta de la esquina.
Fuente: Buenos Aires Herald
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: Clarín entra en el siglo XXI
Por: Graciela Mochkofsky
“No creo que la pelea esté perdida”, me dijo un importante ejecutivo de Clarín cuando todavía nadie podía asegurar si la Corte Suprema de Justicia de la Argentina confirmaría o no la constitucionalidad de la llamada ley de medios.
A su alrededor, sin embargo, todo transmitía una sensación de derrota: la semipenumbra de la oficina; su trato solícito; el silencio del teléfono durante las cinco horas en que conversamos, un martes por la tarde en un país en el que, como siempre, pasaba de todo.
También sus relatos. Ya nadie quería reunirse con ellos: nadie del mundo del poder, la política o los negocios; les huían como a la peste, se quejaba, por temor a represalias del gobierno. Por primera vez en décadas, ya no tenían acceso a información crucial, y, en las pocas ocasiones en que se las hacían llegar, tenían que preguntarse: ¿y si es una “operación” del gobierno? Esa incertidumbre los paralizaba. Durante la batalla judicial en torno de la adopción y la identidad de Marcela y Felipe Noble, hijos de Ernestina, directora y principal accionista del Grupo Clarín, un alto funcionario judicial les adelantó un dato que necesitaban para tomar una decisión crucial (dejar o no que Marcela y Felipe se sometieran a un examen de ADN, cosa que hicieron más tarde). No se atrevieron a actuar.
Y sin embargo, todavía no habían perdido, creía. Entonces, pregunté, ¿por qué avanzar tan empecinadamente hacia una derrota? ¿Por qué no se adaptaban cínicamente a la ley de medios, que les impedía mantener el control unificado, y dividían las acciones del Grupo entre sus cuatro accionistas principales?
No, me respondió. Estaban “magullados”, sí, la “pelea de resistencia” contra el gobierno era “cada vez más difícil”, sí, y, claro, tenían esos planes de contingencia para el peor de los casos.
Pero preferían seguir peleando hasta la derrota. No cederían hasta perder.
Así lo hicieron y, hoy, por fin, perdieron.
***
El martes de la semana pasada, en la ciudad de Nueva York, el jefe de redacción de Clarín, Ricardo Kirschbaum, cumplía con la que ha sido una de sus principales tareas desde que los Kirchner declararon esa guerra, a mediados de 2008: ser el vocero victimista del multimedio. Ha recorrido todo foro internacional de periodismo que ha encontrado denunciando al gobierno argentino: quiere destruir a la prensa independiente y, en última instancia, a la democracia; quiere destruir a Clarín. Esta vez, lo hacía en un espacio tradicionalmente favorable: una conferencia sobre libertad de prensa en América Latina organizada por la Universidad de Columbia.
Pero algo había cambiado.
Kirschbaum tuvo que hablar como un miembro más del público, no como panelista: tuvo que pararse y caminar hasta un micrófono en el pasillo central de la sala, como cualquier otro, y disfrazar su denuncia de pregunta. Los miembros del panel sostenían, mayoritariamente, que, más allá de que debía ponerse límite al poder de los gobiernos latinoamericanos y de que sin dudas estos tenían una agenda política en su forma de encarar el asunto, eran legítimas la necesidad y la búsqueda de un contrapeso público frente al poder desmedido de las grandes concentraciones de medios privados de la región. Cuando Kirschbaum hizo su intervención, simplemente fue ignorado. Ni le dieron la razón ni se la quitaron: fue como si lloviera.
Algo ha cambiado, y no es la mera derrota política de estos medios frente a gobiernos que han perdurado a lo largo de la última década contra los pronósticos de sus adversarios. Acaso es su legitimidad misma, la de esos grandes conglomerados, la que está en crisis, por un complejo conjunto de procesos que tienen uno de sus centros en la revolución tecnológica de las comunicaciones que se inició en el siglo pasado pero que domina este.
De hecho, como sus equivalentes en otras partes del mundo, el Grupo Clarín ya sufría esos problemas de legitimidad años antes de que comenzara su enfrentamiento con el kirchnerismo.
Como casi toda otra institución del país, salió dañado de la crisis del 2001. Su agresiva –y pública- presión por lograr que el Congreso de la Nación aprobara una ley (llamada de Bienes Culturales) que lo salvara del naufragio mientras el resto del país se hundía no le ganó precisamente la simpatía popular. Muchos recuerdan todavía las (entonces) sorprendentes pintadas en algunas paredes de la ciudad: “Nos mean y Clarín dice que llueve”.
Es que esa relación de poder –la relación entre esos grandes holdings de medios y los gobiernos, y el peso desmedido de aquellos en la esfera pública–, que antes parecía intocable, natural o invisible, se volvió materia de discusión cuando el ciudadano común empezó a tener la posibilidad de expresarse por sí mismo y llegar a otros sin necesidad de comprar una rotativa. De pronto no eran los medios de comunicación los dueños exclusivos de la palabra pública, como antes; y cuando eso ocurrió, discutir sus privilegios y sus conductas fue una secuencia inevitable.
Al mismo tiempo, muchos gobiernos descubrían que los cambios tecnológicos les daban la oportunidad histórica de deshacerse del mediador y comunicarse directamente con la sociedad. Muchos presidentes pasaron a negar la palabra a periodistas y medios para dirigirse a sus electorados desde sus cuentas en redes sociales, emisoras o programas públicos.
Esto no ocurrió solamente en América Latina, como algunos quieren creer o hacer creer, sino por todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos. Este mes, por ejemplo, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ en su sigla en inglés) publicó un impactante informe sobre la persecución del gobierno de Barak Obama contra periodistas y medios norteamericanos y sus fuentes, y sobre su decisión, sin precedente en la historia moderna del país, de eludir a la prensa para comunicarse con los ciudadanos en directo.
En los años que siguieron, en que los cambios también pusieron en crisis la mecánica financiera y comercial de su negocio, los grandes grupos de medios del mundo comenzaron a discutir cómo sobrevivir. Siendo dinosaurios en un mundo nuevo, ¿podrían adaptarse o estaban condenados a la extinción?
Ante ese desafío, Clarín se aferró a su estrategia histórica: seducción, alianza y chantaje del poder político, y prácticas monopólicas sobre el mercado de los avisadores. Así construyó su alianza con Néstor Kirchner, que duró los cuatro años de su Presidencia, entre 2003 y 2007. Oscurecidos por esta alianza y por su ruptura durante el gobierno de Cristina Kirchner (2007-2011, 2011 a hoy), que condujo a la guerra posterior, aquellos problemas de fondo permanecieron ignorados. “El desafío es hacerse más digital –admitió el ejecutivo que me hablaba en esa larga tarde de Buenos Aires–. Cambiar toda la estructura, explorar las alternativas. Pero la pelea con el gobierno te quita toda la energía”.
En estos cuatro años transcurridos desde junio de 2009, cuando el gobierno pasó de los ataques verbales contra Clarín a acciones prácticas para dañarlo económicamente, el Grupo perdió mucho dinero pero, sobre todo, perdió esa relación especial con el poder que había establecido décadas atrás y sobre la que basaba su estrategia de crecimiento.
El dictamen de la Corte Suprema de Justicia de hoy, que confirma la constitucionalidad de la ley de medios, es el fin formal y público a la aspiración o el sueño de que ese pasado alguna vez regrese. Tras una pelea homérica entre facciones aparentemente irreconciliables, al puro estilo argentino, Clarín ha sido arrojado por fin al duro siglo XXI.
Fuente: El Puercoespín
“No creo que la pelea esté perdida”, me dijo un importante ejecutivo de Clarín cuando todavía nadie podía asegurar si la Corte Suprema de Justicia de la Argentina confirmaría o no la constitucionalidad de la llamada ley de medios.
También sus relatos. Ya nadie quería reunirse con ellos: nadie del mundo del poder, la política o los negocios; les huían como a la peste, se quejaba, por temor a represalias del gobierno. Por primera vez en décadas, ya no tenían acceso a información crucial, y, en las pocas ocasiones en que se las hacían llegar, tenían que preguntarse: ¿y si es una “operación” del gobierno? Esa incertidumbre los paralizaba. Durante la batalla judicial en torno de la adopción y la identidad de Marcela y Felipe Noble, hijos de Ernestina, directora y principal accionista del Grupo Clarín, un alto funcionario judicial les adelantó un dato que necesitaban para tomar una decisión crucial (dejar o no que Marcela y Felipe se sometieran a un examen de ADN, cosa que hicieron más tarde). No se atrevieron a actuar.
Y sin embargo, todavía no habían perdido, creía. Entonces, pregunté, ¿por qué avanzar tan empecinadamente hacia una derrota? ¿Por qué no se adaptaban cínicamente a la ley de medios, que les impedía mantener el control unificado, y dividían las acciones del Grupo entre sus cuatro accionistas principales?
No, me respondió. Estaban “magullados”, sí, la “pelea de resistencia” contra el gobierno era “cada vez más difícil”, sí, y, claro, tenían esos planes de contingencia para el peor de los casos.
Pero preferían seguir peleando hasta la derrota. No cederían hasta perder.
Así lo hicieron y, hoy, por fin, perdieron.
***
El martes de la semana pasada, en la ciudad de Nueva York, el jefe de redacción de Clarín, Ricardo Kirschbaum, cumplía con la que ha sido una de sus principales tareas desde que los Kirchner declararon esa guerra, a mediados de 2008: ser el vocero victimista del multimedio. Ha recorrido todo foro internacional de periodismo que ha encontrado denunciando al gobierno argentino: quiere destruir a la prensa independiente y, en última instancia, a la democracia; quiere destruir a Clarín. Esta vez, lo hacía en un espacio tradicionalmente favorable: una conferencia sobre libertad de prensa en América Latina organizada por la Universidad de Columbia.
Pero algo había cambiado.
Kirschbaum tuvo que hablar como un miembro más del público, no como panelista: tuvo que pararse y caminar hasta un micrófono en el pasillo central de la sala, como cualquier otro, y disfrazar su denuncia de pregunta. Los miembros del panel sostenían, mayoritariamente, que, más allá de que debía ponerse límite al poder de los gobiernos latinoamericanos y de que sin dudas estos tenían una agenda política en su forma de encarar el asunto, eran legítimas la necesidad y la búsqueda de un contrapeso público frente al poder desmedido de las grandes concentraciones de medios privados de la región. Cuando Kirschbaum hizo su intervención, simplemente fue ignorado. Ni le dieron la razón ni se la quitaron: fue como si lloviera.
Algo ha cambiado, y no es la mera derrota política de estos medios frente a gobiernos que han perdurado a lo largo de la última década contra los pronósticos de sus adversarios. Acaso es su legitimidad misma, la de esos grandes conglomerados, la que está en crisis, por un complejo conjunto de procesos que tienen uno de sus centros en la revolución tecnológica de las comunicaciones que se inició en el siglo pasado pero que domina este.
De hecho, como sus equivalentes en otras partes del mundo, el Grupo Clarín ya sufría esos problemas de legitimidad años antes de que comenzara su enfrentamiento con el kirchnerismo.
Como casi toda otra institución del país, salió dañado de la crisis del 2001. Su agresiva –y pública- presión por lograr que el Congreso de la Nación aprobara una ley (llamada de Bienes Culturales) que lo salvara del naufragio mientras el resto del país se hundía no le ganó precisamente la simpatía popular. Muchos recuerdan todavía las (entonces) sorprendentes pintadas en algunas paredes de la ciudad: “Nos mean y Clarín dice que llueve”.
Es que esa relación de poder –la relación entre esos grandes holdings de medios y los gobiernos, y el peso desmedido de aquellos en la esfera pública–, que antes parecía intocable, natural o invisible, se volvió materia de discusión cuando el ciudadano común empezó a tener la posibilidad de expresarse por sí mismo y llegar a otros sin necesidad de comprar una rotativa. De pronto no eran los medios de comunicación los dueños exclusivos de la palabra pública, como antes; y cuando eso ocurrió, discutir sus privilegios y sus conductas fue una secuencia inevitable.
Al mismo tiempo, muchos gobiernos descubrían que los cambios tecnológicos les daban la oportunidad histórica de deshacerse del mediador y comunicarse directamente con la sociedad. Muchos presidentes pasaron a negar la palabra a periodistas y medios para dirigirse a sus electorados desde sus cuentas en redes sociales, emisoras o programas públicos.
Esto no ocurrió solamente en América Latina, como algunos quieren creer o hacer creer, sino por todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos. Este mes, por ejemplo, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ en su sigla en inglés) publicó un impactante informe sobre la persecución del gobierno de Barak Obama contra periodistas y medios norteamericanos y sus fuentes, y sobre su decisión, sin precedente en la historia moderna del país, de eludir a la prensa para comunicarse con los ciudadanos en directo.
En los años que siguieron, en que los cambios también pusieron en crisis la mecánica financiera y comercial de su negocio, los grandes grupos de medios del mundo comenzaron a discutir cómo sobrevivir. Siendo dinosaurios en un mundo nuevo, ¿podrían adaptarse o estaban condenados a la extinción?
Ante ese desafío, Clarín se aferró a su estrategia histórica: seducción, alianza y chantaje del poder político, y prácticas monopólicas sobre el mercado de los avisadores. Así construyó su alianza con Néstor Kirchner, que duró los cuatro años de su Presidencia, entre 2003 y 2007. Oscurecidos por esta alianza y por su ruptura durante el gobierno de Cristina Kirchner (2007-2011, 2011 a hoy), que condujo a la guerra posterior, aquellos problemas de fondo permanecieron ignorados. “El desafío es hacerse más digital –admitió el ejecutivo que me hablaba en esa larga tarde de Buenos Aires–. Cambiar toda la estructura, explorar las alternativas. Pero la pelea con el gobierno te quita toda la energía”.
En estos cuatro años transcurridos desde junio de 2009, cuando el gobierno pasó de los ataques verbales contra Clarín a acciones prácticas para dañarlo económicamente, el Grupo perdió mucho dinero pero, sobre todo, perdió esa relación especial con el poder que había establecido décadas atrás y sobre la que basaba su estrategia de crecimiento.
El dictamen de la Corte Suprema de Justicia de hoy, que confirma la constitucionalidad de la ley de medios, es el fin formal y público a la aspiración o el sueño de que ese pasado alguna vez regrese. Tras una pelea homérica entre facciones aparentemente irreconciliables, al puro estilo argentino, Clarín ha sido arrojado por fin al duro siglo XXI.
Fuente: El Puercoespín
LSCA: Perdimos tiempo, pero ganamos autoridad
Por: Gabriel Mariotto
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es constitucional. Hubo que esperar mucho tiempo, trabajar muy duro. Una vez sancionada, por amplia mayoría en ambas cámaras, hubo que seguir trabajando. Para superar las medidas cautelares interpuestas y llevar a la Justicia las razones que legitimaban y demostraban su constitucionalidad. Hemos perdido tiempo, pero hemos ganado autoridad y reconocimiento.
Es una ley de interés para toda la ciudadanía. Es un tema árido, de poco gancho, dirían los marketineros de la política y la comunicación. Comparada con medidas como la asignación universal o el plan Procrear, que la gente sintió en su cabeza, en su corazón y en su bolsillo, despertaba interés sólo en los profesionales de la comunicación y el mundo político, empresarial y sindical, que por lidiar con los medios conocían las perversiones que había que padecer por parte de los dueños de los medios concentrados. El largo tiempo transcurrido sirvió para difundir la ley, para que se conocieran los intereses que defendía y los privilegios que atacaba. Diría Nietzsche: "Todo lo que no te mata te fortalece", y eso fue lo que ocurrió. La instalación, a través de litros de tinta y horas de aire radial y televisivo por parte de los medios concentrados en la "batalla por la libertad de expresión" dio como resultado que la sociedad empezara a mirar cada vez con mayor atención el contenido y los alcances de la norma. Mucho debemos agradecer a esos medios concentrados por los niveles de encendido que alcanzó la audiencia pública convocada por la Corte. Fue el golpe de gracia que recibieron aquellos que pretendían que sus privilegios y sus negocios resultaran más importantes que los intereses de la sociedad. Esa audiencia pública fue un rico debate. La sociedad volvió a participar.
La ley no apunta a nadie en particular, sino que atiende los intereses del conjunto, al permitir y alentar la diversidad de voces y la pluralidad que toda sociedad moderna y democrática necesita. Es un día para recordar a tantos que pelearon valientemente contra la concentración informativa. Elijo al diputado radical Ricardo Laferriere, que pagó con su desaparición de los medios la patriótica decisión de presentar en tiempos de Alfonsín un proyecto sobre medios, y a Néstor "Tato" Contissa, docente de mi querida Facultad de Ciencias Sociales de Lomas de Zamora, que anticipó en sus libros la necesidad de esta ley.
Fuente: Diario La Nación
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es constitucional. Hubo que esperar mucho tiempo, trabajar muy duro. Una vez sancionada, por amplia mayoría en ambas cámaras, hubo que seguir trabajando. Para superar las medidas cautelares interpuestas y llevar a la Justicia las razones que legitimaban y demostraban su constitucionalidad. Hemos perdido tiempo, pero hemos ganado autoridad y reconocimiento.
Es una ley de interés para toda la ciudadanía. Es un tema árido, de poco gancho, dirían los marketineros de la política y la comunicación. Comparada con medidas como la asignación universal o el plan Procrear, que la gente sintió en su cabeza, en su corazón y en su bolsillo, despertaba interés sólo en los profesionales de la comunicación y el mundo político, empresarial y sindical, que por lidiar con los medios conocían las perversiones que había que padecer por parte de los dueños de los medios concentrados. El largo tiempo transcurrido sirvió para difundir la ley, para que se conocieran los intereses que defendía y los privilegios que atacaba. Diría Nietzsche: "Todo lo que no te mata te fortalece", y eso fue lo que ocurrió. La instalación, a través de litros de tinta y horas de aire radial y televisivo por parte de los medios concentrados en la "batalla por la libertad de expresión" dio como resultado que la sociedad empezara a mirar cada vez con mayor atención el contenido y los alcances de la norma. Mucho debemos agradecer a esos medios concentrados por los niveles de encendido que alcanzó la audiencia pública convocada por la Corte. Fue el golpe de gracia que recibieron aquellos que pretendían que sus privilegios y sus negocios resultaran más importantes que los intereses de la sociedad. Esa audiencia pública fue un rico debate. La sociedad volvió a participar.
La ley no apunta a nadie en particular, sino que atiende los intereses del conjunto, al permitir y alentar la diversidad de voces y la pluralidad que toda sociedad moderna y democrática necesita. Es un día para recordar a tantos que pelearon valientemente contra la concentración informativa. Elijo al diputado radical Ricardo Laferriere, que pagó con su desaparición de los medios la patriótica decisión de presentar en tiempos de Alfonsín un proyecto sobre medios, y a Néstor "Tato" Contissa, docente de mi querida Facultad de Ciencias Sociales de Lomas de Zamora, que anticipó en sus libros la necesidad de esta ley.
Fuente: Diario La Nación
LSCA: Desafíos en un mapa de medios cambiante
Por: Martín Becerra
Tras un periplo dramático de cuatro años, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada por el Congreso en 2009 fue declarada ayer completamente constitucional. Los artículos objetados por el Grupo Clarín eran pocos pero trascendentes y aluden a la multiplicidad de licencias que un grupo de medios puede operar, a los derechos adquiridos de los licenciatarios y a las condiciones de transferencia en caso de superar el límite de concentración determinado por ley.
Una mayoría consistente de la Corte avaló la vigencia de los artículos cuestionados y sentenció que la ley no afecta el derecho a la libertad de expresión ni pone en riesgo la sustentabilidad del grupo. Ahora Clarín deberá adecuarse a la ley audiovisual. Y el Gobierno, cumplirla y respetarla. Serían, en ambos casos, novedades.
La Corte desmontó la estrategia argumental de Clarín que presentaba su tamaño y rentabilidad como condiciones imprescindibles para el ejercicio de la libre expresión. No asoció desconcentración con derechos constitucionales y diferenció entre renta y sustentabilidad. Enfatizó que la libertad de expresión requiere un debate público robusto y regulación activa para promover el acceso a los medios.
El fallo sostiene que las pautas se ajustan a criterios de razonabilidad, de proporcionalidad y de idoneidad. Y que no corresponde a la Corte juzgar si los límites a la concentración son adecuados o eficaces o si debió regularse la convergencia tecnológica. La Corte no evalúa la calidad de la norma. Los planteos críticos a la aplicación de la ley tampoco fueron objeto del fallo.
El Grupo Clarín tiene derecho a reclamar en la medida en que no reciba un trato justo en el proceso de adecuación en el que deberá desprenderse, inéditamente, de gran cantidad de licencias como cableoperador. La Corte cuestionó al Gobierno en varios párrafos. Apuntó que el Estado puede afectar la libertad de expresión cuando actúa discrecionalmente, por ejemplo en la distribución de publicidad oficial.
Finalizada la etapa de la guerra abierta por la impugnación de artículos de la ley, se abren la adecuación, definición y tasación de los bienes afectados a la desinversión y el control de las transferencias e indemnizaciones. Estas cuestiones se judicializarán, pero en capítulos específicos. Será medular el trato que dispense el Estado a los conglomerados que deben ajustarse a la ley en un mapa de medios cambiante, con nuevas relaciones de fuerzas, que mira a 2015.
Fuente: Diario La Nación
Tras un periplo dramático de cuatro años, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada por el Congreso en 2009 fue declarada ayer completamente constitucional. Los artículos objetados por el Grupo Clarín eran pocos pero trascendentes y aluden a la multiplicidad de licencias que un grupo de medios puede operar, a los derechos adquiridos de los licenciatarios y a las condiciones de transferencia en caso de superar el límite de concentración determinado por ley.
Una mayoría consistente de la Corte avaló la vigencia de los artículos cuestionados y sentenció que la ley no afecta el derecho a la libertad de expresión ni pone en riesgo la sustentabilidad del grupo. Ahora Clarín deberá adecuarse a la ley audiovisual. Y el Gobierno, cumplirla y respetarla. Serían, en ambos casos, novedades.
La Corte desmontó la estrategia argumental de Clarín que presentaba su tamaño y rentabilidad como condiciones imprescindibles para el ejercicio de la libre expresión. No asoció desconcentración con derechos constitucionales y diferenció entre renta y sustentabilidad. Enfatizó que la libertad de expresión requiere un debate público robusto y regulación activa para promover el acceso a los medios.
El fallo sostiene que las pautas se ajustan a criterios de razonabilidad, de proporcionalidad y de idoneidad. Y que no corresponde a la Corte juzgar si los límites a la concentración son adecuados o eficaces o si debió regularse la convergencia tecnológica. La Corte no evalúa la calidad de la norma. Los planteos críticos a la aplicación de la ley tampoco fueron objeto del fallo.
El Grupo Clarín tiene derecho a reclamar en la medida en que no reciba un trato justo en el proceso de adecuación en el que deberá desprenderse, inéditamente, de gran cantidad de licencias como cableoperador. La Corte cuestionó al Gobierno en varios párrafos. Apuntó que el Estado puede afectar la libertad de expresión cuando actúa discrecionalmente, por ejemplo en la distribución de publicidad oficial.
Finalizada la etapa de la guerra abierta por la impugnación de artículos de la ley, se abren la adecuación, definición y tasación de los bienes afectados a la desinversión y el control de las transferencias e indemnizaciones. Estas cuestiones se judicializarán, pero en capítulos específicos. Será medular el trato que dispense el Estado a los conglomerados que deben ajustarse a la ley en un mapa de medios cambiante, con nuevas relaciones de fuerzas, que mira a 2015.
Fuente: Diario La Nación
martes, 29 de octubre de 2013
Satisfacción de la Asociación de Prensa de Santa Fe por el fallo de la Corte
La Asociación de Prensa de Santa Fe expresa su satisfacción y alegría por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26522) dando lugar a la plena vigencia de la norma
Tras cuatro años de demoras por la apelación presentada en su momento por el Grupo Clarín, finalmente la CSJN en un extenso y sustancioso fallo convalidó la constitucionalidad de la LSCA votada por amplia mayoría en el Congreso de la Nación en 2009.
Los artículos cuestionados eran los artículos 41 sobre la intransferibilidad de las licencias, el 45 en dos apartados que limitan la cantidad de licencias, el 48 que rechaza derechos adquiridos para las empresas que deben desmonopolizar y el 161 sobre el plazo de adecuación a la ley. En cuanto a este último artículo, la Corte consideró que "como ya lo señalara el Tribunal en dos oportunidades en esta misma causa, que el plazo de un año previsto en la norma venció el 28 de diciembre de 2011. De ahí que, además de los argumentos que conducen a la constitucionalidad del plazo, no puede dejar de valorarse que ya han transcurrido casi dos años desde su vencimiento, lo cual justifica que dentro del término fijado para el cumplimiento de la presente sentencia, el artículo 161 de la ley resulte plenamente aplicable a la actora, con la aclaración de que el plazo de un año allí previsto se encuentra vencido".
De esta forma, entendemos que la ley se encuentra, a partir del fallo del máximo tribunal, plenamente vigente, por lo que todos los grupos de medios que se encuentren excedidos en su cantidad de licencias deberán iniciar el proceso de adecuación que establece la norma. Varios de estos grupos ya habían presentado ante la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) sus planes de adecuación y solo fue el Grupo Clarín quien resistió la medida.
"La ley 26522, en cuanto regula la multiplicidad de licencias de modo general, es constitucional, porque es una facultad del Congreso, cuya conveniencia y oportunidad no es materia de análisis de los jueces. Por otra parte, el análisis constitucional es ajeno a los conflictos futuros que puedan presentarse con la aplicación de la ley, que son materia de otros pleitos", explicó la Corte.
Los jueces Ricardo Lorenzetti, Eugenio Zaffaroni, Enrique Petracchi y Elena Highton de Nolasco votaron a favor de la constitucionalidad total de la normativa, mientras que Carlos Maqueda y Carmen Argibay hicieron una aprobación parcial. Carlos Fayt fue el único que se expresó en contra de la constitucionalidad de la norma.
En otro tramo del fallo, el máximo tribunal también señaló que "deben existir políticas transparentes en los subsidios y la publicidad oficial; que los medios públicos no deben ser meros instrumentos de apoyo a una política de gobierno, o una vía para eliminar voces disidentes; que la AFSCA debe ser independiente y la ley debe ser aplicada respetando la igualdad y el debido proceso".
Desde la APSF creemos que este fallo de la Corte establece claramente la facultad del Estado de regular el mercado de las empresas de comunicación audiovisual evitando los monopolios, lo que dará lugar a nuevas voces, más democracia y más participación de distintos sectores en la propiedad de los medios audiovisuales.
La gestión de la LSCA debe de inmediato asegurar la aplicación de la ley en todos sus términos, lo que permitirá la aparición de nuevas fuentes de trabajo para los trabajadores de la comunicación e iniciará un proceso de mayor democratización de la palabra.
Finalmente, la APSF felicita a todos aquellos que lucharon y militaron por tener una ley de medios audiovisuales de la democracia.
Constitucionalidad de la LSCA: logro indiscutido de la democracia
El Sindicato de Prensa Rosario (FETRACCOM CTA) celebra el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Un fallo que ratifica la vigencia plena de la ley que se construyó entre todos. La persistente negativa del grupo Clarín a la adecuación que exige la ley llevó cuatro años de demora para su aplicación total
Sólo el grupo Clarín resistió la adecuación que implica la desmonopolización de los medios a través del pedido de inconstitucionalidad de los art. 41 sobre la intransferibilidad de la licencias, el 45 en dos apartados que limitan la cantidad de licencias, el 48 que rechaza derechos adquiridos para las empresas que deben desmonopolizar y el 161 del plazo de un año para presentar a la autoridad de aplicación el plan de desmonopolización.
Felicitaciones a todxs quienes con militancia y compromiso lucharon para derogar la ley de la dictadura: desde la Coalición por una Comunicación Democrática con los 21 puntos que le dieron fundamento, la presidenta Cristina Kirchner que impulsó el proyecto, los legisladores que la aprobaron hasta las autoridades de la AFSCA que vienen defendiendo su aplicación.
Los trabajadores de Prensa festejan el logro indiscutido de la democracia.
Tras cuatro años de demoras por la apelación presentada en su momento por el Grupo Clarín, finalmente la CSJN en un extenso y sustancioso fallo convalidó la constitucionalidad de la LSCA votada por amplia mayoría en el Congreso de la Nación en 2009.
Los artículos cuestionados eran los artículos 41 sobre la intransferibilidad de las licencias, el 45 en dos apartados que limitan la cantidad de licencias, el 48 que rechaza derechos adquiridos para las empresas que deben desmonopolizar y el 161 sobre el plazo de adecuación a la ley. En cuanto a este último artículo, la Corte consideró que "como ya lo señalara el Tribunal en dos oportunidades en esta misma causa, que el plazo de un año previsto en la norma venció el 28 de diciembre de 2011. De ahí que, además de los argumentos que conducen a la constitucionalidad del plazo, no puede dejar de valorarse que ya han transcurrido casi dos años desde su vencimiento, lo cual justifica que dentro del término fijado para el cumplimiento de la presente sentencia, el artículo 161 de la ley resulte plenamente aplicable a la actora, con la aclaración de que el plazo de un año allí previsto se encuentra vencido".
De esta forma, entendemos que la ley se encuentra, a partir del fallo del máximo tribunal, plenamente vigente, por lo que todos los grupos de medios que se encuentren excedidos en su cantidad de licencias deberán iniciar el proceso de adecuación que establece la norma. Varios de estos grupos ya habían presentado ante la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) sus planes de adecuación y solo fue el Grupo Clarín quien resistió la medida.
"La ley 26522, en cuanto regula la multiplicidad de licencias de modo general, es constitucional, porque es una facultad del Congreso, cuya conveniencia y oportunidad no es materia de análisis de los jueces. Por otra parte, el análisis constitucional es ajeno a los conflictos futuros que puedan presentarse con la aplicación de la ley, que son materia de otros pleitos", explicó la Corte.
Los jueces Ricardo Lorenzetti, Eugenio Zaffaroni, Enrique Petracchi y Elena Highton de Nolasco votaron a favor de la constitucionalidad total de la normativa, mientras que Carlos Maqueda y Carmen Argibay hicieron una aprobación parcial. Carlos Fayt fue el único que se expresó en contra de la constitucionalidad de la norma.
En otro tramo del fallo, el máximo tribunal también señaló que "deben existir políticas transparentes en los subsidios y la publicidad oficial; que los medios públicos no deben ser meros instrumentos de apoyo a una política de gobierno, o una vía para eliminar voces disidentes; que la AFSCA debe ser independiente y la ley debe ser aplicada respetando la igualdad y el debido proceso".
Desde la APSF creemos que este fallo de la Corte establece claramente la facultad del Estado de regular el mercado de las empresas de comunicación audiovisual evitando los monopolios, lo que dará lugar a nuevas voces, más democracia y más participación de distintos sectores en la propiedad de los medios audiovisuales.
La gestión de la LSCA debe de inmediato asegurar la aplicación de la ley en todos sus términos, lo que permitirá la aparición de nuevas fuentes de trabajo para los trabajadores de la comunicación e iniciará un proceso de mayor democratización de la palabra.
Finalmente, la APSF felicita a todos aquellos que lucharon y militaron por tener una ley de medios audiovisuales de la democracia.
Constitucionalidad de la LSCA: logro indiscutido de la democracia
El Sindicato de Prensa Rosario (FETRACCOM CTA) celebra el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Un fallo que ratifica la vigencia plena de la ley que se construyó entre todos. La persistente negativa del grupo Clarín a la adecuación que exige la ley llevó cuatro años de demora para su aplicación total
Sólo el grupo Clarín resistió la adecuación que implica la desmonopolización de los medios a través del pedido de inconstitucionalidad de los art. 41 sobre la intransferibilidad de la licencias, el 45 en dos apartados que limitan la cantidad de licencias, el 48 que rechaza derechos adquiridos para las empresas que deben desmonopolizar y el 161 del plazo de un año para presentar a la autoridad de aplicación el plan de desmonopolización.
Felicitaciones a todxs quienes con militancia y compromiso lucharon para derogar la ley de la dictadura: desde la Coalición por una Comunicación Democrática con los 21 puntos que le dieron fundamento, la presidenta Cristina Kirchner que impulsó el proyecto, los legisladores que la aprobaron hasta las autoridades de la AFSCA que vienen defendiendo su aplicación.
Los trabajadores de Prensa festejan el logro indiscutido de la democracia.
LT8: Vila desinvierte en favor de Vila
¿De quién es A.D.V.S.P.S.? Según el boletín oficial de Mendoza es de Agustín Vila (hijo de Daniel Vila) y el abogado de Supercanal, Eduardo Marcelo Vila
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Otras Señales
