Ley de Medios: renunciaron los jueces Kiernan y Farrell

Los integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones Civil y Comercial Martín Farrel y Santiago Kiernan renunciaron a sus cargos esta tarde
Los camaristas Martín Farrel y Santiago Kiernan se alejaron de sus cargos para permitir la puesta en marcha del mecanismo que establece la ley para el nombramiento de subrogantes.

Fuentes judiciales confirmaron que ambas dimisiones obligan ahora a la Cámara a designar sustitutos, entre la nómina de subrogantes designados días atrás por el Poder Ejecutivo tras el voto del Senado, de acuerdo a lo que indica la norma 26.376.
A partir de su alejamiento se pondrá en marcha el sistema de elección de los conjueces para subrogar las vacancias, que fue aprobada la semana última por el Senado, y publicada el viernes en el Boletin Oficial.
Al momento de la dimisión, Farell era el presidente subrogante de la Cámara y miembro de la Sala I de ese tribunal. Kiernan, también subrogante, ocupaba un cargo de magistrado en la Sala II. Los dos están jubilados, pero sin embargo fueron convocados por sus pares a servicio, amparados en una formativa que permite a jueces -como a militares- retomar sus tareas si es necesario.
Farrell se recibió de abogado en la UBA en 1961 y en 1974 consiguió un doctorado en Derecho y Ciencia Sociales. Desde 1984 es juez Civil y Comercial Federal. Su renuncia no sorprende tanto como la de Kiernan.
El titular de la Cámara se vio involucrado directamente en la denuncia del Gobierno nacional por anomalías en la designación de jueces subrogantes, que deben fallar, entre otras cuestiones, sobre el artículo 161 de desinversión de la Ley de Medios.
Las denuncias señalaban a Farrell y a su colega camarista Ricardo Recondo como responsables de aplicar un método de elección "a dedo". Ante esta situación, el Gobierno nacional se presentó ante el Consejo de la Magistratura y denunció los hechos y situaciones, a la vez que reclamó priorizar la selección de jueces a través de concursos. En esa línea, presentó un listado de 16 abogados candidatos a ocupar cargos en el fuero Civil y Comercial. Esa lista fue aprobada por el Senado la semana pasada y ahora resta definir quiénes de los postulantes asumirán las tareas.
La semana pasada, además, el Gobierno denunció al camarista Francisco Horacio de las Carreras, integrante de la Sala I de la Cámara, al denunciar que habría viajado en mayo pasado al exterior por una supuesta invitación del Grupo Clarín.
En las últimas horas, la comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura instó al juez a explicar esta situación en un plazo de 20 días hábiles.
Fuentes: Agencias y El Cronista

El Grupo Clarín no presentará plan adecuación a la Ley de Medios

El Grupo Clarín, el mayor conglomerado de medios de comunicación de Argentina y que está duramente enfrentado con el Gobierno, dijo el martes que no presentará un plan de desinversión para adecuarse a la ley del sector ya que la norma que lo exige está suspendida por la justicia
Por: Guido Nejamkis
El regulador estatal de medios audiovisuales de Argentina afirmó recientemente que Clarín se resiste a cumplir la legislación para el sector y advirtió que licitará sus licencias excedentes si hasta el 7 de diciembre no presenta un plan para adaptarse a la norma.
La legislación, a través del artículo 161*, limita las licencias de radio y televisión que pueden estar en manos de un grupo empresario, y también su participación de mercado.
Pero Martín Etchevers, gerente de Comunicaciones de Grupo Clarín, dijo a corresponsales extranjeros que la aplicación del artículo 161 está frenada por una decisión judicial.
"No tenemos que presentar un plan de adecuación porque la aplicación del artículo 161 está suspendida por la justicia", dijo Etchevers. El ejecutivo agregó que la justicia aún no ha hecho un pronunciamiento de fondo sobre su demanda de inconstitucionalidad.
El presidente de la reguladora Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabatella, dijo que existen 20 grupos de comunicación en Argentina que tienen más licencias de medios audiovisuales que las que permite la ley del sector, pero afirmó que sólo Clarín se niega a cumplir la norma.
El Gobierno de Cristina Fernández entró en abierta colisión con Clarín en el 2008, cuando los medios del grupo cubrieron de una manera crítica una revuelta de productores agrícolas contra un proyecto de alza de impuestos.
La disputa ha golpeado a las acciones de Clarín, cuyos medios, en especial su principal periódico y su canal de noticias, TN, son habitual blanco de críticas del Gobierno.
Opositores afirman que la legislación fue promovida como un intento para castigar voces críticas, entre ellas la del Grupo Clarín.
Fuente: Agencia Reuters

NdE: error es el Artículo 45. — Multiplicidad de licencias. A fin de garantizar los principios de diversidad, pluralidad y respeto por lo local se establecen limitaciones a la concentración de licencias.
En tal sentido, una persona de existencia visible o ideal podrá ser titular o tener participación en sociedades titulares de licencias de servicios de radiodifusión, sujeto a los siguientes límites:

1. En el orden nacional:
a) Una (1) licencia de servicios de comunicación audiovisual sobre soporte satelital. La titularidad de una licencia de servicios de comunicación audiovisual satelital por suscripción excluye la posibilidad de ser titular de cualquier otro tipo de licencias de servicios de comunicación audiovisual;
b) Hasta diez (10) licencias de servicios de comunicación audiovisual más la titularidad del registro de una señal de contenidos, cuando se trate de servicios de radiodifusión sonora, de radiodifusión televisiva abierta y de radiodifusión televisiva por suscripción con uso de espectro radioeléctrico.

Contrapunto entre AFERA y AEDBA por medidas de fuerza de Canillitas y distribuidores

Clic en las imagenes para ampliar

Comunicado de AFERA sobre el paro de canillitas y distribuidores
El día de ayer, sorpresivamente, la ciudad de Buenos Aires y parte de la Provincia amaneció sin diarios producto de una medida de fuerza llevada a cabo por el gremio de canillitas y acompañado por el de SDDRA (distribuidores)
Ante tal circunstancia AFERA aclara:
1. En las últimas semanas, la Comisión de Fiscalización de Circulación y distribución de diarios y revistas dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación, admitió en su seno como miembro a AFERA (Asociación Federal de Editores de la República Argentina), conformada por más de sesenta (60) editores que cubren toda la geografía del país.
2. La comisión se encuentra abocada al tratamiento de la situación del sistema de venta y distribución de diarios y revistas.
3. En dicha comisión participan el Ministerio de Trabajo de la Nación; SiVenDia (Sindicato de canillitas), quien asiste representada por su Secretario General Omar Plaini y el Sr. Carlos Vila; SDDRA (Sindicato de Distribuidores de Diarios y Revistas) representados por la Dra. Patricia Cristaldo y el Sr. Oscar Pepe; AAER (Asociación de editores de revistas); AADRE (Asociación de representantes de editoriales); y AFERA.
4. AEDBA, asociación que representa a los diarios Clarín, Nación, Cronista Comercial y Página 12 no acepta la competencia de la comisión y se niegan a integrarse.
5. En la reunión de la comisión SDDRA reconoció, y así figura en el acta de fecha 9 de Octubre de 2012, que durante años tuvo un acuerdo privado con el diario Clarín, que se encontraría recientemente suspendido, por el cual por la distribución le cobraba al mencionado medio el 8% en lugar del 10% como le cobra y le cobró al resto de los medios.
6. Que todos los diarios, a los efectos de alivianar la situación, antes de esa reunión habían aumentado su precio de tapa y habían cedido a SiVenDia y a SDDRA por seis (6) semanas el aumento como paliativo.
7. Que en la mencionada reunión, AFERA, a los efectos de intentar consensuar una solución integral, prorrogó por dos semanas más el otorgamiento del aumento de todos los medios que la componen. Todo ello, haciendo caso omiso a que el recorrido del Sr. Taboada, Rizzo, y el recorrido de Recoba (reúnen más del 40% de los recorridos de SDDRA) no le han liquidado desde el mes de junio de 2012 al Diario Popular y al Diario Crónica, integrantes de AFERA, la diferencia del aumento de esos meses (cosa que sí hicieron con el resto de los medios).
8. Que el reclamo de SiVenDia en la comisión fue que los editores les paguen el 40% de su precio de tapa a los canillitas, cosa que la mayoría de los medios nacionales de AFERA ya realiza.
9. Que encontrándose abiertas las negociaciones en el marco de la comisión, intempestivamente realizan un sorpresivo paro afectando aun a los medios que cumplen con el 40% que ellos mismos demandan y con la plena colaboración del SDDRA en la medida de fuerza.
10. Que llama poderosamente la atención que diarios y asociaciones colegas hablen sólo de un bloqueo y paro a dos editores, en un claro intento de victimizarse, cuando en realidad el bloqueo y paro fue contra todos los medios. Máxime, cuando, entre gallos y medianoche, existieron reuniones de SiVenDia, SDDRA Y AEDBA (representados por los diarios Clarín, Nación y PáginaI12), intentando acordar un nuevo sistema sin la participación del resto de los actores que siguieron sentados alrededor de la mesa esperando el diálogo.
11. Por ello, AFERA denuncia expresamente que esta medida de fuerza, lejos de favorecer a los afiliados de los gremios, intenta colaborar para llevar al sistema de distribución y circulación a una integración vertical con la colaboración de algunos actores sindicales en detrimento del resto de los editores; y hace un llamamiento a los canillitas y titulares de recorridos a no dejarse llevar por maniobras que atentan contra el propio sistema.
Buenos Aires, 30 de octubre de 2012

Denuncian al diario El Día de La Plata ante el INaDi

El matutino platense El Día fue denunciado por el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) ante el Instituto Nacional contra la Discriminación , la Xenofobia y el Racismo (INADI) por el tratamiento discursivo que le brindó a un caso de toma de tierras que se dio del 25 de agosto al 10 de septiembre, en el barrio San Carlos de la ciudad de La Plata
La organización de DDHH relevó las notas publicadas por el diario y realizó un extenso informe donde analiza los lugares discursivos que utiliza el medio para construir una línea editorial que fomenta la discriminación, la violencia y el enfrentamiento entre personas.
El tratamiento desigual del matutino platense en las coberturas periodísticas opera sobre los actores sociales involucrados en conflictos por el acceso al suelo urbano y se averigua en el uso de determinados clichés, en la reproducción de declaraciones cargadas de connotaciones negativas, en la adjetivación prejuiciosa y la descalificación constante de los protagonistas de las tomas. Ese discurso apuntala un sentido común discriminatorio, fortaleciendo y anclando el estigma en el imaginario social, al tiempo que oculta, desautoriza y ahoga las voces de los actores desafiliados y las razones sociales que anteceden las tomas de tierras.
El diario le niega el estatus político al conflicto de toma de tierras que debiera ser entendida antes que nada como una forma de protesta que visibiliza un problema social de graves consecuencias para la dignidad de las personas y como una forma de interpelar al Estado y a la sociedad. Las voces de los actores de la protesta y sus prácticas políticas no son entendidas como una interpelación sino como actos y personas fuera de la ley. Se transforma en ese tratamiento periodístico un conflicto social en litigio judicial. Se criminaliza la protesta.
En la vasta cobertura de El Día durante los 17 días que duró la toma de San Carlos, -7 tapas y 17 notas- desarrolló un discurso que fue desde el “miedo de los vecinos” ante la presencia amenazante del “otro”, un “barrio que vive atemorizado” hasta llegar al punto de afirmar el “robo de un barrio” a manos de “usurpadores”. El proceso de la información se dio de manera tal que el conflicto social por el acceso al suelo urbano se transmitió como una “guerra” entre "vecinos establecidos" y "usurpadores", a quienes se responsabilizó por desatar una ola delictiva de terror y violencia.
La toma de tierras es visualizada como un foco de inseguridad, donde “los vecinos” temen salir de sus casas y no quieren dar sus nombres por miedo a represalias. Del otro lado, los “usurpadores” aparecen como violentos, ladrones y causantes de todos los males del barrio (saqueos, cobros de peaje, intentos de violación, son algunos de los hechos que el diario cuenta en esas notas).
En ninguna de las 17 notas el diario dijo algo respecto del grave problema del acceso al suelo urbano por parte de los sectores de más bajos recursos, ni sobre la “ociosidad” de las tierras tomadas o de la especulación con que suelen mover sus negocios los holdings inmobiliarios. No existió posición crítica por parte del matutino, -a lo sumo la puesta entre comillas de algunas citas- que reflejara los antecedentes sociales, culturales y económicos del conflicto en la cada vez más difícil inserción de los sectores populares al suelo urbano. No sólo se ignoraron las consecuencias sociales que trae aparejada para un grupo social la vida estigmatizada, sino que el estigma fue propiciado y en ningún momento puesto en duda.
La Ley Antidiscriminación 23.592 es clara en su artículo primero que establece actos u omisiones discriminatorios y en ella se basa el CIAJ para presentar esta denuncia contra el diario El Día, entendiendo que “el tratamiento periodístico brindado por el matutino platense incurre en ambas formas discriminatorias. Por un lado estableciendo una relación directa entre el delito y la presencia de los ocupantes del predio de San Carlos –su afirmación llana de que se trataba de una ‘usurpación’ es sólo un ejemplo-, y por otro bloqueando el acceso a la palabra de quienes eran inculpados socialmente de tales delitos. La pretensión de objetividad, de exponer sin poner en crisis el discurso de un grupo social que se manifiesta de manera estigmatizante, escapa a toda visión ética de la función periodística”.
En la imagen: montaje de tapas denunciadas de el Diario El Día
Fuente: CIAJ

#15N Trabajadores de Clarín eligen delegados

1 AM x 2 FM: Empresarios exploran canjear radios

Cristóbal López daría al grupo Vila-Manzano dos FM en Capital; a cambio recibiría una AM en Rosario
Por: José Crettaz
El Grupo Indalo, firma con la que el empresario kirchnerista del juego Cristóbal López compró el canal de noticias C5N, Radio 10 y otras cuatro FM, planea adecuarse a la ley de servicios de comunicación audiovisual mediante un intercambio de emisoras con el grupo UNO Medios, del ex ministro del Interior menemista José Luis Manzano y el empresario Daniel Vila. Ambos grupos empresarios, de estrecha relación con la administración Kirchner, también gestionan negocios vinculados con concesiones del Estado en áreas petroleras y servicios públicos en distintos puntos del país. Según la ley de medios, ninguna empresa puede tener más de una AM y dos FM en una misma ciudad.
En su último comunicado, cuando se anunció aquella transferencia, López sostuvo que se desprenderá de las FM Vale 97.5 y TKM 103.7 en Capital Federal. En el caso de prosperar el canje, Manzano-Vila se quedarían con esas emisoras, que agregarían a AM La Red, que controlan junto con el diputado nacional opositor Francisco de Narváez. A cambio, López recibiría una de las dos AM que los mendocinos tienen en Rosario. Una operación de esas características debería ser aprobada por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), de aplicación de la ley de medios, que aún no se expidió sobre la transferencia de los medios de Hadad.
En Rosario, el grupo UNO Medios tiene dos de las tres (NdE: Rosario tiene 6 AM, 5 con licencias) AM de la ciudad, LT8 La Ocho y la histórica LT3 Radio Cerealista, esta última en venta desde hace meses. En ambas radios, los mendocinos son socios del empresario local Orlando Vignatti, dueño también del diario Ámbito Financiero en Buenos Aires. UNO Medios reconoce como propias al menos unas 25 emisoras, de las cuales seis son AM y el resto, FM. Pero podrían sumar una más: en Capital Federal, llevan adelante desde hace 14 años una dura puja judicial con Luis Cetrá y Jorge Tassara, dueños de Radio Rivadavia AM 630, por la propiedad de esa emisora, en concurso de acreedores desde hace años.
Las conversaciones sobre un eventual canje de radios por parte de Cristóbal López y Manzano-Vila trascendieron de fuentes empresarias vinculadas con la negociación. El artículo 45 de la ley de medios establece que un licenciatario sólo puede tener hasta una AM y dos FM en una misma zona geográfica y en ningún caso superar las 10 licencias de radio en total. UNO Medios también tendrá que vender varias de las plazas donde opera con su cableoperadora Supercanal y optar entre TV por cable y TV de aire en los lugares donde presta ambos servicios.
Si el Gobierno finalmente aplica el artículo 161 a todos los grupos de medios (al menos 25, según el presidente de la AFSCA, Martín Sabbatella) el 7 de diciembre, y en el plazo de un año todos debieran adecuarse, el valor de venta de tantas radios y canales de televisión tenderá a bajar a medida que ese plazo vaya consumiéndose. Al menos eso indica toda la ciencia económica y lo confirma la experiencia del Gobierno en la materia: el concurso para crear 220 nuevos canales de TV abierta en todo el país tuvo menos de 50 interesados en comprar los pliegos, algunos de los cuales luego ni siquiera se presentaron. Sobre ese concurso, que iba a ser revisado por la AFSCA y relanzado en 30 días (contando a partir del 23 de julio pasado) no hubo novedades.
Según dejó trascender, Cristóbal López se habría desprendido de concesiones públicas en el Sur (recolección de basura y áreas petroleras menores), donde también opera algunos medios, como Radio del Mar de Comodoro Rivadavia (aunque no aparece en la nómina de socios). Allí, en su ciudad natal, también controla indirectamente y de manera irregular el Canal 9 de TV de aire, que ahora retransmite programas de C5N.
López encuadró a su gusto la programación de C5N, pero aún les teme a los principales conductores de Radio 10: Marcelo Longobardi y Oscar González Oro. El plan es renovar sus contratos, pero por períodos cortos, de no más de un año. López se considera rehén de Longobardi, el periodista de su grupo del que más desconfía.
El empresario controla un conglomerado de empresas que facturó el año pasado $ 13.400 millones y emplea a cerca de 20.000 personas. Maneja 12 casinos, es accionista del Casino Flotante de Puerto Madero, explota las tragamonedas del Hipódromo de Palermo y en los últimos años mostró una enorme liquidez al adquirir 345 estaciones de servicio y una refinería de Petrobras, que rebautizó Oil, cuya cara publicitaria es Marcelo Tinelli. Con Tinelli comparte la pasión por San Lorenzo . De hecho, un hijo de López integra la nueva conducción del club, de la que Tinelli es vicepresidente.
Fuente: Diario La Nación

Directivos de Cablehogar se reunieron con Sabbatella

El presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella, mantuvo un encuentro con el presidente de la Cámara de Cableoperadores Independientes (CCI), Gabriel Bandiera (fundador y accionista, junto a su hermano de TVSA, en Rosario Cablehogar)y el vicepresidente de la misma entidad, Marcelo Massatti (director de Cablehogar). El encuentro forma parte de las conversaciones que el funcionario lleva adelante con representantes de distintos sectores de la comunicación audiovisual

“Para los cableoperadores independientes es muy importante que se abran nuevas posibilidades de expresión y que se termine con los monopolios constituidos”, expresó Bandiera en relación a la situación del mercado de televisión por cable y al cumplimiento de los topes que exige la Ley de SCA. “Venimos denunciando las continuas presiones que los pequeños y medianos cableoperadores sufrimos a lo largo del tiempo, como consecuencia de la fuerte concentración que se fue dando en la industria a través de empresas como Cablevisión y Multicanal”, explicó el titular de la CCI.
“El hecho de que con la nueva ley haya reglas claras, sin privilegios para una sola empresa, va a generar un mejor servicio para la gente, con mejores precios, contenidos y, fundamentalmente, va a permitir que el público pueda elegir”, enfatizó Bandiera y agregó que “lo más importante es que la ley se aplique para todos, es una ley que ha sido consensuada con muchos sectores. La ley está y hay que cumplirla. Su aplicación en forma completa servirá para encuadrar a todos aquellos que tienen una posición dominante en el mercado, que escapa a lo que establece la norma”
En ese marco, el presidente y el vicepresidente de la CCI, en su visita a la sede de la AFSCA, expresaron su apoyo a la gestión de Sabbatella al frente del organismo y manifestaron su profundo compromiso con la aplicación integral de la Ley SCA.
Fuente: AFSCA

La Coalición Córdoba propone a Rodríguez Villafañe para integrar el CoFeCA

“Un aporte para una Córdoba presente junto a la Ley”. El documento propone que Rodríguez Villafañe integre el Consejo Federal de la Comunicación Audiovisual (CoFeCA)
El Consejo Federal de la Comunicación Audiovisual, órgano nodal para el diseño de una política federal de comunicación en la República, tiene una silla vacía. El lugar que le corresponde a Córdoba por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 ha permanecido sin ocupante por tres años.
Pero no se trata de una mora en la decisión provincial.
No estamos ante una falta de decisión, sino a la decisión de faltar.
El Gobierno provincial no cumplió con el artículo 16 de la Ley sancionada por el Congreso Nacional porque privilegió mostrar lealtad a aquellos que no han querido reconocerla durante tres largos años y han hecho todo para incumplirla.
Primero el ex gobernador Juan Schiaretti y ahora el actual mandatario José Manuel De la Sota fueron parte del coro político que bregó por el fracaso de la norma.
Hoy quedaron solos. La oposición política con representación en el Congreso Nacional ha designado a sus representantes en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y en Radio y Televisión Argentina (RTA) y sólo persiste la mácula de la ausencia de tres distritos en el CoFeCA, órgano que ya cuenta con el reconocimiento de 21 provincias argentinas.
Es necesario superar esta situación y que Córdoba sume su voz al organismo rector de la política nacional de Comunicación. Porque somos aquí más de tres millones de argentinos que tenemos derecho a no permanecer excluidos de esa política, necesaria para el ejercicio pleno de los derechos democráticos. Porque la tarea de construir la nueva comunicación nos necesita a todos. También a los cordobeses.
Es por ello que solicitamos al Gobernador de la Provincia que en forma perentoria proponga a una cordobesa o a un cordobés para que ocupe el sillón que la Ley otorga a nuestra provincia, haga valer la voz que nos corresponde y sume su esfuerzo al de todos los que bregamos por el pleno cumplimiento de la Ley.
Respetaremos la decisión que tome el Gobernador respecto de la persona a designar, más allá de si la misma se realiza con el consenso de la Legislatura provincial o de la Coalición para una Radiodifusión Democrática. Otros han enviado propuestas y creemos que es hora de que la propia Coalición que dio origen a la Ley haga la suya.
Estamos convencidos que el Dr. Miguel Julio Rodríguez Villafañe, ex juez federal y presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Información –por nombrar sólo dos de sus muchos antecedentes– ejercería tal cargo honorífico con rectitud, eficiencia, imparcialidad y compromiso democrático.
Creemos que la plena incorporación de Córdoba al Consejo Federal, con el apoyo de sus mejores mujeres y hombres, y la necesaria revitalización de la delegación provincial de la AFSCA permitirán sumar el aporte que Córdoba está llamada a realizar en este histórico momento en que la República y la Democracia nos están reclamando.
Hacia el 7 de Diciembre, todos dentro de la Ley democrática.
Coalición Córdoba por una Radiodifusión Democrática