Uno de los peores rasgos de la gestión macrista en materia de políticas de comunicación fue su continuo destrato, desfinanciamiento y postergación del sector sin fin de lucro de los medios. En particular, de radios y canales de televisión comunitaria. Es en esta misma área donde podían esperarse los cambios más fuertes con el ingreso de Alberto Fernández a la Casa Rosada y la renovación de autoridades en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), organismo encargado de controlar y aplicar las regulaciones. Sin embargo, ni fue tan grande la renovación de autoridades, ni se notaron grandes cambios en materia de políticas hacia los medios comunitarios.
El 2020 fue el año de la pandemia. Si bien en 2021 el Covid-19 sigue su circulación por el mundo, el pasado fue un año de grandes cierres económicos y de crisis en distintas actividades. Entre ellas, los medios de comunicación. El gobierno de Fernández decidió asistir a buena parte de las actividades económicas más dañadas por la pandemia y las cuarentenas que se extendieron, más o menos flexibles, durante todo el año. Los medios de comunicación no fueron la excepción. Empresas privadas chicas, medianas y, sobre todo, las más grandes; fueron asistidas por el gobierno con publicidad oficial y también con el ingreso al programa ATP, con el cual el Estado abonó la mitad de los salarios de buena parte de sus trabajadores. En ese año, el presupuesto invertido en publicidad oficial por el gobierno nacional fue de $ 4.700 millones. Si a eso se suman las pautas provinciales, municipales, exenciones y flexibilidades para el pago de tasas y gravámenes, las políticas de asistencia suman cifras billonarias.
El sector comunitario de la comunicación fue nuevamente discriminado en esta repartija de fondos para garantizar la sostenibilidad de fuentes laborales y empresariales. No solo fueron incluidos tímidamente -y apenas unos pocos en el reparto de publicidad oficial-, sino que la misma Secretaría de Medios lanzó un subsidio por ¡$ 20.000! para cubrir eventualidades. Un trato asimétrico hacia medios que son pilares para la diversidad de expresión y pluralidad de voces, que sostienen agendas alternativas a las de los medios comerciales, que expresan a grandes colectivos sociales, y que trabajan con temáticas locales que suelen ser invisibilizadas.
El ENaCom, por su parte, tardó en tomar las riendas de la situación y continuó con los extensos retrasos heredados de la gestión macrista. La suspensión de los plazos administrativos en las oficinas públicas junto al trabajo a distancia y desde los hogares pueden explicar una parte del enlentecimiento en la ejecución de fondos que debían adjudicarse a medios comunitarios y que fueron más necesarios que nunca. El Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FoMeCA) fue creado por la Ley Audiovisual. Se estipula que el ENaCom debe destinar el 10 % de lo recaudado por multas y gravámenes a los prestadores de servicios audiovisuales, al fomento de la producción, el equipamiento y la gestión de medios comunitarios y de pueblos originarios.
Su funcionamiento fue irregular desde su creación y a lo largo de las distintas gestiones: ni Martín Sabbatella, ni Miguel De Godoy, ni Silvana Giudici, ni Claudio Ambrosini ejecutaron lo que corresponde en los plazos que corresponden. Por supuesto, no todas las gestiones tuvieron los mismos problemas. De Godoy y Giudici retrasaron y empastaron todo para peor.
Tan mala fue la gestión macrista que en 2016 no se adjudicaron nuevos subsidios mientras en 2017 no se abrieron concursos nuevos. Para ponerlo en términos absolutos y claros: en cuatro años de gestión concursaron y ejecutaron solo lo correspondiente a dos años de trabajo. El panorama era malo y se esperaban mejoras con la salida del nuevo sol peronista.
“En lo que va de la gestión podemos decir que se han pagado proyectos correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019 que venían atrasados. Los proyectos –programas u obras de construcción- se siguen haciendo independientemente que se hagan a tiempo los desembolsos. Los compañeros que los implementan muchas veces se ven muy perjudicados por el retraso en los pagos. Otra cuestión que genera esto es que vivimos en un país inflacionario y lo que se proyecta para un FoMeCA en cuanto a compras de equipamiento luego no te alcanza cuando el pago efectivamente se realiza”, remarca Juana Alfonso, integrante del Colectivo La Tribu, al respecto de las consecuencias que las demoras de los desembolsos del fondo tienen sobre la gestión de un medio comunitario. “Reformulamos los proyectos, achicamos lo planificado porque cobramos los pesos dos años después de lo que correspondía. Los tiempos, en líneas generales, no son respetados por el ENaCom. Eso nos preocupa porque es muy difícil como medio comunitario poder establecer un cronograma claro de planificación de producciones o proyectos durante el año”, sentencia. La Tribu es un colectivo de comunicación y cultura que se reúne desde 1989, y su FM forma parte de la Asociación Mundial de Radio Comunitarias (AMARC).
Pero la actual gestión de Ambrosini – hombre del massismo, integrante del directorio de ENaCom durante el macrismo y coautor de resoluciones que beneficiaron y benefician a grandes corporaciones comunicacionales - presenta grandes problemas para los FoMeCA. Tras 20 meses de gobierno, se abrieron líneas de concursos devaluadas y que no se corresponden con lo que debiera haber sucedido en un año y medio de gestión. Lo concursado es menor a cualquier gestión anterior. Por otro lado, la gestión debió hacerse cargo de concursos no cerrados por el macrismo en 2019 y ejecutarlos con presupuestos de 2020. Eso llevó a un reacomodo presupuestario que también quitó posibilidades de ejecución mejores.
El directorio de ENaCom es presidido por Ambrosini junto con Gustavo López, su vice. Fueron designados por el Poder Ejecutivo, al igual que otros 3 de los 6 directores que los acompañan a la cabeza del organismo
Solo las noticias de las últimas semanas, donde se otorgaron los primeros subsidios de 2021 y se abrieron nuevas líneas, calmaron las aguas en la relación con el sector. Parte de esto señala el presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCo), Pablo Antonini: “Pasamos del hostigamiento, la persecución, la acusación pública a FARCo por altos dirigentes de ENaCom a la inclusión, recuperamos un lugar en el esquema de medios de comunicación. Es una inclusión al fondo de la cola, en los bordes, en la marginalidad del sistema de medios. La legalidad sigue siendo un tema pendiente, de arrastre. En zonas con disponibilidad de espectro, se abren concursos. En zonas de conflicto seguimos en la misma e incomprensible parálisis que hace 12 años. Lo mismo puede decirse de la pauta publicitaria oficial, pasamos de estar discriminados a estar en los bordes con un porcentaje muy mínimo. En el fomento en particular seguimos lejos de que se aplique lo que la ley indica”, grafica.
En este punto, Antonini marcó los problemas de ejecución del FoMeCA: “Seguimos en una maraña burocrática que hace que los tiempos sean muy largos, que los proyectos se devalúen. Recién al 4 de agosto se adjudicaron los primeros concursos de esta gestión, el grado de ejecución hasta este momento es muy bajo. Sobre esa estructura heredada, la gestión actual la complejizó sumando nuevas direcciones de control. Falta decisión, falta priorizar el fomento. Hay que aplicar la ley vigente en sus términos presupuestarios, ver una forma de asegurar esos fondos en una estructura de fideicomiso para no quedar todos los años pendientes de decisiones arbitrarias del Tesoro y garantizar plazos de rendición y criterios que hagan que los proyectos sean sustentables y sirvan a toda la sociedad en su conjunto. Es necesario escuchar a las organizaciones, cosa que el gobierno prometió y no cumplió”, concluye el presidente de FARCo.
En pesos constantes, los números entre la gestión de Ambrosini y la de De Godoy (hasta 2018) son distantes. También se destaca que la cuenta entre lo concursado, adjudicado y efectivamente pagado cierra mucho mejor en la gestión macrista: Cambiemos pagó montos por un 89 % de lo adjudicado (aunque no todo sobre líneas concursadas por su gestión), mientras entre 2020 y 2021 se pagaron montos por un 76 % de lo adjudicado.
Por último, el sector reclama que se avance en la generación de instancias de diálogo con el organismo, que se destruyen ante cada cambio de gestión e impiden actualizar las problemáticas del sector. Una de ellas corresponde con la legalización de emisoras. El macrismo elaboró un plan de “normalización” de permisos precarios provisorios que existían desde la década de 1990, que le permitió a emisoras históricas como La Tribu o Ahijuna acceder a la tan ansiada licencia. Aún con las irregularidades técnicas de esas adjudicaciones, los medios comunitarios sostienen que el proceso de regularización debe continuar con un centenar de emisoras empadronadas que aún esperan un plan técnico que permita llamar a concurso público para garantizar el cumplimiento del 33 % de licencias que la ley fija para medios sin fines de lucro.
Pese a todo, y saliendo de la competencia comparativa entre gestiones, los números aún muestran que los fondos para fomentar a los medios comunitarios disminuyen en términos absolutos año tras año, mientras la canilla que atiende la sed de los comerciales no se cierra nunca.
*El autor es Doctor en Ciencias Sociales (UBA) y especialista en medios de comunicación
Fuente: La Izquierda Diario
