El portal Análisis Digital publicó un pronunciamiento del observatorio de programa universitario. A propósito de las públicas denuncias de censura y restricción de la libertad de expresión en El Diario de Paraná y la emisora estatal LT14 en el marco de la masiva movilización del día 18 de febrero pasado, desde el Observatorio Comunicacional del Programa de Extensión "Por una nueva economía, humana y sustentable" de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER queremos expresar nuestro repudio a esas prácticas que rigen cotidianamente el desempeño del periodismo y la comunicación social en la mayoría de los medios de comunicación de la provincia, y nuestro compromiso de bregar por los derechos a la comunicación de nuestro pueblo, como derecho absoluto y fundamental para la construcción de una sociedad justa, libre y democrática
Por el Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable”
Según trascendió en redes sociales y algunos medios de comunicación de la región -en su mayoría digitales y no subyugados por la obsecuencia con el oficialismo provincial-, se censuraron información y opiniones en el contexto de la llamada Marcha del Silencio del "18F". Por un lado, la ex presidenta del Superior Tribunal de Justicia Venus Caminoa denunció que contrató el 17 de febrero con El Diario la publicación de una Solicitada, la cual fue "debidamente abonada en tiempo y monto" y debía aparecer en sus páginas el día 18 de febrero. Esto consta en la cuenta de Facebook de la abogada Fernanda Tardelli y fue ratificado por Caminoa. Sin embargo, la publicación solicitada no apareció en el número del matutino paranaense de ese día. El texto decía: "Venus Caminoa, en mi condición de ciudadana y ex miembro del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, adhiero al homenaje a la memoria del señor fiscal Alberto Nisman. Hay una tumba que interpela. Una imputación de ultratumba hostigará irremediablemente, por el resto de su vida, a la señora Cristina Fernández de Kirchner”.
A su vez, Martín Fabre, periodista trabajador de la radio LT14, publicó en su perfil de la misma red social lo siguiente: "el director de LT 14 Radio General Urquiza Jorge Ballay acaba de bajar instrucciones de que hoy no se pase información sobre la Marcha del Silencio por la dudosa muerte de Nisman", prohibición que logró, triunfal, la ausencia de información en la radio "pública" sobre los acontecimientos que ocurrieron esa noche en Paraná y una decena de localidades entrerrianas. Renglón seguido, el periodista suelta: "generalmente no publico estas cuestiones en Facebook pero entiendo que están llegando al límite".
El Diario de Paraná perdió hace unos años el prestigio que acompañó su labor periodística de más de nueve décadas tras ser cooptado por el gobierno de Sergio Urribarri a través de su compra en manos de empresarios aliados. Actualmente, funciona como un verdadero órgano paraestatal de difusión e información, por ejemplo, publicando textualmente gacetillas y notas emanadas de la Casa de Gobierno.
En el caso de LT14, en cambio, se trata de un medio directamente estatal, en el que manifestaciones divergentes con la consideración oficial-gubernamental de hechos de gran importancia política -como la muerte de Nisman- son deliberadamente borradas de la agenda de información.
¿Y la Ley de Medios? Bien, gracias
La radio LT14 General Justo José de Urquiza pertenece a la Sociedad del Estado Radio y Televisión Argentina, entidad dependiente del Poder Ejecutivo Nacional y creada a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 (Ley de Medios). Esta ley -aunque consideramos que no garantiza el desarrollo de una comunicación popular, plural, democrática, libre y diversa en la Argentina- se funda en una serie de principios que son flagrantemente ignorados y vulnerados en la provincia de Entre Ríos. El Diario de Paraná y LT14 -en este caso con la censura del 18 de febrero- reincidieron en atentados contra la libertad de expresión que son moneda corriente en nuestra provincia desde hace años.
El extenso texto que la Ley de Medios contiene 26 veces el término "libertad de expresión", en muchos casos citando tratados y acuerdos internacionales considerados "parámetros" en la materia, como la Declaración de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de Ginebra 2003. Considera, por ejemplo, la ley que "los medios de comunicación, en todas sus modalidades y regímenes de propiedad (...) son un importante contribuyente a la libertad de expresión y la pluralidad de la información".
O incluye en los objetivos de su artículo 3° "la promoción y garantía del libre ejercicio del derecho de toda persona a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura, en el marco del respeto al Estado de Derecho democrático". Y por las dudas insiste en que "los objetivos de la ley están alineados con los textos internacionales de derechos humanos, en particular los que se exponen vinculados a la libertad de expresión". La ley, tan mentada por sectores del kirchnerismo y afines, no sólo legisla sobre medios de comunicación sino que contempla que "para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información que disponen otros como el derecho a difundir la propia".
Cuatro breves extractos de los fundamentos de la ley bastan para entender no sólo como ilegítimas sino también como ilegales las acciones ejercidas por el director de la radio LT14 y cuales fueran los directivos de El Diario de Paraná que ordenaran la censura de la solicitada del 18F; casos de censura, insistimos, que se suman a la larga lista que viene conformándose durante los últimos años en la realidad de los medios entrerrianos. Ya es harto sabido que en nuestra provincia la Ley de Medios -que cumplió en octubre pasado cinco años- no se implementa ni se cumple, ni siquiera en los medios estatales, sino que se violan e ignoran deliberadamente sus principios más básicos.
Reiteramos nuestra profunda preocupación ante la violación sistemática de los derechos de la comunicación, puntales esenciales para la defensa del conjunto de los derechos humanos, y hacemos un llamado a la sociedad a expresarse contra estas prácticas habituales de quienes detentan el poder económico y el poder político a su servicio.
No hay democracia sin el respeto por las libertades de comunicación y sin la vigencia plena de la Constitución y de las leyes de la república.