Cristina Fernández y Grupo Clarín se enfrentan por una reforma
El grupo de medios más grande de Argentina está resistiendo la presión de la presidenta Cristina Fernández para desmantelar su imperio de diarios, canales de televisión y radios, y cumplir con una ley antimonopolio que los críticos califican como un ataque a la libertad de expresión
Por: Helen Popper
Tres años después de que la presidenta calificara la ley de reforma como el comienzo de una nueva era en la diversidad de medios, le ha dado al Grupo Clarín hasta el 7 de diciembre para que comience a vender docenas de licencias operativas o serán rematadas por el Estado en caso contrario.
"Vamos a tener que prepararnos para cosas muy estrambóticas (...) Este despliegue mediático, sin precedentes que vemos, donde ya ni siquiera es interpretación, sino mentiras, infamias, calumnias, difamación permanente, tienen que ver con este 7 de diciembre", dijo la presidenta de izquierda en un discurso el mes pasado.
"Otras empresas y grupos mediáticos, que también habían planteado medidas cautelares y demás, las retiraron en su totalidad y hoy se someten a la autoridad de la AFSCA (la agencia reguladora de medios)", agregó.
La presidenta da pocas entrevistas o conferencias de prensa, y suele atacar a medios opositores como el diario Clarín, el de mayor tirada en el país, y el canal de noticias TN.
Fernández solía tener una buena relación con el Grupo Clarín y con su consejero delegado, Héctor Magnetto. Todo eso cambió cuando los diferentes medios del grupo se opusieron a cómo el Gobierno manejó una reclamación de los agricultores por una subida de impuestos.
Desde entonces, Magnetto se ha convertido en uno de los puntos de ataque predilectos de Fernández. Gendarmería allanó las oficinas de Cablevisión, del Grupo Clarín, a finales del año pasado y la frase "Clarín miente" se convirtió en un eslogan entre sus seguidores.
La disputa ha golpeado las acciones de Clarín, que han caído más de un 40 por ciento en el último año, y ha generado incertidumbre entre los inversores críticos con la creciente intervención de Fernández en la tercera mayor economía de América latina.
El mes pasado, el Gobierno sacó un anunció televisivo de cuatro minutos advirtiendo a Clarín de que el Estado subastaría las licencias en "exceso" si la compañía falla en cumplir la ley.
El grupo mediático respondió con otro anuncio diciendo que "nada debería pasar". Pero, el portavoz de Clarín, Martín Etchevers, describió el del Gobierno como "una clara amenaza".
"El objetivo político es el de silenciar cualquier medio independiente que quede en la Argentina y el objetivo económico probablemente sea también intentar beneficiar a algunos de los grupos de amigos que en los últimos años se han quedado con gran parte de los medios de comunicación en la Argentina", dijo Etchevers a Reuters Televisión.
Clarín ha desafiado la cláusula más controvertida de la ley, el artículo 161, argumentando que viola la Constitución al forzar a empresas a vender licencias de radio, televisión o televisión por cable adquiridas con anterioridad.
Los tribunales todavía no han emitido un fallo sobre el tema, pero el Gobierno dice que una decisión de la Corte Suprema en mayo significa que la orden judicial temporaria que protege a Clarín de cumplir la ley de reforma expirará definitivamente el 7 de diciembre.
Clarín disputa esa interpretación.
"Si para esa fecha no está terminado el juicio de fondo, esta medida cautelar, esta protección, puede prolongarse hasta tanto ese juicio se termine", dijo Etchevers, y agregó que la ley de medios le da un año a las empresas para desinvertir.
"Poder ilegítimo"
Esta semana, Fernández designó a un aliado político, el diputado Martín Sabbatella, para que lidere el organismo de control AFSCA encargado de hacer cumplir la legislación, y sus partidarios dicen que Clarín debe hacer lo mismo que otros grupos de medios y presentar un plan de desinversión.
"Durante muchísimos años Clarín aparecía, funcionaba dentro de la democracia incipiente de los argentinos como un mecanismo extra-poder", dijo el aliado de Fernández Agustín Rossi, líder del bloque oficialista en la Cámara de Diputados. "Se decía que si no se acordaba con Clarín no se podía ser presidente de la Argentina",.
"Ese rol de poder no legitimado de alguna manera se prolonga cuando son los que no cumplen con la ley, y la ley hace 3 años que se aprobó, no es que se enteraron ayer", agregó.
La reforma de la regulación de medios en Argentina, originalmente aplicada en la última dictadura, fue bien recibida por muchos grupos de izquierda y académicos.
Además de limitar el número de licencias que una compañía puede tener, le otorga tiempo de aire a grupos no gubernamentales como iglesias y asociaciones comunitarias, y busca promover películas y series hechas en Argentina.
Pero sus opositores dicen que el AFSCA ha tenido poco progreso en la aplicación de elementos menos controvertidos de la ley, confirmando sus temores de que la legislación fue promovida como un intento poco disimulado para castigar a Clarín y a otras voces de la oposición.
"Lo peor de la ley es que -en nombre de un debate democratizador- ha dejado a una sociedad dividida y esto es tal vez el aspecto más peligroso porque en democracia no hay bandos, en la guerra hay bandos", dijo la senadora Norma Morandini, una periodista y miembro de un partido de izquierda de la oposición.
Fuente: Reuters
Recrudece en Argentina batalla entre Gobierno y grupo multimedios Clarín
El conflicto entre la presidenta Cristina Kirchner y Clarín, el mayor multimedios de Argentina, recrudece a medida que se acerca una fecha polémica para aplicar una ley antimonopólica que la empresa considera un intento del Gobierno por hegemonizar los servicios audiovisuales
El 7 de diciembre, bautizado el 7D, es el día fijado por un fallo de la Corte Suprema para resolver un amparo del Grupo Clarín, pero el Gobierno lo interpreta como el último plazo para que se desprenda de medios audiovisuales.
"Aquel que el 8 de diciembre no haya entrado en el proceso antimonopólico, estará fuera de la ley", advirtió en la página web del gobierno Martín Sabbatella, un izquierdista que es flamante jefe del ente regulador audiovisual AFSCA.
La Ley de Medios Audiovisuales (2009) establece topes y limitaciones a las tenencias simultáneas de sistemas de cable, canales de TV y radios.
En discrepancia, Martín Etchevers, gerente de Comunicaciones de Clarín, dijo que el 7D "no debe suceder nada".
"La Ley de Medios tal como está escrita y, más aún, tal como está aplicada, lejos de buscar un reparto más democrático busca la hegemonización de los medios audiovisuales del Gobierno a través de distintas herramientas", dijo Etchevers en una nota publicada en el diario.
En esta lucha sin tregua, el portavoz dijo que "hoy, en términos de mapa mediático, más del 80% de los medios de radio y TV responden directa o indirectamente al Gobierno. ¿De qué lado está la concentración mediática?".
El enfrentamiento de Kirchner con Clarín se arrastra desde el primer mandato de la Presidenta (2007-2011) y atravesó varias crisis, como cuando el ente fiscal allanó oficinas de la firma o cuando la policía militarizada (Gendarmería) entró por orden de un juez en la planta de la red Cablevisión de TV por cable. En ambos casos Clarín denunció fines intimidatorios.
Inspectores participaron en 2009 de un gran operativo fiscal en empresas y casas particulares de directivos de Clarín, en tanto que gendarmes entraron a la planta de Cablevisión en 2011 a raíz de una denuncia judicial del competidor grupo mediático Vila-Manzano, cercano al Gobierno.
El choque había comenzado desde que el fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), marido de la mandataria, rechazaba publicaciones del diario con la pregunta "¿Qué te pasa Clarín, estás nervioso?".
Otros momentos de tensión se vivieron cuando sindicalistas peronistas bloquearon la distribución del diario o cuando el Gobierno logró aprobar en el Congreso regulaciones a la firma Papel Prensa de insumos para periódicos, uno de cuyos socios principales es el Grupo Clarín.
Kirchner acusó a Clarín de apropiarse de Papel Prensa por favores de la última dictadura (1976-1983).
El Gobierno atizó siempre el fuego con la consigna "Clarín miente", que empapeló paredes y edificios públicos, fue grabada en camisetas por activistas y fue leyenda en paquetes de dulces repartidos por las calles.
"Hay medidas que pasan a formar parte de una ofensiva política destinada a desarticular y acallar las voces de quienes no concuerdan con el gobierno", afirmó a la AFP Rosendo Fraga, politólogo, profesor universitario y director del centro de estudios Nueva Mayoría.
Fraga dijo que el modelo elegido por Kirchner es "el de los países de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA), inspirado en Cuba y Venezuela, que buscan transformar los medios independientes y críticos en la oposición".
Otro hito en la confrontación fue cuando allegados al Gobierno acusaban a la directora de Clarín, Ernestina de Noble, por supuesta apropiación de dos hijos de desaparecidos, pero la Justicia dictaminó con exámenes de ADN la falsedad de esa imputación.
"Es una rencilla entre antiguos amigos o aliados que terminaron en malas relaciones", dijo a la AFP el sociólogo Manuel Mora y Araujo, presidente del Consejo de la privada Universidad Di Tella.
Mora y Araujo dijo que "el gobierno ve en la prensa opositora a su principal adversario y busca disminuir su influencia en el público y además hay un conflicto jurídico, por la posición monopólica del Grupo Clarin en los medios".
"El conflicto entre derechos adquiridos (por Clarín) y la nueva legislación, posiblemente el 7 de diciembre terminará en la Corte Suprema", afirmó.
El constitucionalista Gregorio Badeni, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y profesor universitario, dijo a la AFP que Clarín tiene a partir del 7D un año más de plazo para desprenderse de algunos de sus bienes.
"Según el fallo de la Corte el plazo de desinversión (venta de medios) empieza a correr por un año a partir del próximo 7 de diciembre", señaló.
En cambio, otro constitucionalista, Eduardo Barcesat, abogado de Madres de Plaza de Mayo, dijo que "la adecuación a la Ley de Medios tuvo que haberse operado ya y si no es hecha voluntariamente, debe hacerse por la autoridad".
Según un spot televisivo del Gobierno, Clarín tiene 240 sistemas de cable, además de numerosos canales de TV, pero la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) deploró "las amenazas del Gobierno al Grupo a través de espacios publicitarios".
El Grupo posee el diario de mayor circulación en el país, canales de aire, canales de cable, radios y redes de TV por cable, con un volumen de negocios de 9.753 millones de pesos (unos 2.000 millones de dólares) en 2011, con alza de 27,8% respecto del año anterior.
El 7D se acerca y el Gobierno y Clarín se alistan para dar otra batalla.
Fuente: AFP
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