Por: Victoria Molnar
La semana pasada, se cumplieron tres años de la sanción y promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina, llamada comunmente Ley de Medios, cuya aplicación total está frenada por una medida cautelar.
Esta divide las aguas de la opinión pública y lleva a la presidenta Cristina Fernández a denunciar un "cepo democrático" de cara al 7 de diciembre. Ese día, denominado por el oficialismo como "7D", es el plazo establecido por la Corte Suprema de Justicia para la caducidad de dicha cautelar que en la práctica deja inactivo el artículo 161 de la ley referido a la "adecuación" de los grupos de medios argentinos a la norma."Todavía no se sabe bien qué pasará el 7D. El gobierno tiene una interpretación del fallo de la Corte Suprema que es básicamente que el Grupo Clarín y demás grupos mediáticos tienen que estar adecuados a la ley y cumplir con el artículo 161 de la misma. En tanto, el Grupo Clarín, al tener ese artículo suspendido por la cautelar, entiende que a partir del 7 de diciembre comienza el plazo de un año para la adecuación. Considero que la interpretación de Clarín del fallo es errónea, pero, a su vez, partir de ese `estar` aparecen opiniones distintas dentro del propio gobierno, una dice que debe estar ya adecuado el 8 de diciembre y otra es que tiene que tener el plan de adecuación aprobado por el organismo de aplicación. En cualquiera de los dos casos, esa adecuación significa que tienen que desinvertir, es decir vender o transferir las licencias que exceden lo permitido por ley y que en el caso de Clarín significa que debe vender una buena cantidad de licencias de TV por Cable y algunas licencias de radio y TV de aire, el principal tema es su empresa de cable ya que posee unas 240 licencias y la ley permite hasta 24", explicó a El País Martín Becerra, quien es investigador especializado en medios de comunicación, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona y docente de la Universidad Nacional de Quilmes. Este agregó que las diferencias de interpretación se deben "por una parte a que el fallo de la Corte Suprema que ordena el fin de la cautelar no es del todo claro" y "por otro que las disposiciones de la propia Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual (SCA) y los decretos que la reglamentaron posteriormente en lo relativo a los procesos de adecuación también ofrece algunas ambigüedades".
Para el abogado constitucionalista Gregorio Badeni detrás del 7D hay "fines políticos por parte del gobierno" y la ley de SCA "presenta varios defectos", entre ellos "establece innecesarias restricciones a la libertad de expresión vulnerando el artículo 13 de la Convención Americana sobre DDHH y desconoce derechos adquiridos por los titulares de las licencias que pretenden desinvertir dentro del plazo de un año".
En cuanto a las lesiones a la libertad de expresión Badeni refiere a "aquellos artículos que le impone cuotas de contenidos determinados a las emisiones, que no hacen otra cosa que lo mismo que hace la ley que se dictó durante el gobierno militar en 1980 que también establecía contenidos determinados, lo que difiere es que ahora esos contenidos varían; y también se lesiona la libertad de expresión que tiene el titular de una licencia cuando se le impone la obligación sin límite alguno para entrar en cadena oficial y emitir disertaciones de la Presidenta de la República en los espacios y en las horas más codiciadas para la publicidad".
En cuanto a los derechos adquiridos el abogado constitucionalista señaló que "hubo una medida cautelar en Buenos Aires, que fue concedida a favor de diversos grupos, entre ellos el Grupo Clarín, dispuso que no se modificara la situación de tenencia de licencias por parte del Grupo hasta tanto el Tribunal resolviera a fondo la cuestión que era precisamente la inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley", pero "la Corte Suprema de Justicia resolvió disponer el levantamiento de la medida cautelar a partir del 7 de diciembre de este año".
En ese sentido expuso que el fallo de la CSJ argentina según su interpretación "deja claro que a partir de ese momento iba a comenzar a correr el plazo de un año que tienen los titulares de licencias para desinvertir, es decir para vender o transferir la empresa o cerrar la empresa para no superar el número de licencias que permite la ley, plazo que vencería el 6 de diciembre de 2013" y sostuvo que además la ley de SCA choca contra dos decretos emitidos por el expresidente Néstor Kirchner en 2004 y 2005 y que al ser ratificados por el Congresos también tienen estatuto de ley por los que se extienden la vigencia de las licencias de TV y radiodifusión abierta y entiende que en ese sentido "corresponde respetar esos derechos adquiridos, ya que una ley no puede dejar sin efecto retroactivamente derechos definitivamente adquiridos por una persona a menos que se acuda a la expropiación por causa de utilidad pública y el pago de una indemnización previa", algo que considera poco probable a nivel de aplicación.
Aplicación. Según explicó Becerra, hasta el momento el artículo en cuestión tampoco se ha aplicado a los demás grupos de medios que tienen medios audiovisuales y dijo que eso se debe a que el gobierno interpretó que "si lo aplicaba para otros medios que no fueran Clarín le iba a permitir a Clarín consolidar la posición de dominio que tiene".
"En lo que respecta al discurso del Grupo hay una parte que es cierta y es que el gobierno hasta ahora sólo ejecutó de la ley solamente aquello que le interesa. Pero eso no es menos cierto que Clarín no solamente boicoteó esta ley que tenemos en Argentina sino que desde el 83 y hasta el año 2009 y de forma sistemática - sobre esto hay informaciones de todos los presidentes constitucionales que tuvimos desde el 83 hasta ahora- boicoteó todo intento regulador. Si hubiera aceptado las regulaciones anteriores hubieran sido mucho menos antipáticas para los intereses del Grupo que esta. Pero para Clarín cualquier regulación en el pasado representaba una amenaza a la libertad de expresión".
Las principales críticas de Becerra refieren a la aplicación de la ley de SCA: "Casi nada de lo que dice la Ley se cumple. Ya que si bien amplía el derecho a la comunicación en cuanto otorga licencias a organizaciones sin fines de lucro, hasta el momento el gobierno hizo muy poco para dar esas licencias; y, en segundo lugar, la ley despegaba el órgano ejecutor del gobierno y por primera vez en la historia de la Argentina permitía que la oposición formara parte de la comisión bicameral como dispositivo de control de la ejecución de la ley y permitía a la oposición que integrara el directorio de la AFSCA, que es la autoridad que la aplica, y hasta ahora el gobierno impidió que la oposición forme parte de esos espacios. Se han conformado solo con el oficialismo y no como dice la ley", expuso.
Y agregó: "Otra cosa es que la ley plantea que los medios públicos tienen que ser plurales, fomentar la diversidad y no pueden ser adscriptos a la línea política que tiene el gobierno y en Argentina los medios estatales no sólo son absolutamente gubernamentales sino que en sus programas insignia son intolerantes con lo distinto".
En tanto, Damián Loreti, quien participó de la redacción de la ley de SCA y es doctor en Ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid y uno de los abogados que más reconocidos en esta temática, expuso a El País que se trata de una normativa de avanzada que fue "reconocida como ejemplo por las relatorías de libertad de expresión de la ONU y de la OEA", entre otras instituciones internacionales como Reporteros sin Fronteras y subrayó que significa un gran avance para la conformación mediática en el interior de Argentina: La concentración y le quita pluralismo y transforma el interior en lugares de propalación del discurso que vive concentrado en Buenos Aires. Hasta la sanción de la ley la producción de ficción en el interior del país era cero y la producción de noticieros tenía sus idas y vueltas".
"Hay quien pensaba, a mi modo de ver, que esto era un chasquido de dedos y la aplicación es un proceso complicado, acá había que hacer planes técnicos, concursos, instalación de nuevos medios que entraran a rodar y que tuvieran sustentabilidad demostrando que lo que querían hacer estaba bien. Yo desde un principio expuse desde la promulgación suponía un camino largo porque son muchos medios y muchos años de concentración", añadió.
A su vez, sobre Loreti expuso que "aún hay un llamado a concurso para TV digital abierta y otro para emisoras de FM que están pendientes de ser efectuado, el rearme del plantel técnico, la asignación del defensor del público y hay un tema para ajustar con la reciprocidad de la publicidad extranjera, la incorporación de la oposición a los órganos de aplicación", y subrayó que todas esas cuestiones están en etapa de trámite.
En ese sentido señaló que "durante mucho tiempo fue la oposición la que no constituyó la Comisión Bicameral, aún cuando era mayoría en el Congreso y sostuvo que el nuevo director del AFSCA, Martín Sabatella, (al asumir la semana pasada) anunció que había ido al Congreso para pedir su constitución".
Constitucionalidad. Para Badeni, lo que ocurrirá el llamado "7D" por ahora es "confuso" y dependerá en última instancia de lo que decida la Justicia argentina. "Creo que los sectores del gobierno van a tratar por todos los medios de tomar por la fuerza algunas emisoras de Clarín, salvo que el Grupo, antes de ese momento, obtenga alguna orden judicial -ya sea de un Juez de Primera Instancia de la Cámara o de la Corte Suprema- que disponga alguna cautela particular para que este hecho no se produzca. Pero si no se produce ese acto judicial, como las fuerzas de seguridad responden al Poder Ejecutivo, éste mandará a las fuerzas de seguridad y se va a producir un acto de violencia.
Igualmente yo creo que eso se va a evitar a nivel de la Justicia argentina, porque la misma Corte en su sentencia dijo que si se producían nuevas circunstancias que lo justificaran no había inconvenientes para dictar una nueva medida cautelar", señaló.
El experto añadió que "en caso de una nueva cautelar esta generará que no se pueda modificar la situación existente por un tiempo que puede ser o no indefinido hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo sobre si es o no inconstitucional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por cuanto desconoce los derechos adquiridos, viola los derechos de propiedad privada y en ciertos aspectos la libertad de expresión, lo que significa un largo camino judicial".
Para Becerra la ley de SCA "no es inconstitucional" ya que no afecta la libertad de expresión. "Coincido con lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia, que la ley es muy respetuosa. No hay ningún artículo de la Ley que viole la libertad de expresión, más allá que esté de acuerdo o no con todo el contenido de la ley. Los que sí puede ser es que afecte derechos patrimoniales. Pero una cosa es la libertad de expresión y otra cosa son los derechos patrimoniales. Si bien establece cuotas de producción original y local, la verdad es que es una ley muy respetuosa y no regula los contenidos, al contrario de la ley que rige en Venezuela desde 2004 -que se llama Resorte- que sí los regula. No hay ningún estándar internacional que indique que estipular cuotas moderadas de producción nacional sea atentatorio contra la libertad de expresión.
Con la ley argentina cualquiera puede decir lo que se le cante sobre cualquier tema y además sin que haya ningún tipo de objeción y en ese sentido es muy liberal y muy respetuosa de las opiniones", sostuvo.
Bacerra agregó que su crítica fundamental refiere a la aplicación de la ley y al rol que en la concentración de medios en Argentina tuvo el kirchnerismo. "El expresidente Néstor Kirchner ha sido quien estimuló y dio la llave de oro al proceso de concentración mediática, el kirchnerismo tiene un pasado muy complicado de relaciones con el Grupo Clarín y de estímulo a la concentración, el mercado de TV por Cable que ahora intenta corregir fue una decisión del último día de gobierno de Néstor Kirchner por la que Clarín pudo fusionar dos plataformas de distribución", dijo, aunque aclaró que si bien es cierto que dos decretos de Kirchner que hoy tienen estatuto de ley prorrogaron "las licencias en radio y TV abierta por 10 años en 2004 y luego en 2005 otros 10 años más y las licencias en todos los casos expirarían en el 2024", eso no es incompatible con la ley de medios: "Se trata de cuestiones técnicas diferentes, la ley de SCA no dice que la licencia caduca, sino que debe ser transferida".
En ese sentido, la disputa actual sobre lo que ocurrirá el 7 de diciembre se corrió con opiniones y acusaciones de "poner jueces a dedo" cruzadas hacia el ámbito judicial y tiene en estos momentos dos focos, por un lado el sorteo de un nuevo juez para el Juzgado Federal N° 1, donde está el expediente en el que el Grupo Clarín planteó la inconstitucionalidad de la ley de SCA, y que ya lleva dos impugnaciones del oficialismo; y, por el otro, en la designación de jueces cargos vacantes para ese juzgado dentro del Consejo de la Magistratura que lleva la tercera semana consecutiva sin quórum para comenzar con dicha selección.
Las cifras
240 Es la cantidad de sistemas de cable que están en manos del Grupo Clarín, según denuncia un spot del gobierno kirchnerista.
80% Es el porcentaje de medios audiovisuales que están en manos del Estado o de empresarios kirchneristas, según el Grupo Clarín.
Fuente: Diario El País
