Por: Lisseth Boon
El cierre del canal RCTV en mayo de 2007 marcó un punto de inflexión en la historia de los medios de comunicación social en Venezuela.
Con el vencimiento de la concesión de la señal abierta de la televisora comercial con mayor audiencia nacional en ese momento (43% de rating), que pasó a ser manejada por el Estado mediante la naciente Televisora Venezolana Social (Tves), el gobierno de Hugo Chávez dio un paso determinante en la consolidación de la "hegemonía mediática del Estado", tal como fue trazado luego de su reelección en 2006.
El mapa de la propiedad de los medios de comunicación social viene cambiando desde que el Gobierno bolivariano decidió tomar mayor espacio en el espectro radioeléctrico venezolano, en su empeño por "romper la dictadura mediática" de las empresas privadas. Un avance que críticos de la oposición y analistas evalúan como un proyecto que limita la democracia y la libertad de expresión. Y en tiempos de campaña electoral, de abierto ventajismo.
Como parte de esta política estatal, en 2008 fue lanzado el Sistema Nacional de Medios Públicos (Snmp), coordinado por el Ministerio para la Comunicación e Información (Minci), que agrupa a televisoras, agencias, diarios y radios identificados con el Gobierno para contrarrestar el "latifundio mediático" privado.
Incluso, el Proyecto Nacional Simón Bolívar o Primer Plan Socialista (2007-2013) establece las líneas estratégicas del "nuevo régimen comunicativo": lograr un control social sobre los medios de comunicación; fortalecer los medios del Estado y democratizar sus espacios comunicativos; fortalecer la red de medios de comunicación alternativos.
El investigador Marcelino Bisbal se remonta a 2002 (año en el que ocurre el golpe de abril y se crea el Minci) para señalar el inicio de la instauración de una política de "Estado-comunicador" que pretende remediar la "debilidad mediática oficial".
Bisbal observa que la plataforma comunicacional estatal "sin precedentes en Venezuela ni América Latina" ha crecido de manera sostenida desde hace 10 años. Ya no solo agrupa a los tradicionales medios públicos como Radio Nacional de Venezuela, Venezolana de Televisión (VTV) y la agencia de noticias Venpres (ahora convertida en AVN), sino que se ha diversificado hasta abarcar medios impresos y digitales, legislaciones y organismos reguladores y punitivos y cadenas de televisión de alcance continental.
Públicos son menos
A pesar de una mayor presencia del Estado como patrocinador en el espectro radioeléctrico en los últimos años, la proporción entre la propiedad de medios públicos y privados se mantiene desigual, de acuerdo con cifras oficiales.
Aunque hay discrepancias en las totalizaciones, los números provenientes de organismos públicos presentan similar proporción desfavorable al Gobierno en cuanto a número de medios.
Según los últimos datos proporcionados por un estudio del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el comportamiento de los medios en la primera semana de campaña presidencial (iniciada el 1° de julio), en Venezuela funcionan 111 televisoras de las cuales 61 pertenecen al sector privado (55%), 13 son de servicio público (12%) y 37 se califican de comunitarias (33%).
En radio, en la frecuencia AM operan 172 emisoras privadas (87%) frente a 25 públicas (13%). En FM, hay 446 privadas (58%), 82 públicas (11%) y 243 comunitarias (31%).
Tanto las televisoras como emisoras de radio calificadas como "comunitarias" cuentan con el apoyo de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), adscrita al Minci.
En cuanto a prensa, el periodista y columnista Eleazar Díaz Rangel calcula que de los 100 periódicos que circulan en el país (tanto nacionales como regionales), solo unos 20 son "progobierno o equilibrados". Estima que de los 1.200 medios (TV, radio y diarios), 65% favorece a la oposición.
Paralelamente, la Memoria y Cuenta 2011 del Minci se apoya en cifras de Conatel para hablar de desequilibrios entre los medios públicos y privados.
Según el organismo, en Venezuela operan 938 radios y televisoras autorizadas. De ese total, 660 (70,36%) son privadas; 235 (25,05%), comunitarias; y 43 (4,58%), públicas. De las 43 radios y televisoras públicas autorizadas, solo 21 (2,24%) pertenecen al Snmp.
El titular del Minci, Andrés Izarra, indica en el mismo documento que el sector privado sigue dominando el espectro radioeléctrico.
Alega que los números contrarrestan la matriz de opinión creada por la "contrarrevolución", que sostiene que el Estado es el "mayor latifundista mediático" del país.
"Hablar de monopolio o ventajismo mediático en la campaña del gobierno de Chávez es absolutamente disparatado", afirma Luis Britto García, autor de La dictadura mediática en Venezuela (2012). "El porcentaje de medios en manos del Estado es bajísimo en comparación con los privados. Además, los primeros no han dejado de otorgar espacio a los contenidos de la oposición durante la campaña".
En sintonía con esta afirmación también está Maryclen Stelling, coordinadora del Observatorio Global de los Medios de Venezuela, quien considera que la cobertura de la campaña electoral no ha sido justa, debido al desequilibrio informativo y en la propiedad de los medios. Sostiene que la mayoría de los medios privados (que cuentan con 60% de la audiencia) privilegian al candidato de la oposición, Henrique Capriles.
Sesgo del Gobierno
Pero un estudio presentado en marzo de 2012 por el Minci en su Memoria y Cuenta 2011 (a cargo de entidades oficiales como el Sebin, Conatel y vicepresidencias regionales del Psuv) contradice esta supuesta relación directamente proporcional entre propiedad de medios y afinidad política.
Este "mapa de medios de comunicación en Venezuela" identifica la línea editorial de los medios, de acuerdo con la perspectiva del Gobierno bolivariano.
Según la base de datos que maneja el informe gubernamental, en Venezuela existen 1.446 radios (incluidas las clandestinas); 193 canales de televisión y 334 impresos.
De ese total, que no distingue entre públicos y privados, el Gobierno evalúa que 52% tiene una relación próxima al candidato presidente, mientras que 24,9% se ubica a favor de la oposición. Es decir, el sector oficial contaría con una ventaja en el mapa de medios del país.
"El carácter privado de un medio no necesariamente implica rechazo automático al oficialismo", explica Carlos Correa, director de la organización Espacio Público. Tampoco el aumento de televisoras, radios y periódicos favorables al Gobierno se traduce automáticamente en un mayor impacto en las audiencias", agrega.
En la última década, el Estado pasó de manejar una televisora pública (VTV) a seis en la actualidad (Tves, Vive, Ávila TV, Antv y Telesur). Pero el promedio de su rating alcanza 4,5%, indica Bisbal basándose en las mediciones de la agencia AGB.
Si bien el Estado tiene el control sobre el espectro radioeléctrico y ha creado leyes y medios afines a sus políticas, aún no logra conquistar las audiencias", apunta Andrés Cañizález, investigador de la Ucab.
"En países como Venezuela, los medios masivos, especialmente la televisión, siguen teniendo un peso importante para una campaña electoral", agrega Cañizález. "VTV llega a rincones del país donde otros canales abiertos o la TV por suscripción aún no ha penetrado", señala.
El año pasado, la televisión acaparó 33% de la inversión publicitaria (de un total de Bs. 7.100 millones), colocándose como el primer soporte de preferencia para los anunciantes, según el Informe de inversión publicitaria preparado por el Comité certificador de medios de la Asociación Nacional de Anunciantes (Anda) y la Federación Venezolana de Agencias de Publicidad (Fevap).
La importancia de la televisión es reconocida por el Gobierno, si se toma en cuenta que ha sido el principal anunciante de este medio en los últimos cinco años, indica el informe.
La televisión abierta se siguió llevando la mayor parte de la inversión publicitaria (Bs. 1.700 millones de un total de Bs. 2.310 millones). "Hay publicidad donde hay público", recuerda Correa. Pero ese panorama ha ido cambiando en los últimos años
En el reporte anual de Anda-Fevap, se revela que "la audiencia en televisión abierta continúa descendiendo, debido a un factor estructural, como lo es la salida del aire de RCTV, y el aumento de la televisión por suscripción, lo que se suma al factor coyuntural de los problemas de suministro eléctrico". También se registra una baja en la inversión publicitaria de los medios impresos.
Britto García admite que tanto la audiencia de los medios radioeléctricos públicos como la circulación de los impresos del Estado son "precarias".
Alternativas
Estudiosos como Correa, Bisbal y Cañizález deducen que el bajo impacto de los medios públicos lleva al Gobierno a utilizar otros mecanismos para difundir sus mensajes. Entre ellos, la presión a radios que deben renovar concesiones vencidas, la censura a través de suspensión de programas críticos al Gobierno, los mensajes institucionales que obliga la Ley Resorte y las cadenas.
Investigaciones revelan que el número de cadenas tiende a aumentar en períodos electorales. Hasta el 2 de agosto, se habían contado 72 cadenas, según www.monitoreociudadano.org.
"La cadenas tienen doble propósito: obligan a que la sociedad escuche un solo mensaje. Y en campaña, contribuyen a opacar al adversario", afirma Cañizález.
El efecto de las cadenas en el resultado de las presidenciales del 7 de octubre es materia pendiente para los analistas.
Fuente: Diario El Mundo
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