Lo hizo un ciudadano y pide la inconstitucionalidad. Es el primero que se presenta en la provincia.
Por: Leonardo Domínguez
Primero fue en Buenos Aires, luego en Salta y en Mendoza y ahora en San Juan: siguen apareciendo planteos contra la Ley de Medios K en la Justicia. Ayer se conoció que un sanjuanino pidió en el Juzgado Federal a cargo de Miguel Gálvez que se declare inconstitucional, por las supuestas irregularidades que se cometieron en el procedimiento legislativo que se utilizó para sancionarla. Es la primera vez que en la provincia hay una acción de este tipo para evitar la aplicación de la norma nacional y no fue acompañada por una medida cautelar, por lo que no tendrá un efecto práctico de manera inmediata.
La acción ingresó al edificio de calle Entre Ríos el viernes de la semana pasada, pero recién se conoció ayer, cuando fue confirmada por fuentes calificadas del entorno de Gálvez. El autor es una persona llamada Roberto Flores y según dijeron en el juzgado, lo hace en nombre propio y no en representación de alguna institución o de algún medio de comunicación. Del resto, poco trascendió.
Las fuentes confiaron que en un largo desarrollo, Flores ataca principalmente las fallas de procedimiento que habría cometido el kirchnerismo en las dos Cámaras del Congreso Nacional, cuando la ley fue aprobada en medio de una fuerte disputa con los sectores de la oposición. En otras palabras, el demandante dice que no cumple acabadamente con el trámite y las técnicas que la Constitución nacional establece para que sea sancionada una ley y, en consecuencia, sostiene que no se puede aplicar porque va en contra de la Carta Magna.
La acción promovida por Flores llega después de fallos recientes que ordenaron la suspensión parcial o total de la ley (ver aparte). La resoluciones han hecho que el tema sea nuevamente prioridad en la agenda nacional. Los opositores, como ya lo habían anticipado, han impulsado acciones en la Justicia para congelar la implementación de la norma y el kirchnerismo, lejos de quedarse quieto, promete dar batalla para lograr revertir en segunda instancia lo dispuesto por los magistrados federales.
La diferencia entre el planteo sanjuanino y los que se realizaron en otras jurisdicciones es que no incluye una medida cautelar de no innovar. Esto es, un pedido para que el juez que interviene suspenda la puesta en marcha de la ley, mientras se sustancia el planteo de fondo, en este caso la inconstitucionalidad. Se trata de una herramienta procesal para que, ante la duda de la constitucionalidad de la ley, se evite el daño de derechos particulares o colectivos con su aplicación.
Ayer sonó la versión de que en en el fuero Contencioso Administrativo, que está bajo la órbita del Juzgado que encabeza Leopoldo Rago Gallo, había ingresado un medida cautelar. Sin embargo, fue desmentido de plano en una de las secretarías de la Justicia Federal.
La acción de inconstitucionalidad es un juicio ordinario y sin un pedido de no innovar en el medio, tardará varios meses en resolverse. Es decir, no habrá ningún efecto práctico en el corto plazo sobre la situación de la nueva Ley de Servicios Audiovisuales.
Las fuentes adelantaron ayer que la causa no se moverá antes de fines de febrero o principios de marzo. Sucede que hasta que empiece la feria judicial, que se extiende durante todo el mes de enero, no hay casi tiempo. De acuerdo a lo que adelantaron, cuando se retome la actividad a plano la demanda será proveída, de ahí tiene que ser notificada al procurador General de la Nación, Esteban Righi, y recién después de eso, se le correrá vista al Gobierno nacional, para que conteste y haga sus descargos.
Fuente: Diario de Cuyo
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