Una jueza federal de Mendoza, Olga
Pura de Arrabal, dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de la ley 26.652, de Comunicación Audiovisual. El de la magistrada es el tercero de una serie de fallos judiciales adversos a la norma que aspira a encorsetar a los medios y en la que el Gobierno cifró parte de su destino, luego del fracaso de la resolución 125.El tribunal hizo lugar así a una presentación del diputado nacional Enrique Thomas, un peronista disidente que suele coincidir con el vicepresidente Julio Cobos y fundó su demanda en las irregularidades cometidas por el oficialismo durante la tramitación parlamentaria de la ley. Thomas fue patrocinado por el ex juez federal Luis Leiva, el mismo que firmó el pedido de captura del ex banquero Raúl Moneta y que fuera destituido por el Consejo de la Magistratura en el curso de un juicio para el olvido. El encargado de la demolición de Leiva fue el entonces consejero menemista Miguel Pichetto, hoy bastonero del kirchnerismo en el Senado.
Thomas sostuvo que las comisiones por las que pasó el texto enviado desde el Gobierno cometieron un “cúmulo de irregularidades”, pero que quizás la más grave fue que se violó el derecho de parte de sus miembros, que no tuvieron la oportunidad de conocer “a ciencia cierta en qué consistía el dictamen de mayoría”. El legislador indicó, asimismo, que tampoco hubo transparencia en la constitución del quórum y que la sesión se realizó fuera del horario al que había sido citada. Arrabal plantea en los fundamentos de su decisión que “lo intempestivo de esta convocatoria a una sesión especial, con escasas horas de anticipación, impidió que muchos diputados, en especial del interior, tuvieran siquiera la posibilidad de asistir”. La jueza ordenó suspender la aplicación de la ley en todo el territorio nacional hasta que exista una sentencia firme respecto de lo denunciado por Thomas en su escrito.
En el fin de semana, otro juez federal, el salteño Miguel Ángel Medina, había colocado también en el freezer la ley, en nombre del derecho de sus comprovincianos a acceder a la información y no asistir a la limitación de la misma por la desaparición de canales. El primer paso en respuesta a la sinuosa metodología empleada para la sanción de la ley de medios lo había dado el juez federal Edmundo Carbone, quien objetó por inconstitucionales los artículos 161 y 41, que aluden en un caso a los plazos para liquidar las empresas cuestionadas y en otro a la prohibición de vender medios sin autorización gubernamental.
Por una ironía de la suerte y de la calesita política, Leiva pone un escollo en el avance de una ley cuyo máximo defensor en el Senado fue el jefe de la bancada kirchnerista, Miguel Pichetto. El rionegrino fue el impulsor, junto a la fallecida Leila Chaya, del juicio político a Leiva, un magistrado brillante, y de su apartamiento de la carrera judicial. Los entonces dos diputados menemistas formaban parte de la Comisión de Acusación. Por detrás del cúmulo de denuncias y testigos estaba la mano de Moneta, quien había jurado vengarse del único juez que se atrevió a investigar su performance en el Banco Mendoza y a dictar contra él una orden de captura internacional.
Fuente: Crítica de la Argentina
