Por: Gonzalo Guillén
La abogada colombiana Catalina Botero reconoce “como de las más altas calidades” a los otros cuatro candidatos que disputaron con ella el cargo de Relatoría Especial por la Libertad de Expresión, pero cree que la balanza se inclinó a su favor debido a su experiencia “en la Corte Constitucional, en la academia y en la Defensoría del Pueblo de Colombia”, así como por la agenda y las estrategias que propone para garantizar y proteger el derecho a la libertad de expresión en la región.
Abogada de la universidad de Los Andes, de Bogotá, tiene varios postgrados en Derechos Humanos, entre otras especialidades, y es candidata a doctora de la Universidad Carlos III de Madrid.
Fue directora de la Asesoría de Derechos Humanos de la Fundación Social, posición desde la cual prestó asesoría técnica a distintas organizaciones no gubernamentales, entidades gubernamentales y miembros del Congreso, para el diseño e implementación de normas relacionadas con derechos humanos y derecho internacional humanitario. En 2005 fundó con un grupo de colegas una organización no gubernamental denominada Dejusticia, dedicada a la promoción de la democracia y de los derechos humanos en toda la región.
El primer reto de Botero consistirá en encontrar los fondos que le permitan hacer su trabajo. “La Relatoría”, explica, “debe conseguir sus propios recursos” y el equipo humano disponible parece pequeño para todos los desafíos de la oficina: “Al día de hoy el personal está integrado por una comunicadora y una abogada que termina contrato a finales de octubre sin que por ahora existan recursos para renovarlo”. Pero no se desanima: “estoy segura de que pronto podremos conseguir recursos para retomar el activo papel que la oficina ha tenido durante estos 10 años de funcionamiento”. Una década en que el contexto social y político ha variado.
En estos últimos 10 años ha habido un enorme avance en el posicionamiento del derecho a la libertad de expresión. Me parece que no hay un gobierno dentro de los Estados miembros de la OEA que, al menos en el discurso, no manifieste su respaldo a este derecho.
Adicionalmente existen más y mejores estándares sobre el tema, como los referidos a la prohibición absoluta de censura previa, a la necesidad de derogar las leyes que criminalizan la expresión, a la prohibición de la censura indirecta o al derecho de acceso a la información.
Sin embargo, el narcotráfico y la criminalidad organizada han aumentado y se han convertido en una verdadera amenaza para los comunicadores en muchos países de la región.
Adicionalmente, aún falta mucho trabajo para lograr la aplicación efectiva de los estándares mencionados pues no sólo no se han adoptado en todos los Estados sino que hacen falta leyes o políticas adecuadas de implementación. Asimismo, es necesario obtener nuevos estándares que logren, por ejemplo, fomentar el pluralismo en el mercado de las ideas y la inclusión de sectores sociales tradicionalmente excluidos del debate democrático. Finalmente, en la actualidad existen importantes desafíos asociados a la aplicación de nuevas tecnologías, especialmente, al proceso de digitalización.
La tensión –cuando se produce en un marco de razonable y civilizada confrontación- entre medios y gobierno no sólo es algo normal en los Estados más civilizados sino que incluso es sana para la democracia. Si existe tensión es porque los medios están cumpliendo su función crítica de manera independiente y eso es bueno para el control social y el fortalecimiento del debate democrático.
Sin embargo, cuando la tensión se traduce en actos de hostigamiento, estigmatización o agresión que directa o indirectamente inhiben la expresión de las ideas críticas o fomentan distintas formas de censura o de violencia contra los comunicadores, lo que existe es una clara vulneración de la libertad de expresión frente a la cual la Relatoría puede y debe actuar. En estos casos, es importante llamar la atención de los Estados e intentar procesos de entendimiento del papel de los medios. Si ello no se logra, la Relatoría juega un papel estratégico como litigante privilegiado ante los órganos de protección del sistema interamericano. En países particularmente radicalizados o en los cuales existen fenómenos de violencia sistemática que pueden comprometer la vida o la integridad de los comunicadores independientes o críticos, la responsabilidad del Estado aumenta y el deber de todos los funcionarios públicos de promover, proteger y garantizar el derecho a la libertad de expresión se traduce, entre otras cosas, en la obligación de evitar y prevenir cualquier forma –directa o indirecta- de violencia contra los periodistas críticos o independientes.
Los periodistas de América Latina, en general, ¿conocen sus derechos y sus deberes?
En América Latina las redes de periodistas, medios y defensores de derechos humanos en torno a la defensa de la libertad de expresión son realmente vigorosas y muy activas. Me parece que se trata de uno de los asuntos respecto de los cuales existe una mayor conciencia continental.
Sin embargo, todavía creo que es importante que tanto los periodistas como los medios hablen el lenguaje de los derechos, conozcan los estándares internacionales y sobre todo utilicen los instrumentos que existen para defenderlos. Muchos periodistas o no conocen o no confían en el derecho y en los recursos judiciales como mecanismos para proteger sus derechos. Sobre este tema hay que trabajar en todo el continente.
Hay derechos que no son sólo de los periodistas pero que en ciertos países merecen especial atención cuando se trata de periodistas, como el derecho a la vida o a la integridad en los Estados que actualmente afrontan gravísimos problemas de criminalidad organizada.
Especialmente en cuanto al periodista, me parece que el derecho a no ser censurado –ni directa ni indirectamente-, a no ser encarcelado por difundir información o expresar opiniones críticas, a la defensa del oficio (frente a barreras desproporcionadas de acceso, como la colegiatura o el diploma obligatorio) y el secreto de la fuente y los apuntes o documentos del comunicador, son algunos de los derechos más importantes.
Me parece que frecuentemente se confunde la libertad de prensa con la libertad de empresa y, en realidad, la que más se privilegia es esta última. ¿Está de acuerdo?
Hay países en el hemisferio en los cuales los medios –que son empresas legítimamente constituidas– no solo no tienen el monopolio del mercado, sino que tienen una enorme conciencia sobre su función en la sociedad y no la subordinan a sus intereses empresariales. En otros casos, sin embargo, no existen leyes antimonopolio y las normas y algunos medios privilegian los intereses empresariales sobre la función democrática de la prensa. Creo que sobre esto hay que trabajar seriamente, pues si bien es cierto que los medios necesitan ser empresas rentables para poder sobrevivir y que esto es legítimo y fundamental para que no dependan, por ejemplo, de la publicidad oficial, también es cierto que se sacrifica la libertad de expresión cuando se superponen estos intereses empresariales a la misión social que deben cumplir los medios de comunicación. En este punto, como en otros, lo fundamental es la autorregulación y la existencia de estrictos códigos de ética internos y de un riguroso control social.
Me parece que éste, como otros problemas que menciona, sólo puede resolverse con mecanismos de autorregulación. Lo que debería existir es un código de ética muy claro y un vigoroso control social para evitar conflictos de intereses o confusión de roles que pudieran amenazar la independencia e imparcialidad de la prensa.
En anterior entrevista con Interprensa, señaló algunos temas importantes que deben ocupar la atención del Relator como los ataques a la prensa, la promoción del acceso a la información pública y la concentración de la propiedad de los medios, entre otros. ¿Tiene prioridades o urgencias temáticas en la primera fase de su gestión?
Hay que trabajar los distintos temas de manera simultánea. La impunidad, la censura y la criminalización de la expresión son temas sobre los cuales se viene trabajando y no pueden ser abandonados ni descuidados por la Relatoría.
Sin embargo, el derecho de acceso a la información, la asignación transparente y adecuada de recursos públicos (como la publicidad oficial, los subsidios o las frecuencias y canales) y la necesaria inclusión de grupos marginados o discriminados del debate público, son temas que deben ser asumidos seriamente desde el inicio del periodo.
Todo lo anterior, naturalmente, debe ser atendido dentro de los límites del mandato de la oficina y naturalmente atendiendo a los recursos existentes.
El crimen organizado es actualmente la mayor causa de asesinatos, torturas, secuestros y amedrentamiento de los periodistas por razón de su oficio. En este sentido, pese a que no es un problema de toda la región y que existen otras formas de censura más sutil que resultan más generalizadas, me parece que la impunidad de estos crímenes o la ausencia de mecanismos efectivos de prevención y protección de los periodistas, son problemas muy graves que inhiben de manera radical la expresión y afectan drásticamente el derecho de la sociedad a conocer lo que pasa en su entorno. Por eso y por la importancia fundamental de los derechos comprometidos (como el derecho a la vida o a la integridad), estos temas deben ocupar un lugar muy destacado en la agenda de libertad de expresión en el hemisferio.
Prefiero no pronunciarme respecto de países concretos antes de mi posesión.
¿Qué puede hacer la Relatoría para tratar de conseguir que exista en los países del área real acceso a la información pública, sin limitaciones ni privilegios?
La relatoría debe continuar promoviendo la elaboración de estándares o directrices normativas adecuadas y suficientes en temas fundamentales para implementar las leyes de acceso. Se trata, por ejemplo, de impulsar el diseño e implementación de normas sobre la custodia y archivo de la información o de recursos idóneos, eficaces y expeditos para lograr la eficacia del derecho.
Adicionalmente, debe trabajar con los gobiernos para capacitar a los funcionarios públicos encargados de producir y suministrar la información y con los jueces para que protejan el derecho de acceso de todos los habitantes del continente. En este sentido es importante mencionar que en muchos Estados los jueces pueden –al menos en principio- aplicar directamente en el ordenamiento interno los estándares interamericanos en la materia y ordenar la entrega de una determinada información si el Estado no demuestra que se reúnen las condiciones que la Corte Interamericana ha definido como necesarias para que una información pueda ser reservada.
Me parece que la Relatoría debe ayudar a recolectar y difundir las mejores prácticas en la materia y trabajar con las organizaciones de la sociedad civil para que conozcan el alcance del derecho y utilicen de forma adecuada los recursos que existen para hacerlo efectivo.
Proliferan en la región mecanismos de censura indirecta más o menos evidentes y, por lo tanto, más o menos difíciles de documentar. Usted ha señalado su preocupación ante algunos mecanismos arbitrarios como el uso discriminatorio de la publicidad oficial. ¿Es posible avanzar en el monitoreo de estos hechos desde la Relatoría?
Sí, pero solo con la ayuda de las organizaciones de la sociedad civil. La Relatoría puede adelantar estudios especializados, promover las mejores prácticas y fortalecer la capacidad instalada nacional, pero sin la ayuda de la sociedad civil no tiene la capacidad operativa para hacer seguimiento detallado de la situación de cada país. Lo importante en estos casos es la adopción de metodologías rigurosas y homogéneas que permitan llegar a conclusiones sólidas sobre las cuales se pueda trabajar de manera confiable.
Usted también ha señalado que la concentración de la propiedad de los medios puede afectar la libertad de expresión y, sin duda, el nivel de concentración es altísimo en América Latina, como lo han demostrado los estudios del IPYS. Pero el proceso parece irreversible. ¿Qué tipo de desequilibrios plantea este contexto? ¿Cómo podrían compensarse estos desequilibrios? ¿Son necesarias reformas legislativas? ¿Qué debería reformarse?
En algunos países de la región existen normas antimonopolio que evitan la concentración. En otros, sin embargo, no se han adoptado o no se aplican con rigor. Creo que es importante poner este tema en la agenda no solo para afrontar la concentración existente, sino para evitar nuevos monopolios en los nuevos mercados como, por ejemplo, el mercado digital.
Me parece que no sería serio de mi parte pronunciarme sobre la eventual existencia de estos fenómenos antes de posesionarme y documentarme suficientemente en la materia. De manera general puedo decirle que la Comisión Interamericana y la propia Relatoría desde hace muchos años han insistido en que el uso o la adjudicación arbitraria de los recursos públicos (como la propaganda oficial, los subsidios, las frecuencias o los canales) con la intención de premiar a los amigos y castigar a los medios independientes, constituye una forma de censura indirecta. Sin embargo, estos temas deben ser manejados por la Relatoría con el mayor rigor para que sus informes y recomendaciones puedan tener el impacto deseado.
Fuente: Instituto Prensa y Sociedad
