Blanche Petrich
La decisión del gobierno de Rafael Correa de incautar 195 empresas del Grupo Isaías de Ecuador, entre ellas tres canales de televisión que abarcan cerca de 30 por ciento de las audiencias en ese país andino, constituye para un amplio sector de la población el epílogo de un rescate bancario que en 1998, en pleno auge de la ortodoxia neoliberal, comprometió una tercera parte del producto interno bruto (PIB) y congeló los depósitos bancarios de más de un millón de personas atrapadas en el crack del sistema financiero. Representa también un punto de inflexión en el debate sobre una nueva ley de medios que se desarrolla en la Asamblea Constituyente, en la que se garantizará la autonomía de la prensa frente a los intereses del poder económico.
Pero para los poderosos grupos empresariales opositores, respaldados por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la medida es “un golpe a la libertad de expresión” y un paso más del “populista” Correa “para quedarse indefinidamente en el poder”.
Para Carlos Arcos, académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sede Ecuador, las protestas de los sectores empresariales y financieros son “una reacción defensiva que demuestra el poco sentido crítico que tienen estos grupos frente a la colusión de intereses entre grupos oligopólicos sin ética”. Los dueños de estas empresas incautadas, Roberto y William Isaías, abandonaron Ecuador y se fueron a radicar a Miami a finales de los años 90, desde donde manejan sus negocios para eludir la acción de la justicia por presuntos malos manejos de su institución financiera, Filanbanco, también incautado.
“Hoy en día no hay nada en Ecuador que comprometa la libertad de prensa –señala Arcos Contreras–; lo que sí ha cambiado es que los constituyentes han sido muy claros en asegurarse de que los grandes grupos económicos no puedan tener en propiedad medios de comunicación. Así se garantizará la necesaria autonomía de los periodistas ante los intereses del gran capital.”
Para echarle leña al debate, la incautación de Gamavisión (asociada con Televisa para la comercialización de novelas, programas de cómicos y de concursos, que ocupan gran parte de la oferta de la estación), TC-Televisión y Cablevisión concidió con otras resoluciones, éstas en la esfera de atribuciones del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión, que no renovará las licencias de 14 radioemisoras de todo el país por diversas irregularidades e incumplimientos en las concesiones.
En entrevista telefónica desde Quito, Carlos Arcos, escritor de novelas y columnista del diario quiteño Hoy, insiste: “Son dos hechos independientes. Los detractores del gobierno de Correa tratan de asociar la incautación al Grupo Isaías y las revisiones de los contratos de las radios y hacen aparecer la idea de que se está procediendo en contra de los medios de comunicación. Es una interpretación muy burda de una medida que el país ha esperado 10 años, que se cumplió con una fundamentación jurídica clarísima y que restituye el derecho de miles de familias ecuatorianas.”
Los antecedentes
El investigador recuerda que esta historia viene de una década atrás, cuando Ecuador entró en la severa crisis financiera de 1998. “Los bancos –el grupo financiero Isaías, entre ellos– recibieron enormes recursos para salvar un pésimo manejo de sus finanzas por dos razones: inversiones altamente riesgosas sin respaldo y, en el caso de Filanbanco, de los Isaías, uso fraudulento del dinero de los depositantes para préstamos que se otorgaron a empresas del mismo grupo. Eso, sumado a los problemas macroeconómicos y un shock interno por la caída de los precios del petróleo, originó una situación de quiebra”.
En una operación de rescate, el gobierno dio préstamos de liquidez a Filanbanco. Aquí las versiones varían. Algunos citan alrededor de 500 millones de dólares. Arcos asegura que el rescate fue por mil 200 millones de dólares, que representó el equivalente al total del presupuesto de salud de 1998 a 2001. En total, el conjunto del salvamento equivalió a 30 por ciento del PIB de 1999.
Los efectos, puntualiza Arcos, fueron catastróficos. Más de un millón de ecuatorianos perdieron sus ahorros por la quiebra de una treintena de bancos. La pobreza y la desigualdad se dispararon. Empezaron las intensas oleadas de migrantes hacia Europa y Estados Unidos. Se perdió al menos una década de desarrollo por la corrupción con que se manejó el rescate bancario.
Filanbanco está fuera de operaciones desde el año 2000, pero sus pasivos no fueron saldados. En 2000, con la dolarización de la moneda ecuatoriana, se crea la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), que intenta recuperar parte de los recursos entregados a los bancos para pagar a los depositantes.
“Porque, entre otras cosas, el gobierno de Jamil Mahuad había decidido el congelamiento de los depósitos. El país entra en un proceso de inestabilidad política y ningún gobierno tuvo la autoridad para ejecutar la ley, que establece que las empresas que están en garantía de los bancos debían pasar a poder de la AGD para venderlas y con esa liquidez pagar a los depositantes.”
La AGD aplicó la ley en el caso de dos grupos endeudados, Peñafiel y Aspiazu. Por cierto que a este último grupo empresarial también le fue incautada una televisora, Si-Tv, que en su momento fue entregada a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana pero que luego cambió de manos y hoy es la competidora de Gamavisión, Canal 1.
“Los Isaías, con su injerencia en el poder político, evitaron que los directivos de AGD actuaran conforme a la ley. Pasaron 10 años, el grupo incrementó su poder económico, creció en todas las ramas de la economía y compró dos canales de televisión abierta y uno de cable. Ningún gobierno anterior tuvo el valor de aplicar la ley a pesar del gran daño que el Grupo Isaías provocó al país, por su manejo monopólico y la corrupción de la justicia.”
Falsos argumentos
Para el catedrático de Flacso, el actual entorno político de Ecuador ha sido determinante. “Ahora hay un proceso constituyente, un congreso que ha blindado la decisión de la AGD. Los Isaías no han basado su defensa argumentando la legalidad, cosa que de ninguna manera pueden sostener, sino que se apuntalan en el argumento falso de que la decisión vulnera la libertad de expresión”.
–¿Cómo va el debate en la Constituyente sobre la necesidad de dotar a los medios de autonomía respecto a los grandes grupos empresariales?
–Es un tema crucial para la democracia. Precisamente la lección que nos deja este caso es que no hay libertad de expresión si los medios se convierten en voceros de los grupos económicos monopólicos. El hecho de limitar a los grupos económicos la posibilidad de concentrar los medios en sus manos es parte de la democratización. Amplía las posibilidades del acceso a la información.
–¿Existe algún modelo del cual esté partiendo este debate en la Asamblea Constituyente?
–No existe el modelo. Lo que existe es la dura experiencia de un país que vio cómo importantes medios de comunicación se convirtieron en medios de expresión de los intereses de empresarios corruptos. ¿De qué libertad de expresión, de qué objetividad estamos hablando? Lo más sano es cortar la posibilidad de que los empresarios sigan acaparando medios de comunicación.
–¿Qué tan avanzado está el debate?
–Muy avanzado. El 28 de julio se cierra el debate constitucional. Son artículos que se están aprobando ya en segundo debate en estas horas. Hay un plazo de 45 días, después del 28 de julio, para organizar el referendo constitucional. Es un momento político muy fuerte que deja muchos aprendizajes, especialmente en cuanto al papel de los medios.
Fuente: La Jornada, Foto: Reuters
