El gobierno nacional decidió relanzar el debate sobre la ley de radiodifusión. El proyecto de ley será enviado al Congreso en las próximas semanas. Aquí se presentan dos opiniones complementarias que apuntan a cuestiones que deben tenerse en cuenta en la discusión sobre la nueva norma.
Por Nancy Sáez *
El gobierno nacional insistirá en promover la reforma de la “controversial” Ley de Radiodifusión vigente desde la última dictadura. El disparador de esta iniciativa fue el tratamiento mediático que tuvo el lockout agrario. La cobertura del conflicto fue severamente cuestionada por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que realizó una severa crítica al tratamiento informativo y repudió cualquier expresión discriminatoria basada en el color de la piel o la situación social. El Consejo Directivo emitió una declaración contra lo que consideró “un manejo cuestionable de la información” y que fue tildado de “obsecuente” con el oficialismo por algunos medios. Sin embargo, lo que se reclamaba era que el Observatorio de Medios tuviera más actividad, ya que durante las primeras manifestaciones y cacerolazos en Plaza Mayo, muchos periodistas describieron tendenciosamente el conflicto, con adjetivos claramente discriminatorios (por ejemplo, enfrentamientos entre “gente normal” y “piqueteros”). La Facultad puso en el centro de la escena la necesaria sanción de una “ley democrática de radiodifusión”, coincidiendo con la decisión presidencial de darle nuevo impulso al debate sobre la norma.
La política gubernamental sobre los medios de comunicación del matrimonio Kirchner ha tenido dos líneas de acción. La primera es la apertura de un frente de disputa con los medios por el establecimiento de la agenda. La segunda dar continuidad a una política comunicacional acorde con los monopolios mediáticos a efectos de adquirir cierta “indulgencia mediática” (Jorge Asís, en “Zoo digital”, “Débil 527, la mediocracia”) y “acompañamiento positivo” en las instancias “pre-electorales” de la candidatura de Cristina.
Durante su presidencia, Néstor Kirchner aprovechó su condición de mandatario para confrontar públicamente con los medios de comunicación. Esta línea ha tenido continuidad con Cristina Fernández. Desde el mismo entorno político de los “K”, un funcionario dijo recientemente que la estrategia de emitir en “cadena nacional” los discursos presidenciales respondió a la necesidad de contrarrestar la “división de pantalla” que realizaban los canales de noticias.
En el Gobierno hay una comprensión bastante acertada del dispositivo mediático, en virtud de que –como se sabe– no hay relato de los hechos sin subjetividad. Sin embargo, Néstor Kirchner tuvo en el 2004 la gran oportunidad de cambiar la Ley de Radiodifusión. No lo hizo, sino que su política regulatoria en relación con los medios de comunicación fue absolutamente favorable a las corporaciones mediáticas. En ese momento para “adquirir” una supuesta tranquilidad preelectoral y un cierto favoritismo plebiscitario que sólo los medios podían otorgarle, a través del Decreto 527, dio continuidad al Decreto-Ley 22.285, producto de la última dictadura militar.
La escena mediática hoy en Argentina no da cuenta de la historia verdadera. El Gobierno de pronto decide “romper” con los “socios mediáticos” a los que ha privilegiado hasta hace muy poco y los medios se sienten agredidos porque pasan a ser de “sujetos objetivos y denunciantes” a “objetos de análisis” como actores posicionados en el conflicto.
Carlos Menem permitió la conformación de los grupos multimedia que hegemonizan el panorama comunicacional actual y Néstor Kirchner le dio continuidad a esa concentración económica y mediática. Más allá de los gobiernos de turno, la relación medios-poder denota un entramado social-institucional hegemónico que no ha podido ser resuelto en términos democráticos. El debate empieza y de a poco se instala en la agenda de la academia y sectores ligados a los medios de comunicación. Lo cierto es que “si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia”. Si bien es claro que, como dice Maxwell Mc Combs en su libro Estableciendo la agenda, la calidad de atención a los medios informativos difiere considerablemente de un individuo a otro, también es cierto que “la gran mayoría de los ciudadanos conscientes de su deber cívico leen un periódico al día y ven el telediario nacional cada día también”. En el escenario público se dan muchas situaciones en las que los ciudadanos sienten la necesidad de orientación, por ello “cuanto mayor es la necesidad de orientación de los individuos en el ámbito de los asuntos públicos, más probable es que presten atención a la agenda de los medios de comunicación” (Weaver, Political sigues and voter need for orientation, pág. 112). De allí la necesidad del Gobierno de establecer y confrontar con los medios por la agenda mediática. Pero lo que resulta claro es que definir una política de comunicación excede ampliamente el hecho de sancionar una ley.
* Licenciada en Comunicación, Univ. Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
Fuente: PáginaI12
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