Por: Eleonora Rabinovich
Durante 2012 se debatió mucho e intensamente sobre libertad de expresión y medios de comunicación en Argentina. En ese contexto, me interesa detenerme en un aspecto que está vinculado con las condiciones que tiene o debería tener el periodismo para investigar y opinar críticamente sobre asuntos de interés público en una sociedad democrática, y que se refiere a las presiones recibidas a través de denuncias penales o civiles.
Hubo dos hechos que volvieron a llamar la atención sobre este fenómeno. Una fue la denuncia penal por “instigación a la violencia” presentada por el Grupo Clarín contra cuatro periodistas y el otro fue la demanda civil millonaria presentada por el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, contra otros dos. Los dos hechos nos hablan de los problemas que pueden surgir en relación a la actividad periodística incluso en países que –como la Argentina– han derogado los delitos de calumnias e injurias para las expresiones vinculadas a cuestiones de interés público.
El primero de los casos surgió a raíz de declaraciones que los periodistas Sandra Russo, Nora Veiras, Orlando Barone, Roberto Caballero y Javier Vicente hicieron sobre el grupo de medios. Se trató de distintas apreciaciones críticas, que presentaron una lectura determinada sobre la realidad social de país y que están plenamente amparadas por los estándares de libertad de expresión. La utilización de dichas figuras demuestra que la despenalización parcial de las calumnias e injurias no es suficiente cuando se echa mano, abusivamente, de otras figuras penales para perseguir opiniones que molestan.
Las denuncias de Echegaray contra Matías Longoni y Luis Majul –a cada uno de ellos exigió una indemnización de más de un millón de pesos– iluminan otro aspecto de las presiones judiciales: el que producen los procesos civiles con reclamos desproporcionados.
Como ya destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este tipo de demandas pueden tener los mismos, o más, efectos inhibitorios que los procesos penales para quienes investigan a los funcionarios públicos, en tanto representan un riesgo para su patrimonio y su vida personal y familiar. La indemnización reclamada por Echegaray es claramente desproporcionada: ella de ninguna manera tiene por objeto restablecer la reputación supuestamente dañada y, en cambio, representa un castigo a los periodistas por sus informaciones y opiniones. Las denuncias del titular de la AFIP deberían servir para activar el debate sobre la necesidad de establecer límites en los reclamos indemnizatorios por manifestaciones referidas a cuestiones de interés público.
Finalmente, si bien la reforma de 2009 constituyó un avance en materia de libertad de expresión, organizaciones y expertos han propuesto la completa eliminación de las calumnias e injurias del Código Penal, manteniendo la posibilidad de efectuar reclamos civiles con los reparos que antes advertimos. Una agenda de debate más que necesaria para el año que comienza.
*Directora de Libertad de Expresión de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
Fuente: Diario Perfil
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