domingo, 6 de enero de 2013

10 años. La cautelar más larga no es de Clarín sino de La Nación

Este año cumple una década la medida cautelar que permitió al diario La Nación acumular una deuda que la AFIP calcula en 280 millones de pesos. Tres años y medio de esa dilación transcurrieron en la propia Corte Suprema, ominoso presagio sobre lo que puede ocurrir con el Grupo Clarín y con la Sociedad Rural. Las diferentes posiciones de Highton, Fayt, Maqueda, Zaffaroni y Lorenzetti. Jueces y partes
Por: Horacio Verbitsky
La medida cautelar contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no es la más extensa. En esta competencia entre evasores de raza de sus obligaciones, la cocarda de gran campeón no la luce Clarín sino su socio La Nación, que desde hace diez años cuenta con la protección judicial que impide a la AFIP cobrarle una deuda estimada en 280 millones de pesos. Una tercera parte de esa dilación fue concedida al diario de los Saguier por la Corte Suprema de Justicia.

Magia negra
La causa se originó en los acuerdos de competitividad de 2001 que intentaron prolongar con inyecciones de benevolencia fiscal la agonía del sistema de convertibilidad monetaria. Comenzaba un nuevo acto de magia negra para intentar que una lluvia salvadora cayera sobre la economía convertible, reseca por una recesión de cuatro años. En junio de 2001, el decreto 730 permitió que los medios de comunicación no pagaran el impuesto a la ganancia mínima presunta y computaran las contribuciones patronales sobre la nómina salarial como crédito fiscal en el momento de la liquidación del IVA. Este auxilio debía prolongarse hasta marzo de 2003. En noviembre de 2001, otro decreto también firmado por Domingo Cavallo y Fernando De la Rúa (1387/01) extendió ese beneficio a todos los contribuyentes para el período fiscal a iniciarse en abril de 2003. Esos planes no bastaron para sostener la artificial paridad entre el peso argentino y el dólar estadounidense, que fue incrementando el déficit en la balanza de pagos y la fuga de divisas, financiada por los préstamos de organismos internacionales. En cuanto ese flujo se cortó, la devaluación arrasó la utopía dolarizada de las clases medias y el senador Eduardo Duhalde trepó en forma interina al Poder Ejecutivo, cosa que dos años antes no pudo alcanzar por medios legítimos. El ingreso al acuerdo de competitividad requería la preservación del empleo y el congelamiento del precio de tapa de los diarios. La Nación y otros medios incumplieron ese compromiso, aduciendo el aumento de costos. En marzo de 2003, Duhalde eliminó el cómputo de las contribuciones patronales como crédito fiscal para todos los sectores excepto dos: los medios de comunicación y el transporte de carga. Su decreto de necesidad y urgencia 746/03, del 28 de marzo de ese año, especificó que la excepción regiría por el “plazo mínimo y acotado” de cuatro meses, para que el Poder Ejecutivo “pueda estudiar con mayor profundidad la problemática a fin de encontrar una solución alternativa”.

El pliego de condiciones
En abril se realizaron las elecciones presidenciales y para mayo estaba prevista la segunda vuelta. Pero Carlos Menem anunció su deserción el 14 de mayo. El 15, La Nación mostró que además de su propia salvación se interesaba por la vasta liga de intereses que representa. En un editorial con la firma de su subdirector José Claudio Escribano, sostuvo que “la Argentina ha resuelto darse gobierno por un año” y dijo que la frase se había pronunciado en una reunión del Council of Americas en Washington. En esa extraordinaria pieza de periodismo militante, Escribano aludió sin nombrarlo a un desayuno que había compartido con Néstor Kirchner el lunes 5 de mayo. En aquel encuentro, concertado por Alberto Fernández, Escribano transmitió un virtual ultimátum, comunicando ceremoniosamente “los postulados básicos” del diario La Nación, porque “seremos inflexibles en su defensa”. Incluían el “alineamiento incondicional” con Estados Unidos; la “reivindicación del desempeño de las Fuerzas Armadas” en “la lucha contra la subversión”; una urgente reunión con los empresarios; el cambio de la posición argentina con respecto a Cuba, “donde están ocurriendo terribles violaciones a los derechos humanos”, y el enfrentamiento al “problema de la inseguridad”, tranquilizando “a las fuerzas del orden con medidas excepcionales”. Este pliego de condiciones parecía modelado sobre el que Lanusse intentó imponerle a Perón en 1972, y tuvo el mismo destino. La intención del decreto de Duhalde había sido dejar la resolución del tema de los medios y el transporte de carga a quien resultara electo. Pero La Nación siguió descontando hasta hoy de su liquidación del IVA lo que pagaba como aportes patronales.

La cautelar
En julio de 2003 había vencido el plazo fijado por el último decreto. Luego de pagar el impuesto en agosto y setiembre de 2003, La Nación obtuvo en octubre la medida cautelar que pronto soplará sus primeras diez velitas. El argumento del diario fue que el crédito fiscal seguía vigente hasta que el Poder Ejecutivo encontrara la “solución alternativa” mencionada como hipótesis en los considerandos del decreto. El mismo criterio fue seguido en ese momento por el Grupo Clarín, por la editorial Perfil, por la editora El Cronista Comercial, del diputado Francisco De Narváez, por las emisoras de radio y televisión de los ex diputados José Manzano (asociado con Daniel Vila) y Alberto Pierri y por el Canal 9, entre muchos otros de menor importancia. Según la Administración Federal de Ingresos Públicos, de este modo La Nación dejó de pagar 150 millones de pesos de capital, a los que suma otros 130 millones de intereses, para llegar a un total de 280 millones. La medida cautelar no fue presentada en forma directa por cada medio, sino a través de las cámaras patronales que los agrupan. Fueron tres juicios de conocimiento presentados por ADEPA (la Asociación de propietarios de periódicos, que Escribano presidió); la Asociación Argentina de TV por Cable y las asociaciones de diarios de Buenos Aires (AEDBA), de diarios del interior (ADIRA), de radiodifusoras privadas (ARPA) y de editores de revistas (AAER). El juez en lo contencioso administrativo federal Osvaldo Guglielmino resolvió el 30 de octubre de 2003 que mientras el Poder Ejecutivo no encontrara la solución alternativa, los medios podrían seguir descontando los aportes patronales en la liquidación del IVA, tal como pretendían. Recién el 6 de noviembre de 2008 los camaristas Marta Herrera y Carlos Grecco, de la sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, levantaron la medida cautelar dictada por Guglielmino. Afirmaron que el decreto 1387/01 fijó un límite temporal a la franquicia y siempre que se mantuvieran las condiciones de crisis de 2001, por lo cual no existía ningún “derecho subjetivo a la reducción impositiva”. Establecer la capacidad contributiva de cada empresa para enfrentar el reclamo fiscal requiere analizar “circunstancias fácticas y medidas probatorias” imposibles en un juicio cautelar, por lo cual levantaron la prohibición de innovar. Pero bastaron apenas siete meses para que la Corte Suprema de Justicia volviera las cosas a su cauce favorable a La Nación y decidiera que la medida provisoria sería permanente, hasta que la propia Corte Suprema resolviera si es legítimo o no que La Nación siga descontando los aportes patronales, tantos años después de finalizada la vigencia del decreto que lo permitió y en un contexto económico-social por completo distinto. Ese fallo de la Corte fue firmado por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Santiago Fayt, Enrique Santiago Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay. El único juez que no lo suscribió fue Raúl Zaffaroni. Ya parece una regla que cuando las resoluciones favorecen al Estado, las apelaciones se resuelven más rápido que cuando lo perjudican. La AFIP arguye que luego de diez años de derogado el beneficio, es evidente que el Poder Ejecutivo no tiene intención de renovarlo bajo cualquier otra forma, dado que los diarios no cumplieron su parte del compromiso, al aumentar su precio de tapa y despedir trabajadores.

El límite razonable
El 15 de marzo de 2010, la Procuradora fiscal ante la Corte Suprema, Laura Monti, dictaminó que el recurso de La Nación era inadmisible. Otro semestre más tarde, el 5 de octubre de 2010, la Corte decidió en el caso del Grupo Clarín que, dado el interés general en la aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual, es conveniente la fijación de un “límite razonable” para la vigencia de las medidas cautelares, porque su prolongación excesiva equivaldría a un fallo favorable en la cuestión de fondo. Cuando la AFIP pidió que esta jurisprudencia se aplicara también a los impuestos que no paga La Nación, la Corte convocó a una audiencia de mediación, que no se hizo pública y sobre la cual tampoco hay información disponible en el Centro de Información Judicial (CIJ). Allí la AFIP rechazó que los considerandos del decreto 746 pudieran ser tomados como un compromiso. Pero alegó que si la Justicia los considerara así, el Poder Ejecutivo ya habría dado dos soluciones alternativas: la ley 26.476, de diciembre de 2008, de regularización de deudas tributarias y exención de intereses, multas y demás sanciones; y el decreto 1145, dictado al vencer ese plazo, el 31 de agosto de 2009. Entre ambos, el 27 de mayo de 2009, la presidente CFK firmó convenios de canje de pasivos fiscales por espacios de publicidad con varios centenares de medios del interior, entre ellos los diarios La Gaceta y La Nueva Provincia y el Canal 10 de Mar del Plata, además de los canales América TV y Telefe. La ley abrió durante seis meses la posibilidad de acogerse a la moratoria y ofreció facilidades de pago generosas: 120 cuotas para pagar el capital adeudado, sin los intereses vencidos. A los diez años de cuotas se les cargaría sólo un interés del 1 por ciento. El decreto, negociado por los medios con el jefe de gabinete de ministros Sergio Massa, pero firmado por su sucesor, Aníbal Fernández, les permitía canjear por espacios publicitarios sus deudas fiscales y previsionales vencidas, incluidos sus intereses. Durante la 47ª Asamblea Anual de AdEPA su Comisión de Libertad de Prensa e Información encomió tales “pasos en torno a la salida del régimen de competitividad” ya que “con los convenios en trámite, parece encontrar un principio de solución transaccional”. La mayoría de los medios aprovecharon esos instrumentos y negociaron planes de pago. El Grupo Clarín regularizó deudas por 198 millones de pesos (133 del diario, 57 de la productora de televisión ARTEAR y 8 de la radio Mitre); el grupo Manzano-Vila, por 134 millones de pesos (106 millones de su televisora abierta America TV y 28 del operador de cable Supercanal); Canal 9, por 24 millones y Telecentro, de Alberto Pierri, por dos millones de pesos. Luego de esos acuerdos, sólo quedaron pendientes las deudas de La Nación (280 millones de pesos), El Litoral de Santa Fe, asociado con Clarín en la planta impresora AGL (26 millones), la editorial Perfil y Radiodifusora del Centro, propietaria de la radio cordobesa Cadena 3 (23 millones de pesos cada uno) y la sociedad anónima El Cronista Comercial, con 15 millones de pesos. Si La Nación hubiera aceptado alguno de estos regímenes su deuda habría drenado 130 millones de intereses y podría haber pagado los 150 millones de capital en diez años, o en canje por espacios publicitarios. La decisión de no hacerlo refleja antes una posición político-ideológica que un análisis de oportunidad y conveniencia comercial. Sin embargo, la deuda fue reconocida en los balances auditados de La Nación, que la registraron como pérdida. Esto puede leerse como un acto de sinceridad con los accionistas, pero declarar pérdidas también permite pagar menos impuesto a las ganancias, aunque sea por deudas impagas. Igual que para la Sociedad Rural, no pagar es una cuestión de principios y como tal innegociable para La Nación, cuya capacidad contributiva no está en cuestión: en los últimos cuatro años, compró dólares para atesorar por el equivalente a 130 millones de pesos y, en marzo del año pasado, bajo el inequívoco título “Expansión”, informó que, a través de su subsidiaria US Hispanic Media Inc., “llegó a un acuerdo para convertirse en el accionista estratégico de ImpreMedia, un grupo relevante de diarios y revistas en español de Estados Unidos”, que incluye los dos principales diarios de ese mercado, La Opinión, de Los Angeles, y El Diario, de Nueva York, además de la revista Vista, de circulación nacional en Estados Unidos, y publicaciones semanales de distribución gratuita en distintas ciudades norteamericanas. Como corresponde a la transparencia usual, no se informó ni el porcentaje que compró ni el precio que pagó por él.

Un cuadro integral
En su batalla judicial contra el pago de impuestos, representa a La Nación el estudio Cassagne Abogados, que también asiste a la Sociedad Rural en su oposición a la nulidad del decreto que le cedió a precio vil las catorce hectáreas del Parque Tres de Febrero conocidas como predio de Palermo. En ambos casos ha obtenido éxitos significativos. Bajo el gobierno de Isabel Martínez y durante la dictadura militar, Juan Carlos Cassagne elaboró buena parte del régimen de subsidios a los grupos económicos de la Patria Contratista, como Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Industria. Fue uno de los contados funcionarios de alto rango del gobierno justicialista confirmados por los golpistas. El 23 de septiembre de 1976 consiguió que se firmara el decreto 2140, que otorgó a Papel del Tucumán, de la familia Bulgheroni, todo tipo de subsidios a la producción de papel para diarios. El 24 renunció y pasó por la puerta giratoria a ocuparse de los litigios de Papel del Tucumán con el Estado. En 1977 ingresó como socio al estudio Sáenz Valiente, Padilla & Cassagne, que también tuvo relación con la producción de papel. Su socio Miguel Tobías Padilla era subsecretario de Coordinación del Ministerio de Economía, cargo desde el que intervino en la adjudicación de Papel Prensa a La Nación y Clarín. Desde entonces, el estudio, del que Cassagne se retiró en 1983, atiende los asuntos de Clarín. Padilla fue asesinado en abril de 1978, según la información oficial de entonces por un comando guerrillero. Pero el ex abogado de la Comisión Nacional de Valores Pablo Argibay Molina, quien lo conoció en 1972, durante una inspección a la concesionaria de autos Berlingieri, donde el abogado Padilla compartía tareas con el contador Héctor Magnetto, afirma que el asesinato fue ordenado por el jefe de la Armada, Emilio Massera, desairado porque Padilla le había birlado la empresa arrebatada al Grupo Graiver. Durante el gobierno de Alfonsín, Cassagne fue abogado de empresas que litigaron en contra del Estado por centenares de millones de dólares, y el de Menem le encargó el marco legal para la adjudicación de sus empresas a los mismos grupos económicos. Quien lo convocó fue el ministro de Obras Públicas, Roberto Dromi. Ambos habían estado vinculados con la Fuerza Aérea: Dromi como intendente de Mendoza, Cassagne como asesor jurídico. La declaración del sector público en emergencia permitió socializar el pasivo y despedir al personal de las empresas a privatizar, pero dejó a salvo el pago de los honorarios de abogados en los juicios contra el Estado, arte en el que Dromi, Cassagne y el tercer miembro de la trilogía privatista, Rodolfo Barra, son virtuosos. Cassagne no sólo fue el principal asesor jurídico de Dromi y Barra en el diseño del desguace del Estado sino también uno de sus beneficiarios, ya que presidió varios de los directorios de las empresas que absorbieron esos bienes públicos, como Aguas Argentinas y Metrogas, y fue síndico de Edenor. En 1995, cuando los tres ejercían su plena influencia sobre el gobierno nacional, Menem designó en la Cámara Civil y Comercial a Francisco de las Carreras, quien en diciembre concedió una medida cautelar a favor del Grupo Clarín y este viernes otra en respaldo de la Sociedad Rural, en ambos casos contra decisiones de los poderes electivos. Mucho antes, De las Carreras había sido uno de los firmantes de la solicitada “En Testimonio de la Verdad”, publicada en Clarín el 19 de setiembre de 1979, ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de “solidaridad nacional frente a la campaña del terrorismo internacional y de funcionarios y políticos extranjeros contra nuestro país”. Afirmaba que el pueblo argentino se solidarizaba “con la lucha que nuestras Fuerzas Armadas libraron para defender la libertad y derrotar a la violencia subversiva” y exhortaba “a los extranjeros interesados en opinar sobre nuestros problemas internos a ser veraces y valientes en sus manifestaciones respecto del clima de paz, libertad, trabajo y seguridad que hoy se vive en la Argentina” y hacían votos para que “otras naciones no necesiten vivir nuestra pasada experiencia, que tanto dolor causa en la gran familia argentina, para tomar conciencia de las condiciones en que se desarrolla la agresión marxista contra los valores espirituales de Occidente”.
En 1991 Cassagne fusionó su estudio con el de Emilio Cárdenas, quien como presidente de la asociación de bancos extranjeros dijo en el coloquio de IDEA del año anterior que el sistema político del país era una cleptocracia y de inmediato marchó a representarla como embajador de Menem ante las Naciones Unidas. Un aviso publicado en Clarín deformó sus nombres (Casañe y Cadenas) y ofreció servicios de “Fast ethics”, es decir ética ligera. Como dirección cablegráfica figuraba “Cacada”. El aviso blasonaba especialidad en “representación de contrapartes, simultánea o sucesiva”, “fundiciones patrimoniales” y “apropiaciones póstumas”. El estudio se escindió en 2005 y hoy los principales socios de Cassagne, que intervienen en las causas de La Nación y la Sociedad Rural, son su hijo Ezequiel y Máximo Fonrouge. El propio Ezequiel Cassagne reconoció en un trabajo académico(1) que la Constitución prohíbe conceder exenciones tributarias por decreto, aunque sea de necesidad y urgencia, como el de Duhalde que invoca su cliente. Claro que lo hizo para reclamar que el beneficio se consolidara por ley. Además, de acuerdo con el principio de subsidiariedad del Estado (que no se debe a una escuela jurídica sino a la Iglesia Católica y su doctrina sobre la sociedad) el apoyo estatal a los medios no debería tener condición alguna. Como la deuda superaba el 50 por ciento del patrimonio de La Nación, la AFIP solicitó una inhibición general de sus bienes, para asegurarse el cobro una vez resuelta su procedencia. En noviembre de 2011, el juez federal de ejecuciones fiscales y tributarias, Carlos María Folco, aceptó el pedido. Cassagne apeló y acusó a la AFIP por temeridad, abuso de autoridad y daños y perjuicios. Pero el 28 de diciembre de 2011, el propio Folco rechazó esas pretensiones. Pero en agosto de 2012, los camaristas de la sala III de apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Jorge Esteban Argento y Carlos Manuel Grecco, revocaron la inhibición de bienes invocando la disposición de la Corte Suprema de no innovar hasta la sentencia de fondo.
1) Ezequiel Cassagne, “Las técnicas promocionales para los medios gráficos de comunicación”. Cuestiones de Intervención Estatal. Ed.Rap 2010

La doctrina Maqueda
Durante la audiencia entre la AFIP y La Nación del 3 de octubre de 2012, la vicepresidente de la Corte, Elena Highton, dijo que la demora judicial en resolver la cuestión era una vergüenza. En ese momento, la medida cautelar a favor de La Nación llevaba nueve años de vigencia, de los cuales tres se perdieron en la propia Corte. La frase de Highton fue recibida con un pesado silencio, sólo alterado por los ronquidos que inflaban el bigote de su colega Juan Carlos Maqueda. Pero pasados otros tres meses, la doctrina Maqueda parece prevalecer. Como dice la jurisprudencia, el que calla primero calla mejor. Con regularidad, Lorenzetti ha insistido en la inconveniencia de judicializar conflictos para los cuales entiende que deben buscarse soluciones políticas. Éste sería uno de ellos, igual que los que plantean por recursos de la coparticipación federal las provincias de Córdoba y Santa Fe. Si tanto la ley de blanqueo como el decreto de canje de 2009 ofrecieron una salida que hasta AdEPA elogió, ¿qué otra solución política sería aceptable por La Nación que no fuera el olvido de la deuda en aras de la libertad de prensa?

Mi cuñado
La medida cautelar que permitió a La Nación seguir computando las contribuciones patronales como crédito fiscal en el impuesto al valor agregado, fue dictada en octubre de 2003 por el juez en lo contencioso administrativo federal Osvaldo Guglielmino. Esto no fue óbice para que al año siguiente fuera designado como Procurador del Tesoro de la Nación, cargo que desempeñó hasta 2010, cuando le recriminaron una pobre defensa del uso de las reservas del Banco Central para el Fondo de Desendeudamiento. Guglielmino entendió que el decreto del ex senador Duhalde que beneficiaba a La Nación seguía en vigencia más allá de su término explícito, porque el Poder Ejecutivo no había establecido la hipotética solución alternativa que mencionaban los considerandos. En noviembre de 2008, la sala II de la Cámara de Apelaciones revocó esa decisión y levantó la medida cautelar. La Nación planteó el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, que el 17 de junio de 2009 ordenó a la AFIP reponer la cautelar hasta que la propia Corte se pronunciara sobre el fondo de la cuestión, cosa que tres años y medio después sigue sin hacer. Uno de los firmantes fue el juez Carlos Fayt, quien el mes que viene cumplirá 95 años. Los celebrará junto con su esposa, Margarita Escribano, hermana del miembro del directorio de La Nación José Claudio Escribano.
Fuente: Diario PáginaI12

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