Lunes 6: ¡Movilización de Prosegur a ENaCom! #AntenaNegraTvNoseApaga

El lunes 6 de junio nos movilizamos para denunciar la censura al canal Antena Negra TV, una medida más que avanza en el silenciamiento a las luchas sociales que se están dando en el país.

Los negocios que mantiene Prosegur con ENaCom –al igual que lo hizo AFTIC y AFSCA- no pueden pasar por encima al derecho de todxs de comunicar y mucho menos puede desembocar en comunicadorxs presxs. ENaCom debe resolver el conflicto de fondo que es la repartición del espectro para la comunidad y no para el beneficio de unos pocos.

Convocamos a Bartolomé Mitre y Maipú para repudiar el accionar represivo de la multinacional Prosegur y marcharemos hasta el ENaCom. En las puertas de este organismo cómplice exigiremos:

• La devolución de los equipos al canal
• El fin de la causa penal
• Un espacio en el aire (espectro radioeléctrico)

Las luchas sociales que se transmiten en Antena Negra TV tienen que estar en el aire. El bloqueo mediático que ejerce el gobierno nacional es acompañado por las políticas que lleva adelante ENaCom. La censura es una parte importante en este avance represivo. No nos callemos, salgamos a la calle.

¡Basta de seguir beneficiando a las empresas privadas por sobre el campo popular!
¡Basta de hacer de la comunicación un negocio y una mercancía!
#AntenaNegraTVNoSeApaga

Giudici se refirió al concurso que ganó Barricada TV
"Les han gestionado un concurso sobre una frecuencia ocupada", dijo la directora de ENaCom Silvana Giudici a Barricada TV. La afirmación tuvo lugar minutos después de que se diera por terminada la audiencia de la Comisión de Libertad de Expresión realizada en el Congreso Nacional, en la tarde del martes 31 de mayo. De esta manera, Giudici parece desconocer el largo camino que llevó a esta emisora comunitaria 

Los canales comunitarios Barricada TV, Urbana TV y Pares TV son las primeras experiencias televisivas dentro del sector sin fines de lucro en lograr la adjudicación de frecuencias mediante concurso público de antecedentes.

Las emisoras presentaron sus carpetas de antecedentes en mayo de 2015. Sus propuestas fueron analizadas por diferentes áreas técnicas de la AFSCA, para luego ser evaluadas por un jurado independiente de especialistas nombrados ante escribano público. Después de un largo proceso que incluyó el estudio de los aspectos patrimoniales, de la personería jurídica, de la propuesta de programación y del arraigo en la comunidad de cada uno de los canales, en noviembre de 2015 el directorio de la autoridad de aplicación finalmente aprobó por mayoría las propuestas, incluyendo las firmas positivas de Martín Sabbatella, Ignacio Saavedra, Néstor Avalle, Eduardo Rinesi, Claudio Schifer y Marcelo Stubrin, éste último director por la oposición. Las resoluciones de adjudicación fueron publicadas en el Boletín Oficial el 3 de diciembre, lo cual significó un gran paso adelante y una conquista para todo el sector no lucrativo de la comunicación.

Barricada TV, que transmite desde la fábrica autogestionada IMPA, en Almagro, concursó por el canal digital 33 en la modalidad licenciatario operador para baja potencia dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y deberá trasladar con su multiplex a Urbana TV, que emite desde la Villa 31, en Retiro. Pares TV, canal comunitario de Luján, concursó por el canal digital 19 en la modalidad licenciatario operador.

Los canales dieron inicio a las transmisiones de prueba y ajuste de los parámetros, cumpliendo con las obligaciones exigidas en el artículo 84 de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que se encuentra vigente.

Sin embargo, para establecer el alcance y evitar interferencias es necesario que el ENaCom haga cumplir la resolución 35/AFSCA/15 de reorganización de la grilla de la TDA, de acuerdo con el Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales aprobado en 2014. En la CABA, esta reorganización establece que los canales 9, 11 y 13, que emiten de manera experimental en prueba, deben mudarse a los canales a los que fueron reasignados. Hoy Canal 13, del Grupo Clarín, debe mudarse a la señal 35 para que el 33 quede libre para la televisión comunitaria.

Por la habilitación de los canales Barricada TV, Urbana TV y Pares TV
Por más concursos y licencias para radio y tv comunitaria
Por la defensa del 33 % para los medios sin fines de lucro
Por la continuidad de las políticas de fomento y el pago de las cuotas FoMeCA adeudadas
Por la democratización de la comunicación

Clarín revela que se destinaran $ 4.000 millones para mejorar las comunicaciones

Anotó Alejandro Alfie en Clarín que el Gobierno utilizará un fondo integrado con aportes de las telefónicas. Habrá más conectividad a internet

El Gobierno resolvió subsidiar parte de las inversiones públicas para dar conectividad a Internet con el Fondo del Servicio Universal de las telecomunicaciones, que acumula más de $4.000 millones en una cuenta del Banco Nación y que hasta ahora casi no se usaba.

“En un plazo de dos años, vamos a destinar más de $1.000 millones del Servicio Universal para el Plan Federal de Internet, que va a permitir conectar a muchas localidades en todo el país; mientras que el resto de los recursos para ese plan van a ser propios”, dijo Rodrigo de Loredo, presidente de la empresa estatal Arsat.

Los otros dos planes que se van a financiar con dinero del Servicio Universal son: la reconversión de las cooperativas de telecomunicaciones, para que lleguen a sus abonados con servicios de mejor calidad; y la conectividad de escuelas a Internet, que hasta ahora financiaba a 4.800 y se va a ampliar a más de 14.000 escuelas.

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), que conduce Miguel de Godoy, es el encargado de manejar el Fondo del Servicio Universal, al que aportan las empresas de telecomunicaciones para subsidiar la telefonía e Internet en lugares alejados de los centros urbanos y en sectores vulnerables de la población.

En el ENaCom dijeron que “ingresan al fondo unos $ 60 millones por mes”, pero la anterior gestión kirchnerista gastaba sólo el 10% del dinero que ingresaba. También relativizaron los números que mencionó el titular de Arsat, ya que todavía no se aprobaron las partidas específicas del ENaCom para el Plan Federal de Internet; aunque prefirieron no desmentirlo, ya que es uno de los planes sobre los que trabaja el organismo oficial.

El Decreto 764 creó el Servicio Univesal en el año 2000. Pero durante varios años las empresas del sector no hicieron los aportes, del 1% de sus ingresos, ya que los funcionarios no creaban el Fondo Fiduciario ni su reglamento de administración. Además, después el kirchnerismo tuvo un acuerdo con las telefónicas dominantes para no intervenir activamente en el sector; e incluso esas compañías compensaban algunos aportes con prestaciones como los servicios para hipoacúsicos, la facturación braille, los servicios de información y las bonificaciones por bajo consumo, entre otros. De hecho, durante varios años Telecom y Telefónica de Argentina no realizaron ningún aporte al Servicio Universal.

El Decreto 267 de diciembre de 2015 transfirió el Servicio Universal al ENaCom. “Estamos analizando las deudas de las telefónicas, para ver cómo resolvemos esa situación”, dijo una fuente de ese organismo. Y agregó que, más allá de eso, la decisión del Gobierno es comenzar a invertir el dinero del Fondo del Servicio Universal, “cuya utilidad exclusiva es para dar conectividad, ya que no se puede usar para construir rutas ni para ningún otro fin”, aseguró una fuente del organismo oficial.
Imagen: Revista Semana
Fuente: Diario Clarín

La Cámara Federal de Casación preserva en un fallo el derecho constitucional de protección de la fuente periodística

Fue en un caso contra el periodista Daniel Santoro y el diario Clarín. La Sala II confirmó la desestimación de una causa por una publicación en la que, según la denuncia, se habría consignado información confidencial que tramitaría ante la UIF

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Ángela E. Ledesma, Pedro R. David y Alejandro W. Slokar, por unanimidad, resolvió declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por la querella, en el proceso en el que se denunció al periodista Daniel Santoro y/o Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. por la presunta comisión del delito previsto en el art. 22 de la ley 25.246.

Con esta decisión, se confirma la desestimación de la denuncia formulada contra el periodista de referencia en razón de la publicación de dos notas en el diario Clarín, en la que se habría consignado información confidencial de las islas Seychelles, que habría sido extraída de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que estaría tramitando ante la Unidad de Información Financiera (UIF). Las notas de Clarín del 2014 revelaron que Levita, junto al operador de bolsa, Jorge Galitis, aparecen como los “beneficiarios finales” de la empresa fantasma Aldyne con sede en las Seychelles. Aldyne era la administradora de 123 empresas off shore armadas por el estudio panameño Mossack Fonseca en Las Vegas. Algunas de estas firmas estarían vinculadas a Lázaro Báez.

Con el fallo, la casación reafirmó en el caso el principio que establece el resguardo del secreto profesional de los periodistas en cuanto a sus fuentes de información consagrado por la Constitución Nacional. El mismo criterio había tenido el juez federal Sebastián Casanello y la sala I de la Cámara Federal porteña.

En un extenso informe presentado en la causa, la UIF -en su carácter de querellante- afirmó que obtuvo “información de inteligencia” que confirma la investigación de Clarín publicada en julio del 2014 según la cual Levita y Galitis son los “beneficiarios finales” de la empresa Aldyne, constituida en las islas Seychelles y que administra 123 empresas off shore armadas en Las Vegas, EE.UU. por el estudio panameño Mossack Fonseca, a pedido de la empresa suiza Helvetic Services Group, la compradora de La Rosadita. Levita y Galitis negaron a este diario haber intervenido en operaciones de lavado de dinero a favor de Báez. El mes pasado, la UIF pidió la declaración indagatoria de Levita y Galitis en la causa.

El financista es el mismo que consiguió dos medidas cautelares contra Clarín en juzgados civiles. Levita logró una cautelar en el 2014 en el juzgado nacional en lo civil 105 que ordenó que este diario también debe informar que el financista “ha iniciado actuaciones con el propósito de exigir se le brinde la posibilidad de ejercer su derecho de respuesta a las afirmaciones vertidas en su contra”. Luego, inició otro amparo, donde obtuvo la misma medida cautelar llamado “Levita, Edgardo Raúl c/ Editorial Perfil S.A. y otros s/ amparo” (Expte Nº 42.958/14), en trámite por ante el Juzgado Civil nº 39 a efectos de ejercer su derecho a réplica. La primer medida cautelar está firme y la segunda se encuentra apelada anta la Sala M de la Cámara Civil. No obstante, este diario pidió una entrevista a Levita que la derivó a su abogada, Lorena Totino, quien negó también las sospechas que había sobre su cliente. Es más, Levita denunció a este periodista por violación de secreto y la Cámara Federal rechazó su denuncia y ahora la Cámara de Casación.
Fuente: CIJ

Procesan a Carlos Salas y Ceferino Namuncura por hechos contra Cablevisión y Fibertel

Se le achacan las resoluciones vinculadas con la absorción de la operadora de internet Fibertel S.A. por parte de Cablevisión S.A.

La Justicia argentina dictó hoy el procesamiento de Carlos Lisandro Salas, secretario de Comunicaciones durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), por el presunto delito de abuso de autoridad, debido a hechos contra las empresas Cablevisión y Fibertel, del Grupo Clarín.

Fuentes judiciales señalaron que a Salas se le achacan las resoluciones vinculadas con la absorción de la operadora de internet Fibertel S.A. por parte de Cablevisión S.A., la mayor empresa de televisión por cable del país y que ya era propietaria de casi la totalidad de su paquete accionario.

También se procesó al exinterventor de la entonces Comisión Nacional de Comunicaciones Ceferino Alberto Namuncura y el juez Luis Rodríguez, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 9, dispuso además el inicio de los trámites necesarios para la elevación del caso a juicio oral.

A los dos acusados, sobre los que se trabó embargo sobre bienes y/o dinero por 10.000 pesos (unos 720 dólares), se les imputa haber realizado actos en el ejercicio de sus funciones "con el consabido designio de perjudicar los intereses y los derechos" de Fibertel y Cablevisión.

La causa se inició en 2009 por una querella de los abogados de esa última empresa y cuenta con el impulso del fiscal Gerardo Pollicita.

En 2010, el Gobierno de Fernández de Kirchner anunció la cancelación de la licencia de la operadora de internet Fibertel por "incumplimientos" de normativas del sector de telecomunicaciones.

La medida fue aplicada, según el Ejecutivo de entonces, porque Fibertel traspasó "unilateralmente" y "sin la debida autorización previa" sus servicios a Cablevisión, cuando se fusionaron ambas empresas controladas por el grupo Clarín, cargos que este conglomerado rechazó.

Este no es el único enfrentamiento entre ambas partes.

En 2013, la Corte Suprema argentina zanjó una batalla legal de cuatro años entre el Gobierno y Clarín, al declarar constitucional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada por el Congreso en 2009.

La norma fijaba para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35 % del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35 % de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable y una de televisión por satélite.

Si bien el Grupo Clarín fue el más afectado por la normativa, esta repercutió también en otros grupos de comunicación de Argentina o con intereses en el país.
Fuente: Agencia EFE

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión inicia visita oficial a Chile

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) iniciará este martes una visita oficial a Chile "con el objetivo de evaluar la situación del derecho a la libertad de expresión y del derecho de acceso a la información pública"
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inicia mañana martes una visita oficial a Chile con el objetivo de evaluar la situación del derecho a la libertad de expresión y del derecho de acceso a la información pública en ese país.

La delegación, encabezada por el relator especial, Edison Lanza, arribará en misión oficial 13 años después de la primera visita que la Relatoría realizará a ese país y tras una invitación del Estado chileno. El relator visitará las ciudades de Santiago de Chile y Temuco, y se reunirá con funcionarios del Estado y representantes de la sociedad civil para recibir información sobre diferentes aspectos vinculados al ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el país.

La libertad de expresión es un derecho fundamental y una condición necesaria para la existencia, la consolidación y el funcionamiento de una sociedad democrática. Desde el retorno a la democracia, Chile ha adoptado importantes reformas legislativas y políticas públicas en concordancia con los estándares del sistema interamericano de derechos humanos en materia de libertad de expresión. En ese sentido, la Relatoría valora el cumplimiento de fallos y recomendaciones de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A 10 años de la emblemática sentencia de la Corte Interamericana en el caso Claude Reyes y otros Vs. Chile, en la que se estableció que el derecho de acceso a la información pública es un derecho autónomo y universal, el Estado chileno ha mostrado su compromiso por la libre circulación de información como fundamento de la participación y la deliberación pública, al tiempo que enfrenta desafíos hacia la profundización de su democracia. En esta visita, la Relatoría Especial, además de recabar información, busca formular recomendaciones al Estado con el objetivo de asistir en el fortalecimiento de la protección de este derecho en el país.

Durante la visita, la Relatoría Especial se reunirá con la sociedad civil en Santiago para abordar los temas relativos al ejercicio del periodismo, libertad de expresión e internet, protesta social y transparencia y acceso a la información pública, así como la promoción de la diversidad y el pluralismo en los medios de comunicación. El encuentro tendrá lugar el martes 31 a las 13 horas en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. También mantendrá una reunión con la sociedad civil en Temuco el jueves 2 de junio a las 13.30 horas en la sede local del Instituto Nacional de Derechos Humanos, sobre la situación de la libertad de expresión y los pueblos indígenas en el país.

Dos semanas después de la visita, la Relatoría publicará sus observaciones preliminares y en los meses posteriores elaborará y publicará un informe de conclusiones y recomendaciones.

Temas a abordar en la reunión con la sociedad civil en Santiago

1:00 - 3:00 pm. Libertad de Expresión en Chile: Ejercicio del Periodismo Crítico y Diversidad y Pluralismo en los Medios de Comunicación

3:00 - 4:00 pm. Libertad de Expresión e Internet en Chile

4:00 – 5:00 pm. Protesta Social y Libertad de Expresión en Chile

5:00 – 6:00 pm. Transparencia y Acceso a la Información Publica en Chile

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la CIDH con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
Fuente: CIDH

Nuevo quite de firmas en Clarín

Trabajadoras y trabajadores de Clarín relatan que "tras los contundentes quites de firma de jueves y viernes, el plan de lucha sigue esta semana #ElSueldoNoAlcanza!"

Televisión Pública: las claves de su futuro

¿Cómo se financian las cadenas públicas más robustas del mundo? ¿Qué desafíos enfrentan? ¿Qué debemos esperar para los próximos cinco años? Un reciente estudio de IHS para Reed Midem se encarga de responderlo

Por: Pina Mezzera
Reed Midem, organización a cargo de Miptv y Mipcom, publicó un reporte titulado The Future Of Public Broadcasting: Funding Strategies From Around The World.

Llevado a cabo por IHS TV Intelligence, el estudio analiza 45 países y ofrece las claves para entender cómo se financian las cadenas públicas a nivel global y qué podemos esperar en el futuro inmediato.

A continuación resumimos las conclusiones generales de la investigación.

La TV pública bajo presión
"Algunos acontecimientos recientes sugieren que la televisión pública está pasando por tiempos difíciles a nivel global", asegura el informe. La controversia acerca de la decisión del gobierno polaco para tomar el control de TVP estalló a principios de este año. En otros países, los gobiernos han recortado los fondos públicos como parte de sus programas nacionales de austeridad. Grecia cerró su emisora ERT en 2013, aunque más adelante fue restablecida por otra administración.

Mientras tanto, la BBC se enfrenta al desafío de uno nuevo sistema de financiación y a un examen continuo del gobierno sobre su alcance y su gestión. Incluso cerró su canal BBC3 a principios de marzo, convirtiéndolo en un servicio exclusivamente online.

Posiciones de fuerza
En Europa en particular, las emisoras públicas siguen siendo centrales en el panorama de la televisión abierta. En 2015, la británica BBC1, la italiana Rai 1 y la alemana ZDF fueron los canales más vistos en sus países.

El estudio señala algunas razones que justifican este dominio:

• Las cadenas públicas iniciaron como monopolios, y mantienen una primacía intangible en la conciencia pública.
• Se benefician de los valiosos activos heredados, como estudios e instalaciones técnicas, así como de la pertenencia a órganos colectivos como la Unión Europea de Radiodifusión, que les da acceso a las fuentes de noticias y eventos deportivos más importantes.
• El sector cuenta con un fuerte apoyo político.
• La financiación pública es una fuente estable y predecible de ingresos en comparación con la publicidad y las suscripciones. Por ejemplo, la BBC gozó de un aumento del 58% en los ingresos por derechos de licencia entre 2004 y 2014, mientras que en el mismo período, sus competidores comerciales ITV y Channel 4 han tenido que conformarse con un aumento del 28% en los ingresos netos por publicidad.

Cómo se financia el top 10
El ranking de las cadenas públicas según sus ingresos en 2015 estuvo dominado por la alemana ARD, la británica BBC y la japonesa NHK.

¿Cuáles son las fuentes de financiación de estos diez broadcasters?

La otra cara de la financiación pública
El estudio sugiere que la mayoría de las cadenas públicas verán un incremento en los ingresos procedentes de fondos públicos en los próximos cinco años.

"Nuestro análisis de las finanzas de las emisoras públicas en 45 países revela que su punto de vista financiero está lejos de ser sombrío en comparación con algunos de sus competidores financiados comercialmente", explican. Sin embargo, la dependencia del apoyo gubernamental tiene su contracara: estas televisiones están a merced de los cambios en las políticas públicas.

Aunque la mayoría de los broadcasters públicos han resistido a la competencia de canales comerciales y de pago, el nuevo panorama de los medios es diferente.

"Multinacionales estadounidenses como Google, Netflix y Apple operan a nivel mundial, mientras que las cadenas públicas están ligadas a las audiencias nacionales o locales a las que se dirigen", señala IHS.

De este modo, la amenaza real no es una catástrofe técnica repentina, sino una disminución gradual hacia la obsolescencia. Así se entiende la necesidad de estrategias radicales como la transformación de BBC3 a un canal online.

Pronóstico para los próximos cinco años

Los ingresos públicos de todo el mundo han experimentado un período turbulento, y las cifras totales se han visto afectadas por las crisis de los players más grandes (como NHK, la Rai y la BBC) y de grupos de tamaño medio como ABC y NOS.

Sin embargo, la investigación de IHS indica que los próximos cinco años el sector verá un crecimiento, aunque relativamente modesto: 8,4%.

Ese 8,4% se traduce en 35,9 mil millones de euros en ingresos públicos para 2020. Entre los países más grandes, IHS pronostica un incremento en moneda local del 14% de Japón, el 5% en Reino Unido y el 4% en Alemania.

Fuente: todotvnews

Página agenda otro capítulo de la consultora que opera en las sombras

Un grupo de legisladores solicito informes sobre la contratacion de la firma McKinsey. PáginaI12 reveló el 22 de mayo que la compañía estadounidense asesora al gobierno de manera reservada en la elaboración de la nueva ley de comunicaciones por 875 mil dólares, unos 12,5 millones de pesos. Los negocios se extienden a otras áreas del Estado
Por: Fernando Krakowiak
“–¿Es común tener dos ministros que vienen de McKinsey, como ocurre en la Argentina con Gustavo Lopetegui y Mario Quintana en la coordinación del Gabinete?
–En el Reino Unido, el ministro de Relaciones Exteriores era de nuestra oficina en Londres. Tenemos gente en el gobierno. Pero aquí estamos muy entusiasmados”, aseguró el CEO global de McKinsey, Dominic Barton, en una entrevista publicada en La Nación el 25 de abril. Ese desembarco ya dio sus primeros frutos. PáginaI12 reveló el domingo 22 de mayo que la consultora estadounidense está asesorando de manera reservada al Ministerio de Comunicaciones en la elaboración de un marco regulatorio para las tecnologías de la información y la comunicación. El proyecto contempla 16 semanas de trabajo a cambio de 875 mil dólares, unos 12,5 millones de pesos. A partir de esa información, el bloque de diputados nacionales de Libres del Sur presentó la semana pasada un pedido de informes en Comunicaciones y un proyecto de resolución en el Congreso que propone solicitar al Poder Ejecutivo detalles sobre cualquier tipo de contratación del Estado Nacional que involucre a McKinsey. Si el gobierno cumple con sus promesas de transparencia y responde a la consulta, la sorpresa podría ser todavía mayor. De hecho, este diario pudo averiguar que la consultora estadounidense también asesora al Ministerio de Energía e incluso elaboró una publicación titulada “Reimaginando Argentina” que promociona las supuestas oportunidades que se abrieron en el país a partir de la llegada de Mauricio Macri al poder.

La relación del Gobierno con McKinsey va más allá de un asesoramiento puntual. El 28 de marzo de este año, la consultora celebró sus 25 años en el país con una fiesta privada en el Salón Dorado del Teatro Colón y allí asistió nada menos que Macri y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quienes compartieron el escenario con Dominic Barton y el director de la oficina en Buenos Aires de McKinsey, Francisco “Paco” Ortega, quienes disfrutaron de un concierto brindado por la soprano Paula Almerares, el tenor Rubén Darío Martínez y la pianista Eduviges Picone. Los ejecutivos de la multinacional estadounidense elogiaron a la nueva gestión e hicieron referencia a “Reimaginando Argentina”, una publicación con el aporte de 25 testimonios de referentes sociales que prometieron distribuir a más de 1500 líderes globales del sector público y privado.

McKinsey también acercó ideas para la creación de la Agencia de Inversiones comandada por Juan Procaccini, un ingeniero industrial proveniente de Moebius Capital Group que entre 2000 y 2004 trabajó en McKinsey y entre abril de 2004 y mayo de 2013 en el fondo Pegasus Capital, fundado por el ex McKinsey Mario Quintana. La Agencia de Inversiones funciona como organismo descentralizado del Ministerio de Producción y comparte atribuciones con Cancillería, la Dirección de Relaciones Agroalimentarias Internacionales de Agricultura, la secretaría de Promoción de Inversiones de Comunicaciones e incluso con Presidencia, donde reporta de manera directa Horacio Reyser Travers, la mano derecha de Norberto Morita en el fondo Southern Cross, quien fue designado asesor especial de Macri para Inversiones Extranjeras Directas.

Los vínculos de McKinsey con la nueva gestión son tan fuertes que en la propuesta de trabajo que elaboró para el Ministerio de Comunicaciones, titulada “Apoyando al gobierno argentino en la construcción de un marco regulatorio para el desarrollo y la innovación en TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), aseguró que los honorarios profesionales para ese tipo de trabajos eran de 400 mil dólares por mes más los gastos necesarios para la ejecución del proyecto (entre 15 y 18 por ciento adicional), pero aclaró que en esta ocasión cobraría “sólo” 875 mil dólares por 16 semanas porque “es nuestro compromiso poder acompañar al gobierno argentino en este momento de transición histórico”.

El proyecto ya se está llevando adelante e incluso los analistas de McKinsey hicieron una presentación para Macri sobre el sector de las telecomunicaciones hace unas tres semanas. El plan de trabajo contempla mapear los principales actores y las potenciales barreras del mercado, analizar todos los activos de Arsat y escoger opciones estratégicas para esa última compañía por tipo de activo/segmento. Pese a ello, el gobierno no informó públicamente sobre ninguna contratación que involucre a McKinsey. Por ese motivo, el bloque de diputados de Libres del Sur presentó un pedido de informes en el Ministerio de Comunicaciones y un proyecto de resolución que propone solicitar al Poder Ejecutivo que informe si contrató a McKinsey, tal como informó este diario. “Nos preocupa la posibilidad de que se avance de manera privada en la redacción de un proyecto de ley que debe hacerse de forma pública y plural, invitando a toda la ciudadanía a participar, tal como se hizo en el marco de la redacción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, dice el texto firmado por los legisladores Graciela Cousinet, Federico Masso y Victoria Donda.

El decreto 690/2016 que modificó recientemente el anexo del decreto reglamentario 893/2012 referido al sistema de contrataciones públicas explicita que las contrataciones directas se pueden hacer por montos inferiores a 1,3 millón de pesos y las licitaciones privadas sólo para contratos menores a los 6 millones de pesos. La contratación directa en la administración pública implica, salvo casos muy excepcionales, la evaluación de tres presupuestos y la publicación en un medio de difusión. Las licitaciones privadas requieren la evaluación de cinco presupuestos y una mayor difusión. En el caso de McKinsey, sólo el contrato con el Ministerio de Comunicaciones es por unos 12,5 millones de pesos. Por lo tanto, se tendría que haber publicitado el proceso que llevó a la contratación de la firma. Una posibilidad es que se hayan eludido las obligaciones referidas al régimen de contrataciones públicas utilizando a la firma Arsat para contratar a McKinsey, pues las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria tienen reglamentos de compra propios, hacen concursos privados y pueden no publicar la información ya que se rigen principalmente por el derecho privado.
Fuente: PáginaI12
Ver anterior: Revela PáginaI12: "El plan McKinsey para los medios y las telcos"