Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: Ley de Medios: Tercera oportunidad perdida

Por: Roberto Gargarella*
Es una enorme pena que se ponga en marcha una práctica fundada sobre el engaño, alimentada de propaganda y orientada al beneficio de pocos.
Desde la vuelta a la democracia hasta hoy, la Argentina atravesó al menos por tres períodos –tres paradigmas distintos– en materia de organización estatal , que se tradujeron en tres concepciones distintas en materia de medios de comunicación .
Voy a referirme brevemente a estas tres etapas, con el objeto de llamar la atención sobre el paradigma que en la actualidad está siendo fortalecido por el Gobierno, con la ayuda de la ansiada, necesaria ley de medios.
El primer paradigma lo encontramos en el gobierno de Raúl Alfonsín, y podemos caracterizarlo por una fuerte presencia estatal: una primacía del Estado que se hizo visible en todas las áreas de la vida pública y también, necesariamente, en el área referida a la comunicación.
Las políticas de Alfonsín en la materia fueron hijas de una tradición democrática estatista y encontraron una expresión fiel (de sus virtudes y defectos) en la organización de los medios televisivos que quedaron, en aquellos años, bajo el pleno control del Estado.
El Estado, por entonces, aparecía injustamente golpeado por lo que había sido el paso arrasador de la dictadura, y se mostraba, por su parte, anquilosado y carente de fuerzas, además de pobremente guiado. Aunque Alfonsín procuró impulsar, en aquellos años, formas nuevas de relación entre los medios de comunicación y el Estado , lo cierto es que durante todo su gobierno los principales canales de aire estuvieron dirigidos por vertientes distintas, internas a su partido, que cumplieron su tarea con (digámoslo así, ayudados por la perspectiva actual) cierta inocente torpeza.
El segundo paradigma sobre el Estado y los medios lo encontramos con el gobierno de Carlos Menem.
En este nuevo esquema, la filosofía dominante fue otra: se trataba de la entrada triunfal del modelo antiestatista y privatizador.
La traducción más fiel de los nuevos criterios vigentes en materia de comunicación pública puede encontrarse en un principio tan simplista como falso. El principio rezaba “diversidad de propietarios significa diversidad de voces” y era falso por razones diversas.
Por un lado, los diversos propietarios del caso tenían –por su origen social, sus vínculos políticos, su socialización– voces demasiado parecidas. Por otro lado, y lo que es más importante, el paradigma privatizador erigía al dinero como organizador de la palabra, lo que determinaba que la misma (la palabra política, la crítica pública) quedara dependiente de la capacidad del hablante para aportar dinero o seducir al dinero. Mucho peor, por definición, dicho esquema convertía a las voces impopulares (las que eran incapaces de atraer audiencias masivas o avisadores poderosos) en voces ausentes, excluidas del foro público.
El tercer paradigma sobre el Estado y los medios es el actual: el que ha estado impulsando el kirchnerismo en estos últimos años . En este caso, y a pesar de (o encubiertas por) las palabras grandiosas, barrocas y altisonantes, la práctica instalada vino a agudizar muchos de los males presentes en las etapas anteriores.
Lo que encontramos ahora es un modelo nuevo de organización estatal , que no aparece orientado ni por la inercia estatista –la que culminara en el “gigante bobo”– ni por la compulsión privatista destinada a favorecer a los empresarios amigos. De lo que se trata es de una nueva visión de lo público que gira en torno a un Estado que actúa en asociación con cúpulas sindicales y empresarias cercanas –mercenarias diría– con el objeto de impulsar negocios privados, muy habitualmente a partir de la explotación de obreros terciarizados.
El modelo de gestión que la muerte de Mariano Ferreyra y la tragedia del Once dejaron a la vista de todos, en materia ferroviaria (subsidios millonarios, infraestructura que se desmantela, trabajadores sobreexplotados, sindicatos dirigidos a amordazar antes que de encauzar el conflicto), el mismo modelo de organización que impulsa el Estado en sus emprendimientos gasíferos, petrolíferos o mineros.
Se trata del mismo modelo que el Gobierno –confundido con el Estado– pone en marcha a través de la ley de medios.
El nuevo paradigma comunicacional impulsado por el kirchnerismo, a través de la necesaria ley de medios, no se guía por los débiles, golpeados criterios públicos que caracterizaban al alfonsinismo. Tampoco se guía por la enfermedad privatizadora que afectaba al menemismo. Lo que encontramos ahora es una hegeliana síntesis en donde los criterios públicos son emocionadamente invocados para avanzar en negocios particulares con grupos empresarios amigos .
A pesar de las inverosímiles negaciones, a pesar de las risibles desmentidas, todos sabemos que hay una inflación, niveles de pobreza y de desigualdad mucho más altos que los reconocidos oficialmente, como todos sabemos que el Gobierno ampara, contra “la letra y el espíritu” de la ley de medios, a grupos inhabilitados para operar en el área de las comunicaciones.
Y no se trata de los márgenes de la ley, sino de su centro.
Es una enorme pena que, frente a una sociedad sorprendentemente abierta ante la ley de medios, se ponga en marcha una práctica fundada sobre el engaño, alimentada de propaganda y orientada, otra vez, al negocio.
Es la tercera oportunidad perdida, en un panorama que –por las desigualdades que se alientan– no promete ir para mejor.
*Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Torcuato Di Tella y en la Universidad de Buenos Aires
Fuente: Seminario Gargarella

Guerra retórica: as origens da batalha entre o Clarín e o governo argentino

Por: Sylvia Colombo
"Ganhamos da imprensa!". Foi assim que o peronista Carlos Menem comemorou sua reeleição à Presidência da Argentina, em 1995. A celebração dá mostra de como é tensa a relação entre os grandes jornais, em especial o "Clarín", e o poder na Argentina.A tensão, hoje, é uma guerra aberta. De um lado, o governo da presidente Cristina Kirchner pressiona pela aplicação total da Lei de Mídia, aprovada em 2009, que obriga o grupo Clarín a acatar duas cláusulas antimonopólio, suspensas pela Justiça até esta sexta (7), e abrir mão de licenças de rádio e TV. De outro, o Clarín responde com manchetes agressivas e reportagens com denúncias de escândalos em seus canais de notícias, rádios e programas televisivos.

Em dezembro de 2011, funcionários do canal "Cablevision", do grupo Clarín, resistem à inspeção oficial ordenada pela Justiça. Eles protestam alegando assédio do governo da presidente Cristina Kirchner

"Na verdade, o que os Kirchner estão fazendo desde 2008 já era a vontade de vários presidentes antes deles", diz a jornalista Graciela Mochkofsky, autora de "Pecado Original - Clarín, los Kirchner y la Lucha por el Poder" (Planeta). O livro esquadrinha a formação do conglomerado desde o regime militar (1976-83), quando houve a compra da indústria de papel-jornal Papel Prensa e uma aliança entre o Clarín e a ditadura. Seguiu-se uma relação de troca de favores e benefícios entre o grupo e governos democráticos, entre períodos de apoio político e rupturas.
Elogiado pelo raro equilíbrio num país tomado pela batalha midiática levada a cabo pelos Kirchner, o livro traz à tona bastidores das decisões políticas que favoreceram o Clarín, como a mudança da lei de meios de comunicação dos anos 90 que deu ao grupo um dos canais de TV aberta mais importantes do país. Descreve também inúmeras reuniões secretas de Néstor Kirchner (1950-2010) com o empresário Hector Magnetto numa época em que a empresa e os K eram aliados.
Graciela trabalhou nos jornais "Pagina/12" e "La Nación". Depois de períodos de estudos nos EUA, voltou à Argentina, passou a trabalhar como jornalista independente e lançou seis livros. Também fundou o site "El Puercoespín", sobre política latino-americana.

O jornal "Clarín" foi fundado nos anos 40. Por que retratar sua trajetória a partir da ditadura?
Porque foi nessa época que o Clarín começou a pensar-se como um grande grupo multimídia. A compra da Papel Prensa [na qual é sócio do "La Nación" e do Estado argentino] começou a indicar o tamanho do poderio que viria a ter. Para isso, associou-se ao regime militar. É curioso que hoje a Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) defenda tanto o Clarín quando, na época, criticou a associação do grupo com a ditadura.

Hoje a principal figura do Clarín é o empresário Hector Magnetto. Como foi sua ascensão no grupo?
Magnetto começou como contador, um funcionário muito ambicioso. Aos poucos foi ganhando a confiança da viúva Herrera de Noble. Tomou o lugar de Rogelio Frigerio, um homem de muita influência na política argentina dos anos 50 e 60, um dos defensores do desenvolvimentismo argentino, do qual o Clarín foi apoiador.
Magnetto é quem imagina a empresa como um conglomerado, quem negocia as licenças de rádio e TV, quem faz alianças com políticos de diferentes orientações.
Aos poucos, por sua habilidade em manobras externas e internas, tornou-se a figura na qual a viúva mais confia. Comprou ações e se transformou em proprietário e CEO. Hoje, Ernestina tem 34% das ações. Magnetto, 33%. Há dois sócios menores, com cerca de 14%, e o resto está diluído entre pequenos acionistas. Ernestina é hoje uma mulher idosa e está doente. Portanto Magnetto é praticamente o único mandachuva da empresa.

Foi Magnetto que começou as costuras políticas com os governos?
Sim, principalmente com os democráticos. O Clarín sempre tentou condicionar o poder político para obter vantagens econômicas. É por isso que em toda a classe política há uma espécie de satisfação com sua perda de influência.

Os argumentos de Raúl Alfonsín (da União Cívica Radical, presidente entre 1983 e 1989) contra o grupo são muito parecidos com os do governo peronista atual.
Quis muito mostrar isso. No fundo, o que os Kirchner estão fazendo é um desejo de presidentes que vieram antes deles. Alfonsín ficará na história como um democrata, e não se trata de tirar o mérito histórico dele, pois teve um papel importante na volta da democracia, no julgamento das juntas militares. Mas quando se trata da relação com a imprensa, Alfonsín foi muito duro. Acusava o Clarín de ser da oposição e pressionou para calá-lo. Mandou, por exemplo, a Afip (Receita Federal) se instalar no jornal por meses. Mais ou menos como o kirchnerismo faz agora para pressionar empresas.

Menem também teve uma relação conflituosa com o grupo.
Sim, muito. Menem governou com a imprensa toda contra ele. Também foi reeleito, em 1995, com toda a imprensa o criticando. Mas não foi sempre assim. Logo que assumiu, Menem se aproximou do "Clarín" e alterou a lei de mídia da época para permitir que o grupo comprasse o Canal 13, da TV aberta. Para isso, fez-se uma licitação pública, mas todos sabemos que houve um acordo político.
Menem pensava que estaria comprando o apoio de Magnetto para toda a sua gestão. Só que a imprensa começou a se virar contra ele por causa de uma série de denúncias de corrupção feitas pelo "PaginaI12" e que foram "compradas" pelo "Clarín". Foi nessa época que comecei a trabalhar como jornalista. Com poucas exceções, nós nos sentíamos em uma cruzada contra o governo. A mídia não estava dividida, os poucos jornalistas que se diziam a favor de Menem eram malvistos.
Não éramos só críticos, mas oposicionistas, e nos considerávamos independentes, tanto quem trabalhava na grande imprensa como os alternativos. Na verdade, nos apoiávamos numa espécie de consenso da classe média de que era preciso criticar Menem. Criou-se uma espécie de irmandade.

À época, a imagem que a sociedade tinha do jornalismo era outra?
Completamente. Nós, jornalistas, tínhamos um prestígio social enorme. Para a população, nossa credibilidade estava acima da Igreja, dos políticos, da Justiça, dos sindicatos. Todos estavam desprestigiados, menos nós.

Quando isso começou a mudar?
Com a crise política e econômica de 2001, que fez com que a população se voltasse contra os políticos. A frase "que se vayan todos" também se referia a um tipo de jornalismo corrupto e comprometido com forças políticas que estava muito presente. Os jornais passaram a ser desprestigiados.
A publicidade caiu muito e os recursos diminuíram. Com isso, nomes importantes começaram a deixar as Redações. Gente jovem perdeu a ilusão com a imprensa e preferiu sair para fazer outra coisa.
Saí da grande imprensa em 2003, para escrever livros e colaborar com outras publicações. A minha geração sentia que não havia espaço para um jornalismo renovado e de qualidade, e que para isso era preciso deixar a grande imprensa. Foi um momento crítico. O "Clarín" e o "La Nación" achavam que iam desaparecer ou que seriam vendidos a jornais estrangeiros.

Foi nesse contexto que Néstor Kirchner (1950-2010) chegou ao poder.
Sim, ele assumiu como presidente numa época em que a sociedade já não acreditava na imprensa. Mas ele se uniu ao grupo, ficou amigo de Magnetto e ficou fascinado com essa aliança. Kirchner veio da província de Santa Cruz como um desconhecido, foi eleito com apenas 22% dos votos e só assumiu porque Menem deixou a disputa. Foi fácil deixar-se seduzir pela relação privilegiada com um meio de comunicação. No poder, fez uma série de alianças, entre elas com o Clarín, de quem acreditava precisar.
O jornal passou a ter todos os "furos" [notícias exclusivas] do governo. O inimigo do kirchnerismo era o "La Nación", por estar na oposição ideológica. Era um jornal conservador que havia apoiado a ditadura. Néstor o criticava enquanto tomava café com Magnetto e passava furos ao "Clarín".

O conflito com os ruralistas, em 2008, por causa do aumento dos impostos, mudou o panorama?
Sim. O Clarín decidiu ficar ao lado dos ruralistas, mas não só por uma questão política. O governo se achava em decadência, a popularidade de Cristina caía. A classe média, que já não tinha votado nela, ia se decepcionando. A empresa começou a pensar no negócio, não era bom perder audiência.

Lançar Cristina para a sucessão teve impacto negativo nessa relação?
Sim, o Clarín não queria Cristina como candidata. A versão que corre é que Magnetto sempre foi contra a reeleição, desde a de Menem.

E a relação de Cristina com o Clarín?
Nunca foi boa. Sumiram os cafés e os almoços com Magnetto. Cristina o encontrava de forma protocolar, e sempre dizia a Néstor que o Clarín os trairia. Então passaram a acontecer coisas que fortaleceram essa ideia. Cristina caía nas pesquisas, logo após Néstor conceder a fusão das empresas Multicanal e Globovisión, que favoreceu o Clarín. O jornal começou a fazer oposição e Néstor se sentiu traído.

Em quanto tempo se deu a ruptura?
A ruptura do Clarín com o governo foi um processo de um ano. Começou com o problema com os ruralistas e teve seu ponto máximo nas eleições legislativas de 2009, com a dura derrota sofrida pelo kirchnerismo. Começou, então, uma guerra retórica, logo apareceram nos atos públicos os primeiros cartazes e camisetas com os dizeres: "Clarín mente". O governo cortou as fontes oficiais para jornalistas do grupo e o jornal ficou sem acesso à informação estatal. A derrota nas eleições legislativas doeu muito ao kirchnerismo, até porque o próprio Néstor perdeu como candidato a deputado por Santa Cruz.

Que momentos você destaca como os mais importantes dessa guerra?
Depois das eleições de junho de 2009, começou uma série de investidas do governo, que foram respondidas pelo Clarín com fortes denúncias contra o governo.
A estatização da transmissão de futebol, quando a Associação do Futebol Argentino tirou os direitos do Clarín e os passou à TV Pública. Depois, a campanha para pressionar a viúva Herrera de Noble a fazer o exame de DNA de seus filhos adotivos, convencidos de que eram filhos de desaparecidos [os exames, porém, deram negativo].
Em 2009, veio a aprovação da Lei de Mídia --que estabelece medidas antimonopólio--, desenhada para tirar o poder do Clarín. Tudo isso foi acompanhado por uma batalha verbal muito forte, que só veio aumentando até agora.

A guerra midiática prejudica a qualidade do jornalismo argentino?
Bastante. A Argentina tem uma tradição jornalística muito longa e boa, que já foi exemplo para outros países da América Latina.
Dá para voltar ao passado e evocar desde o jornal "Crítica", de Natalio Botana, no começo do século 20, no qual escreveram grandes escritores como Jorge Luis Borges, Raúl González Tuñón, Roberto Arlt, até a revista "Primera Plana", nos anos 60, na qual escreveu uma geração inteira de grandes jornalistas. Mais recentemente, o melhor modelo foi o "Pagina/12" no começo dos anos 90.
Hoje, a precisão jornalística não é uma preocupação. Os correspondentes estrangeiros ou jornalistas que visitam o país me perguntam: "o que ler?", porque não encontram fontes confiáveis, imparciais. Tamanha energia é gasta com o enfrentamento com o governo, que o jornalismo fica para o segundo plano. Isso é muito ruim para a reputação do jornalismo local.
Fuente: Folha

Battle Between Argentine Media Empire and President Heats Up Over a Law

In her battle with Argentina’s largest media empire, President Cristina Fernández de Kirchner has raided its headquarters with 200 tax agents. Her supporters have accused the conglomerate’s largest shareholder of adopting two children thought to have been abducted from women killed during Argentina’s “dirty war.” Her vice president has disparaged its chief executive, Héctor Magnetto, as a “Mafioso”
By Simón Romero and Emily Schmall
And yet, the dispute between Mrs. Kirchner and the conglomerate, Grupo Clarín, one of the most contentious struggles over power and public influence in Argentina in years, is just heating up.
A showdown is approaching as a media law championed by Mrs. Kirchner is set to take effect in December, potentially forcing Clarín to divest most of its cable television operations. Those lucrative assets support an array of influential publications, including the group’s flagship daily newspaper, Clarín, one of the most widely circulated newspapers in the Spanish-speaking world.

Mrs. Kirchner’s ambitions of breaking up Grupo Clarín reflect the festering official resentment over the sway of the group, which has evolved over the decades from a newspaper on the brink of bankruptcy into a sprawling media giant at times publicly despised by presidents who have had to reckon with Clarín’s power to shape public opinion.
For Clarín, the battle involves not only its economic interests but also the broader viability of independent media groups in a country where government officials are channeling a surge in public advertising to news organizations that favorably cover Mrs. Kirchner, whose approval ratings have recently plunged as Argentina’s economy slows.
“This is about more than Clarín; this is about democracy,” Mr. Magnetto said.
But critics of Clarín — and there are many across the political spectrum here — adopt a sharply different view. They contend that Clarín, founded by an Axis sympathizer in the 1940s, colluded with the military dictatorship in the 1970s, giving it advantages over competitors, before aggressively expanding by pressing democratically elected leaders to loosen antimonopoly measures.
“Clarín thinks in the same way as a government,” said Roberto Caballero, the editor of Tiempo Argentino, a newspaper that is part of Veintitrés, a media group that relies heavily on government advertising. His comments about Clarín’s size and clout echoed the sentiments of Martín Sabbatella, the director of the federal agency created to enforce the media law, who said the measure’s aim was to guarantee a “plurality of voices.”
In other parts of Latin America, leaders have clashed vehemently with the news media. President Hugo Chávez of Venezuela incurred protests by forcing a critical broadcaster, RCTV, off public airwaves, while President Rafael Correa of Ecuador regularly disparages journalists, some of whom have faced debilitating libel lawsuits.
But Mrs. Kirchner’s battle with Clarín stands out because of the ties that once bound them together. For years, Clarín threw its support behind her late husband, Néstor Kirchner, president from 2003 to 2007; he regularly hosted Mr. Magnetto for lunches at the presidential residence and often delivered exclusive stories to Clarín’s journalists.
Mr. Kirchner clashed with some of Clarín’s top competitors, notably the daily newspaper La Nación, and in one of his last acts as president he instructed officials to approve Clarín’s acquisition of Cablevisión, a major cable television provider. The deal gave Clarín a jewel in its crown of properties, including magazines, an Internet provider and television channels with some of Argentina’s highest-rated news and entertainment programs.
Still, the relationship with the Kirchners began to sour in 2007, when Clarín published reports about a businessman who flew here from Venezuela with a suitcase containing $800,000 in cash, prompting allegations that the money was meant as a secret contribution for Mrs. Kirchner’s presidential campaign.
Clarín’s standing with the government deteriorated further in 2008, when Mrs. Kirchner raised export taxes on agricultural producers and Clarín sided with farmers striking against the measure. She accused Grupo Clarín of fomenting civil unrest; by the time she ran for re-election in 2011 — with one of her slogans proclaiming “Clarín Lies!” — her adversary seemed to be as much Clarín as the other candidates.
The dispute is nothing new for Clarín, which has bitterly clashed with other presidents, including Raúl Alfonsín and Carlos Menem, and whose influence, while under siege, remains feared in political circles.
“Behind the scenes, there are politicians satisfied with the weakening of Clarín,” said Graciela Mochkofsky, the author of “Original Sin,” a book about Clarín’s rise within Argentina’s political culture.
Still, Clarín’s skirmishes with other leaders pale in comparison with the battle with Mrs. Kirchner, whose government encouraged an investigation into the adoption of two children by Ernestina Herrera de Noble, the widow of Clarín’s founder, Roberto Noble.

Her children, Marcela and Felipe Noble Herrera, now adults and heirs to her stake in Clarín, became embroiled in efforts by human rights groups to determine the origins of an estimated 500 babies believed to have been abducted from women killed by the military dictatorship from 1976 to 1983. DNA tests ultimately determined that they were not among the abducted children.
Clarín was left exposed to such scrutiny after its dealings during the dictatorship resurfaced in the congressional debates over the media law, including a pact in which it and two other newspaper publishers gained stakes in Argentina’s only newsprint manufacturer. Lidia Papaleo, the widow of the banker who had been a shareholder in the newsprint venture, was tortured and raped after her arrest during the dictatorship.
In addition to pressuring Clarín over its expansion during military rule, Mrs. Kirchner’s government also focused its ire on Mr. Magnetto, an accountant who joined Clarín while still in his 20s, surviving various purges within its ranks to emerge as chief executive and the second-largest shareholder in the group, after Ms. Herrera de Noble.
After a battle with throat cancer, Mr. Magnetto’s speech remains garbled from the various surgeries by doctors in the United States. Interviewed alongside Ricardo Kirschbaum, the editor in chief of the newspaper Clarín, who helped decipher responses to questions, Mr. Magnetto, 68, contended that Clarín was being unfairly singled out for retribution because of its journalism.
“The government’s objective is not justice,” he said, claiming that the efforts to break up Clarín were part of a plan to change Argentina’s Constitution so that Mrs. Kirchner can seek a third term in 2015.
“For this to happen,” Mr. Magnetto said, “the president needs to have a restricted press.”
News organizations that are relatively uncritical of the government have expanded under the Kirchners. Through public spending on advertising, the government bolsters loyal print and broadcast companies while withholding advertising from news organizations viewed as adversaries. In one case, the Supreme Court ruled in favor of Editorial Perfil, a magazine publisher that sued the government over its advertising policies.
The government’s budget for 2013 projects about $300 million in spending on advertising — including television commercials for YPF, the oil and gas company the government seized this year; political ads criticizing government opponents during soccer matches on public television; and announcements of government-sponsored projects — compared with $10.5 million in 2003.
Mr. Caballero, the editor of the pro-Kirchner newspaper Tiempo Argentino, acknowledged relying on such advertising, calling it “a policy of encouraging debate and promoting new voices.”
The media law that would force Clarín to shed some of its cable operations was passed in 2009, and the authorities say it is aimed at “democratizing” ownership of television operations. Clarín has already challenged the law in courts, but the Supreme Court ruled in May that it has until Dec. 7 to comply.
As the deadline approaches, Clarín has held out hope that the law could still be declared unconstitutional. At the same time, Mr. Magnetto claimed that Mrs. Kirchner’s government was intimidating the judiciary, making an objective ruling almost impossible after several judges resigned in recent weeks.
Fotos: Mary Altaffer/Associated Press; Leo La Valle/Eurpean Pressphoto Agency

Fuente: NYTimes

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y los estudios en comunicación

Por: Guillermo Mastrini* y Martin Becerra**
En la maraña de notas sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual figura un tópico, entre irónico y peyorativo, acerca de la influencia de un grupo de académicos de comunicación y periodismo en la redacción de la ley aprobada por el Congreso en 2009. Esta prédica, de manera más o menos explícita, deja entrever que dicha participación guiada por una suerte de ingenuidad y/o desconocimiento del tema afectó la calidad de la ley y dificulta su cumplimiento. Dada la centralidad que tiene la llamada Ley de Medios en el debate político, es relevante revisar el fundamento de estas opiniones.
En primer lugar, sorprende la falta de evidencia empírica que se presenta al respecto. Lejos del más elemental rigor periodístico, esta vulgata se reitera sin siquiera informar quiénes habrían sido los hipotéticos redactores. Quienes hemos estudiado históricamente el proceso de regulación de los medios sabemos que esto no se corresponde con la realidad y que del equipo redactor participaron juristas con amplio conocimiento en la materia y con competencia en derecho comparado. El proceso de redacción incluyó consultas con actores de la industria y de un sector de los medios comunitarios.
Hay un inconveniente aún mayor. ¿Qué pasaría si se aplicara el mismo razonamiento a otras regulaciones? Problemas como el de la minería o los mercados financieros no serían objeto de atención de geólogos o economistas, sino que habría que dejar que las empresas mineras (el equivalente a “la industria”) o los bancos (que conocen “la realidad del sector”) a través de sus cuadros técnicos se regulen. Pues bien, importa recordar que la Ley de Radiodifusión de 1980, reemplazada por la de 2009, fue fruto de un acuerdo de los radiodifusores privados de entonces con la dictadura militar. Su centralismo, su carácter censor, sus rígidas disposiciones anticoncentración, su adscripción al lucro como única lógica de desarrollo de los medios, su confusión entre Estado y gobierno y su negación de aspectos básicos del derecho a la comunicación configuraron un resultado que difícilmente pueda reivindicarse en el marco del sistema democrático.
Otra opción sería que quienes han sostenido esta línea argumental subestimen la consistencia de los estudios académicos en comunicación, ignorando una rica tradición de investigación en el campo cultural y de los medios desarrollada a nivel mundial con amplitud de enfoques teóricos y metodologías. Desconocer esta tradición supone además negar la importancia de la especificidad de la comunicación y la cultura como objeto de estudio, en un momento que ocupa un lugar central en las sociedades contemporáneas. Peor aún: esta posición descalifica la formación profesional y académica de quienes cotidianamente trabajan para informar al conjunto de la ciudadanía.
La ley 26.522/09 recupera conceptos académicos debatidos en las carreras de comunicación social y en el periodismo e invoca la diversidad cultural como valor. Lo hace en forma articulada con la doctrina jurídica de libertad de expresión. Al tiempo que promueve la pluralidad de actores en el sector de los medios, ningún artículo de la ley puede ser usado para restringir la difusión de información u opiniones.
La norma audiovisual es, como toda ley, perfectible. Los defectos a los que suele aludirse cuando se señala su presunto academicismo no surgen del texto aprobado por el Congreso sino de una aplicación cuya discrecionalidad, a nuestro juicio alta, es objeto de debate y seguramente tendrá impacto en la controversia judicial en curso y en la eficacia de la ley a mediano plazo.
Es legítimo y necesario criticar la ley así como su aplicación. Pero la crítica se descalifica a sí misma cuando disfraza como evidencia una especulación desinformada. Si el contexto de discusión pública sobre la ley y su aplicación se nutriera de información y no de suspicacias, quienes suscribimos este texto no deberíamos aclarar que no es autorreferencial y que conocimos el proyecto de ley audiovisual sólo cuando fue hecho público, lo que no nos impide valorarlo como un gran avance.
*(UNQ-UBA). **(UNQ-Conicet)
La incumplida Ley de Medios
Por: Julio Raffo*
La presidenta Cristina Isabel Fernández (“Elizabeth” para los anglófilos) y la AFSCA nunca se tomaron en serio a la Ley de Medios, salvo en lo que consideran, erróneamente, que es un instrumento apto para acabar con el Grupo Clarín.
Ni Cristina Isabel ni la AFSCA tienen en cuenta a las emisoras comunitarias. Ella las ignoró en la reglamentación de la ley, y la AFSCA en sus llamados a concursos, manteniéndolas dentro de la categoría jurídica de “entidades sin fines de lucro”, con lo cual se ignora que la ley les atribuye a ellas la condición de “… ser gestionadas por organizaciones sociales de diverso tipo… (y que) Su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio, como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación.” No obstante nada les dan de los fondos que la ley asigna al “…apoyo a servicios… comunitarios…” (Art. 97).
No sólo la AFSCA, además, se erigió en protector de los (no siempre legítimos) reclamos de SADAIC, AADI y CAPIF, cuando esas entidades administran derechos de propiedad (intelectual) de particulares, que ya tienen una amplia protección civil y penal en la Ley 11.723.
Ni Cristina Isabel ni la AFSCA han hecho el plan técnico necesario para “…la instalación y operación de servicios de radiodifusión” que debía realizarse en 180 días. Pasaron tres años y esa obligación sigue incumplida. Este plan es necesario, entre o tras cosas, para que se pueda determinar cuántas emisoras constituyen el 33% del espacio reservado para las empresas “sin fines de lucro” en cuya categoría se incluyen –con fórceps– las emisoras comunitarias.
La falta de plan técnico no le impidió otorgar licencia de televisión digital a 360 TV, C5N, CN23 y a la UOCRA (o sea a los “amigos” Pierri, Hadad y Gerardo Martínez), mientras las emisoras comunitarias siguen maltratadas y olvidadas.
Ni Cristina Isabel ni el Incaa han dado cumplimiento a lo dispuesto por el Dec. 1225/10, que establece que: “A los fines de facilitar la adquisición de los derechos de antena, el Incaa creará un registro de películas nacionales y telefilmes en condiciones de ser adquiridos”, y las empresas de televisión aprovechan este incumplimiento para no cumplir con la obligación de pasar películas nacionales.
La AFSCA nunca requirió el cumplimiento del Dec. 1225/10 que dispone que “Los licenciatarios deberán informar a la Autoridad de Aplicación el cumplimiento del artículo 67 de la Ley N° 26.522 detallando el listado de obras audiovisuales adquiridas y el precio pagado por cada película o telefilme, acompañando el correspondiente contrato de adquisición”. Pero los licenciatarios no informan, ni llevan los contratos, ni pagan el precio, porque nada cumplen y, desde hace tres años, el INCAA y la AFSCA son cómplices de esos incumplimientos.
En este marco de incumplimiento injustificado y generalizado de la ley asoma en el horizonte el 7D, día en el cual, según una interpretación capciosa, la Afsca podría empezar a tramitar el proceso licitatorio de licencias y bienes aún antes de que el Poder Judicial resuelva el fondo de la cuestión respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los Arts. 45 y 161 de la Ley de Medios.
El respeto a la Constitución y a la ley obligan a las autoridades a actuar dentro de sus límites: las licencias de las veinte empresas que deben adecuarse a las restricciones sólo podrán ser legalmente ofrecidas a terceros una vez que esté firme o consentida la caducidad de las mismas, la cual debe ser decretada de acuerdo a las reglas del debido proceso y a las disposiciones que la misma ley, y su decreto reglamentario establecen.
Otro tipo de procedimiento, o el “ir por todo” para disponer de prepo de esas licencias o de los bienes que hoy permiten su utilización, configuraría no sólo un delito sino, también, el signo indudable de un grave desequilibrio institucional y personal por parte de quienes lo ordenen y ejecuten.
*Ex titular de la Dirección de Normativa del ComFeR - Legislador Proyecto Sur
Fuente: Diario Perfil

Trabajadores de la Editorial Perfil deciden el retiro de firmas

Comunicado de los trabajadores de prensa de Editorial Perfil:
Durante las negociaciones establecidas en sede ministerial debido al incumplimiento por parte de Editorial Perfil en relación con lo establecido en el Acuerdo Paritario 2012 (la empresa desconoce los derechos de los editores y colaboradores en tanto trabajadores bajo convenio), la editorial decidió de manera arbitraria el despido de 21 trabajadores.
Los telegramas fueron enviados el 22 de octubre. Desde esa fecha el Ministerio de Trabajo decretó la conciliación obligatoria. Durante este período se realizaron múltiples audiencias en las cuales Perfil mantuvo una postura inflexible.
Terminada la etapa conciliatoria, la Asamblea de Trabajadores había resuelto volver al paro de actividades si Editorial Perfil no retrotraía los despidos. Finalmente, el Ministerio de Trabajo dictó una nueva conciliación que culmina a fines de diciembre.
Ante esta situación, los trabajadores de prensa de la editorial decidimos por unanimidad repudiar la actitud patronal exigiendo que se garantice la continuidad laboral de los compañeros afectados por los telegramas de despido.
Por este motivo, la Asamblea ha dispuesto retirar las firmas de las notas que se publiquen en los medios de la editorial mientras dure la nueva conciliación obligatoria. Consideramos que Perfil ha contado con tiempo suficiente para rever su actitud.
Los trabajadores de Editorial Perfil queremos trabajar en paz. Reclamamos que la empresa retire los telegramas de despido y se atenga a cumplir con los acuerdos y convenios firmados.
Exigimos la estabilidad laboral y el respeto de nuestros estatutos y convenios.
Asamblea de Trabajadores de Editorial Perfil
Comisión Gremial Interna - UTPBA
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Marcelo Stubrin: "“El Gobierno está infringiendo la ley de Medios"”

Marcelo Stubrin, flamante director de Afsca como representante de la oposición, afirma que la norma hoy no está garantizando el “pluralismo” que proclama, pide transparencia para saber quiénes son los propietarios de los medios y pronostica que la pelea del Gobierno con Clarín terminará finalmente en la Corte Suprema
Por: Ana Gerschenson
Histórico dirigente del radicalismo, Marcelo Stubrin fue recientemente designado director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) por la oposición.
Desde su nuevo cargo, asegura a WE que "hay un discurso de pluralismo que no está llevado a la práctica" y que el Gobierno debe aplicar lo que la norma ordena, como la publicación de un registro de propietarios de los medios.
Además, pronostica que la disputa entre el Gobierno y el Grupo Clarín sobre el artículo de desinversión terminará pronto y en la Corte Suprema de Justicia.

¿Cuál es su desafío como director del AFSCA?
Es un tema muy importante en la Argentina de hoy. Está en juego, primero, el renacimiento de una institución que ha sido manejada con mucho secreto y clandestinidad, casi como si no hubiera allí vida democrática. En segundo lugar, por la batalla de público conocimiento donde vale la pena tratar de que sea un poco menos penosa y, tercero, porque la pantalla me está asustando, está monocolor y monocorde. La televisión y la radio transmiten al unísono y la ley pide diversidad, tiene un discurso de la diversidad y en la práctica me parece que no está garantizando está diversidad.

¿Monocorde en qué sentido?
Hay mucha gente que apoya al Gobierno de un modo militante y convencido, y me parece bien que haya gente que lo haga, pero las voces alternativas se van reduciendo. Hay un discurso de pluralismo que no está llevando a la práctica.

¿Y qué es lo que sucede?
Hay que poner las cosas en orden. Las licencias tienen que estar en un registro y la ley pide que ese registro esté publicado en Internet y que todos podamos saber quiénes son los propietarios de los medios, acá hay cosas que está prohibido vender y se venden, no se sabe si están aprobadas las ventas o no. Esa información tiene que estar disponible.

Lo dice por las radios que vendió Daniel Hadad…
No doy nombres. Quiero saber todo y que todo esté publicado, porque es un mandato de la ley. Yo no vengo a tomar revancha de ninguna situación.

La desinversión para todos los demás grupos, con excepción de Clarín, ya entró en vigencia hace un año...
La desinversión es la consecuencia de que todos sepamos quién es dueño de cada cosa. Hoy no sabemos.

Pero hubo una conferencia de prensa de Sabbatella explicando con porcentajes un cuadro de propietarios de medios...
No dijo la información de base. Hay números aproximados, 50, 30, 25. Tal grupo tiene tal cosa, tal grupo tal otra. Más allá de los errores y de las actitudes relacionadas al tema Telefónica, que es una cuestión que simplemente se debe constatar, si sos propietaria de tu casa, tu escritura tiene que estar inscripta a un registro de la propiedad, y a nadie se le ocurre pensar que hay otro que es el propietario, que la vendiste, y que no está anotado en ningún lado.

Anotado no se presentó aún nada...
Por eso digo que las cosas sean claras. Porque probablemente hay cosas de la ley que haya que cambiar, que mejorar.

¿Qué cree que pasará el 7D?
No lo sé. En primer lugar, no quiero dar opinión sobre la cuestión judicial porque no quiero que nadie me recuse. Lo que si quiero decir, como una opinión ciudadana, es que de acuerdo a lo que dijo la Corte, el 7 de diciembre el Gobierno cumple con sus normas y va a haber sentencia convalidada por la Corte. Ese día empieza un procedimiento que, según Sabbatella, demora aproximadamente 90 días. Esos 90 días son suficientes para que la Corte se pronuncie, porque esto termina en la Corte.

¿Y eso es una garantía?
Así funciona nuestro ordenamiento legal, es el Estado de Derecho. Por el modo en que se pronunció la Corte, creo que en muy poco tiempo habrá una sentencia que resuelva la cuestión de fondo, no antes del 7 de diciembre pero si antes de que los hechos se produzcan.

Mencionó dos veces el hecho de que es una ley mejorable…
Es una ley que debe ser mejorada porque es mala, nosotros votamos en contra, pero incluso para algunos sectores que votaron en general a favor, es una ley que tiene a muy pocos con conformidad plena, porque el concepto de la concesión es correcto en el espacio radioeléctrico, no puede haber mil radios o mil canales, es un espacio finito y allí hay que dar concesiones. Pero el cable no, el cable es infinito y se le aplica el mismo plazo que se le aplica a la concesión de una radio y allí hay inversiones más complejas, largas y que requieren más tiempo. El gran debate de esta cuestión es que las telefónicas manejan el 70/80% de Internet, las dos compañías son propiedad de una sola. Internet es monopólico al 80. Y si se pone una radio en la Capital, que eso también es un problema de reglamentación, que se pueda escuchar desde La Plata hasta Zárate, y sumen 35% de la población, la radio infringe las normas de la ley, eso no quiso decir la ley. Ése no es el 35% del que estamos hablando.

¿Y esto podría terminar en proyecto de reforma de la ley por parte de la UCR?
Estas cosas hay que discutirlas. Uno está de acuerdo en tener límites, por eso la Argentina no permitió, con acuerdo de todo el mundo, que las telefónicas den televisión. Las telefónicas dan Internet pero no televisión, queda por fuera de esta ley Internet, pero resulta que por Internet también se ve televisión, y cada vez más. Hay una competencia interplataformas e intraplataformas. Entonces, es un debate que hay que dar, y acá hay una empresa que da triple play, es decir, que da los tres servicios. Y se espera que haya empresas que dén cuatro servicios: cable, Internet, teléfono y telefonía móvil. ¿Cuánto va a demorar la telefonía móvil en ser capaces de transmitir televisión? Muy poco. Es lo que resulta fascinante de este mundo.

Si Sabbatella no le contesta, ¿qué piensa hacer?
Seguir insistiendo. Yo no represento puntos de vista de empresas, represento el punto de vista del interés general, ése es el mandato que tengo de mi partido. Quienes pensaron que hacía falta una ley y de quienes discreparon o presentaron proyectos alternativos y, la mayoría de ellos, tuvieron que votar en contra de esta ley. Mientras, estoy en un organismo que debe aplicar estos puntos, que no encuentro y que no están explicados, pido información o que se apliquen, se lleven a la práctica. El artículo 57, el de registro de licencia, en el último renglón, obliga a establecer un mecanismo de consulta pública vía Internet del registro público de licencias y autorizaciones. Obliga, pero eso no pasa.

Entonces, ¿cree que es el Gobierno mismo el que no aplica la ley de Medios?
Exactamente a eso me refiero, el mismo Gobierno está infringiendo la ley de Medios. No cumple con la ley. Vamos a ver cuándo convocan a la primera reunión de directorio, a mí me gustaría que sea abierta y pública.
Fuente: El Cronista

Víctor Hugo Morales: “Mi ‘cercanía’ con el Gobierno es una construcción de los medios para hacerme vulnerable”

En una entrevista con WE, el periodista Víctor Hugo Morales denuncia que se busca minar su credibilidad convirtiéndolo en un “personaje apegado” al kirchnerismo por su postura militante en favor de la ley de Medios. También niega la contundencia y masividad de los cacerolazos del 13S y el 8N y asegura que la gente se volcó a la calle sólo por la “manija” de los medios
Por: Micaela Pérez
Sus históricos relatos radiales lo convirtieron en un emblema del periodismo deportivo y en uno de los relatores de fútbol más importantes de la Argentina, adonde llegó hace más de 30 años procedente de su Uruguay natal. La potencia de su voz, la palabra precisa en el momento justo y la metáfora perfecta siempre a tiro, se transformaron pronto en su sello personal y hoy no hay periodista deportivo que se precie que no encuentre en Víctor Hugo Morales a un referente de la profesión.
Pero su condición de relator -como alguna vez confesó- nunca se “devoró” al periodista y Víctor Hugo se atrevió temprano a incursionar como conductor de programas de interés general, hasta desembocar en Desayuno, el informativo con el que abría las primeras mañanas de Canal 7. Hoy, desde La Mañana de Continental y su ciclo televisivo Bajada de Línea, en Canal 9, es sin duda uno de los periodistas más controvertidos del momento. Su apoyo incondicional a la ley de Medios promovida por el Gobierno en su guerra contra Clarín le costó amores y odios en dosis casi simétricas, pero esas pasiones encontradas no lo amedrentaron. Ni mucho menos. Plantado en lo que llama su “lucha contra los monopolios desde hace más de 20 años”, hoy reniega del calificativo de “relator del relato” con el que lo chicanean sus detractores. “Me defino como un periodista absolutamente libre de toda pertenencia. Tengo puntos de vista que pueden estar en línea o en contra del Gobierno”, se ataja, en una cordial, pero también picante charla con WE.
Mate en mano, cómodamente sentado en su oficina de radio Continental, el periodista, fiel a su estilo, no se calla nada. Su relación con el Gobierno, la acción de los medios “dominantes” sobre los cacerolazos del 13S y el 8N, por qué demoniza a Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín, qué opina de la re-re de Cristina y la ruptura con su círculo de pertenencia social. Un Víctor Hugo auténtico y sin filtro.

¿Cómo define el momento político, social y cultural que vive hoy la Argentina?
Como apasionante, está discutiéndose cuál es la sociedad que vamos a parir. De este tiempo van a salir cosas muy interesantes que van a estar en pugna siempre, porque la vida es conflicto, que van a dejar muy claro qué tipo de sociedad se quiere de un lado y de otro.

Esa pugna, esa polarización tan marcada que divide a la sociedad, ¿termina con este ciclo o cree que ya no tiene vuelta atrás?
Creo que es así y que está bien que sea así, así es el mundo. Nosotros miramos nuestro ombligo, pero en todos lados el mundo está dividido en dos partes. Hay una parte que tiene los bienes y los medios, y otra que tiene, para mí, mejores argumentos. Hay izquierda y hay derecha, vigorosas y pujantes. La derecha defendiendo a rajatabla sus intereses y la izquierda pugnando por ocupar espacios y sostenerlos. Es maravilloso que eso ocurra.

La confrontación genera a veces mucha intolerancia, de un lado u otro. Este estado de situación, ¿no anula la posibilidad del debate, de poder encontrar espacios de consenso?
Yo celebro que el mundo esté en pugna, que haya una lúcida participación cada vez más de la gente y en todas partes hay un gran involucramiento de la juventud.

Y para hacer periodismo, ¿es un buen momento o tanto antagonismo complica el ejercicio de la profesión?
Depende de cuál es el grado de visibilidad que se tiene. En las personas de no mucha visibilidad, aunque sean buenos periodistas, las dificultades son importantes, porque no tienen muchos márgenes para sí mismos, están muy referidos a las empresas o a ciertos criterios del Gobierno, de la política en general. Dentro de las empresas se puede hacer periodismo hasta cierto punto, en muchos lugares ya no se puede. Uno puede encontrar periodistas que tienen una cierta proximidad ideológica con el Gobierno, pero que son críticos, pero jamás encuentra periodistas referidos a los medios dominantes que digan algo distinto a lo que piensan sus medios.

¿No contempla la posibilidad de que puedan coincidir en algunos puntos de vista? Como un periodista que trabaja en un medio oficial coincide con posiciones del Gobierno.
De acuerdo a ese razonamiento, llegaríamos a la conclusión de que todos los que están en los medios dominantes piensan como ellos, pero no todos los que están con una vinculación ideológica del Gobierno opinan siempre de una manera favorable al Gobierno. Te pongo como ejemplo a Eduardo Aliverti, un tipo en muchísimas ocasiones crítico. Me gustaría encontrar un periodista que salga del armado... Entonces, para el periodista es muy difícil, porque no puede ser que se piense siempre en línea con las empresas. Quien está cerca del Gobierno, lo están por ideología. En cambio, cuando se trabaja para los medios se trabaja para sus intereses. No puede ser que todos los periodistas estén de acuerdo en que dos diarios manejen el papel con el que se hacen los diarios en el país. Es inadmisible.

¿Su identificación ideológica o su cercanía con el Gobierno le costó perder el respeto o la amistad de algunos de sus colegas?
Todo eso es una gran construcción de los medios que no quieren que yo dé la pelea que doy por el tema que siempre fue leit motiv de mi vida: el comportamiento de los medios. Hace más de 20 años que digo cosas afines con lo que ahora está ocurriendo. La construcción de los medios para poder hacer vulnerable mi discurso me tiene que ubicar en una vereda en la que sea un poco menos creíble. ¿Qué opiné yo de la ley de las ART? Estuve en contra. Y lo mismo con la ley antiterrorista, el arreglo con Monsanto, o la posibilidad de que el voto joven fuera obligatorio. En la lucha de Moyano y la Presidenta sobre la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, estuve del lado de Moyano. ¿Cuántos reportajes creés que hago en la relación oficialismo-no oficialismo? (N. de R: busca entre sus papeles un informe de los entrevistados en su programa durante setiembre/octubre): 30 opositores y 33 oficialistas. Es balanceado.

¿Cómo se define entonces Víctor Hugo?
Como un periodista absolutamente libre de toda pertenencia. Ninguna. Ahora, tengo puntos de vista que pueden estar en línea o en contra del Gobierno. La ley de Medios es mi vida, antes del Gobierno incluso, y por supuesto que participo activamente; las AFJP; la ley de Asignación Universal por Hijo... De lo que estoy en contra en los medios es de la mentira. Los medios mienten todo el tiempo.

¿Qué tipo de relación es la que lo une al gobierno de Cristina Kirchner?
La cercanía, la refuto. Desde mi lugar, podría tener diariamente una reunión, un contacto con el poder. No tengo ningún contacto. Si hubiese alguna posibilidad de que incidieran sobre nosotros, ¿tendríamos 33 entrevistados, de un lado y del otro? Los 33 entrevistados que no son del palo del Gobierno y aceptan hablar conmigo, lo hacen porque saben que son bien tratados y que hay respeto.

¿Se siente un periodista influyente en el Gobierno? Cuando se impuso el cepo al dólar, anunció desde la radio que iba a pesificar sus ahorros y la Presidenta lo imitó.
La Presidenta no podía sostener el discurso de la pesificación sin ella ir a los pesos, ¡no lo podía sostener! La Presidenta lo único que hizo una vez fue darme la mano en la presentación del libro de Adrián Paenza, 10 segundos de contacto con ella es todo lo que he tenido en mi vida. Supongo que ella se da cuenta que no se puede estar diciendo que tenemos que vivir en pesos y que se sepa que tiene tres millones dólares. Seguramente ella tendría ganas, pero no tenía ganas de ceder al pedido de las corporaciones que le viven marcando su fortuna. Encontró en el comentario de alguien que dijo eso y lo nombró para justificar, quizá de una mejor manera, antes que decir de buenas a primeras ‘voy a tomar esta decisión‘. Por consiguiente, la influencia...

¿Y en la ley de Medios?
Es probable que tenga alguna influencia, porque es un tema en el que se me respeta. Ahora hace tres años que el Gobierno está de acuerdo, pero yo por este tema estuve confrontativo con el Gobierno, lo critiqué durísimamente. Es probable que genere que me tengan simpatía. La construcción de personajes que hace Clarín y sus allegados es muy precisa. Magnetto es estrictamente mafia. Las mafias normalmente terminan matando. Pero un medio de comunicación tiene una posibilidad mejor que la de matar a una persona: atacar su credibilidad. Yo he recibido algún ataque frente al cual hubiera preferido una bala. Han intentado construir el personaje de una persona apegada al Gobierno y que, además, según un mail que hicieron llegar a cuatro millones de personas, lo hacía por u$s 10 millones que supuestamente me habían dado.

La ley de Medios tiene el objetivo proclamado de democratizar a los medios. Difícilmente se pueda discutir. Sí se pone en tela de juicio el contexto en el que el Gobierno avanza con esta iniciativa: su ruptura con Clarín.
Que se conforme un conglomerado de medios es una desgracia del mundo hoy, porque el mundo en los años 90 y 2000 quedó completamente desregulado y hay concentración. El mundo va a tender a discutir otra vez lo de la concentración de medios, porque es una concentración corporativa. Hay un fenómeno nuevo y terriblemente peligroso para las sociedades, que es que haya quienes tienen el poder de establecer qué es lo que piensa el país, de determinar quién es el Gobierno y de quedarse con todos los bienes que haya. Es muy débil como argumentación de quienes están opuestos a la ley de Medios decir, “¿por qué ahora?”. Siempre hay un ahora, todo lo que tenemos es nuevo, el ahora está alimentado por otros tipos de elementos.

La concentración de medios “amigos” del poder, ¿no le preocupa?
¿Cuál concentración? ¿Discutimos los números?

Son muchos, más allá de los lectores/oyentes/televidentes que tengan.
¿Cuál es la influencia? No es verdad. Es una construcción. ¿De qué palo es C5N? ¿De qué parte del Gobierno? ¿Cuántas facciones hay en la interna de este gobierno o de cualquiera? Hay internas fuertes. Estos medios, en las divisiones internas, ya no son del Gobierno, ni siquiera le pertenecen, son empresas privadas que juegan un papel con los gobiernos de amistad y recelo, por lo tanto, ninguno está instalado como lo que llamamos un monopolio. Lo que importa acá es el número. ¿Cuáles son los medios del Gobierno? C5N vive hablando de inseguridad. Quiere decir que su apego al Gobierno es limitado. Pero además, ¿quién influye en C5N? ¿La Cámpora, Scioli, Rossi, Aníbal Fernández, Abal Medina...? No existe monopolio. Existe monopolio cuando hay una persona que concentra realmente el poder y en este caso estamos hablando de los medios dominantes. Es un disparate lo del monopolio del Gobierno, salta por los aires. Lo que digo para C5N corre para cualquier canal, menos para la TV pública que tiene una escasa penetración e históricamente se correspondió con los gobiernos. La TV pública sí puede morigerarse, y sería relativamente ideal. Un elemento nuevo es que los gobiernos tienen no solo el derecho sino la obligación de construir formas de poder para defender aquello para lo que han sido designados.

¿No se sobredimensiona la influencia de los medios? ¿Cómo explica que Cristina haya ganado con el 54% con los medios en contra?
Cristina tendría que haber ganado con el 85%, en realidad los medios le sacaron 30 puntos. Pero además, en la granítica división izquierda-derecha en la Argentina, hay un 30% de izquierda y un 35 ó 40% de derecha. El peronismo ha sido alimentado por mucha derecha, hay derecha dentro de todos los partidos. Los diarios contra lo que no pueden es contra un cierto bienestar que las personas puedan tener. Ese 20% que oscila es captable por la situación económica. La influencia de los medios es enorme.

El cambio en el humor social que quedó explicitado en los cacerolazos del 13S, del 8N y en el paro de la semana pasada, ¿también es obra de los medios? ¿No hay una falta de atención a las demandas de distintos sectores?
Ninguna. El Gobierno acepta las demandas por las cuales propuso ser Gobierno.

¿Pero escucha?
¿Qué es lo que tiene que escuchar? Esta es una tontería que repiten hasta el cansancio. ¿Qué es lo que tiene que escuchar? ¿Devaluar el dólar tiene que escuchar?

El reclamo por la inflación, por ejemplo.
Correcto. ¿Hace un año había inflación? ¿Cuándo empezó?

¿La inflación es una construcción mediática? El supermercado dice que no es así.
Te voy a decir algo del supermercado y las consultoras: si vos llegás a octubre de hace un año con esta “pavorosa” -pongámosle un adjetivo fuerte- inflación, y la gente opta por el Gobierno habiendo esa inflación, ¿qué ha ocurrido? Que cuando no había inflación me cansé de ver que la gente ganaba 400 pesos. Y ahora cada día me sorprendo más de saber lo que gana la gente en general: 7000, 8000, 13.000 15.000 pesos. Ha habido una distribución que por ahí es parte del Gobierno. Quiero decir que lo que ocurría con la llamada inflación no lo derrumbó al Gobierno. ¿Por qué lo tendría que derrumbar ahora? Porque está la ley de Medios de por medio. ¿Por qué en vez de salir a la calle votaron al Gobierno hace un año si las circunstancias eran las mismas?

Hay encuestas que dicen que el 30% de los que salieron el 8N habían votado a CFK.
Es mentira. Hay que tomar varias encuestas y hacer promedios. El promedio real debe ser un 1 ó 1,5%, sí lo hubo. Creo que no había nadie. Es una notable acción de los medios, una influencia que demuestra todo el poder que tienen, marca a fuego lo peligrosos que son, formatean a la gente. ¿Escuchaste algún argumento desarrollado y propio de alguna persona? Fue la manija de los medios.

¿Sólo “la manija de los medios” movilizó, no sé la cifra, se habla de 500 mil, hasta de un millón de personas en todo el país?
Es inexacto. No hubo ni 100.000, los diarios instalaron... ¡Mirá el poder que tienen! ¿Sabés cómo se paraban los manifestantes a 10 metros del Obelisco? Cada tres, cinco, siete metros. Hacían bulto para que los tomaran y donde cabían ocho personas había una.

¿No debe existir, para poder “manijear” una base de descontento real al menos?
Los 100.000 o 70 mil que salieron, según la Policía Federal, ¿cuánto valen al lado de los millones que no salieron? ¿Por qué vas a escuchar a esos 100 mil? ¿Qué influencia puede tener eso? Si te dan un mandato para ser el Gobierno lo hacés como querés, y cuando no funciona, te votan en contra. Ése es tu riesgo.

¿El voto es un cheque en blanco entonces? ¿No es posible plantearse una corrección cuando las cosas no andan tan bien?
La pretensión de escuchar es de una liviandad intelectual que no tiene parangón, vos escuchando no hacés nada. Todos los días te van a pedir una cosa distinta. ¿Qué es escuchar en el tema del dólar?

Pero no todos los reclamos pasaron por el tema del dólar.
Es el único elemento nuevo de octubre a acá. Ni el Indec, ni la inflación, ni la inseguridad... Lo único nuevo son los dólares. A los “reclamos” los profundiza la cercanía del 7D. La habilidad y la perversión de Magnetto y de su gente determinan que, frente a los mismos elementos ante los que la gente eligió a determinado gobierno, con un trabajo que necesita el poder que él tiene, consiguen envenenar, hasta cierto punto. Porque todavía dicen que la Presidenta tiene un 45% de intención de voto.
Fuente: Diario El Cronista

Tenembaum y Lanata hablan de Víctor Hugo Morales

Gerente de Telefe: "no tenemos nada que ver con Telefónica de Argentina"

A pocos días del denominado 7D, el gerente de Relaciones Institucionales del grupo Telefe, Heber Martínez, aseguró que respetan la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y a la autoridad de la AFSCA, y que presentarán su plan de adecuación la próxima semana. Martínez aseguró que no tienen relación con la prestadora de servicios públicos, Telefónica de Argentina, sino que su vínculo es con la empresa de inversiones Telefónica de España, por lo que –dijo– no quedarían alcanzados por la limitación que prohíbe a empresas de servicios públicos tener medios de comunicación
Además, el gerente de Telefe consideró que tampoco son alcanzados por la limitación a empresas extranjeras, ya que están amparados por la Ley de Bienes Culturales de 2003.

¿Quiénes son los dueños de Telefe?
Nosotros aportamos la documentación societaria para demostrar que nuestros accionistas, que conforman la voluntad de la empresa, son Enfisur y Antártida Comunicación. Si se sigue hacia arriba hay una empresa de contenidos digitales que está en España, y más arriba todavía una empresa de inversiones, que se llama Telefónica. Hemos demostrado a la AFSCA que no tenemos nada que ver con Telefónica de Argentina. Somos una empresa de televisión abierta, productora de contenidos, que no explota ningún tipo de servicio público en el país.

La ley también establece límites a la propiedad de medios por parte de empresas extranjeras...
En este punto la legislación ha sido muy coherente. La LSCA lo que hace es remitir a la Ley de Bienes Culturales, que puso la restricción del 30 por ciento a empresas extranjeras. Pero la Ley de Bienes Culturales es muy clara en el artículo 2, cuando establece que aquellas empresas que ya habían invertido en Argentina no eran alcanzadas por esa limitación.

Hay otro punto conflictivo que tiene que ver con el 35 por ciento de audiencia que se puede alcanzar...
Estamos excedidos en eso. Sabemos que tenemos que desinvertir, lo vamos a hacer. Acataremos lo que diga la AFSCA después del 7D y antes estaremos presentando nuestro plan de adecuación. Respetamos las normas, respetamos las autoridades de los países donde hacemos negocios.
Fuente: PáginaI12

Telefe anticipa que va a desinvertir

Telefe tiene un plan que presentará antes del 7D. Foto Fernando Pérez Re, Diario Crónica
Lo dijo en una nota mano a mano con Diario Crónica, el gerente de relaciones institucionales de esa empresa, Heber Martínez.
El Grupo Telefe es una de las sociedades de medios que deberá presentar un plan de adecuación ante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) antes del 7 de diciembre. En los últimos días, desde el Grupo Clarín se han cuestionado principalmente dos aspectos de esta empresa: su presunta vinculación con una prestadora de servicios públicos como Telefónica de Argentina y el hecho de depender de un grupo inversor extranjero como Telefónica de España, dos cosas prohibidas por la Ley de Medios. En esta entrevista con Crónica, el gerente de Relaciones Institucionales de Telefe, Heber Martínez, aclara las dudas sobre la situación del grupo. “Vamos a desinvertir”, asegura, sobre el exceso en el que incurre Telefe al tope del 35% de población alcanzada por su cobertura.

Se le imputa a Telefé el hecho de su vínculo con una empresa de servicios públicos y con Telefónica de España. ¿Cuál es la postura de la empresa al respecto?
No tenemos ningún tipo de vínculo con Telefónica de Argentina en los términos que dice la ley. El segundo punto, relacionado con la nacionalidad: Telefe es de Telefónica de España.
Nuestros principales accionistas son Enfisur y Atlántida Comunicaciones, si llegás más arriba llegás a una empresa que se llama Telefónica pero se podría llamar España S.A., ahí es el segundo punto de discusión, de si una empresa española puede o no tener medios en la Argentina. Esto es algo que ha sido discutido durante años con distintas legislaciones, como la ley de bienes culturales, que es la ley que establece que todas aquellas empresas de medios que hayan comprado con anterioridad a esa ley no estaban alcanzados por esa limitación.

¿Sobre la cobertura de población Telefe está excedido a los términos de la ley?
El artículo 45 de la ley, que es el que se refiere a la multiplicidad de licencias, tiene dos partes: la primera está relacionada con la cantidad de licencias que puede tener un grupo inversor, una sociedad de medios, que son 10. En el Grupo Telefe somos 9 canales de televisión abierta. Pero sí tenemos un exceso en lo que es cobertura, que es la segunda parte del artículo, que dice que la cobertura no puede ser más del 35% de la población.

¿Tuvieron que presentar un plan de adecuación?
Ante las distintas conversaciones y presentaciones de documentación surgió este punto, en el que la AFSCA vio un exceso. Como somos respetuosos de las normas de los países donde operamos, seguiremos un proceso de adecuación a la ley y vamos a desinvertir. Las leyes están para cumplirlas.

¿Lo van a presentar antes del 7 de diciembre?
Por supuesto. Con la AFSCA ya hubo distintos intercambios de documentación, estamos siguiendo todos los pasos formales que establece la ley de procedimientos administrativos para llegar al 7 de diciembre con un plan presentado.
Fuente: Diario Crónica

Telefe rechaza tener vínculos societarios con Telefónica de Argentina
Sus accionistas explicaron que el canal es independiente a la operadora de telefonía y que solamente deberán reducir su cuota de mercado para adaptarse a la norma
Por: Andrés Sanguinetti
A un poco más de una semana del estigmatizado 7 de diciembre (7 D) como plazo final para que los grupos periodísticos se adecuen a la Ley de Medios, el grupo Telefe insiste en que solamente deberá reducir su cuota de mercado y que es una sociedad independiente a Telefónica de Argentina.
Para los dueños del Canal 11, sus accionistas controlantes son las empresas Atlántida Comunicaciones S.A. y Enfisur S.A, que no tienen vinculaciones societarias o comerciales con la operadora local de telecomunicaciones.

De esta manera se refirió ayer Eber Martinez, gerente de Relaciones Institucionales de Telefe, ante El Cronista, a la polémica abierta por el futuro de las actividades del canal luego de que se inicie el proceso de adecuación de activos que, según la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), deberá comenzar el próximo 10 de diciembre.
En el caso de Telefe, debería estar comprendida por una serie de impedimentos y limitaciones establecidas entre los artículos 24 al 31 referidos a las condiciones de admisibilidad y en los que se hace referencia a empresas periodísticas vinculadas con una operadora de servicios públicos y a las subsidiarias de empresas extranjeras.
Para algunos sectores, Telefe debería cambiar de dueños por sus vínculos con Telefónica.
Sin embargo, Martinez sostuvo que la empresa ya “ha documentado ante las autoridades competentes que no posee participación alguna, ni relación accionaria o ejecutiva, con ninguna prestadora de un servicio público, nacional, provincial o municipal”.
De todos modos, admitió que, mas allá de las sociedades locales que poseen el capital de Telefe, el controlante final de la sociedad es Telefónica de España. “Telefe pertenece a TDigitales, que es la empresa de medios del grupo español”, agregó Martinez, para quien la participación del grupo europeo “tampoco nos obliga a desinvertir por tener capitales extranjeros como accionistas”.
Según su visión, la norma votada por el Congreso en octubre de 2009 remite a la Ley de Bienes Culturales a la hora de analizar la situación de los medios controlados en más de un 30% por empresas con sede en el exterior. En este caso, Martinez explicó que “Telefe fue constituida previamente a esa ley, que no es retroactiva y que siempre tuvo en cuenta la seguridad jurídica de los inversores”.
Para Martinez, Telefe solamente quedará comprendida por el artículo 45 de la Ley de Medios referido a la cuota de mercado y multiplicidad de licencias. La norma ordena el porcentaje de mercado que cada grupo puede controlar a nivel nacional. Lo establece en un 35% del total. En su página oficial, el Afsca asegura que Telefe excede ese límite al abarcar el 45,5% del total.
En este punto, Martinez reconoce el exceso y admite que deberán adecuarse a la limitación. Es que Telefe posee nueve señales que emiten en la Ciudad de Buenos Aires; los partidos bonaerenses de General Pueyrredón y Bahía Blanca; y las capitales provinciales de Neuquén, Santa Fe, Salta, Tucumán, Córdoba, y también en la ciudad de Rosario. Seguramente, la sociedad deberá optar por desprenderse de una de estas nueve señales.
Frente a este panorama, y a pesar de la oposición del Grupo Clarín, es de esperar que el AFSCA haga lugar a la documentación presentada por Telefe y solamente la obligue a cumplir con el límite referido a la cuota de mercado.
Fuente: El Cronista

Telefe: “La Ley de Medios es democrática y vamos a cumplirla”
En una entrevista con INFOnews, el gerente de Relaciones Institucionales del canal, Heber Martínez, explicó que la empresa se adecuará a la normativa antes del 7D y se desprenderá de las licencias que excedan el máximo permitido
Por: Pablo Méndez Shiff
Falta una semana para el 7 de diciembre, el plazo fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que los grupos de medios se adecuen a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), y todas las compañías están ultimando los detalles de la presentación que harán ante el Afsca. Tal es el caso de Telefe, que asegura que presentará un plan de adecuación la semana próxima y que "va a cumplir con la legislación argentina".
En los últimos días, se publicó en algunos medios –principalmente del Grupo Clarín- que el canal no está en regla con algunos puntos de la ley. En una extensa entrevista con InfoNews, el gerente de Relaciones Institucionales de Telefe, Heber Martínez, despejó las dudas, punto por punto. Y afirmó: “Telefe, como empresa privada, sabe que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. La Constitución es muy clara en eso. Hay que adecuarse a la ley y nos adecuamos. No hay vuelta”.

¿Cómo está compuesto el Grupo Telefe?

Telefe es una gran productora de contenidos audiovisuales, tanto para televisión como para cine. Es la tercera en Latinoamérica, después de O Globo y Televisa. A la vez que tiene nueve licencias de canales de televisión abierta, que busca darle un sentido federal al grupo: tenemos presencia desde el NOA hasta la Patagonia, con producciones propias y noticias locales.
Lo que hacemos es, además de toda la producción que se emite acá, es la página web que estuvo muy comentada estos días y está en un proceso de renovación; y a la vez es una gran operadora internacional porque sus contenidos están en Europa, en Asia, en Latinoamérica. Ya estamos emitiendo para todo Estados Unidos; la comunidad latina está viendo nuestros productos y tenemos mucho feedback en Internet.
Y como operamos en distintos países, somos muy respetuosos de las normas. Por ejemplo, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se sancionó hace tres años y desde hace tres años que estamos con intercambios de documentación con el AFSCA.

¿Cómo es el proceso de intercambio de documentación ante la autoridad de aplicación de la ley?
Quizás está todo más activo ahora porque se acerca la fecha límite que fijó la Corte Suprema, pero te cuento un poco qué pasó este año, que hasta ahora no lo contamos en ningún medio. A raíz de lo que establece la ley, que se puede pasar por un proceso de adecuación de forma voluntaria o sino se hace de oficio, el AFSCA dictó la resolución 297 que establece cómo es el período de adecuación. Y a partir de ahí, empezamos a recibir requerimientos de documentación, de tenencias de licencias, de accionistas. Hoy en día, hay tres puntos que están instalados y queremos explicar.

Punto 1. ¿Quién es el dueño de Telefe?
El dueño de Telefe, en última instancia, es Telefónica de España. No tenemos ningún tipo de vínculo con Telefónica de Argentina, ni societario ni ejecutivo. Las sociedades controlantes de Telefe, en el sentido que establece el artículo 25 de la ley, son Enfisur y Atlántida Comunicaciones, como se ve todos los días en el videograph que pasamos por la pantalla. No tenemos ninguna empresa de servicios públicos como Telefe en Argentina.

Punto 2. ¿Es Telefe concesionaria de un servicio público? (La ley prohíbe la concesión de licencias a empresas que lo sean)
Telefe no explota ninguna empresa de servicio público ni tiene vinculación con Telefónica de Argentina. Nosotros demostramos con papeles y con documentos, no con notas periodísticas, que las sociedades controlantes son estas dos. Y que sí hay una sociedad que se llama Telefónica, Telefónica Holding de España, que es una sociedad inversora de la cual cuelgan todas estas sociedades, de las cuales debe haber 25. Es una sociedad que no toma ningún tipo de decisión sobre Telefe, porque solamente es una sociedad de inversiones que se llama Telefónica de España, como se podría haber llamado España SA. Telefónica de España opera medios acá y en España, opera telefonía, plataformas de Internet, portales de Internet como puede ser Terra. Por lo cual, no es controlante sino inversora sobre los medios.

Punto 3. ¿Una sociedad española puede tener medios en Argentina?
La ley de radiodifusión fue modificada en varias oportunidades antes de la última modificación, que era una modificación necesaria porque era integral. Era una ley que venía toda por partes. En la Ley de Bienes Culturales, se establece claramente que la inversión en medios extranjeros no puede pasar del 30%, salvo que hayas comprado antes. Porque tenía un criterio de seguridad jurídica para los inversores extranjeros, no sólo para España.
Acá también lo que hay que ver es la voluntad del legislador: a lo largo de los años, los legisladores respetaron las inversiones extranjeras. A partir de la ley 26.053, empezaron las cooperativas a poder operar y ahí se empezó a desmonopolizar los medios y abrir un poco a todas las voces la posibilidad de explotar licencias. Cuando se sanciona esa ley, también se refrendan las inversiones extranjeras: el legislador las ratifica.

¿Esa situación se ve modificada por la ley de medios sancionada en 2009?
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece para la inversión extranjera una derivación a todas las normas anteriores. Dice: los extranjeros se rigen por la Ley de Bienes Culturales. Deroga todas las normas vinculadas a la radiodifusión salvo la de Bienes Culturales, justamente por esto: porque el legislador y el gobierno, a través de los foros que se hicieron en esta ley muy participada, buscaron preservar la seguridad jurídica y por el otro lado desmonopolizar los medios.

Punto 4. La multiplicidad de licencias
El artículo 45 de la LSCA tiene dos partes: una que dice que podés tener hasta diez licencias de aire de radiodifusión. Nosotros tenemos 9, en ese sentido estamos bien. Pero estamos mal en el hecho de que no podés cubrir más del 35% de la audiencia potencial según la norma. En ese caso estamos excedidos. El presidente del AFSCA (Martín Sabbatella) hizo una presentación que fue como un cierre a todo este período que te vengo contando, presentando papeles y documentación. Para nosotros, las leyes están para cumplirlas y las políticas públicas no las definimos nosotros. Él hace un análisis de todos estos puntos y establece que el punto que tenemos que solucionar es el del 35% de la cobertura. Tema que vamos a solucionar desinvirtiendo: Telefe va a desinvertir.

¿Ya decidieron en qué van a desinvertir?
El plan de adecuación lo vamos a presentar en tiempo y forma antes del 7 de diciembre, que es la fecha límite para presentarlo. A partir de ahí, vamos a hacer una propuesta al AFSCA, quien decidirá si es viable o no, y lo vamos a cumplir. Es sencillo: las leyes están, hay que cumplirlas. Todos. Es lo que corresponde. Cuando las normas están sancionadas por los poderes democráticos como en este caso, y encima es una ley muy participada porque hubo foros, no hay vueltas.
Cuando el proyecto de ley estuvo listo, se hicieron los foros y tuvo una discusión a nivel nacional. Y después fue al Congreso, donde hubo también audiencias públicas. Y la ley rescata discusiones internacionales, es muy avanzada en eso. Rescata, por ejemplo, el 33% del espectro para organizaciones sin fines de lucro; eso es muy importante y es una discusión internacional que viene desde hace muchísimos años. Viene además esta parte de la monopolización, se establece que los que están excedidos tienen que desinvertir, cuestión que es lógica.

Entonces, Telefe se va a desprender de algunas licencias.
Telefe, como empresa privada, sabe que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. La Constitución es muy clara en eso. Entonces, nosotros estamos para hacer televisión, producciones de alta calidad, ganar Oscars para el país, ser líderes, entretener a la familia argentina, unirla.

¿Qué piensan de los grupos que desconoce la autoridad del AFSCA o que ya anunciaron que no se van a adecuar?
Son posiciones de cada uno. Nosotros tenemos esta regla de conducta acá y en todos los países en los que Telefe opera y vende contenidos. Hay que adecuarse a la ley y nos adecuamos. No hay vuelta.
Fuente: InfoNews