Por: Martín Becerra
Era difícil imaginar hace tres años, cuando el Congreso sancionaba la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que hacia el fin de 2012 muchos de sus artículos no serían aplicados y que ni la prometida democratización a corto plazo ni el cierre súbito de señales insignia del Grupo Clarín se concretarían. Una fecha, el 7 de diciembre, reactiva la discusión sobre un texto sobre el que se habló mucho y se hizo poco.
La contienda que protagonizan el Gobierno como principal impulsor de la ley y Clarín como el mayor grupo multimedios que la resiste, polarizó el debate público, pero adosó a la agenda cuestiones que eran tabú, como los intereses de grandes conglomerados que subordinan la línea periodística a su renta, o los lazos económicos del Gobierno con empresarios mediáticos afines. El escenario de la discusión, además, se ornamenta con un pesado arsenal de escraches sin presunción de inocencia ni derecho a réplica.
Sin respetarse la letra de la Ley –y en verdad, contradiciéndola–, hay movimientos recientes en el mapa de medios, con algunos grupos en ascenso (Vila-Manzano, Cristóbal López, Szpolski), con el Estado que emerge como emisor con potencia y con otros grupos, como Clarín, que ven acechado el dominio que ejercieron durante décadas. En otro plano, voces que apoyaron la nueva regulación audiovisual porque promovían la diversidad siguen huérfanas de respuesta a su reclamo histórico.
Este proceso encontró un revulsivo en los spots sobre el 7D. Hoy va despejándose el título de lo que sucederá a partir de diciembre, pero no así su contenido. Parece más claro el “qué” que el “cómo”:
1. El qué: la mejor interpretación legal sobre qué supone el 7D fue didácticamente provista por el especialista en derecho público Gustavo Arballo en su blog “Saber leyes no es saber derecho”. En su fallo de mayo pasado, la Corte Suprema indicó que el plazo de adecuación a la ley venció ya en diciembre de 2011. Lo que está en suspenso por la medida cautelar que tiene el Grupo Clarín es la aplicación del artículo 161 de la ley, pero al caer la cautelar el 7D, de no mediar fallo judicial, Clarín no contaría con un año de plazo extra, sostiene Arballo.
2. El cómo: lo que la Ley de Medios, sus reglamentaciones (sobre todo la Resolución 297/2010 que establece pautas para la adecuación) y los fallos de la Corte aportan en relación al tema apenas alcanzan para elucidar qué debería hacer Clarín. Pero las mismas normas ofrecen ambigüedad acerca de qué activos, y cómo, deben transferirse o venderse a terceros. De no mediar fallo a su favor, Clarín deberá adecuarse. Pero no es tan claro cómo debe hacerlo. Esto vale también para el resto de grupos que están en infracción y a los que el Gobierno permitió eludir la adecuación pese a no contar con cautelares, basándose en la premisa de que ello sería asimétrico respecto de la holgada posición de Clarín.
El fallo de la Corte conduce a que Clarín deberá encuadrarse en las generales de la ley. Lo que nadie sabe es cómo. ¿Será aceptado, por ejemplo, que los grupos se adecuen a través de transferencias a la parentela? Lo que sea autorizado en otros casos será, al final, válido también para Clarín.
La base normativa para gestionar los procesos de desinversión de quienes presentaron propuestas dista de ser diáfana. Pero hay menos respaldo aún para orientar la eventual intervención estatal en el caso de que, como es previsible, un grupo se resista a adecuarse a la ley.
Además, a las resistencias de los actores concentrados y a las ambigüedades normativas se suma un aspecto medular: el Gobierno optó hasta ahora por una interpretación muy selectiva y a cuentagotas de la Ley de Medios, restringiendo sólo al oficialismo la conformación de los órganos de control y de aplicación (Comisión Bicameral, Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual), así como la llamada Comisión de Análisis, Asesoramiento y Seguimiento de los Procesos de Adecuación. El Gobierno subordinó, en suma, la ejecución de políticas al único objetivo de despiezar a Clarín.
Para corregir lo actuado y para sembrar coherencia en la implementación de la ley se precisa dotar de legitimidad un proceso que viene revirado. Como la historia no acaba el 7D, el tipo de construcción que se realice con este material plagado de conflictos condicionará la eficacia de su continuidad a mediano y largo plazo.
*Especialista en medios. En Twitter @aracalacana
Fuente: Diario Perfil
domingo, 30 de septiembre de 2012
#7D El Tiempo y El País se ocupan de CFK vs. Clarín
Nueva batalla de Cristina con el gigante mediático de Argentina
Por: José Vales
A las largas cadenas nacionales, ahora se suma la publicidad para presionar a medios críticos.
Fue en una tanda de la emisión dominical del pasado 26 de septiembre de los partidos de fútbol, que ahora se llama 'Fútbol para todos' y que hasta hace dos años estaba bajo la órbita del grupo Clarín.
Allí, durante casi cinco minutos, el Gobierno le advirtió al grupo mediático que si no aplica el artículo 161 (de desinversión) de la ley de medios de comunicación sancionada en el 2009, llamará a concurso las señales en su poder.
Allí comenzó una nueva batalla entre el Gobierno y el grupo mediático más grande del país, en un episodio más que envuelve a la polémica presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que ya ha visto cómo miles de personas han salido a las calles a exigirle que deje de meterse en sus hogares -tan a menudo- a través de las cadenas o alocuciones de TV que hacen parecer a Argentina la Venezuela de Hugo Chávez.
La guerra contra el grupo Clarín no es nueva. El Gobierno se aferra a la fecha del 7 de diciembre como vencimiento del plazo dado por la Corte Suprema de Justicia para cumplir con la cláusula de desinversión. De esa manera, y si ningún juez la declara inconstitucional, el grupo deberá desprenderse de una buena parte de las casi 300 señales, entre cable, abierta y de radio, con que cuenta a lo largo del país.
Hoy es la guerra declarada, pero, entre el 2003 y el 2007, la relación entre el director ejecutivo de Clarín, Héctor Magneto, y el fallecido expresidente Néstor Kirchner y su sucesora y esposa, Cristina, era fluida. Máxime cuando el Gobierno renovó las licencias de los canales de televisión por 10 años en el 2004. Una relación que está sólidamente documentada en el libro 'Pecado original', de la periodista Graciela Mochkofsky.
La ruptura se produjo después de la crisis con los productores agropecuarios, entre marzo y junio del 2007, cuando el diario Clarín, desde su línea editorial, tomó partido abiertamente por "el campo". "Néstor Kirchner le cuestionó duramente a Magneto que él no estuviera de su lado y desde entonces comenzó esa suerte de divorcio", recuerda Mochkofsky.
El rompimiento fue primero verbal. Con ataques desde la tribuna de Kirchner o de la ahora Presidenta. Clarín respondía endureciendo su línea editorial. Luego llegaron las presiones judiciales y empresariales. Primero, para conocer la verdadera identidad de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble, hija del fundador del diario, bajo la sospecha de que fuesen hijos de desaparecidos durante la dictadura militar (1976-1983).
Después, el Gobierno planteó la batalla económica. Primero logrando que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no renovara el contrato para la transmisión de fútbol en el 2010, y después impulsando la producción de papel para periódicos como de "interés público", en diciembre del 2011, una actividad en la que el grupo Clarín y la empresa que edita el diario 'La Nación' tenían mucho poder.
Más recientemente, y por vía judicial, el Gobierno ha estado intentando que Clarín se desprenda de la firma que más factura: Cablevisión (TV por cable). "Desde que el conflicto se judicializó, Clarín siempre intentó bloquear la justicia, y el Gobierno, desguazar al grupo. Es imposible saber qué va a pasar, pero sin duda hay que seguir de cerca lo que suceda el 7 de diciembre", dice Mochkofsky. Y para quien se pierda el anuncio del 7 de diciembre, todavía podrá ver la publicidad de 'Fútbol para todos', del domingo 9 de diciembre, donde casi con seguridad el Gobierno brindará el parte actualizado de esta guerra.
Ultimátum de Fernández a la prensa
La presidenta amenaza al Grupo Clarín y le acusa de no cumplir la Ley de Medios
Por: Francisco Peregil
El Gobierno de Argentina ha marcado una fecha clave para la batalla que libra contra el Grupo Clarín, la mayor compañía mediática argentina, dueña del diario de mayor difusión, de canales de televisión en abierto y por cable, de emisoras de radio de onda media y FM, todos ellos situados en los primeros puestos de las listas de audiencia. El Ejecutivo ha anunciado que si antes del próximo 7 de diciembre el grupo no cumple con la Ley de Medios de 2009 y desinvierte en sus empresas audiovisuales, “el Estado se verá obligado a llamar a concurso público” para “adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado por la ley a nuevos titulares”.
Hasta 2008, la relación entre el mandatario Néstor Kirchner (2003-2007) y la actual presidenta, Cristina Fernández, era buena y fluida. A partir de ese año, en que se produjo en el país la llamada “crisis del campo”, hallar un comentario positivo en Clarín hacia el Gobierno resultó tan difícil como encontrar un mes donde la presidenta no lanzara algún ataque contra Clarín, a quien acusa de difundir un mensaje de “temor”, “miedo”, “desánimo” y “pesimismo”. Fernández ya anunció el 7 de septiembre que “la cadena ilegal” tenía “fecha de vencimiento”. Pero el pasado fin de semana el Gobierno dio un paso más al frente al emitir en la televisión pública un anuncio de casi cuatro minutos y medio, donde dejaba bien sentada su posición sobre el asunto y las medidas que pensaba adoptar:
“Queremos que marques un día importante en el calendario: el 7 de diciembre”, rezaba el espacio publicitario. “O como vamos a llamarlo desde ahora, el 7-D. La d es de diciembre, pero también podría ser de diversidad o democracia. Ese día, después de tres años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra por fin en vigencia uno de los artículos más importantes de la Ley de Medios Audiovisuales: el 161, que ordena la adecuación para los grupos que tengan muchas licencias y que garantiza más pluralidad de voces y más libertad de expresión”.
“Pero hagamos un poco de historia. El 10 de octubre de 2009 el poder legislativo aprobó una nueva Ley de Medios. Con gran participación y debate social a nivel nacional, que reemplaza a la antigua, creada por la dictadura. ¿Hace cuánto que se aprobó? ¿Tres años? Sí. Tres años. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces evitando los monopolios, establece un límite de licencias que pueden tener cada grupo empresario de medios. Y dispone, justamente, en el artículo 161, que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. También creó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) como órgano de aplicación y control. Hay que recordar que, cuando se aprobó, algunos grupos de medios presentaron medidas cautelares para que no se ponga en vigencia el programa de adecuación”.
El pasado 7 de septiembre, durante un discurso televisado, Cristina Fernández, aclaró que el resto de grupos ya habían cumplido con la Ley de Medios: “Las otras empresas, debo reconocerlo también, nobleza obliga… Es bueno reconocer las cosas buenas… Otras empresas y grupos mediáticos, que también habían planteado medidas cautelares y demás, las retiraron en su totalidad y hoy se someten a la autoridad de la AFSCA”.
Dos semanas después, el anuncio reproducía aquellas expresiones: “Pero, nobleza obliga, tenemos que admitir que todos los grupos reconocieron desde su origen al AFSCA como autoridad de control del sector y de aplicación de la ley. Salvo… el Grupo Clarín”.
El anuncio continuaba:
“Prestá mucha atención. Por la ley aprobada en el Congreso, cada grupo empresario puede operar cómo máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas: radios AM [Onda Media], FM o de televisión abierta. ¿Y el Grupo Clarín? ¿Cuántas tiene? Más de 240 sistemas de cable. Sí. Escuchaste bien: más de 240 sistemas de cable, nueve radios AM, una radio FM y cuatro canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional ilegal”.
Y recalcaba que solo el Grupo Clarín incumple la Ley:
“A medida que transcurrían los meses varios grupos empresarios de medios iniciaron los trámites para cumplir con la ley. ¿Y quién queda sin aceptar la ley? Adiviná… Solo quedó el Grupo Clarín. ¿Y entonces? El 22 de mayo de este año, la Corte Suprema de Justicia determinó la vigencia del artículo 161. Y fijó el 7 de diciembre, el 7-D, como fecha límite para cumplir con la ley. Hoy, tres años después… Sí, tres años después de aprobada la Ley y con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el Grupo Clarín se niega a todo. No reconoce al Afsca como autoridad de control y aplicación de la ley; se niega a presentar un plan de adecuación; se niega a cumplir con la Ley”.
El comunicado avanzaba lo que puede ocurrir el 7-D:
“Si el Grupo Clarín se sigue negando a cumplir con la Ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público, garantizando las fuentes de trabajo, para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado por la ley a nuevos titulares quienes, obviamente, deberán cumplir con todos los requisitos legales. Como cualquier hijo de vecino”.
El grupo no tardó ni un día en responder al Gobierno en el diario Clarín punto por punto y a través de su propio anuncio televisado: “Aunque el Gobierno quiere instalar otra cosa, el 7 de diciembre no debe suceder nada, ni jurídica ni fácticamente, con los medios del Grupo Clarín. Esto no es una opinión ni una interpretación. Es lo que dice la Ley y la Justicia. El Grupo Clarín impugnó judicialmente los artículos 45 y 161 de la Ley de Medios por violar varios derechos constitucionales. Ese juicio está en pleno trámite. Para proteger esos derechos mientras dure el juicio la Justicia dictó una medida cautelar que fue ratificada por la Corte Suprema. Si el 7 de diciembre ese juicio no está terminado, no pasa nada. Puede prolongarse la cautelar, como dijo la Corte. O puede empezar a correr un año más, el plazo de un año que establece la propia Ley de Medios. Ese año, como mínimo, tiene la Justicia para resolver la demanda de inconstitucionalidad. Mientras tanto, no debe pasar nada. Lo dice la Ley, lo dice la Justicia, lo dicen todos los constitucionalistas. Entonces… ¿Qué se busca con el relato oficial? ¿Preparar el terreno para otra cosa? ¿Terminar con el Estado de derecho en la Argentina?
Quedan apenas 68 días. Fernández auguró que en este periodo se producirán “cosas muy estrambóticas”. Pero también asegura sentirse “preparada” para lo que venga. El Grupo Clarín, mientras tanto, confía en la Justicia.
Lecciones de periodismo en Harvard
Cristina Fernández acudió esta semana a la Asamblea de la ONU en EE UU y aprovechó para impartir el miércoles una conferencia en la Universidad de Georgetown (Washington) y otra en Harvard (Boston). Fernández, que lleva un año sin ofrecer una rueda de prensa, tuvo que escuchar cómo un joven venezolano le preguntaba en Harvard: “En vista de los constantes ataques que medios, intelectuales y periodistas específicos, no necesariamente opositores sino críticos, han recibido durante su Gobierno, ¿usted cree que existe la pluralidad de ideas y la libertad de expresión en la Argentina?”
Después de contestar que nunca hubo en el país tanta libertad de expresión como ahora, Fernández insinuó que alguien le había dictado la pregunta al estudiante: “Te vi leer la pregunta, seguramente no tenés buena memoria para recordar lo que me querés decir”. Después, otro alumno le dijo: “Soy argentino también y me siento muy privilegiado de poder ser uno de los pocos argentinos que pueden hacerle preguntas”. Fernández explicó que en Argentina se había aprobado la Ley de Medios en 2009. “Es curioso que no haya llegado una información de esta naturaleza a una universidad tan importante como Harvard”, deslizó. Tras cargar contra el “monopolio” del Grupo Clarín, la presidenta volvió a insinuar que a los estudiantes les habían dictado las preguntas: “Sé que hubo muchos mails y periodistas que estuvieron haciendo las preguntas, pero también esto hace a la libertad”.
Fuentes: El País y El Tiempo
Por: José Vales
A las largas cadenas nacionales, ahora se suma la publicidad para presionar a medios críticos.
Fue en una tanda de la emisión dominical del pasado 26 de septiembre de los partidos de fútbol, que ahora se llama 'Fútbol para todos' y que hasta hace dos años estaba bajo la órbita del grupo Clarín.
Allí, durante casi cinco minutos, el Gobierno le advirtió al grupo mediático que si no aplica el artículo 161 (de desinversión) de la ley de medios de comunicación sancionada en el 2009, llamará a concurso las señales en su poder.
La guerra contra el grupo Clarín no es nueva. El Gobierno se aferra a la fecha del 7 de diciembre como vencimiento del plazo dado por la Corte Suprema de Justicia para cumplir con la cláusula de desinversión. De esa manera, y si ningún juez la declara inconstitucional, el grupo deberá desprenderse de una buena parte de las casi 300 señales, entre cable, abierta y de radio, con que cuenta a lo largo del país.
Hoy es la guerra declarada, pero, entre el 2003 y el 2007, la relación entre el director ejecutivo de Clarín, Héctor Magneto, y el fallecido expresidente Néstor Kirchner y su sucesora y esposa, Cristina, era fluida. Máxime cuando el Gobierno renovó las licencias de los canales de televisión por 10 años en el 2004. Una relación que está sólidamente documentada en el libro 'Pecado original', de la periodista Graciela Mochkofsky.
La ruptura se produjo después de la crisis con los productores agropecuarios, entre marzo y junio del 2007, cuando el diario Clarín, desde su línea editorial, tomó partido abiertamente por "el campo". "Néstor Kirchner le cuestionó duramente a Magneto que él no estuviera de su lado y desde entonces comenzó esa suerte de divorcio", recuerda Mochkofsky.
El rompimiento fue primero verbal. Con ataques desde la tribuna de Kirchner o de la ahora Presidenta. Clarín respondía endureciendo su línea editorial. Luego llegaron las presiones judiciales y empresariales. Primero, para conocer la verdadera identidad de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble, hija del fundador del diario, bajo la sospecha de que fuesen hijos de desaparecidos durante la dictadura militar (1976-1983).
Después, el Gobierno planteó la batalla económica. Primero logrando que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no renovara el contrato para la transmisión de fútbol en el 2010, y después impulsando la producción de papel para periódicos como de "interés público", en diciembre del 2011, una actividad en la que el grupo Clarín y la empresa que edita el diario 'La Nación' tenían mucho poder.
Más recientemente, y por vía judicial, el Gobierno ha estado intentando que Clarín se desprenda de la firma que más factura: Cablevisión (TV por cable). "Desde que el conflicto se judicializó, Clarín siempre intentó bloquear la justicia, y el Gobierno, desguazar al grupo. Es imposible saber qué va a pasar, pero sin duda hay que seguir de cerca lo que suceda el 7 de diciembre", dice Mochkofsky. Y para quien se pierda el anuncio del 7 de diciembre, todavía podrá ver la publicidad de 'Fútbol para todos', del domingo 9 de diciembre, donde casi con seguridad el Gobierno brindará el parte actualizado de esta guerra.
Ultimátum de Fernández a la prensa
La presidenta amenaza al Grupo Clarín y le acusa de no cumplir la Ley de Medios
Por: Francisco Peregil
El Gobierno de Argentina ha marcado una fecha clave para la batalla que libra contra el Grupo Clarín, la mayor compañía mediática argentina, dueña del diario de mayor difusión, de canales de televisión en abierto y por cable, de emisoras de radio de onda media y FM, todos ellos situados en los primeros puestos de las listas de audiencia. El Ejecutivo ha anunciado que si antes del próximo 7 de diciembre el grupo no cumple con la Ley de Medios de 2009 y desinvierte en sus empresas audiovisuales, “el Estado se verá obligado a llamar a concurso público” para “adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado por la ley a nuevos titulares”.
“Queremos que marques un día importante en el calendario: el 7 de diciembre”, rezaba el espacio publicitario. “O como vamos a llamarlo desde ahora, el 7-D. La d es de diciembre, pero también podría ser de diversidad o democracia. Ese día, después de tres años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra por fin en vigencia uno de los artículos más importantes de la Ley de Medios Audiovisuales: el 161, que ordena la adecuación para los grupos que tengan muchas licencias y que garantiza más pluralidad de voces y más libertad de expresión”.
“Pero hagamos un poco de historia. El 10 de octubre de 2009 el poder legislativo aprobó una nueva Ley de Medios. Con gran participación y debate social a nivel nacional, que reemplaza a la antigua, creada por la dictadura. ¿Hace cuánto que se aprobó? ¿Tres años? Sí. Tres años. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces evitando los monopolios, establece un límite de licencias que pueden tener cada grupo empresario de medios. Y dispone, justamente, en el artículo 161, que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. También creó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) como órgano de aplicación y control. Hay que recordar que, cuando se aprobó, algunos grupos de medios presentaron medidas cautelares para que no se ponga en vigencia el programa de adecuación”.
El pasado 7 de septiembre, durante un discurso televisado, Cristina Fernández, aclaró que el resto de grupos ya habían cumplido con la Ley de Medios: “Las otras empresas, debo reconocerlo también, nobleza obliga… Es bueno reconocer las cosas buenas… Otras empresas y grupos mediáticos, que también habían planteado medidas cautelares y demás, las retiraron en su totalidad y hoy se someten a la autoridad de la AFSCA”.
Dos semanas después, el anuncio reproducía aquellas expresiones: “Pero, nobleza obliga, tenemos que admitir que todos los grupos reconocieron desde su origen al AFSCA como autoridad de control del sector y de aplicación de la ley. Salvo… el Grupo Clarín”.
El anuncio continuaba:
“Prestá mucha atención. Por la ley aprobada en el Congreso, cada grupo empresario puede operar cómo máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas: radios AM [Onda Media], FM o de televisión abierta. ¿Y el Grupo Clarín? ¿Cuántas tiene? Más de 240 sistemas de cable. Sí. Escuchaste bien: más de 240 sistemas de cable, nueve radios AM, una radio FM y cuatro canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional ilegal”.
Y recalcaba que solo el Grupo Clarín incumple la Ley:
“A medida que transcurrían los meses varios grupos empresarios de medios iniciaron los trámites para cumplir con la ley. ¿Y quién queda sin aceptar la ley? Adiviná… Solo quedó el Grupo Clarín. ¿Y entonces? El 22 de mayo de este año, la Corte Suprema de Justicia determinó la vigencia del artículo 161. Y fijó el 7 de diciembre, el 7-D, como fecha límite para cumplir con la ley. Hoy, tres años después… Sí, tres años después de aprobada la Ley y con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el Grupo Clarín se niega a todo. No reconoce al Afsca como autoridad de control y aplicación de la ley; se niega a presentar un plan de adecuación; se niega a cumplir con la Ley”.
El comunicado avanzaba lo que puede ocurrir el 7-D:
“Si el Grupo Clarín se sigue negando a cumplir con la Ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público, garantizando las fuentes de trabajo, para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado por la ley a nuevos titulares quienes, obviamente, deberán cumplir con todos los requisitos legales. Como cualquier hijo de vecino”.
El grupo no tardó ni un día en responder al Gobierno en el diario Clarín punto por punto y a través de su propio anuncio televisado: “Aunque el Gobierno quiere instalar otra cosa, el 7 de diciembre no debe suceder nada, ni jurídica ni fácticamente, con los medios del Grupo Clarín. Esto no es una opinión ni una interpretación. Es lo que dice la Ley y la Justicia. El Grupo Clarín impugnó judicialmente los artículos 45 y 161 de la Ley de Medios por violar varios derechos constitucionales. Ese juicio está en pleno trámite. Para proteger esos derechos mientras dure el juicio la Justicia dictó una medida cautelar que fue ratificada por la Corte Suprema. Si el 7 de diciembre ese juicio no está terminado, no pasa nada. Puede prolongarse la cautelar, como dijo la Corte. O puede empezar a correr un año más, el plazo de un año que establece la propia Ley de Medios. Ese año, como mínimo, tiene la Justicia para resolver la demanda de inconstitucionalidad. Mientras tanto, no debe pasar nada. Lo dice la Ley, lo dice la Justicia, lo dicen todos los constitucionalistas. Entonces… ¿Qué se busca con el relato oficial? ¿Preparar el terreno para otra cosa? ¿Terminar con el Estado de derecho en la Argentina?
Quedan apenas 68 días. Fernández auguró que en este periodo se producirán “cosas muy estrambóticas”. Pero también asegura sentirse “preparada” para lo que venga. El Grupo Clarín, mientras tanto, confía en la Justicia.
Lecciones de periodismo en Harvard
Cristina Fernández acudió esta semana a la Asamblea de la ONU en EE UU y aprovechó para impartir el miércoles una conferencia en la Universidad de Georgetown (Washington) y otra en Harvard (Boston). Fernández, que lleva un año sin ofrecer una rueda de prensa, tuvo que escuchar cómo un joven venezolano le preguntaba en Harvard: “En vista de los constantes ataques que medios, intelectuales y periodistas específicos, no necesariamente opositores sino críticos, han recibido durante su Gobierno, ¿usted cree que existe la pluralidad de ideas y la libertad de expresión en la Argentina?”
Después de contestar que nunca hubo en el país tanta libertad de expresión como ahora, Fernández insinuó que alguien le había dictado la pregunta al estudiante: “Te vi leer la pregunta, seguramente no tenés buena memoria para recordar lo que me querés decir”. Después, otro alumno le dijo: “Soy argentino también y me siento muy privilegiado de poder ser uno de los pocos argentinos que pueden hacerle preguntas”. Fernández explicó que en Argentina se había aprobado la Ley de Medios en 2009. “Es curioso que no haya llegado una información de esta naturaleza a una universidad tan importante como Harvard”, deslizó. Tras cargar contra el “monopolio” del Grupo Clarín, la presidenta volvió a insinuar que a los estudiantes les habían dictado las preguntas: “Sé que hubo muchos mails y periodistas que estuvieron haciendo las preguntas, pero también esto hace a la libertad”.
Fuentes: El País y El Tiempo
sábado, 29 de septiembre de 2012
#7D "Posiblemente los argentinos empecemos a vivir con más libertad a partir del 7 de diciembre" ¿...?
El ministro de Cultura y Comunicación de la Provincia de Entre Ríos, Pedro Báez, opinó sobre el rol de los medios, los condicionamientos del relato periodístico y del 7 de diciembre, fecha clave para la aplicación de la Ley de Medios
En diálogo con el programa "Sexto sentido", de LT14, se le consultó al ministro por el rol de los medios de comunicación y los contenidos de agenda periodística. "Desde el 2003 en el país y desde el 2007 en la provincia, hay una clara decisión política de alinear el rumbo y el sentido de la acción de gobierno al proyecto nacional que encabeza la Presidenta, en ese marco se han tomado decisiones, se lanzan programas y se ejecutan acciones todos los días. Eso constituye la agenda que nosotros pretendemos que los medios y los comunicadores tomen para que los entrerrianos sepan sobre qué estamos trabajando", explicó el titular de la cartera de Comunicación y Cultura. Mencionó por ejemplo: "Si el Gobierno toma la decisión de construir una autovía en la provincia y se pone en marcha la obra, pretendemos que se comunique y sepa". Seguidamente, Báez habló sobre el condicionamiento del relato periodístico; sobre los contenidos de TN y el 7D, fecha clave para la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Ley Nº 26522. "Posiblemente los argentinos empecemos a vivir con más libertad a partir del 7 de diciembre", anheló el ministro.
Ver nota completa: InfoAnternativa
En diálogo con el programa "Sexto sentido", de LT14, se le consultó al ministro por el rol de los medios de comunicación y los contenidos de agenda periodística. "Desde el 2003 en el país y desde el 2007 en la provincia, hay una clara decisión política de alinear el rumbo y el sentido de la acción de gobierno al proyecto nacional que encabeza la Presidenta, en ese marco se han tomado decisiones, se lanzan programas y se ejecutan acciones todos los días. Eso constituye la agenda que nosotros pretendemos que los medios y los comunicadores tomen para que los entrerrianos sepan sobre qué estamos trabajando", explicó el titular de la cartera de Comunicación y Cultura. Mencionó por ejemplo: "Si el Gobierno toma la decisión de construir una autovía en la provincia y se pone en marcha la obra, pretendemos que se comunique y sepa". Seguidamente, Báez habló sobre el condicionamiento del relato periodístico; sobre los contenidos de TN y el 7D, fecha clave para la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Ley Nº 26522. "Posiblemente los argentinos empecemos a vivir con más libertad a partir del 7 de diciembre", anheló el ministro.
Ver nota completa: InfoAnternativa
Jueza rosarina promueve acciones por violencia de género por una tapa de Caras II
Publicado en la página 42 del bisemanario Perfil:
Ver anterior: Jueza rosarina promueve acciones por violencia de género por una tapa de Caras I
El Grupo Olmos se solidariza con Magnetto tomando represalias contra los trabajadores
En Crónica y BAE
El exitoso retiro de firmas y aplauso en Clarín en reclamo de libertad sindical y por el cumplimiento de las paritarias de prensa contó con el apoyo de todos los medios periodísticos donde los trabajadores están organizados. Asambleas, aplausos y retiros de firmas se dieron en todas las redacciones en una muestra más de la solidaridad existente entre los trabajadores de prensa.
La novedad es que la patronal K de Crónica y BAE tomó represalias retirando de manera forzosa la firma de los diarios al día siguiente del retiro de firmas solidario adoptado por sus trabajadores.
El quite de firmas en manos de los trabajadores es una medida acción colectiva que los unifica a todos detrás de un reclamo. Borrar las firmas como castigo es exactamente lo contrario. Busca amedrentar la lucha de los trabajadores.
Mientras los trabajadores se solidarizan entre sí en defensa de sus derechos, los Olmos se solidarizan, represalia mediante, con Ernestina Noble y Magnetto.
Ésta no es cualquier patronal oficialista. Los Olmos son un grupo empresario vinculado a la UOM. Su capital, además de la pauta oficial, surge del gerenciamiento de Forjar Salud, la gerenciadora de la obra social del sindicato metalúrgico. Es decir que estamos ante un ataque lanzado desde las huestes de Caló, el futuro Secretario General de la CGT Balcarce y para colmo, este ataque se hace en sintonía con la patronal de Clarín.
Por un lado, en Crónica la patronal se niega a pagar las paritarias de prensa a un sector del personal y se ausentó de la última audiencia en el Ministerio de Trabajo. El desconocimiento de la paritaria en este punto los emparenta con la Corpo que también se niega a reconocerla.
En BAE envían un telegrama de despido a un colaborador permanente, un periodista reconocido con una antigüedad de 5 años. Se ve que el ajuste no se resume a las políticas de Fontevecchia en Perfil, viene también de la mano de estos empresarios K beneficiados con la abultada pauta oficial.
Esta persecución a las medidas de lucha de los trabajadores de prensa demuestra que el 7D es el momento en el cual algunos patrones se preparan para reemplazar a otros, pero con los mismos métodos de ataque a las libertades sindicales.
Los trabajadores tenemos que repudiar estos manejos autoritarios de las patronales sin distinción de colores. Las patronales de la “corpo” y los de la otra “korpo” son enemigos de la acción independiente de los trabajadores. Como dice el canto de lucha: Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode.
Fuente: La Naranja de Prensa
El exitoso retiro de firmas y aplauso en Clarín en reclamo de libertad sindical y por el cumplimiento de las paritarias de prensa contó con el apoyo de todos los medios periodísticos donde los trabajadores están organizados. Asambleas, aplausos y retiros de firmas se dieron en todas las redacciones en una muestra más de la solidaridad existente entre los trabajadores de prensa.
El quite de firmas en manos de los trabajadores es una medida acción colectiva que los unifica a todos detrás de un reclamo. Borrar las firmas como castigo es exactamente lo contrario. Busca amedrentar la lucha de los trabajadores.
Mientras los trabajadores se solidarizan entre sí en defensa de sus derechos, los Olmos se solidarizan, represalia mediante, con Ernestina Noble y Magnetto.
Ésta no es cualquier patronal oficialista. Los Olmos son un grupo empresario vinculado a la UOM. Su capital, además de la pauta oficial, surge del gerenciamiento de Forjar Salud, la gerenciadora de la obra social del sindicato metalúrgico. Es decir que estamos ante un ataque lanzado desde las huestes de Caló, el futuro Secretario General de la CGT Balcarce y para colmo, este ataque se hace en sintonía con la patronal de Clarín.
Por un lado, en Crónica la patronal se niega a pagar las paritarias de prensa a un sector del personal y se ausentó de la última audiencia en el Ministerio de Trabajo. El desconocimiento de la paritaria en este punto los emparenta con la Corpo que también se niega a reconocerla.
En BAE envían un telegrama de despido a un colaborador permanente, un periodista reconocido con una antigüedad de 5 años. Se ve que el ajuste no se resume a las políticas de Fontevecchia en Perfil, viene también de la mano de estos empresarios K beneficiados con la abultada pauta oficial.
Esta persecución a las medidas de lucha de los trabajadores de prensa demuestra que el 7D es el momento en el cual algunos patrones se preparan para reemplazar a otros, pero con los mismos métodos de ataque a las libertades sindicales.
Los trabajadores tenemos que repudiar estos manejos autoritarios de las patronales sin distinción de colores. Las patronales de la “corpo” y los de la otra “korpo” son enemigos de la acción independiente de los trabajadores. Como dice el canto de lucha: Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode.
Fuente: La Naranja de Prensa
viernes, 28 de septiembre de 2012
Santa Fe: Trabajadores de LT9 reclamaron urgente normalización
Una asamblea de personal pidió el urgente llamado a licitación de las frecuencias que pertenecían a Ondafé Sociedad Anónima, actualmente con su licencia vencida, y con la figura de un delegado administrador nombrado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
Desde el mes de marzo de 2011, fecha en la que se nombró al delegado administrador, la situación general de las emisoras LT 9 Y FM Láser, lejos de mejorar fue agravándose profundizando el deterioro existente, proceso que se ha acelerado en los últimos tiempos.
Incertidumbre respecto del normal cobro de salarios, deterioro constante de la infraestructura de la emisora, caída de la facturación publicitaria y cambios permanentes en la programación, constituyen una combinación harto peligrosa para garantizar la continuidad de su salida al aire. Más aún si las tareas de la intervención se centraban en la preservación del patrimonio y el aseguramiento de los puestos de trabajo de su personal.
La estructura de “doble comando” agrava el cuadro, ya que mientras el delegado normalizador se arroga las más amplias facultades, Ondafé reivindica para sí el manejo de personal -con el que mantiene la relación de dependencia-, la política comercial y el diseño de la programación.
El temor gana terreno entre el personal en la medida que los recursos no alcanzan para cubrir los mínimos gastos operativos, dependiendo así de los aportes extraordinarios de Ondafe S.A.
El cuadro es cada vez más peligroso ya que la autoridad de aplicación (AFSCA) aún no ha fijado la fecha de llamado a concurso de las frecuencias.
En función de todo ello, los trabajadores de LT 9 Radio Brigadier López y FM Láser, y los sindicatos que los agrupan, decidieron llevar adelante una campaña en ese sentido, diseñando acciones de esclarecimiento y gestionando audiencias con las autoridades respectivas para reclamar el fin de tanta angustia e incertidumbre de las más 50 familias que trabajan en las emisoras.Desde este momento, el personal nucleado en SAL, AATRAC, SUTEP y Asociación de Prensa de Santa Fe se declaran en estado de alerta y asamblea permanente.
Fuente: Prensa APSF
Desde el mes de marzo de 2011, fecha en la que se nombró al delegado administrador, la situación general de las emisoras LT 9 Y FM Láser, lejos de mejorar fue agravándose profundizando el deterioro existente, proceso que se ha acelerado en los últimos tiempos.
Incertidumbre respecto del normal cobro de salarios, deterioro constante de la infraestructura de la emisora, caída de la facturación publicitaria y cambios permanentes en la programación, constituyen una combinación harto peligrosa para garantizar la continuidad de su salida al aire. Más aún si las tareas de la intervención se centraban en la preservación del patrimonio y el aseguramiento de los puestos de trabajo de su personal.
La estructura de “doble comando” agrava el cuadro, ya que mientras el delegado normalizador se arroga las más amplias facultades, Ondafé reivindica para sí el manejo de personal -con el que mantiene la relación de dependencia-, la política comercial y el diseño de la programación.
El temor gana terreno entre el personal en la medida que los recursos no alcanzan para cubrir los mínimos gastos operativos, dependiendo así de los aportes extraordinarios de Ondafe S.A.
El cuadro es cada vez más peligroso ya que la autoridad de aplicación (AFSCA) aún no ha fijado la fecha de llamado a concurso de las frecuencias.
En función de todo ello, los trabajadores de LT 9 Radio Brigadier López y FM Láser, y los sindicatos que los agrupan, decidieron llevar adelante una campaña en ese sentido, diseñando acciones de esclarecimiento y gestionando audiencias con las autoridades respectivas para reclamar el fin de tanta angustia e incertidumbre de las más 50 familias que trabajan en las emisoras.Desde este momento, el personal nucleado en SAL, AATRAC, SUTEP y Asociación de Prensa de Santa Fe se declaran en estado de alerta y asamblea permanente.
Fuente: Prensa APSF
El debate sobre el #7D: Cablevisión se niega a desinvertir
Por: Fernando Krakowiak
“El 7 de diciembre no debería pasar absolutamente nada. El fallo de la Corte es claro. Recién ese día comienza a correr el plazo de un año que otorga la ley para adecuarse a la misma”, aseguró ayer Carlos Moltini, gerente general de Cablevisión (Grupo Clarín), en abierto desafío al gobierno nacional, que sostiene que la Corte Suprema le dio al Grupo Clarín hasta el 7 de diciembre para adecuarse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En esa fecha pierde vigencia, por orden de la Corte, la cautelar que impidió hasta ahora aplicarle al multimedios el artículo 161, donde se fija el plazo de adecuación.
Luego del fallo de la Corte, algunos constitucionalistas interpretaron que el 7 de diciembre caduca el plazo de un año establecido en el artículo 161 y otros, que recién entonces ese plazo comienza a correr. El Gobierno se aferra a la primera interpretación y el Grupo Clarín a la segunda. Moltini expuso ayer en las Jornadas Internacionales de Televisión por Cable la posición del multimedios. Después aceptó dialogar con un grupo de periodistas y dijo que no tienen previsto presentar ningún plan de adecuación hasta el 7 de diciembre de 2013. “Antes de esa fecha no tenemos que presentar nada. No tenemos por qué hacerlo. Y estamos esperando el fallo sobre la cuestión de fondo”, afirmó. La cuestión de fondo se refiere a la constitucionalidad del artículo 45 de la ley, donde se establecen los límites a la multiplicidad de licencias que dejan en infracción al Grupo Clarín.
Si la Justicia no toma ninguna decisión sobre la legalidad del artículo 45 antes del 7 de diciembre, el escenario que se abre es incierto, porque las interpretaciones del fallo del máximo tribunal son irreconciliables y ninguna de las partes le pidió oportunamente una aclaratoria a la Corte. Una alternativa con la que se especula es que el Gobierno haga valer su postura y en algún momento a partir del 7 de diciembre sancione al Grupo Clarín por no cumplir con la ley. El multimedios entonces podría apelar nuevamente a la Justicia.
Fuente: Diario PáginaI12
“El 7 de diciembre no debería pasar absolutamente nada. El fallo de la Corte es claro. Recién ese día comienza a correr el plazo de un año que otorga la ley para adecuarse a la misma”, aseguró ayer Carlos Moltini, gerente general de Cablevisión (Grupo Clarín), en abierto desafío al gobierno nacional, que sostiene que la Corte Suprema le dio al Grupo Clarín hasta el 7 de diciembre para adecuarse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En esa fecha pierde vigencia, por orden de la Corte, la cautelar que impidió hasta ahora aplicarle al multimedios el artículo 161, donde se fija el plazo de adecuación.
Luego del fallo de la Corte, algunos constitucionalistas interpretaron que el 7 de diciembre caduca el plazo de un año establecido en el artículo 161 y otros, que recién entonces ese plazo comienza a correr. El Gobierno se aferra a la primera interpretación y el Grupo Clarín a la segunda. Moltini expuso ayer en las Jornadas Internacionales de Televisión por Cable la posición del multimedios. Después aceptó dialogar con un grupo de periodistas y dijo que no tienen previsto presentar ningún plan de adecuación hasta el 7 de diciembre de 2013. “Antes de esa fecha no tenemos que presentar nada. No tenemos por qué hacerlo. Y estamos esperando el fallo sobre la cuestión de fondo”, afirmó. La cuestión de fondo se refiere a la constitucionalidad del artículo 45 de la ley, donde se establecen los límites a la multiplicidad de licencias que dejan en infracción al Grupo Clarín.
Si la Justicia no toma ninguna decisión sobre la legalidad del artículo 45 antes del 7 de diciembre, el escenario que se abre es incierto, porque las interpretaciones del fallo del máximo tribunal son irreconciliables y ninguna de las partes le pidió oportunamente una aclaratoria a la Corte. Una alternativa con la que se especula es que el Gobierno haga valer su postura y en algún momento a partir del 7 de diciembre sancione al Grupo Clarín por no cumplir con la ley. El multimedios entonces podría apelar nuevamente a la Justicia.
Fuente: Diario PáginaI12
Elisa Carrió impugnó la designación de Sabbatella en la AFSCA
La diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió impugnó hoy la designación de Martín Sabbatella como titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) por "no cumplir con los requisitos de idoneidad e independencia política"
La impugnación, la segunda que recibe el candidato, fue presentada ante la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros a través de una carta documento, en la que afirmó que Sabbatella "no cumple con los requisitos de idoneidad e independencia política que el cargo requiere".
En su presentación, Carrió evaluó que de los antecedentes publicados en el Boletín Oficial se desprende que el actual diputado nacional de Nuevo Encuentro no tiene la "alta calificación profesional" requerida por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
"El artículo 14 requiere que los directores deben ser personas de alta calificación profesional en materia de comunicación social y poseer una reconocida trayectoria democrática y republicana, pluralista y abierta al debate y al intercambio de ideas diferentes", indicó la diputada.
En este sentido, afirmó que Sabbatella "incumple" estos requisitos porque "ni observa la alta calificación profesional en la materia que exige el cargo para cumplir con el requisito de idoneidad, ni cuenta con el grado de independencia política respecto del Poder Ejecutivo".
La impugnación de Carrió se suma a la que ya presentó la diputada nacional del PRO Laura Alonso, quien en términos similares a los de su par de la Coalición Cívica, señaló que "la AFSCA no necesita un militante sino un profesional que garantice independencia y objetividad".
"Su pública y manifiesta adhesión política respecto de la Presidenta de la Nación -que además es quien lo nombra-, condiciona a priori la autonomía e imparcialidad de sus actos; considerando que estará en sus manos nada menos que aplicar, interpretar y hacer cumplir la presente ley y normas reglamentarias", escribió ahora Carrió.
Además, la diputada se anticipó a un posible rechazo de su impugnación por parte del Ejecutivo "invocando el inciso E del artículo 2 del decreto número 1525/2009", que reserva las impugnaciones para las "organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales y las entidades académicas".
Por ello, en su escrito pidió que "se declare la inconstitucionalidad" de ese artículo porque "limita irrazonablemente y mediante un exceso en las facultades" del Presidente de la Nación previstas por la Constitución Nacional, "la legitimación para impugnar".
Al respecto, Carrió argumentó que "todos los habitantes de la Nación se ven directa y/o indirectamente afectados por la designación de las autoridades de este organismo que tiene a su cargo tan sensible tarea".
Sabbatella fue propuesto por la presidenta Cristina Kirchner para reemplazar al frente del Afsca a Santiago Aragón, un dirigente cercano al vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, aunque el candidato oficial debe someterse a un proceso de diez días de impugnaciones antes de su definitiva designación como titular del organismo.
Fuente: Noticias Argentinas
La impugnación, la segunda que recibe el candidato, fue presentada ante la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros a través de una carta documento, en la que afirmó que Sabbatella "no cumple con los requisitos de idoneidad e independencia política que el cargo requiere".En su presentación, Carrió evaluó que de los antecedentes publicados en el Boletín Oficial se desprende que el actual diputado nacional de Nuevo Encuentro no tiene la "alta calificación profesional" requerida por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
"El artículo 14 requiere que los directores deben ser personas de alta calificación profesional en materia de comunicación social y poseer una reconocida trayectoria democrática y republicana, pluralista y abierta al debate y al intercambio de ideas diferentes", indicó la diputada.
En este sentido, afirmó que Sabbatella "incumple" estos requisitos porque "ni observa la alta calificación profesional en la materia que exige el cargo para cumplir con el requisito de idoneidad, ni cuenta con el grado de independencia política respecto del Poder Ejecutivo".
La impugnación de Carrió se suma a la que ya presentó la diputada nacional del PRO Laura Alonso, quien en términos similares a los de su par de la Coalición Cívica, señaló que "la AFSCA no necesita un militante sino un profesional que garantice independencia y objetividad".
"Su pública y manifiesta adhesión política respecto de la Presidenta de la Nación -que además es quien lo nombra-, condiciona a priori la autonomía e imparcialidad de sus actos; considerando que estará en sus manos nada menos que aplicar, interpretar y hacer cumplir la presente ley y normas reglamentarias", escribió ahora Carrió.
Además, la diputada se anticipó a un posible rechazo de su impugnación por parte del Ejecutivo "invocando el inciso E del artículo 2 del decreto número 1525/2009", que reserva las impugnaciones para las "organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales y las entidades académicas".
Por ello, en su escrito pidió que "se declare la inconstitucionalidad" de ese artículo porque "limita irrazonablemente y mediante un exceso en las facultades" del Presidente de la Nación previstas por la Constitución Nacional, "la legitimación para impugnar".
Al respecto, Carrió argumentó que "todos los habitantes de la Nación se ven directa y/o indirectamente afectados por la designación de las autoridades de este organismo que tiene a su cargo tan sensible tarea".
Sabbatella fue propuesto por la presidenta Cristina Kirchner para reemplazar al frente del Afsca a Santiago Aragón, un dirigente cercano al vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, aunque el candidato oficial debe someterse a un proceso de diez días de impugnaciones antes de su definitiva designación como titular del organismo.
Fuente: Noticias Argentinas
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