Entre los diarios se consolida el apoyo al grupo Manzano-Vila y desplaza a PáginaI12
Por: José Crettaz
Un relevamiento privado del mercado publicitario confirma que la pauta oficial creció mucho en lo que va del año -alrededor de 70%- y revela importantes cambios en los grupos de medios más beneficiados con el dinero del Estado. En diarios y revistas, aunque por poco, el grupo Szpolski-Garfunkel le cedió el primer puesto a Manzano-Vila.
En la televisión abierta porteña también hubo un cambio relevante: después de varios años en los que concentró la mayor parte de la pauta oficial, Canal 9 dejó ese lugar a Telefe.
Hace 15 meses que el Gobierno no informa sobre el reparto de la pauta. El gobierno nacional no brinda información oficial sobre el reparto de la pauta publicitaria desde hace quince meses. Tampoco se sabe con exactitud cuál es el presupuesto total destinado a este fin porque hay más de una caja (Anses, AFIP y Jefatura de Gabinete, entre otras) que se administran de manera centralizada o descentralizada según la época (o la intención de dar o ocultar información). De acuerdo con el presupuesto, este año, el jefe de Gabinete, Juan Abal Medina, maneja unos $ 606,6 millones para publicidad oficial, pero según asociaciones civiles pro transparencia esa cifra podría superar los $ 1000 millones.
Según el informe, preparado por una consultora internacional reconocida que prefiere no ser identificada, en TV abierta, en el primer semestre, Telefe (líder en rating, propiedad de Telefónica de España) ingresó $ 45,8 millones, un 131% más que el mismo período del año pasado. En tanto, Canal 9 (del empresario mexicano Remigio González) facturó $ 31,3 millones, prácticamente lo mismo que en 2011. América (cuya propiedad comparten el ex diputado justicialista José Luis Manzano, Daniel Vila y el actual diputado opositor Francisco de Narváez) recibió 7% menos que el año pasado, $ 17,1 millones. Y Canal 13 (Grupo Clarín) llegó a $ 1,8 millones, con un crecimiento del 270%.
Todas estas cifras refieren a la inversión bruta en publicidad, sin contar eventuales descuentos, y se construyen midiendo el espacio y el tiempo destinados efectivamente por los medios a emitir avisos del gobierno nacional y multiplicar esas cantidades por los respectivos tarifarios de publicidad. Los descuentos son una práctica común en este negocio, aunque el Estado, que suele demorar sus pagos, es el anunciante que menos porcentaje de rebaja recibe. En lo que va del año, sólo en los diarios relevados, el Gobierno gastó $ 252 millones, un 66% más que en 2011. Y hasta junio, había destinado $ 98 millones a la TV abierta porteña, un 33% más que el año pasado.
En lo que va de este año, los diarios de Manzano y Vila (las versiones de Uno de Mendoza, Paraná y Santa Fe, y La Capital de Rosario) recibieron unos $ 53 millones, un 223% más que en el mismo período del año anterior. En tanto, los empresarios kirchneristas Sergio Szpolski y Matías Garfunkel facturaron $ 52 millones principalmente por la pauta publicada en Tiempo Argentino y la revista semanal Veintirés, lo que significó un 92% de aumento. PáginaI12, cuyos reales propietarios son una incógnita desde hace casi dos décadas, quedó en tercer lugar con $ 36,5 millones y apenas recuperó la inflación anual porque esa cifra sólo aumentó el 25%.
Otras empresas editoriales privilegiadas con los fondos públicos son la de Raúl y Alejandro Olmos, que embolsó $ 33 millones por los diarios Crónica y BAE (a los que hay que sumar otros $ 14 millones por Crónica TV), y la del empresario rosarino Orlando Vignatti, que con Ámbito Financiero y Buenos Aires Herald ingresó $ 32 millones.
Algunos medios del interior reciben una pauta llamativamente importante para sus áreas de cobertura, como Norte de Resistencia, Chaco, que habría facturado $ 5,3 millones en lo que va del año (370% más que el mismo período del año pasado), y El Diario de Paraná, Entre Ríos (afín al gobernador kirchnerista Sergio Urribarri), que ingresó $ 3 millones (413% más) en estos meses.
El diario La Nación y su grupo de revistas sólo registró ingresos por 184.000 pesos, un 85% menos que el año pasado. Los cinco diarios del Grupo Clarín, en conjunto, perdieron 52% y este año facturaron $ 1,3 millones. Sin embargo, en este caso hay que destacar que Los Andes (Mendoza), del mismo grupo, tuvo un incremento de 513%. Editorial Perfil, que ganó en varias instancias un reclamo judicial por discriminación con la pauta oficial, recibió 700.000 pesos, un 7,5% más que en el período enero-agosto del año pasado, pero lejos de Editorial Televisa/Atlántida, su principal competidor, que sumando sus publicaciones embolsó $ 5,5 millones (de los cuales $ 2,1 millones fueron a la revista Gente). Por su parte, el diario El Cronista y sus revistas (de De Narváez) perdieron el 62% de la pauta, que pasó de $ 2,4 millones el año pasado a 926.000.
En la radiofonía, Radio 10 y sus FM Pop, Mega y Vale, que son líderes en audiencia en sus segmentos y aún están en manos de Daniel Hadad, recibieron $ 14 millones en lo que va del año. Individualmente considerada, Radio del Plata, de los dueños de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta, y sexta en audiencia, supera a la Diez: recibió $ 13,2 millones. Más atrás están La Red (Manzano-Vila-De Narváez), tercera en rating, que habría embolsado $ 6,4 millones, y el grupo de emisoras que aún comparten (y disputan) Raúl Moneta y Matías Garfunkel, que ingresaron unos $ 6,1 millones (y tuvieron un crecimiento interanual del 150%). En ese conjunto están las FM Metro, Blue y Rock&Pop.
Un tema tabú para todos los partidos
Discrecionalidad y falta de transparencia, los rasgos comunes
La poca o nula disposición para brindar información sobre el gasto estatal en pauta publicitaria no es exclusiva del gobierno nacional, según confirman todas las organizaciones civiles pro transparencia. "Este reparto es poco transparente en la gran mayoría de las jurisdicciones y hemos verificado sistemáticas resistencias de diferentes gobiernos, de todo color político y partidario, a entregar datos sobre publicidad oficial", afirmó Eleonora Rabinovich, directora ejecutiva de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), entidad que ya litigó contra la Jefatura de Gabinete de la nación, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Córdoba y Neuquén, por falta de acceso a la información pública sobre pauta. "Siempre obtuvimos fallos favorables: la información sobre pauta es información pública", afirmó Rabinovich.
La discrecionalidad, aunque en distintos grados, también es una característica del reparto que trasciende los colores políticos. En el contexto de una consultoría para Poder Ciudadano, el investigador Martín Becerra relevó los minutos de publicidad oficial contratados por los gobiernos nacional, porteño y bonaerense en 2011. "Entre otras cosas, ese trabajo reveló que la arbitrariedad del manejo de recursos canalizados como publicidad oficial, utilizados como premio o castigo, es un rasgo común a distintas formaciones políticas, el Frente para la Victoria y Pro entre ellas", afirmó Becerra.
Para Silvana Giudici, presidenta de la Fundación Libertad de Expresión y Democracia (LED), es más grave la discrecionalidad nacional. "Desde 2003 el Gobierno viene incrementando recursos de manera exponencial para distribuir arbitrariamente a los medios que quiso engordar para ayudar a construir el relato que quiere imponerle a la sociedad; la novedad durante este año es que además engordaron la estructura de la Secretaría de Comunicación para darle menos transparencia de la que ya tenía y para que La Cámpora se constituya en el comisario político sobre los recursos a distribuir."
Jugando con la libertad de expresión
Por: Pablo Secchi
El 28 de septiembre se celebra en todo el mundo el día del acceso a la información pública. La experiencia de nuestro país en el tema poco nos deja celebrar. Lo más rescatable, hasta cierto punto, es el decreto que reglamenta este derecho en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, pero que por la ausencia de voluntad política no termina de garantizar a los ciudadanos el acceso que debería ser para todos y todas. La ley nacional tan reclamada desde hace años brilla por su ausencia, por lo que nuestro país queda relegado incluso entre las naciones latinoamericanas en esta temática.
El acceso a los datos sobre la pauta publicitaria del gobierno nacional es uno de los casos en los que se observa la ausencia de una política clara y coherente en materia de acceso a la información pública. Valga la siguiente aclaración: Poder Ciudadano y otras entidades reclaman la regulación de la pauta desde la época en que los mayores beneficiarios de estos fondos eran totalmente distintos de los que se benefician actualmente.
¿Cuál es la situación hoy? Sólo alcanza con ingresar a la página de la Jefatura de Gabinete de Ministros y ver que la información sobre la distribución de la pauta está totalmente desactualizada. Las últimas respuestas que recibió Poder Ciudadano sobre este tema carecen de los datos necesarios para un análisis serio. Estas respuestas, por ejemplo, ya no cuentan con la identificación clara de los proveedores, dado que aducen contener "datos personales". Muchas de las respuestas sobre pedidos de información responden lo mismo, aun cuando lo consultado no implica ningún dato personal.
Desde 2003 la inversión del gobierno nacional en publicidad oficial creció en forma desmesurada, arrancando en $40 millones y superando holgadamente en la actualidad los $ 1000 millones. Estas inversiones tienen una fuerte tendencia a financiar medios de comunicación editorialmente favorables al Gobierno, y especialmente mensajes de cualquier tipo a favor del Gobierno o en contra del enemigo de turno.
No es casual la ausencia de una ley de acceso a la información pública, como tampoco lo es la ausencia de una regulación de la pauta publicitaria. Ambas son decisiones políticas del gobierno nacional. También lo fue la decisión del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires cuando decidió vetar artículos clave de la regulación de la publicidad oficial local en 2009. Pareciera que la posibilidad de manejar la pauta oficial se convirtió en una herramienta más a la hora de gobernar. Lo peligroso es que esta herramienta juega con el presupuesto público, con la libertad de expresión y con la equidad entre los diferentes actores políticos.
Fuente: Diario La Nación
Victoria Donda, diputada de Libres del Sur, con respecto al debate generado estos últimos días sobre la aplicación de la Ley de Medios - ley votada por la legisladora del FAP – sostuvo que “la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no es sólo el artículo 161 que se refiere a la desinversión. De hecho, debo decir que este gobierno está incumpliendo lo que refiere a garantizar el 33% del espectro radioeléctrico a las organizaciones sin fines de lucro.”
