Políticos, deportistas y artistas argentinos cuentan en Twitter con una suerte de "guardianes" que revisan todos sus comentarios en la popular red social para corregir sus faltas de ortografía y sugerirles un mejor uso del lenguaje
De manera anónima, "@correctorOK" y "@delcorrector", que en total suman este domingo más de 3.000 seguidores, corrigen los errores más llamativos de los famosos con el objetivo de llegar a todos los argentinos que diariamente revisan sus cuentas de Twitter.
"Ellos son mirados como referentes de muchas personas y me parece que está bueno que fomenten y presten atención a un tema tan importante de nuestro idioma", según explicó al diario Clarín el joven de 27 años que está detrás de una de las cuentas.
Aunque de forma diplomática y respetuosa, no dudan en corregir a ministros, legisladores, exitosos deportistas y personalidades de la farándula argentina.
"Amado (Boudou), 'Néstor' lleva tilde", le recuerdan al ministro argentino de Economía, mientras que en otro 'tuit' le corrigen a la titular de la cartera de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, el mal uso de una coma.
El tenista Juan Martín del Potro y el jugador de la NBA Luis Scola han sido blanco también de varias correcciones, en su mayoría por la no utilización de acentos.
Aunque la mayoría no se pronuncian al respecto, algunos, como a Scola, no sólo no se ofenden por las correcciones sino que incluso les preguntan dudas.
"¿Debería haberla puesto entre signos (¡!)?", le preguntó ayer el jugador de baloncesto a @correctorOK después de que éste le indicara que la palabra qué"en su último 'tuit' llevaba tilde por ser una exclamación.
Fuente: Agencia EFE
jueves, 29 de septiembre de 2011
Giúdici denuncia incumplimientos de la AFSCA
Le pide al Poder Ejecutivo Nacional información sobre las irregularidades cometidas por el titular del organismo. La oposición sigue sin integrar las comisiones previstas en la Ley Audiovisual
“Las autoridades del AFSCA cometieron todo tipo de irregularidades a dos años de la sanción de la ley 26.522.
El Gobierno se niega a completar el directorio del organismo con los representantes de la oposición parlamentaria que deben ejercer un rol de control interno y tampoco convoca a la bicameral de control parlamentario para hacer lo que se les dé la gana en la implementación de los concursos de señales digitales que se efectuarán durante el mes de Noviembre”, comenzó expresando la diputada radical.
Giúdici, quien es titular de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, le exige al Ejecutivo que "informe el resultado del censo obligatorio de medios que elaboró el AFSCA, de acuerdo a los parámetros establecidos en las resoluciones 1, 2 y 3 de fecha 29/12/2009 del mismo organismo, y los motivos que llevaron a no hacerlo público". También solicita que explique "el plan técnico de frecuencias para ordenar el espectro radioeléctrico y, por otro lado, toda la información referida al llamado a concurso público para la adjudicación de licencias para el servicio de televisión abierta digital en la norma ISDB-T y la normativa con la cual se establecieron los precios de los pliegos para la licitación de las licencias".
"A la fecha", manifestó Giúdici, "aún no sabemos si existe el Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales que debiera haber sido aprobado dentro de los 180 días de promulgada la ley 26522, según el artículo 93 de la misma. No se conoce el censo que haría público el registro de propiedad de los medios, no existe elaboración de ningún informe bianual y tampoco rendición de cuentas de los funcionarios sobre su gestión al frente de la AFSCA”, finalizó.
Fuente: Noticias del Congreso
“Las autoridades del AFSCA cometieron todo tipo de irregularidades a dos años de la sanción de la ley 26.522.
El Gobierno se niega a completar el directorio del organismo con los representantes de la oposición parlamentaria que deben ejercer un rol de control interno y tampoco convoca a la bicameral de control parlamentario para hacer lo que se les dé la gana en la implementación de los concursos de señales digitales que se efectuarán durante el mes de Noviembre”, comenzó expresando la diputada radical.
Giúdici, quien es titular de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, le exige al Ejecutivo que "informe el resultado del censo obligatorio de medios que elaboró el AFSCA, de acuerdo a los parámetros establecidos en las resoluciones 1, 2 y 3 de fecha 29/12/2009 del mismo organismo, y los motivos que llevaron a no hacerlo público". También solicita que explique "el plan técnico de frecuencias para ordenar el espectro radioeléctrico y, por otro lado, toda la información referida al llamado a concurso público para la adjudicación de licencias para el servicio de televisión abierta digital en la norma ISDB-T y la normativa con la cual se establecieron los precios de los pliegos para la licitación de las licencias".
"A la fecha", manifestó Giúdici, "aún no sabemos si existe el Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales que debiera haber sido aprobado dentro de los 180 días de promulgada la ley 26522, según el artículo 93 de la misma. No se conoce el censo que haría público el registro de propiedad de los medios, no existe elaboración de ningún informe bianual y tampoco rendición de cuentas de los funcionarios sobre su gestión al frente de la AFSCA”, finalizó.
Fuente: Noticias del Congreso
Rechazaron el amparo del diario Río Negro contra los avisos de oferta sexual, y habrá apelación
La jueza en lo Contencioso Administrativo no avanzó sobre la cuestión de fondo. Rechazó el amparo por entender que no era la vía idónea para dirimir si la norma presidencial impide el ejercicio de un derecho constitucional, como había invocado Editorial Río Negro
El amparo presentado por "Río Negro" contra el decreto 936/11 que prohíbe la publicación de avisos de oferta sexual fue rechazado en primera instancia.
La jueza subrogante en lo Contencioso Administrativo María Alejandra Biotti no analizó el fondo de la cuestión jurídica planteada sino que rechazó la acción por entender que "la parte actora no ha demostrado que esta vía sumarísima (del amparo) sea el único medio válido para garantizar sus derechos". Este medio apelará la decisión.
La magistrada, que había considerado admisible la acción pocos días después de presentada, a principios de julio de este año, hizo suyo el argumento con el cual el Estado Nacional respondió los argumentos formulados por Editorial Río Negro. En tal sentido, opinó que es "insuficiente alegar una conducta estatal cuestionable, sosteniendo que se afecta o restringe algún derecho constitucional, siendo necesario además que la norma se encuentre desprovista de todo sustento que le permita tener efectos válidos".
Este diario promovió acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional por considerar que el decreto presidencial 936/11 es inconstitucional, lesivo de la libertad de expresión y discriminatorio del libre ejercicio de una actividad lícita. Estimó que el Ejecutivo abusó de su "poder de policía" al introducir por decreto prohibiciones que no están contenidas en las leyes que el decreto busca reglamentar.
Afirmó que el decreto refleja un error conceptual porque ejercer la prostitución no es delito en la Argentina, y por lo tanto esa actividad lícita no puede ser discriminada privándola de la posibilidad de publicitar su oferta.
El diario -afirmó- ha sido muy cuidadoso en el manejo de los avisos clasificados relacionados con servicios sexuales que puedan encubrir conductas ilícitas como el proxenetismo y trata de personas, estableciendo una autorregulación para evitar su publicación.
En su resolución, la jueza Biotti manifiesta que de los considerandos del decreto "surge que la señora presidenta emitió el mismo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 99 incisos 1 y 2 de la Constitución nacional" y con el objetivo de poner en funcionamiento leyes del Congreso Nacional.
Aseguró que "la parte actora no ha demostrado que esta vía sumarísima utilizada sea el único medio válido para garantizar sus derechos", citando un fallo que alude a que la amparista "debió demostrar la inexistencia de otras vías procesales idóneas para proteger el derecho que se dice lesionado o que la remisión a ellas produzca un gravamen insusceptible de reparación posterior".
Luego de citar varios fallos más en relación a este tema, la jueza manifestó que "la ilegalidad o arbitrariedad manifiestas, causantes de una efectiva lesión de los derechos o garantías reconocidos por la Constitución Nacional, deben aparecer en forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de hechos, ni de un amplio debate y prueba". Consideró que es "insuficiente alegar una conducta estatal cuestionable, sosteniendo que se afecta o restringe algún derecho constitucional, siendo necesario además que la norma se encuentre desprovista de todo sustento que le permita tener efectos válidos".
Fuente: Diario Río Negro
El amparo presentado por "Río Negro" contra el decreto 936/11 que prohíbe la publicación de avisos de oferta sexual fue rechazado en primera instancia.
La jueza subrogante en lo Contencioso Administrativo María Alejandra Biotti no analizó el fondo de la cuestión jurídica planteada sino que rechazó la acción por entender que "la parte actora no ha demostrado que esta vía sumarísima (del amparo) sea el único medio válido para garantizar sus derechos". Este medio apelará la decisión.
La magistrada, que había considerado admisible la acción pocos días después de presentada, a principios de julio de este año, hizo suyo el argumento con el cual el Estado Nacional respondió los argumentos formulados por Editorial Río Negro. En tal sentido, opinó que es "insuficiente alegar una conducta estatal cuestionable, sosteniendo que se afecta o restringe algún derecho constitucional, siendo necesario además que la norma se encuentre desprovista de todo sustento que le permita tener efectos válidos".
Este diario promovió acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional por considerar que el decreto presidencial 936/11 es inconstitucional, lesivo de la libertad de expresión y discriminatorio del libre ejercicio de una actividad lícita. Estimó que el Ejecutivo abusó de su "poder de policía" al introducir por decreto prohibiciones que no están contenidas en las leyes que el decreto busca reglamentar.
Afirmó que el decreto refleja un error conceptual porque ejercer la prostitución no es delito en la Argentina, y por lo tanto esa actividad lícita no puede ser discriminada privándola de la posibilidad de publicitar su oferta.
El diario -afirmó- ha sido muy cuidadoso en el manejo de los avisos clasificados relacionados con servicios sexuales que puedan encubrir conductas ilícitas como el proxenetismo y trata de personas, estableciendo una autorregulación para evitar su publicación.
En su resolución, la jueza Biotti manifiesta que de los considerandos del decreto "surge que la señora presidenta emitió el mismo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 99 incisos 1 y 2 de la Constitución nacional" y con el objetivo de poner en funcionamiento leyes del Congreso Nacional.
Aseguró que "la parte actora no ha demostrado que esta vía sumarísima utilizada sea el único medio válido para garantizar sus derechos", citando un fallo que alude a que la amparista "debió demostrar la inexistencia de otras vías procesales idóneas para proteger el derecho que se dice lesionado o que la remisión a ellas produzca un gravamen insusceptible de reparación posterior".
Luego de citar varios fallos más en relación a este tema, la jueza manifestó que "la ilegalidad o arbitrariedad manifiestas, causantes de una efectiva lesión de los derechos o garantías reconocidos por la Constitución Nacional, deben aparecer en forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de hechos, ni de un amplio debate y prueba". Consideró que es "insuficiente alegar una conducta estatal cuestionable, sosteniendo que se afecta o restringe algún derecho constitucional, siendo necesario además que la norma se encuentre desprovista de todo sustento que le permita tener efectos válidos".
Fuente: Diario Río Negro
miércoles, 28 de septiembre de 2011
Crean un "Multimedios Digital" como empresa del Estado misionero
Curioso proyecto de Ley se cocina en Misiones. Proponen crear un Multimedios Digital y autorizarle gestionar trámites para la concesión de permisos y adjudicación de licencias para prestar servicios de comunicación audiovisual de televisión y radio abierta digital y satelital
Obtuvo dictamen en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Representantes provincial, el proyecto de ley de los diputados Salvador Cabral y Carlos Rovira mediante el cual proponen crear un multimedios digital en el ámbito de Multimedios Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM). La iniciativa también contempla la adhesión de Misiones a la ley nacional de servicios de comunicación audiovisual.
De sancionarse el dictamen, se facultaría a Multimedios SAPEM a suscribir convenios de colaboración con cooperativas, empresas públicas y privadas, nacionales o extranjeras, tendientes a la incorporación de nuevas tecnologías y servicios audiovisuales, convenios de planificación de la transición de la teleradiodifusión analógica a la digital, investigación, desarrollo e incorporación de innovaciones tecnológicas.
Asimismo, se le autorizaría a gestionar trámites para la concesión de permisos y adjudicación de licencias para prestar servicios de comunicación audiovisual de televisión y radio abierta digital y satelital, así como también para la implementación de tecnologías de la información y la comunicación.
Se propone designar al presidente del Directorio de Multimedios SAPEM como representante de la provincia ante el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, a quien -por otra parte- se le otorgaría la dirección y administración de las señales audiovisuales y radioeléctricas que emita el Centro del Conocimiento Sociedad Anónima.
En los fundamentos, Cabral considera que la comunicación audiovisual, como actividad social de interés público y de carácter esencial para el desarrollo sociocultural de la población, requiere un cambio en su visión y manejo.
Destaca “la particular ubicación territorial de la provincia que, rodeada por los países de Brasil y Paraguay, importa un estratégico asiento para desarrollar unos de los objetivos centrales de la ley de medios: la integración regional latinoamericana” y entiende que “la adhesión a la ley nacional es la manera correcta de adecuarnos a los nuevos tiempos que las comunicaciones afrontan”.
También explica que el representante provincial en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual tendría las funciones de colaborar y asesorar en el diseño de la política pública de radiodifusión.
Fuente: Cámara de Diputados de Misiones
Obtuvo dictamen en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Representantes provincial, el proyecto de ley de los diputados Salvador Cabral y Carlos Rovira mediante el cual proponen crear un multimedios digital en el ámbito de Multimedios Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM). La iniciativa también contempla la adhesión de Misiones a la ley nacional de servicios de comunicación audiovisual.
De sancionarse el dictamen, se facultaría a Multimedios SAPEM a suscribir convenios de colaboración con cooperativas, empresas públicas y privadas, nacionales o extranjeras, tendientes a la incorporación de nuevas tecnologías y servicios audiovisuales, convenios de planificación de la transición de la teleradiodifusión analógica a la digital, investigación, desarrollo e incorporación de innovaciones tecnológicas.
Asimismo, se le autorizaría a gestionar trámites para la concesión de permisos y adjudicación de licencias para prestar servicios de comunicación audiovisual de televisión y radio abierta digital y satelital, así como también para la implementación de tecnologías de la información y la comunicación.
Se propone designar al presidente del Directorio de Multimedios SAPEM como representante de la provincia ante el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, a quien -por otra parte- se le otorgaría la dirección y administración de las señales audiovisuales y radioeléctricas que emita el Centro del Conocimiento Sociedad Anónima.
En los fundamentos, Cabral considera que la comunicación audiovisual, como actividad social de interés público y de carácter esencial para el desarrollo sociocultural de la población, requiere un cambio en su visión y manejo.
Destaca “la particular ubicación territorial de la provincia que, rodeada por los países de Brasil y Paraguay, importa un estratégico asiento para desarrollar unos de los objetivos centrales de la ley de medios: la integración regional latinoamericana” y entiende que “la adhesión a la ley nacional es la manera correcta de adecuarnos a los nuevos tiempos que las comunicaciones afrontan”.
También explica que el representante provincial en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual tendría las funciones de colaborar y asesorar en el diseño de la política pública de radiodifusión.
Fuente: Cámara de Diputados de Misiones
Uruguay: Pese a Mujica, preparan Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
El gobierno incluirá una “cuota pantalla” para fomentar la industria uruguaya. El presidente había dicho que si le llevaban una ley de medios la tiraba a la basura
El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) elevará en un mes y medio el proyecto de ley de medios al Consejo de Ministros. En estos días, el texto de la iniciativa está en plena elaboración por parte del actual director nacional de telecomunicaciones, Gustavo Gómez, según supo El Observador. El jerarca abandonará el cargo en octubre por decisión de la cúpula ministerial, pero de todos modos una de sus últimas tareas a cargo fue la redacción del proyecto.
Fuentes oficiales informaron que el borrador será entregado al ministro de Industria, Roberto Kreimerman, en los próximos días para su consideración.
La iniciativa, denominada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, incluye varias innovaciones.
En primer lugar, una de las medidas será la inclusión de una “cuota pantalla” en busca de fomentar los contenidos nacionales en las grillas y disminuir el peso de los productos importados.
La normativa exigirá a los dueños de los medios que un porcentaje del tiempo de emisión sea destinado a programación nacional como un modo de preservar y difundir la cultura y los valores del país. El argumento manejado es que se trata de recursos estatales que son concedidos a privados para hacer negocios.
Por eso el Estado tiene derecho a reclamar una contraprestación, según dijeron los informantes.
La concentración de canales y ondas de radio en pocas manos será otro de los elementos en los que el proyecto introducirá varios cambios. Las telecomunicaciones tienen tres actores: estatal, privado y cooperativo. Hasta ahora predominó lo vinculado a lo comercial según el diagnóstico oficial y por eso habrá un intento por “ordenar” el panorama. En este sentido, el proyecto de ley establecerá que “al menos” un tercio de las adjudicaciones será destinado a medios cooperativos sin fines de lucro.
Si bien el objetivo no es que los medios públicos también lleguen a un tercio de todo el espectro, la intención es que tengan más peso respecto al actual. La televisión digital y la posibilidad de incrementar la cantidad de canales existentes abre, a juicio del Poder Ejecutivo, la posibilidad ideal para “ordenar hacia adelante” y “respetando los derechos de quienes hoy tienen autorizaciones”, dijo una fuente.
Justamente, en la distribución actual del espectro televisivo es donde aparece la concentración mayor de señales en pocas manos, según el diagnóstico oficial.
Por eso el proyecto de ley intentará que haya una distribución más equitativa para garantizar que “todas las voces” tengan presencia en los medios de comunicación. Uno de los problemas existentes, según el gobierno, es que muchas veces los verdaderos dueños de algunos medios son representados por testaferros. Esta modalidad será prohibida para que en las concesiones solo aparezca el nombre de quien realmente dirigirá el medio.
Polémica en el horizonte
El presidente José Mujica dijo que si le llegaba una ley de medios la tiraba a la papelera. De todos modos, el mandatario va a recibir un texto y lo evaluará con el resto del Ejecutivo. Además de las medidas ya decididas, hay otras que están “sobre la mesa” aunque aún en evaluación. Se trata, justamente, de las acciones más polémicas.
Una de ellas es la posibilidad de cobrar un canon a aquellos privados que tengan en su poder una onda estatal. Esos fondos serían destinados al fomento de la industria nacional.
Esa medida aparece en el informe final del comité técnico integrado por todas las partes que estudió la forma de instrumentar una ley de medios.
Un informante dijo que, por ejemplo, todas las empresas telefónicas pagan por el uso del espectro y que los canales abiertos y las radios no lo hacen. Aunque aún resta tomar la decisión, esa fuente dijo que es un recurso finito utilizado para lucrar.
El otro asunto sobre la mesa es fijar a las concesiones un plazo de finalización, un aspecto que no rige hoy en día en Uruguay.
“En eso somos la excepción”, dijo una fuente oficial e informó que en la mayoría de los países del mundo cuando un privado recibe una onda sabe que la tiene por determinados años. El concepto es que un bien estatal puede ser asimilado por ejemplo a otorgar un puerto o la explotación de cierto mineral sin fecha de finalización.
En caso de incluirse en el texto, el gobierno piensa determinar plazos diferentes para radio y televisión dado que las inversiones detrás de cada medio son muy diferentes.
El jueves pasado el ministro Kreimerman y el subsecretario Edgardo Ortuño recibieron a la Coalición por una Comunicación Democrática, una organización que trabaja los temas referidos a la libertad de expresión y la comunicación.
En el encuentro, ambos jerarcas explicaron que Gómez seguirá en el cargo hasta que entregue el proyecto de ley de medios, según un comunicado de la asociación. Allí Kreimerman anunció que el proyecto llegará al gabinete en 45 días.
Las medidas
Una cuota pantalla para incentivar lo local
El Ministerio de Educación y Cultura ya lo había manejado pero la medida aparecerá en el proyecto de ley de medios. Los canales y las radios estarán obligados a transmitir productos locales para fomentar la industria nacional y disminuir el peso de lo extranjero.
Diversificar propiedad de los medios
El diagnóstico oficial es que los canales de televisión están concentrados en pocas manos y por eso este proyecto de ley intentará revertir ese fenómeno. Al menos dos tercios de las nuevas adjudicaciones deberán ser para radios y canales sin fines de lucro.
Sin testaferros de las ondas
El gobierno identificó que en algunos casos hay testaferros para representar a algunos empresarios pero en realidad todos responden al mismo grupo. Aspiran a cambiar ese aspecto y por eso estará prohibido y controlarán que aparezcan los nombres reales.
Un plazo de finalización para las adjudicaciones
En Uruguay, las concesiones son sin fecha de finalización y ese aspecto estará a estudio. Es que la intención es cambiar ese aspecto, uno de los más polémicos. Por estos días, quienes están redactando el proyecto de ley deciden si incluyen un plazo máximo al privado o no.
El pago del canon para usar el espectro
Los canales de televisión abierta y las radios no pagan hoy en día por la utilización del espectro, a diferencia de otras empresas, caso de las telefónicas. Esta es otra de las medidas a estudio: pasar a cobrar a los medios de comunicación e invertir eso en producción nacional.
Fuente: Diario El Observador
El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) elevará en un mes y medio el proyecto de ley de medios al Consejo de Ministros. En estos días, el texto de la iniciativa está en plena elaboración por parte del actual director nacional de telecomunicaciones, Gustavo Gómez, según supo El Observador. El jerarca abandonará el cargo en octubre por decisión de la cúpula ministerial, pero de todos modos una de sus últimas tareas a cargo fue la redacción del proyecto.
Fuentes oficiales informaron que el borrador será entregado al ministro de Industria, Roberto Kreimerman, en los próximos días para su consideración.
La iniciativa, denominada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, incluye varias innovaciones.
En primer lugar, una de las medidas será la inclusión de una “cuota pantalla” en busca de fomentar los contenidos nacionales en las grillas y disminuir el peso de los productos importados.
La normativa exigirá a los dueños de los medios que un porcentaje del tiempo de emisión sea destinado a programación nacional como un modo de preservar y difundir la cultura y los valores del país. El argumento manejado es que se trata de recursos estatales que son concedidos a privados para hacer negocios.
Por eso el Estado tiene derecho a reclamar una contraprestación, según dijeron los informantes.
La concentración de canales y ondas de radio en pocas manos será otro de los elementos en los que el proyecto introducirá varios cambios. Las telecomunicaciones tienen tres actores: estatal, privado y cooperativo. Hasta ahora predominó lo vinculado a lo comercial según el diagnóstico oficial y por eso habrá un intento por “ordenar” el panorama. En este sentido, el proyecto de ley establecerá que “al menos” un tercio de las adjudicaciones será destinado a medios cooperativos sin fines de lucro.
Si bien el objetivo no es que los medios públicos también lleguen a un tercio de todo el espectro, la intención es que tengan más peso respecto al actual. La televisión digital y la posibilidad de incrementar la cantidad de canales existentes abre, a juicio del Poder Ejecutivo, la posibilidad ideal para “ordenar hacia adelante” y “respetando los derechos de quienes hoy tienen autorizaciones”, dijo una fuente.
Justamente, en la distribución actual del espectro televisivo es donde aparece la concentración mayor de señales en pocas manos, según el diagnóstico oficial.
Por eso el proyecto de ley intentará que haya una distribución más equitativa para garantizar que “todas las voces” tengan presencia en los medios de comunicación. Uno de los problemas existentes, según el gobierno, es que muchas veces los verdaderos dueños de algunos medios son representados por testaferros. Esta modalidad será prohibida para que en las concesiones solo aparezca el nombre de quien realmente dirigirá el medio.
Polémica en el horizonte
El presidente José Mujica dijo que si le llegaba una ley de medios la tiraba a la papelera. De todos modos, el mandatario va a recibir un texto y lo evaluará con el resto del Ejecutivo. Además de las medidas ya decididas, hay otras que están “sobre la mesa” aunque aún en evaluación. Se trata, justamente, de las acciones más polémicas.
Una de ellas es la posibilidad de cobrar un canon a aquellos privados que tengan en su poder una onda estatal. Esos fondos serían destinados al fomento de la industria nacional.
Esa medida aparece en el informe final del comité técnico integrado por todas las partes que estudió la forma de instrumentar una ley de medios.
Un informante dijo que, por ejemplo, todas las empresas telefónicas pagan por el uso del espectro y que los canales abiertos y las radios no lo hacen. Aunque aún resta tomar la decisión, esa fuente dijo que es un recurso finito utilizado para lucrar.
El otro asunto sobre la mesa es fijar a las concesiones un plazo de finalización, un aspecto que no rige hoy en día en Uruguay.
“En eso somos la excepción”, dijo una fuente oficial e informó que en la mayoría de los países del mundo cuando un privado recibe una onda sabe que la tiene por determinados años. El concepto es que un bien estatal puede ser asimilado por ejemplo a otorgar un puerto o la explotación de cierto mineral sin fecha de finalización.
En caso de incluirse en el texto, el gobierno piensa determinar plazos diferentes para radio y televisión dado que las inversiones detrás de cada medio son muy diferentes.
El jueves pasado el ministro Kreimerman y el subsecretario Edgardo Ortuño recibieron a la Coalición por una Comunicación Democrática, una organización que trabaja los temas referidos a la libertad de expresión y la comunicación.
En el encuentro, ambos jerarcas explicaron que Gómez seguirá en el cargo hasta que entregue el proyecto de ley de medios, según un comunicado de la asociación. Allí Kreimerman anunció que el proyecto llegará al gabinete en 45 días.
Las medidas
Una cuota pantalla para incentivar lo local
El Ministerio de Educación y Cultura ya lo había manejado pero la medida aparecerá en el proyecto de ley de medios. Los canales y las radios estarán obligados a transmitir productos locales para fomentar la industria nacional y disminuir el peso de lo extranjero.
Diversificar propiedad de los medios
El diagnóstico oficial es que los canales de televisión están concentrados en pocas manos y por eso este proyecto de ley intentará revertir ese fenómeno. Al menos dos tercios de las nuevas adjudicaciones deberán ser para radios y canales sin fines de lucro.
Sin testaferros de las ondas
El gobierno identificó que en algunos casos hay testaferros para representar a algunos empresarios pero en realidad todos responden al mismo grupo. Aspiran a cambiar ese aspecto y por eso estará prohibido y controlarán que aparezcan los nombres reales.
Un plazo de finalización para las adjudicaciones
En Uruguay, las concesiones son sin fecha de finalización y ese aspecto estará a estudio. Es que la intención es cambiar ese aspecto, uno de los más polémicos. Por estos días, quienes están redactando el proyecto de ley deciden si incluyen un plazo máximo al privado o no.
El pago del canon para usar el espectro
Los canales de televisión abierta y las radios no pagan hoy en día por la utilización del espectro, a diferencia de otras empresas, caso de las telefónicas. Esta es otra de las medidas a estudio: pasar a cobrar a los medios de comunicación e invertir eso en producción nacional.
Fuente: Diario El Observador
México: Crean el grupo Ya basta de abusos de Televisa
"Ya Basta de Abusos de Televisa" se apoyará en foros que expongan evidencias del mal actuar de Televisa, tal y como lo hace televileaks.com, el cual representa el Wikileaks de Televisa. televileaks.com muestra una serie de casos de Televisa en contubernio con Autoridades del D.F. y otras, que denotan una actitud servil a Televisa
El empresario Simón Charaf, ha creado "Ya Basta de Abusos de Televisa A.C.", la cual tiene como objetivo que los mexicanos unidos, dijo pongamos un Ya basta a los abusos y ataques de Televisa, evidenciando su mal actuar en diversos foros.
En un comunicado señaló que cuando se vive una situación muy fuerte y dolorosa, no quieres que nadie más la viva; por lo vivido en su caso, han creado esta Asociación Civil, para que quien estén viviendo un abuso, injusticia, ataque o atropello por parte de Televisa, en contubernio o sometimiento de la Autoridad, tenga una plataforma de difusión con la que pueda enfrentarlos, evidenciándolos inmediatamente ante millones de personas.
Asimismo con esto se termine dicho abuso, ataque o atropello, "y no como nos pasó a nosotros, de sufrir un embate de este monstruo y no saber a quién acudir para denunciarlos o como enfrentarlos", afirmó Simón Charaf, Presidente de Ya Basta de Abusos de Televisa A.C.
Es inconcebible lo que estamos viviendo en México: Televisa ataca y despoja a su antojo, y las Autoridades, complacientes o sometidas; ¿En qué país del mundo se le permite esto a una Televisora?.
Cada vez son más evidentes los constantes abusos, ataques y manipulaciones por parte de Televisa en contra de quien afecte sus intereses o ventile anomalías de la Televisora (periodistas, medios de comunicación, funcionarios públicos y empresarios), así como el despojo de patrimonio de los mexicanos con los miles de millones de pesos que son canalizados a Televisa por Partidos Políticos, Gobiernos de los Estados y otras Dependencias de Gobierno.
En el texto se indicó que "Ya Basta de Abusos de Televisa A.C". se apoyará en foros que expongan evidencias del mal actuar de Televisa, tal y como lo hace televileaks.com, el cual representa el Wikileaks de Televisa. televileaks.com muestra una serie de casos de Televisa en contubernio con Autoridades del D.F. y otras, que denotan una actitud servil a Televisa.
En dicho foro se pueden ver desde cartas al presidente de la República, exponiendo anomalías en las que incurre Televisa, hasta documentos confidenciales de Televisa.
Adicionalmente televileaks.com, cuenta con secciones donde la gente podrá ver opiniones y quejas en contra de Televisa, así como exponer otros casos de abusos de la televisora.
También se implementarán campañas utilizando espacios de difusión de mensajes-denuncia en contra de los abusos y ataques de Televisa en anuncios espectaculares, vallas, medios impresos, medios electrónicos, así como otros medios de comunicación y redes sociales.
La Asociación solicitará sea retirada la concesión a Televisa y asuma las consecuencias legales de sus actos, petición que estamos seguros será secundada por un gran número de mexicanos que estamos cansados de que en lugar de ser informados, seamos engañados y atacados bajo los intereses de Televisa.
La Asociación Civil, está conformada por un gran número de líderes de opinión y respetables miembros de la sociedad de diferentes ámbitos, conscientes y preocupados por el daño que Televisa causa a la sociedad mexicana.
La Asociación invita a todos los mexicanos a unirse a esta causa, ya sea a través de la comunidad televileaks en las redes sociales o de cualquier otra manera con la que puedan sumarse.
Fuente: Grupo Fórmula
El empresario Simón Charaf, ha creado "Ya Basta de Abusos de Televisa A.C.", la cual tiene como objetivo que los mexicanos unidos, dijo pongamos un Ya basta a los abusos y ataques de Televisa, evidenciando su mal actuar en diversos foros.
En un comunicado señaló que cuando se vive una situación muy fuerte y dolorosa, no quieres que nadie más la viva; por lo vivido en su caso, han creado esta Asociación Civil, para que quien estén viviendo un abuso, injusticia, ataque o atropello por parte de Televisa, en contubernio o sometimiento de la Autoridad, tenga una plataforma de difusión con la que pueda enfrentarlos, evidenciándolos inmediatamente ante millones de personas.
Asimismo con esto se termine dicho abuso, ataque o atropello, "y no como nos pasó a nosotros, de sufrir un embate de este monstruo y no saber a quién acudir para denunciarlos o como enfrentarlos", afirmó Simón Charaf, Presidente de Ya Basta de Abusos de Televisa A.C.
Es inconcebible lo que estamos viviendo en México: Televisa ataca y despoja a su antojo, y las Autoridades, complacientes o sometidas; ¿En qué país del mundo se le permite esto a una Televisora?.
Cada vez son más evidentes los constantes abusos, ataques y manipulaciones por parte de Televisa en contra de quien afecte sus intereses o ventile anomalías de la Televisora (periodistas, medios de comunicación, funcionarios públicos y empresarios), así como el despojo de patrimonio de los mexicanos con los miles de millones de pesos que son canalizados a Televisa por Partidos Políticos, Gobiernos de los Estados y otras Dependencias de Gobierno.
En el texto se indicó que "Ya Basta de Abusos de Televisa A.C". se apoyará en foros que expongan evidencias del mal actuar de Televisa, tal y como lo hace televileaks.com, el cual representa el Wikileaks de Televisa. televileaks.com muestra una serie de casos de Televisa en contubernio con Autoridades del D.F. y otras, que denotan una actitud servil a Televisa.
En dicho foro se pueden ver desde cartas al presidente de la República, exponiendo anomalías en las que incurre Televisa, hasta documentos confidenciales de Televisa.
Adicionalmente televileaks.com, cuenta con secciones donde la gente podrá ver opiniones y quejas en contra de Televisa, así como exponer otros casos de abusos de la televisora.
También se implementarán campañas utilizando espacios de difusión de mensajes-denuncia en contra de los abusos y ataques de Televisa en anuncios espectaculares, vallas, medios impresos, medios electrónicos, así como otros medios de comunicación y redes sociales.
La Asociación solicitará sea retirada la concesión a Televisa y asuma las consecuencias legales de sus actos, petición que estamos seguros será secundada por un gran número de mexicanos que estamos cansados de que en lugar de ser informados, seamos engañados y atacados bajo los intereses de Televisa.
La Asociación Civil, está conformada por un gran número de líderes de opinión y respetables miembros de la sociedad de diferentes ámbitos, conscientes y preocupados por el daño que Televisa causa a la sociedad mexicana.
La Asociación invita a todos los mexicanos a unirse a esta causa, ya sea a través de la comunidad televileaks en las redes sociales o de cualquier otra manera con la que puedan sumarse.
Fuente: Grupo Fórmula
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