La asamblea general de trabajadores de la agencia nacional de noticias TelAm, ante la falta de avances en las negociaciones salariales que mantiene con la dirección de la empresa, resolvió hoy por unanimidad:
1º Disponer una retención de tareas de dos horas en el dia de la fecha de 14 a 16hs.
2º Permanecer en estado de asamblea permanente, en defensa del 30% del incremento salarial desde el mes de Mayo y del salario mínimo de $ 5.000.
3º Reiterar su solidaridad con los compañeros de Radio Nacional en lucha por la defensa de sus salarios y concurrir el dia 24/06 a su asamblea general.
4º Realizar el martes 28/06 una retención de tareas de dos horas por turno, a cumplirse del siguiente modo:
- Periodismo turno mañana: de 08 a 10hs
- Periodismo turno tarde, administración y publicidad: de 15 a 17hs.
- Periodismo turno noche: de 20 a 22hs.
5º Convocar a una nueva asamblea general para el día 30/06, en el 1º piso a las 13.45hs.
martes, 28 de junio de 2011
Los senadores insisten: Canon Digital se tratará hoy en comisión #noalcanon
Este martes 28 de junio, desde las 16:30, la reunión de comisión de legislación general del Senado, tiene en su agenda tres proyectos de ley de “Remuneración por Copia Privada”, popularmente conocida como Canon Digital. Los proyectos pretenden incluir un gravámen sobre dispositivos digitales para compensar las supuestas y nunca comprobadas pérdidas que sufrirían los titulares de derecho de autor ante la copia privada de obras. El canon digital es un abuso. Si te oponés, hacele saber a los senadores cuál es tu opinión, enviando la siguiente nota a sus despachos
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Rousseff: Brasil necesita contar con más medios para consolidar la libertad de prensa y pluralidad de ideas
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, defendió la libertad de expresión y recordó que ésta fue recuperada sólo tras el fin de la dictadura militar, que gobernó entre 1964 y 1985
Rousseff, que fue presa política durante casi tres años, afirmó que la sociedad brasileña logró dejar atrás a la "dictadura, la falta de libertad de expresión y comunicación" y a partir de entonces comenzó a construirse "una de las democracias más sólidas del mundo".
La mandataria pronunció un discurso en la noche del lunes en Río de Janeiro a donde viajó para participar de los actos conmemorativos de los años del diario popular O Día.
Sostuvo la Jefa de Estado que su país necesita contar con más medios de comunicación para consolidar la libertad de prensa y pluralidad de ideas.
Desde su toma de posesión, el 1ro de enero, la presidenta ha expresado reiteradamente, incluso en encuentros con líderes internacionales, a la libertad de expresión y los derechos humanos.
Fuente: Agencia ANSA
Rousseff, que fue presa política durante casi tres años, afirmó que la sociedad brasileña logró dejar atrás a la "dictadura, la falta de libertad de expresión y comunicación" y a partir de entonces comenzó a construirse "una de las democracias más sólidas del mundo".
La mandataria pronunció un discurso en la noche del lunes en Río de Janeiro a donde viajó para participar de los actos conmemorativos de los años del diario popular O Día.
Sostuvo la Jefa de Estado que su país necesita contar con más medios de comunicación para consolidar la libertad de prensa y pluralidad de ideas.
Desde su toma de posesión, el 1ro de enero, la presidenta ha expresado reiteradamente, incluso en encuentros con líderes internacionales, a la libertad de expresión y los derechos humanos.
Fuente: Agencia ANSA
AFSCA llama a concurso para la TV Abierta Digital
La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual llamó a concurso público para la adjudicación de licencias para prestar un servicio de comunicación audiovisual de televisión abierta digital, en la norma ISDB-T, con el fin de "democratizar el acceso a las licencias".
La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, por Resolución 686/2011, que lleva la firma de su titular, Juan G. Mariotto, llamó a concurso público para la adjudicación de licencias para prestar un servicio de comunicación audiovisual de televisión abierta digital en la norma ISDB-T.
En tanto por Resolución 685/2011, también publicada hoy en el Boletín Oficial, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, que regirá los llamados a concurso público.
El concurso público abarca a personas físicas o personas de existencia ideal con fines de lucro, como también sin fines de lucro, para prestar un servicio de comunicación audiovisual de televisión abierta digital en la norma ISDB-T, a través de la incorporación de la señal, con definición estándar, en un canal digital de televisión, que utilizará la Plataforma Nacional de Televisión Digital Terrestre, de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (ARSAT) en los términos del Decreto Nº 835/11.
En los considerandos expresa que la modalidad de concurso público se considera idónea para la consecución de la finalidad de democratizar el acceso a las licencias del servicio de que se trata y extender los beneficios derivados de la incorporación de las nuevas tecnologías.
En 32 zonas se concursan entre 4 y 8 licencias, divididas siempre en partes iguales entre las destinadas a personas con fines comerciales y las destinadas a asociaciones sin fines de lucro.
Las fechas de cierre de presentación de las propuestas van desde el 22 de agosto hasta el 29 de agosto de este año, según la zona.
En la ciudad de Buenos Aires se ofrecen a concurso público un total de 16 licencias, igual que en Santa Fe que se dividirán cuatro en Rosario y otras cuatro en Santo Tomé.
En la provincia de Buenos Aires se proponen otras 48 entre Bahía Blanca (8), Mar del Plata (8), Pinamar (8), Baradero (4), Campana (4), Cañuelas (4), Dolores (4) La Plata (4), y San Nicolás (4).
En Córdoba se dispuso un total de 16 licencias, la mitad en Villa María y el resto en Sierra de Punilla; en la ciudad de Bariloche, Río Negro, se concursarán ocho licencias.
El resto de las licencias corresponden a las ciudades capitales de las provincias y siempre se distribuyen cuatro para las asociaciones no gubernamentales y sin fines de lucro y otras cuatro para las empresas y personas con objetivos comerciales.
La única excepción es Santiago del Estero dónde se concursarán 2 licencias para las empresas y otras dos licencias para las asociaciones sin fines de lucro.
También se aprueba el cronograma, como Anexo I, mediante el cual se establecen los días y las horas en que se realizarán las aperturas de las ofertas que se presenten en los concursos públicos.
La Autoridad Federal definirá la canalización de los servicios cuyas licencias se adjudiquen conforme el resultado y avances de las medidas de reordenamiento de la banda de UHF, coordinación internacional en el ámbito Mercosur y modificación de las atribuciones de frecuencias de dicha banda.
Las frecuencias y parámetros asignados serán provisorios y quedarán sujetos a modificación exigida por dichos extremos.
Los concursos públicos se regirán por los pliegos de bases y condiciones aprobados por la Autoridad Federal.
Las ofertas deberán ser presentadas en la fecha establecida en los cronogramas aprobados dentro de las dos horas anteriores y hasta la hora fijada para la apertura del respectivo concurso, en la sede de la Autoridad Federal, sita en Suipacha Nº 765, Piso 9º, Contrafrente.
Precisa luego que a los efectos del cálculo de la inversión comprometida, en los términos de los pliegos de bases y condiciones generales y particulares, el importe a ser abonado mensualmente a ARSAT por el servicio de multiplexación nacional tendrá como precio de referencia de $ 24.000.
Cuando el área de cobertura de los concursos públicos convocados coincida con los lugares de emplazamiento de los servicios declarados operativos en el marco del Ordenamiento de los Servicios de Televisión de Baja Potencia, cualquiera sea la banda (VHF o UHF) de operación del servicio de televisión declarado, y se hubiere o no realizado la inspección u otorgado la autorización a que refiere dicha norma, se considerará cumplida la condición de llamado a concurso público.
Fuente: Sala de Prensa
La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, por Resolución 686/2011, que lleva la firma de su titular, Juan G. Mariotto, llamó a concurso público para la adjudicación de licencias para prestar un servicio de comunicación audiovisual de televisión abierta digital en la norma ISDB-T.
En tanto por Resolución 685/2011, también publicada hoy en el Boletín Oficial, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, que regirá los llamados a concurso público.
El concurso público abarca a personas físicas o personas de existencia ideal con fines de lucro, como también sin fines de lucro, para prestar un servicio de comunicación audiovisual de televisión abierta digital en la norma ISDB-T, a través de la incorporación de la señal, con definición estándar, en un canal digital de televisión, que utilizará la Plataforma Nacional de Televisión Digital Terrestre, de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (ARSAT) en los términos del Decreto Nº 835/11.
En los considerandos expresa que la modalidad de concurso público se considera idónea para la consecución de la finalidad de democratizar el acceso a las licencias del servicio de que se trata y extender los beneficios derivados de la incorporación de las nuevas tecnologías.
En 32 zonas se concursan entre 4 y 8 licencias, divididas siempre en partes iguales entre las destinadas a personas con fines comerciales y las destinadas a asociaciones sin fines de lucro.
Las fechas de cierre de presentación de las propuestas van desde el 22 de agosto hasta el 29 de agosto de este año, según la zona.
En la ciudad de Buenos Aires se ofrecen a concurso público un total de 16 licencias, igual que en Santa Fe que se dividirán cuatro en Rosario y otras cuatro en Santo Tomé.
En la provincia de Buenos Aires se proponen otras 48 entre Bahía Blanca (8), Mar del Plata (8), Pinamar (8), Baradero (4), Campana (4), Cañuelas (4), Dolores (4) La Plata (4), y San Nicolás (4).
En Córdoba se dispuso un total de 16 licencias, la mitad en Villa María y el resto en Sierra de Punilla; en la ciudad de Bariloche, Río Negro, se concursarán ocho licencias.
El resto de las licencias corresponden a las ciudades capitales de las provincias y siempre se distribuyen cuatro para las asociaciones no gubernamentales y sin fines de lucro y otras cuatro para las empresas y personas con objetivos comerciales.
La única excepción es Santiago del Estero dónde se concursarán 2 licencias para las empresas y otras dos licencias para las asociaciones sin fines de lucro.
También se aprueba el cronograma, como Anexo I, mediante el cual se establecen los días y las horas en que se realizarán las aperturas de las ofertas que se presenten en los concursos públicos.
La Autoridad Federal definirá la canalización de los servicios cuyas licencias se adjudiquen conforme el resultado y avances de las medidas de reordenamiento de la banda de UHF, coordinación internacional en el ámbito Mercosur y modificación de las atribuciones de frecuencias de dicha banda.
Las frecuencias y parámetros asignados serán provisorios y quedarán sujetos a modificación exigida por dichos extremos.
Los concursos públicos se regirán por los pliegos de bases y condiciones aprobados por la Autoridad Federal.
Las ofertas deberán ser presentadas en la fecha establecida en los cronogramas aprobados dentro de las dos horas anteriores y hasta la hora fijada para la apertura del respectivo concurso, en la sede de la Autoridad Federal, sita en Suipacha Nº 765, Piso 9º, Contrafrente.
Precisa luego que a los efectos del cálculo de la inversión comprometida, en los términos de los pliegos de bases y condiciones generales y particulares, el importe a ser abonado mensualmente a ARSAT por el servicio de multiplexación nacional tendrá como precio de referencia de $ 24.000.
Cuando el área de cobertura de los concursos públicos convocados coincida con los lugares de emplazamiento de los servicios declarados operativos en el marco del Ordenamiento de los Servicios de Televisión de Baja Potencia, cualquiera sea la banda (VHF o UHF) de operación del servicio de televisión declarado, y se hubiere o no realizado la inspección u otorgado la autorización a que refiere dicha norma, se considerará cumplida la condición de llamado a concurso público.
Fuente: Sala de Prensa
La Resolución 686/2011 en el Boletín Oficial páginas 8 a 27
Conflicto laboral en El País, opinan editores: "Transparencia frente a Fuenteovejuna"
Sostienen los editores de El País que “No firmar los textos es una falta de respeto al lector al primar un asunto laboral sobre lo profesional”
Por: Juan Luis Cebrián, Joaquín Estefanía, Jesús Ceberio y Javier Moreno
Durante los últimos días los lectores de El País habrán podido comprobar que numerosas informaciones, reportajes y entrevistas han salido publicados en el periódico sin las firmas de sus autores. Ello se debe a la iniciativa de una asamblea de redactores que decidió adoptar dicha actitud como medida de presión durante las negociaciones del convenio colectivo de la empresa editora del periódico. Queremos expresar claramente, al margen del desarrollo de dichas negociaciones, que a nuestro juicio dicha postura va contra las normas del ejercicio profesional, al involucrar el contenido del periódico en un contencioso laboral.
Desde el inicio de El País se mantuvieron nítidamente separados el ámbito profesional del laboral, y por ello los representantes de los periodistas se agrupan en dos organismos distintos, el comité profesional y el comité de empresa, para, respectivamente, debatir asuntos relativos al ejercicio de la profesión, y negociar los temas estrictamente laborales con la dirección del periódico. Naturalmente, cualquier periodista tiene derecho a no firmar lo que no quiera, y así se respeta en el Estatuto de la Redacción de El País, pero este es un derecho relacionado con la cláusula de conciencia, y por tanto, individual, y de ninguna manera colectivo. Los contenidos del periódico, el derecho de veto sobre los originales, el diseño del producto, las normas a aplicar y la línea editorial son responsabilidad exclusiva del director del mismo, según el Estatuto de la Redacción. Este regula los derechos y deberes profesionales de los periodistas, la dirección y la propiedad del medio, y fue aprobado en junta general de accionistas. De ningún modo puede alterarse su contenido de modo unilateral sin modificar las bases de este pacto que regula el equilibrio de las tres partes.
Nos parece una grave falta de respeto a los lectores manipular la presentación de trabajos que por su estilo y su propia naturaleza encierran valoraciones, opiniones, comentarios y análisis de quien los hace y, sin embargo, no los firma.
Ni el periódico comparte necesariamente esos puntos de vista ahora anónimos (que aparecen bajo la referencia de El País, sin que lo sean), ni el lector puede hacerse una cabal idea respecto al significado de los mismos, habida cuenta que desconoce su autoría. La transparencia es una exigencia indeclinable de un periodismo digno, responsable y de calidad, que no puede refugiarse tras la protesta opaca del Fuenteovejuna de turno. Cada discusión, a su ámbito: ocultar la autoría de una crónica, una entrevista o reportaje, en virtud de una decisión colectiva que nada tiene que ver con el contenido de dichos trabajos, atenta contra la deontología y el buen hacer profesional, y daña la relación normal con los lectores.
Desde la fundación de El País nos hemos esforzado por hacer valer unos principios cuya quiebra nos parece de una gravedad sin precedentes, y una marcha atrás en la forma de hacer de la Redacción. Quienes hemos dirigido El País durante sus 35 años de existencia pedimos disculpas a nuestros lectores por lo que constituye una falta de consideración a sus derechos. Por lo mismo, creemos que hay que tomar las medidas necesarias para recuperar el crédito perdido y que nadie siga afectando a la calidad de El País y a su relación con sus lectores de modo tan irresponsable. Resuélvanse los problemas laborales en el terreno laboral y los profesionales en el suyo propio, sin tomar de rehenes a los lectores, que son en última instancia aquellos para los que todos debemos trabajar.
Foto: Sergio Mahugo, Flickr
Fuente: Diario El País
El País sin firmas y el abuso de la autoría
Por: Juan Varela
Una huelga por condiciones laborales ha dejado a El País sin firmas. Sus lectores encuentran estos días un diario huérfano, donde no reconocen la autoría de las informaciones. Los cuatro directores de El País se quejan y acusan a la redacción de "tomar de rehenes a los lectores". Una dura reprimenda que subraya una contradicción: ¿es ético retirar las firmas cuando se mantienen las "valoraciones, opiniones, comentarios y análisis" de los autores?
Una huelga de firmas debería desvelar una información menos personalizada. El País fue pionero en España en la firma de prácticamente todas las informaciones. Una política que ha llevado a muchos abusos.
Hoy es difícil encontrar un periodismo con tantas firmas como el español. Ni en Europa, Estados Unidos o Latinoamérica, las culturas periodísticas más próximas, se da un caso semejante. Incluso medios de referencia como The Economist siguen sin firmar las crónicas sin perder enfoque interpretativo y analítico.
Aquí se llegan a firmar notas y ruedas de prensa o ediciones de teletipos. El exceso de firmitis, una afección endémica del periodismo, y el mal entendimimento de la autoría ha favorecido un periodismo soberbio, excesivamente personalista y que a menudo confunde responsabilidad con vanidad.
En la carta a la redacción, los directores de El País piden una separación entre lo laboral y lo profesional confusa estos últimos años, tanto en ese diario como en la mayoría de los medios. No es seguro que la multiplicación de firmas en las informaciones haya aumentado la responsabilidad e independencia de los periodistas, pero sí ha producido una subjetivización de la información, el relajamiento de los controles de edición y el debilitamiento de la cultura profesional, los criterios y estilo editorial de cada medio.
En muchos medios sobra subjetivismo y falta una cultura profesional más exigente. No hace falta volver a los viejos editores que titulaban y decidían todos los contenidos, pero una redacción con demasiados personalismos y débil control editorial es una amalgama de voces sin una propuesta clara y concreta para el lector.
Esa es la gran diferencia entre medios de fuerte cultura profesional y el resto. Los primeros -The Economist, The New York Times o Die Zeit, entre otros- privilegian una fuerte cultura y estilo editorial frente a las voces personales. Cuando la información se firma es por una calidad excepcional o en situaciones en las que conocer la autoría y situación del periodista aporta elementos importantes al lector.
En esas culturas periodísticas la opinión está claramente deslindada de la interpretación y el análisis. La primera, juzga y se posiciona; las segundas aportan elementos valorativos para mejorar el entendimiento y contextualización de la información. En las culturas periodísticas con mayor peso de la cabecera, la impronta del medio permeabiliza la información, sus elementos y la voz de los reporteros. Incluso en los de sus estrellas.
En Latinoamérica, dónde he desarrollado gran parte de mi carrera profesional, se sigue ese ejemplo. Limitar el uso de las firmas protege a la redacción frente a las presiones y poderes externos, reafirma el control por los editores y jefes de la redacción, y ayuda a crear un estilo compartido que permite diferenciar por su voz y recursos expresivos a unos medios de otros. Algo cada vez más difícil en un periodismo egocéntrico, pero no por ello con más autoría real.
Cuando el valor y alcance de la voz personal es mayor que nunca gracias a los nuevos estilos periodísticos, los blogs, las redes sociales y la evolución de muchos periodistas hasta convertir su firma en una marca, reivindicar un cierto estoicismo de la autoría, reforzar el control editorial y la cultura de la redacción -aún en redacciones descentralizadas- es una diferencia entre los medios profesionales de calidad y el resto.
Esa es la responsabilidad de la cabecera, su director y editores. La transparencia aumenta porque queda más claro donde pesa más el trabajo individual frente al colectivo y la responsabilidad se comparte con mayor equilibrio: la cabecera y su director protegen a los redactores, que a cambio reconocen esa autoridad profesional.
Es entonces cuando aparece claramente deslindado lo profesional de lo laboral y no se confunde al público entre la voz de la cabecera y la de cada periodista o colaborador, que firma como valoración de su trabajo o porque se aparta de los criterios editoriales.
Con Bertold Brecht exhorto a los periodistas a ser menos autores y más obreros de la información. Por su bien y el de los lectores. Por la transparencia, la responsabilidad y una información con mayor calidad y menos subjetividad, que a menudo encubre una débil exigencia periodística.
Fuente: Periodistas 21
Por: Juan Luis Cebrián, Joaquín Estefanía, Jesús Ceberio y Javier Moreno
Durante los últimos días los lectores de El País habrán podido comprobar que numerosas informaciones, reportajes y entrevistas han salido publicados en el periódico sin las firmas de sus autores. Ello se debe a la iniciativa de una asamblea de redactores que decidió adoptar dicha actitud como medida de presión durante las negociaciones del convenio colectivo de la empresa editora del periódico. Queremos expresar claramente, al margen del desarrollo de dichas negociaciones, que a nuestro juicio dicha postura va contra las normas del ejercicio profesional, al involucrar el contenido del periódico en un contencioso laboral.
Desde el inicio de El País se mantuvieron nítidamente separados el ámbito profesional del laboral, y por ello los representantes de los periodistas se agrupan en dos organismos distintos, el comité profesional y el comité de empresa, para, respectivamente, debatir asuntos relativos al ejercicio de la profesión, y negociar los temas estrictamente laborales con la dirección del periódico. Naturalmente, cualquier periodista tiene derecho a no firmar lo que no quiera, y así se respeta en el Estatuto de la Redacción de El País, pero este es un derecho relacionado con la cláusula de conciencia, y por tanto, individual, y de ninguna manera colectivo. Los contenidos del periódico, el derecho de veto sobre los originales, el diseño del producto, las normas a aplicar y la línea editorial son responsabilidad exclusiva del director del mismo, según el Estatuto de la Redacción. Este regula los derechos y deberes profesionales de los periodistas, la dirección y la propiedad del medio, y fue aprobado en junta general de accionistas. De ningún modo puede alterarse su contenido de modo unilateral sin modificar las bases de este pacto que regula el equilibrio de las tres partes.
Nos parece una grave falta de respeto a los lectores manipular la presentación de trabajos que por su estilo y su propia naturaleza encierran valoraciones, opiniones, comentarios y análisis de quien los hace y, sin embargo, no los firma.
Ni el periódico comparte necesariamente esos puntos de vista ahora anónimos (que aparecen bajo la referencia de El País, sin que lo sean), ni el lector puede hacerse una cabal idea respecto al significado de los mismos, habida cuenta que desconoce su autoría. La transparencia es una exigencia indeclinable de un periodismo digno, responsable y de calidad, que no puede refugiarse tras la protesta opaca del Fuenteovejuna de turno. Cada discusión, a su ámbito: ocultar la autoría de una crónica, una entrevista o reportaje, en virtud de una decisión colectiva que nada tiene que ver con el contenido de dichos trabajos, atenta contra la deontología y el buen hacer profesional, y daña la relación normal con los lectores.
Desde la fundación de El País nos hemos esforzado por hacer valer unos principios cuya quiebra nos parece de una gravedad sin precedentes, y una marcha atrás en la forma de hacer de la Redacción. Quienes hemos dirigido El País durante sus 35 años de existencia pedimos disculpas a nuestros lectores por lo que constituye una falta de consideración a sus derechos. Por lo mismo, creemos que hay que tomar las medidas necesarias para recuperar el crédito perdido y que nadie siga afectando a la calidad de El País y a su relación con sus lectores de modo tan irresponsable. Resuélvanse los problemas laborales en el terreno laboral y los profesionales en el suyo propio, sin tomar de rehenes a los lectores, que son en última instancia aquellos para los que todos debemos trabajar.
Foto: Sergio Mahugo, Flickr
Fuente: Diario El País
Por: Juan Varela
Una huelga por condiciones laborales ha dejado a El País sin firmas. Sus lectores encuentran estos días un diario huérfano, donde no reconocen la autoría de las informaciones. Los cuatro directores de El País se quejan y acusan a la redacción de "tomar de rehenes a los lectores". Una dura reprimenda que subraya una contradicción: ¿es ético retirar las firmas cuando se mantienen las "valoraciones, opiniones, comentarios y análisis" de los autores?
Una huelga de firmas debería desvelar una información menos personalizada. El País fue pionero en España en la firma de prácticamente todas las informaciones. Una política que ha llevado a muchos abusos.
Hoy es difícil encontrar un periodismo con tantas firmas como el español. Ni en Europa, Estados Unidos o Latinoamérica, las culturas periodísticas más próximas, se da un caso semejante. Incluso medios de referencia como The Economist siguen sin firmar las crónicas sin perder enfoque interpretativo y analítico.
Aquí se llegan a firmar notas y ruedas de prensa o ediciones de teletipos. El exceso de firmitis, una afección endémica del periodismo, y el mal entendimimento de la autoría ha favorecido un periodismo soberbio, excesivamente personalista y que a menudo confunde responsabilidad con vanidad.
En la carta a la redacción, los directores de El País piden una separación entre lo laboral y lo profesional confusa estos últimos años, tanto en ese diario como en la mayoría de los medios. No es seguro que la multiplicación de firmas en las informaciones haya aumentado la responsabilidad e independencia de los periodistas, pero sí ha producido una subjetivización de la información, el relajamiento de los controles de edición y el debilitamiento de la cultura profesional, los criterios y estilo editorial de cada medio.
En muchos medios sobra subjetivismo y falta una cultura profesional más exigente. No hace falta volver a los viejos editores que titulaban y decidían todos los contenidos, pero una redacción con demasiados personalismos y débil control editorial es una amalgama de voces sin una propuesta clara y concreta para el lector.
Esa es la gran diferencia entre medios de fuerte cultura profesional y el resto. Los primeros -The Economist, The New York Times o Die Zeit, entre otros- privilegian una fuerte cultura y estilo editorial frente a las voces personales. Cuando la información se firma es por una calidad excepcional o en situaciones en las que conocer la autoría y situación del periodista aporta elementos importantes al lector.
En esas culturas periodísticas la opinión está claramente deslindada de la interpretación y el análisis. La primera, juzga y se posiciona; las segundas aportan elementos valorativos para mejorar el entendimiento y contextualización de la información. En las culturas periodísticas con mayor peso de la cabecera, la impronta del medio permeabiliza la información, sus elementos y la voz de los reporteros. Incluso en los de sus estrellas.
En Latinoamérica, dónde he desarrollado gran parte de mi carrera profesional, se sigue ese ejemplo. Limitar el uso de las firmas protege a la redacción frente a las presiones y poderes externos, reafirma el control por los editores y jefes de la redacción, y ayuda a crear un estilo compartido que permite diferenciar por su voz y recursos expresivos a unos medios de otros. Algo cada vez más difícil en un periodismo egocéntrico, pero no por ello con más autoría real.
Cuando el valor y alcance de la voz personal es mayor que nunca gracias a los nuevos estilos periodísticos, los blogs, las redes sociales y la evolución de muchos periodistas hasta convertir su firma en una marca, reivindicar un cierto estoicismo de la autoría, reforzar el control editorial y la cultura de la redacción -aún en redacciones descentralizadas- es una diferencia entre los medios profesionales de calidad y el resto.
Esa es la responsabilidad de la cabecera, su director y editores. La transparencia aumenta porque queda más claro donde pesa más el trabajo individual frente al colectivo y la responsabilidad se comparte con mayor equilibrio: la cabecera y su director protegen a los redactores, que a cambio reconocen esa autoridad profesional.
Es entonces cuando aparece claramente deslindado lo profesional de lo laboral y no se confunde al público entre la voz de la cabecera y la de cada periodista o colaborador, que firma como valoración de su trabajo o porque se aparta de los criterios editoriales.
Con Bertold Brecht exhorto a los periodistas a ser menos autores y más obreros de la información. Por su bien y el de los lectores. Por la transparencia, la responsabilidad y una información con mayor calidad y menos subjetividad, que a menudo encubre una débil exigencia periodística.
Fuente: Periodistas 21
lunes, 27 de junio de 2011
Neuquén: Nuevo ataque a la libertad de prensa
El Sindicato de Prensa de Neuquén repudia y denuncia las agresiones y amenazas de muerte sufridas por el compañero Mario Sánchez por ejercer sus tareas periodísticas en medios de la región
Mario es trabajador de la radio municipal FM Sayhueque (88.7mhz) de la ciudad de Centenario y corresponsal de la radio AM LU5, de la ciudad de Neuquén desde hace más de una década. Integra además la comisión directiva del Sindicato de Prensa de Neuquén, ejerciendo el cargo de Secretario de Interior.
El domingo 19 del corriente mes, desconocidos ingresaron al domicilio particular de Mario, de donde le sustrajeron documentación y elementos de trabajo e incendiaron su vivienda.
Lo que en un primer momento parecía un hecho de inseguridad aislado, resultó ser un ataque a la libertad de prensa.
Tras el incendio, la vivienda de Mario sufrió dos nuevos atentados intimidatorios. En dos días diferentes, desde el exterior de la casa contigua se arrojaron botellas con líquido inflamable. La situación se agravó el sábado 25 de junio pasado cuando fue arrojado al interior del terreno un ladrillo con un claro mensaje amenazante. “El que ataca al MPN, muerte”, afirma el texto, que está acompañado por una foto del señor gobernador Jorge Augusto Sapag.
Exigimos a los funcionarios judiciales y policiales que agilicen la investigación para dar con los autores materiales e intelectuales de los ataques a un trabajador de prensa y a su familia. También le solicitamos que se arbitren las acciones necesarias para que se disponga una custodia policial en la vivienda de Mario Sánchez para resguardar su seguridad y la de su familia.
También reclamamos a las autoridades de la ciudad de Centenario y de la provincia del Neuquén que se expidan con un firme pronunciamiento en relación a los graves hechos denunciados y se comprometan a garantizar el libre ejercicio del trabajo de prensa para salvaguardar el derecho de la población a estar informada.
Desde el Sindicato de Prensa de Neuquén queremos dejar en claro que las intimidaciones a los trabajadores de prensa no son “gajes del oficio”, sino un claro ataque al ejercicio del periodismo y la libertad de información. Reiteramos nuestro más enérgico repudio a este accionar delictivo y reclamamos que se den las garantías constitucionales siempre proclamadas.
Fuente: Sindicato de Prensa de Neuquén
Conferencia de prensa
Mañana el Sindicato de Prensa de Neuquén realizará una presentación en la Fiscalía número 5 a cargo de la Dra. Gloria Lucero para que se investigue las amenazas al colega de Centenario Mario Sánchez. Convocamos a todos los medios a las 10 de la mañana en las puertas de la fiscalía para poder difundir la presentación gracias.
Fiscalía N° 5
Antártida Argentina N° 352, Neuquén
El domingo 19 del corriente mes, desconocidos ingresaron al domicilio particular de Mario, de donde le sustrajeron documentación y elementos de trabajo e incendiaron su vivienda.
Lo que en un primer momento parecía un hecho de inseguridad aislado, resultó ser un ataque a la libertad de prensa.
Tras el incendio, la vivienda de Mario sufrió dos nuevos atentados intimidatorios. En dos días diferentes, desde el exterior de la casa contigua se arrojaron botellas con líquido inflamable. La situación se agravó el sábado 25 de junio pasado cuando fue arrojado al interior del terreno un ladrillo con un claro mensaje amenazante. “El que ataca al MPN, muerte”, afirma el texto, que está acompañado por una foto del señor gobernador Jorge Augusto Sapag.
Exigimos a los funcionarios judiciales y policiales que agilicen la investigación para dar con los autores materiales e intelectuales de los ataques a un trabajador de prensa y a su familia. También le solicitamos que se arbitren las acciones necesarias para que se disponga una custodia policial en la vivienda de Mario Sánchez para resguardar su seguridad y la de su familia.
También reclamamos a las autoridades de la ciudad de Centenario y de la provincia del Neuquén que se expidan con un firme pronunciamiento en relación a los graves hechos denunciados y se comprometan a garantizar el libre ejercicio del trabajo de prensa para salvaguardar el derecho de la población a estar informada.
Desde el Sindicato de Prensa de Neuquén queremos dejar en claro que las intimidaciones a los trabajadores de prensa no son “gajes del oficio”, sino un claro ataque al ejercicio del periodismo y la libertad de información. Reiteramos nuestro más enérgico repudio a este accionar delictivo y reclamamos que se den las garantías constitucionales siempre proclamadas.
Fuente: Sindicato de Prensa de Neuquén
Conferencia de prensa
Mañana el Sindicato de Prensa de Neuquén realizará una presentación en la Fiscalía número 5 a cargo de la Dra. Gloria Lucero para que se investigue las amenazas al colega de Centenario Mario Sánchez. Convocamos a todos los medios a las 10 de la mañana en las puertas de la fiscalía para poder difundir la presentación gracias.
Fiscalía N° 5
Antártida Argentina N° 352, Neuquén
La violencia de género en televisión
La presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía, Emelina Fernández Soriano, reclama a los medios audiovisuales avanzar un paso en su contribución a desterrar la violencia de género. Tras años sensibilizando a la opinión pública sobre la existencia de esta lacra social, ahora es el momento de apostar por la calidad de la información para desterrar el morbo
Por: Emelina Fernández Soriano
La gran ola mediática levantada por la detención del expresidente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Khan, ha servido en Francia para que numerosas víctimas de agresiones sexuales lograran, al fin, liberarse. Las llamadas a líneas de ayuda se han incrementado hasta en un 30%. Muchas son mujeres que hablan por primera vez, sencillamente porque -según confiesan- ahora sienten que la sociedad está más dispuesta a escucharlas.
Los medios contribuyen a visibilizar la violencia de género, a que esta haya dejado de ser un conflicto privado en el que, por un respeto mal entendido, no debíamos involucrarnos, para ser considerado un problema de toda la sociedad. A lo largo de 2010, las noticias sobre violencia de género fueron las terceras en el reparto de tiempo de los informativos de las televisiones públicas andaluzas, solo por detrás de la crisis económica y las medidas de ajuste. Es más, las noticias sobre violencia de género aparecen como primera o segunda noticia en los titulares de esos informativos el doble de veces que el resto de temas de actualidad.
Estos datos se desprenden de un estudio realizado por el Consejo Audiovisual de Andalucía que revela que las informaciones sobre violencia de género no solo están motivadas por sucesos trágicos, sino también por campañas institucionales de sensibilización. De hecho, los días con mayor espacio dedicado a este asunto no coinciden con los asesinatos de mujeres. Los picos de difusión se concentran en marzo y noviembre con motivo de la celebración del Día de la Mujer Trabajadora y del Día Contra la Violencia de Género, respectivamente.
Mientras los expertos intentan dilucidar el alcance exacto del llamado efecto contagio, lo que está contrastado es el tremendo coste social de que esos crímenes se pierdan en el silencio. Por eso es crucial la labor que realizan los medios de comunicación de mentalización y sensibilización de la ciudadanía, sobre una cuestión que es calificada por unanimidad como una lacra social. Por eso es tan importante dar un paso más, un paso que añada a las informaciones un plus de calidad. Es preciso que los medios pongan especial celo en cómo se tratan los asesinatos de mujeres, la profesionalidad y el respeto a las víctimas deben predominar por encima de cualquier intento de banalización o frivolidad.
Sería pues conveniente no dar pábulo a actores ocasionales que no aportan datos para comprender la noticia y sí añaden un morbo que convierte en espectáculo un drama humano real. El informe dice que estos protagonizan más del 18% del tiempo total. Hay que apostar por opiniones cualificadas -los expertos apenas superan el 5,8%- que ayuden a las mujeres en esta situación a identificar lo que les sucede y brindarles los mecanismos dispuestos por las instituciones para protegerlas (teléfono 016, por ejemplo); es la diferencia entre mostrar salidas o escarbar en el lodo. Una noticia bien enfocada salva vidas, una noticia regada de sangre extiende el terror del que se alimentan los maltratadores.
También hay que tener presente que, en el reparto de los tiempos de voz, dos de cada tres intervenciones en este tipo de noticias son de mujeres. ¿No transmitimos con ello la idea de que estamos ante un problema solo de las mujeres y no de la sociedad en su conjunto? Hay que extender el tratamiento a los actores masculinos, de la misma forma que hay que extender el análisis a otro tipo de programas, como los magazines matinales y vespertinos donde, frecuentemente, los casos de violencia de género se tratan desde el amarillismo, enfatizando los aspectos más escabrosos sin atender a las más elementales normas de la ética periodística.
Por otro lado, procuremos que no se emitan en horario infantil espacios en los que se ofrece una estereotipada y machista visión de las relaciones de pareja. El Consejo Audiovisual de Andalucía ya ha estimado varias quejas contra telenovelas que transmitían, de forma banal y acrítica, modelos de comportamiento sexistas. Los menores pueden llegar a asimilar como naturales conductas de violencia y desigualdad -a veces de sometimiento- realmente graves.
Durante estos años, hemos logrado entre todos que la violencia de género fuera tenida en cuenta por los medios. Nuestra sociedad está aprendiendo a plantarle cara a los verdugos y a ponerse sin complejos al lado de las víctimas. Es el momento de dar un paso adelante. Las televisiones deben adoptar códigos de autorregulación para que, manteniendo incólume su derecho a la libertad de expresión, sigamos haciendo crecer nuestra democracia. Es tiempo de mejorar la cobertura de los temas de violencia de género. Gracias a los medios no volveremos a dejarlas solas, ya no.
Emelina Fernández Soriano es presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía
Foto: Europa Press
Fuente: Consejo Audiovisual de Andalucía
Por: Emelina Fernández Soriano
Los medios contribuyen a visibilizar la violencia de género, a que esta haya dejado de ser un conflicto privado en el que, por un respeto mal entendido, no debíamos involucrarnos, para ser considerado un problema de toda la sociedad. A lo largo de 2010, las noticias sobre violencia de género fueron las terceras en el reparto de tiempo de los informativos de las televisiones públicas andaluzas, solo por detrás de la crisis económica y las medidas de ajuste. Es más, las noticias sobre violencia de género aparecen como primera o segunda noticia en los titulares de esos informativos el doble de veces que el resto de temas de actualidad.
Estos datos se desprenden de un estudio realizado por el Consejo Audiovisual de Andalucía que revela que las informaciones sobre violencia de género no solo están motivadas por sucesos trágicos, sino también por campañas institucionales de sensibilización. De hecho, los días con mayor espacio dedicado a este asunto no coinciden con los asesinatos de mujeres. Los picos de difusión se concentran en marzo y noviembre con motivo de la celebración del Día de la Mujer Trabajadora y del Día Contra la Violencia de Género, respectivamente.
Mientras los expertos intentan dilucidar el alcance exacto del llamado efecto contagio, lo que está contrastado es el tremendo coste social de que esos crímenes se pierdan en el silencio. Por eso es crucial la labor que realizan los medios de comunicación de mentalización y sensibilización de la ciudadanía, sobre una cuestión que es calificada por unanimidad como una lacra social. Por eso es tan importante dar un paso más, un paso que añada a las informaciones un plus de calidad. Es preciso que los medios pongan especial celo en cómo se tratan los asesinatos de mujeres, la profesionalidad y el respeto a las víctimas deben predominar por encima de cualquier intento de banalización o frivolidad.
Sería pues conveniente no dar pábulo a actores ocasionales que no aportan datos para comprender la noticia y sí añaden un morbo que convierte en espectáculo un drama humano real. El informe dice que estos protagonizan más del 18% del tiempo total. Hay que apostar por opiniones cualificadas -los expertos apenas superan el 5,8%- que ayuden a las mujeres en esta situación a identificar lo que les sucede y brindarles los mecanismos dispuestos por las instituciones para protegerlas (teléfono 016, por ejemplo); es la diferencia entre mostrar salidas o escarbar en el lodo. Una noticia bien enfocada salva vidas, una noticia regada de sangre extiende el terror del que se alimentan los maltratadores.
También hay que tener presente que, en el reparto de los tiempos de voz, dos de cada tres intervenciones en este tipo de noticias son de mujeres. ¿No transmitimos con ello la idea de que estamos ante un problema solo de las mujeres y no de la sociedad en su conjunto? Hay que extender el tratamiento a los actores masculinos, de la misma forma que hay que extender el análisis a otro tipo de programas, como los magazines matinales y vespertinos donde, frecuentemente, los casos de violencia de género se tratan desde el amarillismo, enfatizando los aspectos más escabrosos sin atender a las más elementales normas de la ética periodística.
Por otro lado, procuremos que no se emitan en horario infantil espacios en los que se ofrece una estereotipada y machista visión de las relaciones de pareja. El Consejo Audiovisual de Andalucía ya ha estimado varias quejas contra telenovelas que transmitían, de forma banal y acrítica, modelos de comportamiento sexistas. Los menores pueden llegar a asimilar como naturales conductas de violencia y desigualdad -a veces de sometimiento- realmente graves.
Durante estos años, hemos logrado entre todos que la violencia de género fuera tenida en cuenta por los medios. Nuestra sociedad está aprendiendo a plantarle cara a los verdugos y a ponerse sin complejos al lado de las víctimas. Es el momento de dar un paso adelante. Las televisiones deben adoptar códigos de autorregulación para que, manteniendo incólume su derecho a la libertad de expresión, sigamos haciendo crecer nuestra democracia. Es tiempo de mejorar la cobertura de los temas de violencia de género. Gracias a los medios no volveremos a dejarlas solas, ya no.
Emelina Fernández Soriano es presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía
Foto: Europa Press
Fuente: Consejo Audiovisual de Andalucía
Todos contra todos: Terranova vs. Vila-Manzano vs. Szpolski vs. Hadad
MDZ es del grupo empresario de Orlando y Eduardo Terranova, que a su vez son propietarios de Publicidad Sarmiento. Los Terranova eran socios de Daniel Vila y José Luis Manzano en Supercanal, pero la relación se rompió y Vila compró su participación en la empresa de cable. Desde ese momento la situación se tensó y desde sus medios viven acusándose. El sitio de los Terranova publica con detalles de que manera los medios del Grupo UNO y empresarios afines, ex funcionarios de gobierno y la agencia gubernamental operaron afectando sus negocios:
No hubo delito: la Justicia sobreseyó a propietarios de Publicidad Sarmiento y funcionarios porteños en la causa del mobiliario urbano
La apertura de la licitación del mobiliario urbano porteño años atrás derivó en un abanico de denuncias, y en una intensa persecución judicial y mediática con la colaboración de medios del oficialismo, y afines. Luego de casi cuatro años, la Cámara Nacional de Apelaciones sobreseyó a Orlando y Eduardo Terranova y Mauricio Macri, entre otros. Los jueces concluyeron que no hubo delito
La sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional sobreseyó a los propietarios de Publicidad Sarmiento y a funcionarios de la administración de la Ciudad de Buenos Aires, incluido el jefe de gobierno Mauricio Macri, en una causa iniciada hace cuatro años por la empresa familiar del ex Secretario de Medios de la Nación Enrique Albistur, y por la firma Spinazzola SA.
La decisión judicial pone fin a varios años de intensa persecución judicial, reforzada con múltiples operativos mediáticos promovidos y ejecutados por medios, y empresarios, y sus socios mendocinos, propietarios a su vez de más medios repartidos en diversas ciudades del país. El fallo de la Cámara, conocido la semana pasada, terminó dando la razón a los argumentos que los propietarios de Publicidad Sarmiento, que habían sido sobreseídos varias veces y vueltos a procesar, sostuvieron desde un principio: no hubo delito en la licitación de vía pública porteña.
Las denuncias falsas fueron tres: una por la supuesta falsificación de certificados, y otras dos por la supuesta connivencia entre los empresarios y funcionarios porteños, de una licitación que en los hechos terminó haciéndose dos veces a causa de las denuncias; la segunda de ellas por mandato de la Cámara Penal. Las denuncias, además, eran contradictorias entre sí. En ambas licitaciones, la original y la ordenada por la justicia, la empresa precalificada en primer término para explotar el mobiliario urbano de la CABA fue Publicidad Sarmiento.
La Ciudad de Buenos Aires podrá ejecutar ahora contratos que estuvieron frenados durante años, por los operativos que con apoyo mediático y político se habían conseguido montar especialmente contra los empresarios Orlando y Eduardo Terranova, propietarios de Publicidad Sarmiento, y el gobierno porteño. El sobreseimiento definitivo recayó sobre los empresarios Terranova, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, entre otros. El fallo fue firmado a favor por los camaristas Mario Filozof y Julio Lucini, y en disidencia por Luis Bunge Campos, y sobresee y suspende las causas derivadas de las denuncias contra Publicidad Sarmiento y los funcionarios porteños, por el principio de “cosa juzgada”. No hubo delito, de acuerdo a varios sobreseimientos que se habían dictado en esta causa en instancias anteriores, por lo tanto no se puede seguir “persiguiendo penalmente” a los empresarios y funcionarios denunciados, como se sostiene en el fallo.
La historia de esta causa comenzó en 2008, cuando se abrió la licitación por el mobiliario urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Fue una compulsa que tuvo más de once medidas cautelares para impedirla, y una revisión exhaustiva de la justicia contenciosa administrativa; lo que proporcionó a aquella licitación un pliego judicial “blindado” que atravesó tres administraciones: Aníbal Ibarra, Jorge Telerman, y Mauricio Macri. Publicidad Sarmiento resultó calificada primero, y dos de los oferentes iniciaron una causa penal. Una de ellas, la empresa de Albistur, lo hizo para causar el mayor daño posible a su competidor Publicidad Sarmiento, a la que además Albistur como Secretario de Medios privó de publicidad oficial durante ocho años. La otra firma denunciante, Spinazzola SA, intentó conseguir por vía penal lo que le denegaron en la licitación y sus vías administrativas. Ambas empresas se transformaron en querellantes.
Con el correr de los años y en medio de una maraña judicial sostenida y “auspiciada” desde poderes políticos y económicos, los denunciantes fueron hallando diversos resquicios para sostener vivas las causas, e impedir que se lleve a cabo de manera plena la licitación, que de hecho fue suspendida. El denunciante que más lejos llegó en los casos judiciales no había logrado pasar del primer sobre de la licitación en ninguna de las dos evaluaciones en las que Publicidad Sarmiento resultó primera. Aun así, y aprovechando las falsas denuncias y las barbaridades judiciales consecuentes, la empresa Vía Cart (sustentada y soportada por el empresario periodístico Daniel Hadad), consiguió una medida cautelar de suspensión de la licitación y pretendió -sin ningún derecho legitimo- quedarse con el contrato lícitamente ganado por Publicidad Sarmiento.
Dos tapas de UNO con la "operación"
Empujando las denuncias, los empresarios lograron el procesamiento de los propietarios de Publicidad Sarmiento, y de varios funcionarios encabezados por Macri. Las denuncias fueron tres. En la primera, se acusó a los propietarios de Publicidad Sarmiento de obtener certificados “ideológicamente falsos” de las ciudades de Mendoza y San Miguel de Tucumán, para mejorar sus antecedentes frente a la licitación porteña. Después, se acusó a dos comisiones evaluadoras de la licitación, a los dos empresarios y al jefe político de la ciudad y parte de su gabinete, por “connivencia”, con el supuesto objeto de generar un fraude contra la Ciudad de Buenos Aires y beneficiar a Publicidad Sarmiento en la licitación.
En el primero de los casos, el de los supuestos “certificados truchos”, la justicia mendocina entendió que la acusación era falsa, que no hubo delito, y por lo tanto archivó el caso. En Tucumán, donde se tramita una causa similar, no hay otro camino que la misma sentencia, aunque ya devenida en abstracta luego de la segunda evaluación de la licitación, donde estos certificados fueron excluidos como antecedente, por expresa orden judicial. La figura de “falsedad ideológica de documento” careció de tipicidad delictiva, ya que aquellos certificados no podían inducir a error o provocar engaño. En esa segunda evaluación, recordamos, Sarmiento también resultó calificada primera.
El juez porteño Facundo Cubas y el fiscal correspondiente, que entendieron en la causa en Buenos Aires, comprendieron también que no había delito alguno. Cubas había dictado en los casos relacionados a la licitación del mobiliario por lo menos cuatro sobreseimientos a los empresarios Orlando y Eduardo Terranova, pero otro juez que lo subrogó y en ocasiones la misma cámara que ahora los sobreseyó, dictaron procesamientos. Así, las denuncias se fueron estirando hasta ahora, bloqueando la licitación.
Finalmente, un recurso presentado por los empresarios prosperó. La causa “madre” del mobiliario se había ramificado en diversos expedientes, todos relacionados a la misma licitación. En uno de ellos, conectado íntimamente a los otros (el mismo denunciante, la misma licitación, los mismos hechos, y los mismos acusados), el juez Cubas desestimó las denuncias de la firma Spinazzola siguiendo el criterio del fiscal de la causa, por “inexistencia de delito” y después rechazó las apelaciones y el fallo quedó firme. Por lo tanto, los abogados defensores de los empresarios presentaron un recurso de “excepción de falta de acción por cosa juzgada”, tal su nombre técnico, entendiendo que no se podía seguir juzgando penalmente a los empresarios y a los funcionarios por un mismo hecho.
Los operativos y la persecución
El tratamiento periodístico del caso del Mobiliario Urbano desnudó rápidamente la intención de perjudicar a Publicidad Sarmiento y sus accionistas. En los últimos tres años, los testimonios gráficos indican que hubo cerca de 300 notas periodísticas en este sentido, con contenidos que directamente faltaron a la verdad, falsearon la historia, y buscaron favorecer a intereses que intentaban quedarse con la licitación porteña. Y a su vez y con el mismo énfasis, procuraron desprestigiar, injuriar y descalificar a los accionistas de Publicidad Sarmiento. Esas 300 notas incluyeron casi un centenar de escritos y menciones en el Diario Uno –edición Mendoza- más las reproducidas en los diarios Uno de Santa Fe y Entre Ríos, y en la Capital de Rosario, todos ellos propiedad de Daniel Vila, Alfredo Vila Santander y José Luis Manzano; dedicadas a menoscabar a los empresarios Terranova, cuando no a agraviar a miembros de sus familias. Muchas de las notas merecieron grandes titulares de tapa en el impreso de la familia Vila y sus socios. A ello hay que sumar las innumerables menciones, títulos y despliegue en otros medios del grupo como Canal 7 y Radio Nihuil en Mendoza, y el canal América en Buenos Aires. Los ejecutores y comisarios periodísticos de esta política de implantar mentiras y burdas maniobras ante los ojos de la comunidad fueron esencialmente Jaime Correas y Román Lejtman, este último hoy separado del multimedios de manera abrupta, por sus cercanías con Francisco De Narváez.
La nefasta militancia negativa del multimedios Vila-Manzano tuvo la colaboración interesada de medios del Grupo Szpolski. El empresario Sergio Szpolski es propietario de un conglomerado de medios asociado al kirchnerismo: Tiempo Argentino, Revista Veintitrés, El Argentino, CN23, Radio América y Newsweek, entre otros. Todos ellos, auspiciados y sostenidos generosamente por publicidad oficial del gobierno nacional, que fueron puestos al servicio de esta causa para beneficiar a la empresa de Spinanazzola, a Vía Cart, de Hadad, y a Szpolski, que tenía sus propios intereses en el caso. Otros medios que se sumaron a la campaña fueron la agencia oficial TelAm, el portal La Política Online, dirigido por Ignacio Fidanza, ex ejecutor de la versión anterior de “El Guardián”, tan bien conocido en Mendoza, y el portal Noticias Urbanas. Más medios de corte oficialista como los de Hadad (especialmente C5N y Radio 10), y el Diario Z (del sindicalista Kirchnerista Víctor Santa María, jefe del sindicato de los encargados de edificios), y numerosos blogs pagados por el kirchnerismo, se sumaron a la operación cuyo único fin fue quedarse de manera ilegal con una licitación que Publicidad Sarmiento había ganado de manera lícita y transparente. Así, luego de casi cuatro años de expedientes y persecución penal y mediática, la sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional resolvió dictar el “sobreseimiento de Eduardo Raúl y Orlando Roberto Terranova, Mauricio Macri, Francisco Cabrera, Juan Pablo Piccardo, Tomás Palastanga, Horacio Daniel Tonelli, Horacio Rodríguez Larreta y Patricio Di Stéfano”, dejando constancia además que la causa “en nada afecta el buen nombre y honor” del que las personas procesadas “gozaren con anterioridad”.
Cuatro años después, se terminó de confirmar lo que sostenían los empresarios acusados desde un principio, y la justicia en los pasos en los que los iban sobreseyendo a pesar de los nuevos procesamientos. No hubo delito. Lo que hubo, fue una operación salvaje, económica, mediática, judicial y política, que reconoce muy pocos antecedentes en la Argentina de la democracia.
No hubo delito: la Justicia sobreseyó a propietarios de Publicidad Sarmiento y funcionarios porteños en la causa del mobiliario urbano
La apertura de la licitación del mobiliario urbano porteño años atrás derivó en un abanico de denuncias, y en una intensa persecución judicial y mediática con la colaboración de medios del oficialismo, y afines. Luego de casi cuatro años, la Cámara Nacional de Apelaciones sobreseyó a Orlando y Eduardo Terranova y Mauricio Macri, entre otros. Los jueces concluyeron que no hubo delito
La sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional sobreseyó a los propietarios de Publicidad Sarmiento y a funcionarios de la administración de la Ciudad de Buenos Aires, incluido el jefe de gobierno Mauricio Macri, en una causa iniciada hace cuatro años por la empresa familiar del ex Secretario de Medios de la Nación Enrique Albistur, y por la firma Spinazzola SA.
La decisión judicial pone fin a varios años de intensa persecución judicial, reforzada con múltiples operativos mediáticos promovidos y ejecutados por medios, y empresarios, y sus socios mendocinos, propietarios a su vez de más medios repartidos en diversas ciudades del país. El fallo de la Cámara, conocido la semana pasada, terminó dando la razón a los argumentos que los propietarios de Publicidad Sarmiento, que habían sido sobreseídos varias veces y vueltos a procesar, sostuvieron desde un principio: no hubo delito en la licitación de vía pública porteña.
Las denuncias falsas fueron tres: una por la supuesta falsificación de certificados, y otras dos por la supuesta connivencia entre los empresarios y funcionarios porteños, de una licitación que en los hechos terminó haciéndose dos veces a causa de las denuncias; la segunda de ellas por mandato de la Cámara Penal. Las denuncias, además, eran contradictorias entre sí. En ambas licitaciones, la original y la ordenada por la justicia, la empresa precalificada en primer término para explotar el mobiliario urbano de la CABA fue Publicidad Sarmiento.
La Ciudad de Buenos Aires podrá ejecutar ahora contratos que estuvieron frenados durante años, por los operativos que con apoyo mediático y político se habían conseguido montar especialmente contra los empresarios Orlando y Eduardo Terranova, propietarios de Publicidad Sarmiento, y el gobierno porteño. El sobreseimiento definitivo recayó sobre los empresarios Terranova, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, entre otros. El fallo fue firmado a favor por los camaristas Mario Filozof y Julio Lucini, y en disidencia por Luis Bunge Campos, y sobresee y suspende las causas derivadas de las denuncias contra Publicidad Sarmiento y los funcionarios porteños, por el principio de “cosa juzgada”. No hubo delito, de acuerdo a varios sobreseimientos que se habían dictado en esta causa en instancias anteriores, por lo tanto no se puede seguir “persiguiendo penalmente” a los empresarios y funcionarios denunciados, como se sostiene en el fallo.
Con el correr de los años y en medio de una maraña judicial sostenida y “auspiciada” desde poderes políticos y económicos, los denunciantes fueron hallando diversos resquicios para sostener vivas las causas, e impedir que se lleve a cabo de manera plena la licitación, que de hecho fue suspendida. El denunciante que más lejos llegó en los casos judiciales no había logrado pasar del primer sobre de la licitación en ninguna de las dos evaluaciones en las que Publicidad Sarmiento resultó primera. Aun así, y aprovechando las falsas denuncias y las barbaridades judiciales consecuentes, la empresa Vía Cart (sustentada y soportada por el empresario periodístico Daniel Hadad), consiguió una medida cautelar de suspensión de la licitación y pretendió -sin ningún derecho legitimo- quedarse con el contrato lícitamente ganado por Publicidad Sarmiento.
Dos tapas de UNO con la "operación"
Empujando las denuncias, los empresarios lograron el procesamiento de los propietarios de Publicidad Sarmiento, y de varios funcionarios encabezados por Macri. Las denuncias fueron tres. En la primera, se acusó a los propietarios de Publicidad Sarmiento de obtener certificados “ideológicamente falsos” de las ciudades de Mendoza y San Miguel de Tucumán, para mejorar sus antecedentes frente a la licitación porteña. Después, se acusó a dos comisiones evaluadoras de la licitación, a los dos empresarios y al jefe político de la ciudad y parte de su gabinete, por “connivencia”, con el supuesto objeto de generar un fraude contra la Ciudad de Buenos Aires y beneficiar a Publicidad Sarmiento en la licitación.
En el primero de los casos, el de los supuestos “certificados truchos”, la justicia mendocina entendió que la acusación era falsa, que no hubo delito, y por lo tanto archivó el caso. En Tucumán, donde se tramita una causa similar, no hay otro camino que la misma sentencia, aunque ya devenida en abstracta luego de la segunda evaluación de la licitación, donde estos certificados fueron excluidos como antecedente, por expresa orden judicial. La figura de “falsedad ideológica de documento” careció de tipicidad delictiva, ya que aquellos certificados no podían inducir a error o provocar engaño. En esa segunda evaluación, recordamos, Sarmiento también resultó calificada primera.
El juez porteño Facundo Cubas y el fiscal correspondiente, que entendieron en la causa en Buenos Aires, comprendieron también que no había delito alguno. Cubas había dictado en los casos relacionados a la licitación del mobiliario por lo menos cuatro sobreseimientos a los empresarios Orlando y Eduardo Terranova, pero otro juez que lo subrogó y en ocasiones la misma cámara que ahora los sobreseyó, dictaron procesamientos. Así, las denuncias se fueron estirando hasta ahora, bloqueando la licitación.
Finalmente, un recurso presentado por los empresarios prosperó. La causa “madre” del mobiliario se había ramificado en diversos expedientes, todos relacionados a la misma licitación. En uno de ellos, conectado íntimamente a los otros (el mismo denunciante, la misma licitación, los mismos hechos, y los mismos acusados), el juez Cubas desestimó las denuncias de la firma Spinazzola siguiendo el criterio del fiscal de la causa, por “inexistencia de delito” y después rechazó las apelaciones y el fallo quedó firme. Por lo tanto, los abogados defensores de los empresarios presentaron un recurso de “excepción de falta de acción por cosa juzgada”, tal su nombre técnico, entendiendo que no se podía seguir juzgando penalmente a los empresarios y a los funcionarios por un mismo hecho.
Los operativos y la persecución
El tratamiento periodístico del caso del Mobiliario Urbano desnudó rápidamente la intención de perjudicar a Publicidad Sarmiento y sus accionistas. En los últimos tres años, los testimonios gráficos indican que hubo cerca de 300 notas periodísticas en este sentido, con contenidos que directamente faltaron a la verdad, falsearon la historia, y buscaron favorecer a intereses que intentaban quedarse con la licitación porteña. Y a su vez y con el mismo énfasis, procuraron desprestigiar, injuriar y descalificar a los accionistas de Publicidad Sarmiento. Esas 300 notas incluyeron casi un centenar de escritos y menciones en el Diario Uno –edición Mendoza- más las reproducidas en los diarios Uno de Santa Fe y Entre Ríos, y en la Capital de Rosario, todos ellos propiedad de Daniel Vila, Alfredo Vila Santander y José Luis Manzano; dedicadas a menoscabar a los empresarios Terranova, cuando no a agraviar a miembros de sus familias. Muchas de las notas merecieron grandes titulares de tapa en el impreso de la familia Vila y sus socios. A ello hay que sumar las innumerables menciones, títulos y despliegue en otros medios del grupo como Canal 7 y Radio Nihuil en Mendoza, y el canal América en Buenos Aires. Los ejecutores y comisarios periodísticos de esta política de implantar mentiras y burdas maniobras ante los ojos de la comunidad fueron esencialmente Jaime Correas y Román Lejtman, este último hoy separado del multimedios de manera abrupta, por sus cercanías con Francisco De Narváez.
La nefasta militancia negativa del multimedios Vila-Manzano tuvo la colaboración interesada de medios del Grupo Szpolski. El empresario Sergio Szpolski es propietario de un conglomerado de medios asociado al kirchnerismo: Tiempo Argentino, Revista Veintitrés, El Argentino, CN23, Radio América y Newsweek, entre otros. Todos ellos, auspiciados y sostenidos generosamente por publicidad oficial del gobierno nacional, que fueron puestos al servicio de esta causa para beneficiar a la empresa de Spinanazzola, a Vía Cart, de Hadad, y a Szpolski, que tenía sus propios intereses en el caso. Otros medios que se sumaron a la campaña fueron la agencia oficial TelAm, el portal La Política Online, dirigido por Ignacio Fidanza, ex ejecutor de la versión anterior de “El Guardián”, tan bien conocido en Mendoza, y el portal Noticias Urbanas. Más medios de corte oficialista como los de Hadad (especialmente C5N y Radio 10), y el Diario Z (del sindicalista Kirchnerista Víctor Santa María, jefe del sindicato de los encargados de edificios), y numerosos blogs pagados por el kirchnerismo, se sumaron a la operación cuyo único fin fue quedarse de manera ilegal con una licitación que Publicidad Sarmiento había ganado de manera lícita y transparente. Así, luego de casi cuatro años de expedientes y persecución penal y mediática, la sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional resolvió dictar el “sobreseimiento de Eduardo Raúl y Orlando Roberto Terranova, Mauricio Macri, Francisco Cabrera, Juan Pablo Piccardo, Tomás Palastanga, Horacio Daniel Tonelli, Horacio Rodríguez Larreta y Patricio Di Stéfano”, dejando constancia además que la causa “en nada afecta el buen nombre y honor” del que las personas procesadas “gozaren con anterioridad”.
Cuatro años después, se terminó de confirmar lo que sostenían los empresarios acusados desde un principio, y la justicia en los pasos en los que los iban sobreseyendo a pesar de los nuevos procesamientos. No hubo delito. Lo que hubo, fue una operación salvaje, económica, mediática, judicial y política, que reconoce muy pocos antecedentes en la Argentina de la democracia.
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