Luego de pasar a la Comisión de Asuntos Constitucionales un pedido de recuento de todos los votos de la reciente elección en Chubut, la Cámara avaló "un repudio y rechazo" al bloqueo a los diarios
El debate fue abierto por Guillermo Jenefes, quien enfatizó que su iniciativa de rechazo al bloqueo producido el último fin de semana contra Clarín y La Nación también expresa que se debe garantiza “el libre tránsito a todos los argentinos”. Asimismo, explicó que su proyecto de comunicación apoya la política del kirchnerismo de no reprimir las protestas sociales.
“Todas las cuestiones de carácter laboral deben tener su solución tal como lo marca la legislación vigente con la intervención del Ministerio de Trabajo”, manifestó Jenefes. Además, el texto impulsa que la empresa impresora habilite la actividad sindical de los trabajadores.
Por último, el senador recordó que un proyecto similar de su autoría en un conflicto en la misma empresa había caído por falta de tratamiento.
La iniciativa del oficialismo propone “repudiar al bloqueo, pedir que los conflictos gremiales no impidan la libre circulación, y ratificar la política del Gobierno nacional de solucionar los conflictos por la vía pacífica”. En la reunión de Libertad de Expresión de esta tarde se confirmó la citación al secretario de Medios, Abal Medina por este hecho.
En su discurso, Laura Montero (UCR-Mendoza) manifestó que la iniciativa que su bloque impulsa incluye el repudio a la “inacción de la ministra de Seguridad, Nilda Garré” ante el bloqueo a la empresa, “como lo dispone un fallo judicial” anterior y consideró importante una interpelación del Senado a la funcionaria.
Por su parte, Adriana Bortolozzi afirmó que proyectos de declaración son “insuficientes” ante “el quinto bloqueo” de Clarín. “Es un tema institucional y está en peligro el Estado del derecho”, concluyó.
A su turno, Samuel Cabanchik (ProBaFe) manifestó que “la medida extrema” tomada por los trabajadores hizo visible el reclamo gremial y pidió unificar los textos de repudio presentados. Además, manifestó que el problema siempre que enmarcado en el “desgastado” conflicto Clarín-Gobierno y se olvida el reclamo de los empleados.
El oficialista Marcelo Fuentes (Neuquén) señaló el rechazo de sectores de la oposición a tratar un proyecto de Eduardo Torres contra un caso de censura de Cablevisión previo al repudio al bloqueo. “Volvimos al tiempo de las vacas sagradas”, dijo en referencia a la defensa de algunos legisladores al multimedio Clarín. “El conflicto se mezcla. Se habla de libertad de prensa y se termina hablando de un dirigente sindical”, afirmó en referencia a las acusaciones contra Hugo Moyano por el bloqueo.
Norma Morandini (Córdoba) recordó que en su paso por Diputados, “el oficialismo no dio quórum para tratar denuncias” en la comisión de Libertad de Expresión. “No puede ser que en tantos años de democracia tengamos que interpretar el derecho de libertad de expresión”, sentenció la senadora por Córdoba. “Las empresas periodísticas transportan valores simbólicos, no solo información”, afirmó Morandini, quien llamó también a discutir las limitaciones que padecen trabajadores en su actividad sindical.
En un encendido discurso, Luis Naidenoff (UCR-Formosa) recordó que fue el gobierno kirchnerista el que avaló la fusión de Cablevisión y Multicanal.
“Tengo una sensación desagradable de estar en este recinto”, afirmó Eduardo Torres quien dijo que en base a los argumentos que escuchó de los bloques opositores, “no están defendiendo la libertad de prensa” ya que no señalaron que Clarín nunca explicó el desarrollo del conflicto laboral. “Parece que las medidas solo son justas cuando son para los ricos”, sentenció el misionero. “¿Se puede entender una empresa con ausencia de delegados internos?”, concluyó Torres manifestó además que su proyecto de repudio a la censura a un periodista en su provincia no debe ir a comisión porque “tampoco pasaron por comisión” los proyectos por el bloqueo.
Eduardo Torres (FpV) había propuesto sobre tablas, tras el debate por la elección de Chubut, un proyecto de declaración por un caso de censura previa en una emisora televisiva de Misiones de la que acusó a la empresa Cablevisión. La presentación de Torres provocó el enojo de Escudero debido a la vinculación que hizo el senador con el bloqueo de diarios. Pampuro, en uso de la presidencia de la Cámara, decidió pasar el tema para el final de la sesión.
La entrerriana Blanca Osuna pidió que al debatir sobre el derecho a la libertad de expresión también se discuta la negativa de Cablevisión a incluir en su grilla a las señales oficiales y Telesur desoyendo la nueva Ley de Medios.
Adolfo Rodríguez Saá vinculó el bloqueo de los trabajadores con “la búsqueda de un discurso único” por parte del Gobierno y afirmó que “el conflicto laboral debe resolverse”.
Al igual que Morandini, Gerardo Morales consideró que la defensa de un derecho (la libre expresión en este caso) “no puede tener dos interpretaciones” y que tampoco se puede discutir la importancia de la “libertad sindical”. “Nosotros no lloramos por las primeras planas de los medios como Clarín o La Nación en la época de Alfonsín”, expresó el senador jujeño, quien también se preguntó: “¿De qué se quejan si tienen casi todos los medios a favor del Gobierno?”.
Además, remarcó que el artículo de la iniciativa de Jenefes que señala la reafirmación de la política de no represión busca “justificar la inacción” de Garré ante el hecho y que la UCR solo avalará el artículo de repudio al bloqueo.
Pichetto aseguró que luego del bloqueo “algunos políticos han caído en la desmesura y la mentira” y reafirmó el rechazo de su espacio a la metodología discutida. Por último, el senador rionegrino reafirmó la política de empleada por las fuerzas de seguridad ante las manifestaciones, leyó el informe del ministerio de Seguridad respecto de lo realizado en la noche del corte y objetó el pedido de juicio político contra Garré presentado en Diputados.
En la votación en particular se aprobaron los tres artículos del proyecto oficialista mientras que el proyecto de Torres sobre la denuncia de censura obtuvo preferencia para la próxima sesión.
Fuente: Noticias del Congreso
El Senado de la Nación
Declara
1) Su rechazo a la metodología de bloqueo que, el pasado domingo 27 de marzo, impidió la normal distribución de un medio de comunicación gráfico, así como también cualquier otro método de protesta que afecte la libre circulación de los medios de comunicación y de todos los argentinos.
2) La ratificación de que la política implementada por el Gobierno Nacional desde el 25 de mayo de 2003 ha sido no reprimir sino buscar soluciones sobre la base del diálogo, frente a conflictos gremiales o sociales.
3) La necesidad de que las empresas resuelvan los conflictos laborales y garanticen los derechos de los trabajadores y el pleno ejercicio de la libertad sindical.
jueves, 31 de marzo de 2011
miércoles, 30 de marzo de 2011
Pablo Viñas: "A mi me desaparecieron del expediente del Ministerio de Trabajo"
Vía el canal de: silbandobembas
Video del programa Palabras + Palabras -
Vía el canal de: CriticoDeIzquierda
Viñas habló en Aire Libre, Radio Comunitaria en el programa Contra la Pared:
Trabajadores de Editorial Perfil rechazan propuesta salarial y retiran las firmas de las notas
La Asamblea de Trabajadores de Editorial Perfil ha resuelto rechazar la propuesta salarial empresaria. La misma consiste en un aumento en cuatro tramos del 5% cada uno, a cobrarse en mayo, julio, septiembre y noviembre del corriente año, y otro 5% a cobrar en febrero de 2012
La propuesta empresaria no sólo desconoce el reclamo votado por los trabajadores (35% de aumento inmediato para todas las categorías), también omite que desde el 1º de marzo se encuentra vencida nuestra paritaria anterior, dejándonos durante 60 días sin aumento alguno. Debido a esto y al hecho de que las cuotas no son acumulativas, la propuesta empresaria anualizada apenas supera el 17%.
Nuestro reclamo de un 35% de aumento parte de la necesidad de defender nuestros ingresos evitando que sean licuados por la inflación.
Nuestra propuesta se basa también en la evidencia de que Editorial Perfil se encuentra en una etapa de expansión, con la salida de un nuevo diario y la multiplicación de sus negocios internacionales.
Los trabajadores de Editorial Perfil hemos resuelto continuar con las medidas de lucha resueltas en asamblea y reforzarlas a partir del jueves 30 con: el retiro de firmas de las notas realizadas en las distintas redacciones y asambleas diarias exigiendo una respuesta en 48 horas.
En ese sentido, reivindicamos nuestro derecho como trabajadores de quitar las firmas, y exigimos que esa medida no sea violentada o alterada por mecanismos empresariales que vulneren el sentido de nuestras decisiones, violando las libertades de expresión y de conciencia expresadas en el Estatuto del Periodista.
Asamblea de Trabajadores de Editorial Perfil
Comisión Gremial Interna
Nuestro reclamo de un 35% de aumento parte de la necesidad de defender nuestros ingresos evitando que sean licuados por la inflación.
Nuestra propuesta se basa también en la evidencia de que Editorial Perfil se encuentra en una etapa de expansión, con la salida de un nuevo diario y la multiplicación de sus negocios internacionales.
Los trabajadores de Editorial Perfil hemos resuelto continuar con las medidas de lucha resueltas en asamblea y reforzarlas a partir del jueves 30 con: el retiro de firmas de las notas realizadas en las distintas redacciones y asambleas diarias exigiendo una respuesta en 48 horas.
En ese sentido, reivindicamos nuestro derecho como trabajadores de quitar las firmas, y exigimos que esa medida no sea violentada o alterada por mecanismos empresariales que vulneren el sentido de nuestras decisiones, violando las libertades de expresión y de conciencia expresadas en el Estatuto del Periodista.
Asamblea de Trabajadores de Editorial Perfil
Comisión Gremial Interna
Despido y censura a reclamos de trabajadores de CN23
El Canal CN23, propiedad de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, despidió a un camararógrafo y censuró el reclamo que los trabajadores hacian en el marco de un móvil en vivo. En la cuenta de Twitter, @cn_23, respondieron a los que repudiamos la medida: "Gracias a la intervención del Sindicato Argentino de TV CN23 llegó a un acuerdo para la reincorporación del camarógrafo cesanteado" (1º te echo y depués gracias al sindicato te reincorporo). "Esto muestra una vez más que la negociación colectiva de trabajo es la única manera de resolver los conflictos laborales"... Caraduras!
Mirá como censuraron el reclamo de los trabajadores:
Mirá como censuraron el reclamo de los trabajadores:
Bloqueo a diarios: separemos la paja del trigo y apoyemos la lucha de los trabajadores del grupo Clarín
La Naranja de Prensa expresa su más firme apoyo a la lucha de los trabajadores de Artes Gráficas Rioplatense (AGR) contra la patronal negrera del Grupo Clarín, que ha convertido a la planta en una cárcel
Denunciamos que los Noble-Magnetto ejercen sistemáticamente la represión contra los derechos sindicales de los trabajadores de todas sus empresas, siendo los casos más emblemáticos la prohibición de la organización gremial en la más importante de ellas, el diario Clarín, y el desconocimiento de los fallos judiciales que han ordenado la reincorporación de delegados despedidos en Canal 13. En el caso particular de la planta donde se imprimen la revista Viva y otros productos y materiales del Grupo Clarín, denunciamos que, en complicidad con el gobierno del por entonces presidente Néstor Kirchner, la patronal despidió ilegalmente a la comisión interna durante un reclamo salarial. Ahora, tras verse obligada a reincorporar a casi todos los integrantes de esa CI, los persigue, desconoce sus fueros gremiales y su escala salarial, a la vez que ejerce contra los restantes trabajadores todo tipo de atropellos.
Advertimos, sin embargo, que el bloqueo a Clarín no forma parte de una real acción gremial sino que se encuentra en la línea de amenazas que la burocracia sindical ha venido ejerciendo contra su socio, el gobierno nacional, para que intervenga en desarmar los procesos judiciales que sufren varios de sus jefes. Está en la misma línea que las protestas de UATRE y las patronales rurales y la CGT para defender al esclavista Momo Venegas de sus responsabilidades en la mafia de los medicamentos o de los paros truchos de la Unión Ferroviaria y La Fraternidad para excarcelar a Pedraza, responsable del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra.
Rechazamos el bloqueo como una medida inconsulta y ajena a los intereses de los trabajadores del Grupo Clarín, se trate de los de AGR, en Pompeya, o los de la planta de Zepita, en Barracas, donde se imprime el diario, que en ningún caso votaron o prestaron conformidad con tal acción.
Queremos señalar que la instrumentación de justas reivindicaciones obreras y de los métodos para obtenerlas por parte de burocracias sindicales patoteras y ajenas a los intereses de los trabajadores cumple la función política de bastardear y desprestigiar nuestras luchas y acciones. Son, así, funcionales a la represión patronal.
El bloqueo a Clarín vino pocos días después de que Moyano amenazara explícitamente con movilizar cien, mil, diez mil, frente a aquellos medios que “informaran” agravios al camionero. El rechazo al piquete por parte de canillitas y público ha hecho un flaco favor a la causa de los trabajadores, y en cambio, un grueso favor a la campaña autovictimizante de Clarín en defensa de la “libertad de expresión”.
El putch moyanista contra Clarín, luego incluso del paro general que pretendió lanzar contra el exhorto suizo, colaboran contra la “invisibilización” del reclamo de los trabajadores de AGR en los medios y la oposición patronales. ¿Cómo atraer la atención de la opinión pública al reclamo obrero si, luego de 15 años de ver pasar las más atroces medidas contra los trabajadores sin un paro, Moyano se acuerda de la huelga general justo cuando se siente ofendido?
Por lo tanto, 6,7,8 tiene que ir también a la CGT a quejarse por cómo se ocultan las justas reivindicaciones obreras.
Las burocracias sindicales, el Gobierno y las patronales arman y desarman pactos constantemente y para procesar sus rencillas al interior de esos acuerdos pretenden, unos, valerse de apelaciones a las libertades democráticas, que son patrimonio de la sociedad y no vehículo para sostener su tasa de ganancia, y los otros, de reivindicaciones obreras largamente vapuleadas por las empresas frente a las cuales el poder político y sus gremialistas adictos capitulan casi sin excepción.
Como parte de esos pactos espurios los delegados de AGR que bloquearon la puerta de Clarín vienen de complotarse, con el Ministerio de Trabajo y la patronal de Noble y Magnetto, para excluir de las reincorporaciones arrancadas a la empresa a Pablo Viñas, delegado despedido junto con ellos en 2004. La razón es que Viñas milita en La Naranja Gráfica, una agrupación opositora a la lista que conduce el sindicato gráfico y, desde su militancia además en el Partido Obrero, forma parte de la joven generación de dirigentes sindicales antiburocráticos que amenazan los privilegios de los burócratas como Moyano, Pedraza y demás.
La exclusión y traición a Viñas es, además, funcional a los atropellos patronales en AGR. Semejante sectarismo desmoviliza y desmoraliza al taller, al ver que uno de sus delegados más representativos es discriminado en la pelea por la reincorporación, desconociendo la votación de centenares de compañeros.
Por supuesto que rechazamos por cínicas e hipócritas todas las declamaciones de Clarín por la libertad de expresión y contra el autoritarismo, cuando ha sido un colaborador abierto y fervoroso de todas las dictaduras militares que asolaron al país. Para sus empleados, además, no rige ninguna garantía constitucional: se les niega derechos básicos como el de peticionar, organizarse para mejorar sus condiciones, o tan siquiera expresarse.
Denunciamos, asimismo, a las entidades patronales de medios y sus alcahuetes políticos, intelectuales y hasta periodísticos, quienes con la excusa de defender la libertad de expresión de Clarín y la propia, pretenden abolir, de paso cañazo, todo el arsenal de medidas a las cuales podemos recurrir los trabajadores de prensa para hacer escuchar nuestra vos y reclamos, en las condiciones completamente desventajosas que nos impone el régimen de monopolio patronal de los medios y el sostén estatal y gubernamental que lo vehiculiza y hace posible. La más elemental de las medidas que podemos adoptar para defender nuestros derechos supondrá, en esta línea de razonamiento, afectar “la libertad de expresión” de nuestras patronales y el “derecho a informarse del público”, al cual se apela solamente cuando se trata de usarlo como un ariete contra nuestras luchas, mientras que se lo ignora olímpica y cotidianamente mediante la manipulación informativa, la mentira y las operaciones mediáticas al servicios de oscuros pactos de intereses.
No se alza la voz en defensa de los “lectores” y su “derecho a informarse” cuando las patronales cotidiana e impunemente censuran a los periodistas que trabajan en los medios, sean estos oficialistas u opositores, cierran medios, achican o despiden trabajadores si los números no les cierran.
Denunciamos que los Noble-Magnetto ejercen sistemáticamente la represión contra los derechos sindicales de los trabajadores de todas sus empresas, siendo los casos más emblemáticos la prohibición de la organización gremial en la más importante de ellas, el diario Clarín, y el desconocimiento de los fallos judiciales que han ordenado la reincorporación de delegados despedidos en Canal 13. En el caso particular de la planta donde se imprimen la revista Viva y otros productos y materiales del Grupo Clarín, denunciamos que, en complicidad con el gobierno del por entonces presidente Néstor Kirchner, la patronal despidió ilegalmente a la comisión interna durante un reclamo salarial. Ahora, tras verse obligada a reincorporar a casi todos los integrantes de esa CI, los persigue, desconoce sus fueros gremiales y su escala salarial, a la vez que ejerce contra los restantes trabajadores todo tipo de atropellos.
Advertimos, sin embargo, que el bloqueo a Clarín no forma parte de una real acción gremial sino que se encuentra en la línea de amenazas que la burocracia sindical ha venido ejerciendo contra su socio, el gobierno nacional, para que intervenga en desarmar los procesos judiciales que sufren varios de sus jefes. Está en la misma línea que las protestas de UATRE y las patronales rurales y la CGT para defender al esclavista Momo Venegas de sus responsabilidades en la mafia de los medicamentos o de los paros truchos de la Unión Ferroviaria y La Fraternidad para excarcelar a Pedraza, responsable del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra.
Rechazamos el bloqueo como una medida inconsulta y ajena a los intereses de los trabajadores del Grupo Clarín, se trate de los de AGR, en Pompeya, o los de la planta de Zepita, en Barracas, donde se imprime el diario, que en ningún caso votaron o prestaron conformidad con tal acción.
Queremos señalar que la instrumentación de justas reivindicaciones obreras y de los métodos para obtenerlas por parte de burocracias sindicales patoteras y ajenas a los intereses de los trabajadores cumple la función política de bastardear y desprestigiar nuestras luchas y acciones. Son, así, funcionales a la represión patronal.
El bloqueo a Clarín vino pocos días después de que Moyano amenazara explícitamente con movilizar cien, mil, diez mil, frente a aquellos medios que “informaran” agravios al camionero. El rechazo al piquete por parte de canillitas y público ha hecho un flaco favor a la causa de los trabajadores, y en cambio, un grueso favor a la campaña autovictimizante de Clarín en defensa de la “libertad de expresión”.
El putch moyanista contra Clarín, luego incluso del paro general que pretendió lanzar contra el exhorto suizo, colaboran contra la “invisibilización” del reclamo de los trabajadores de AGR en los medios y la oposición patronales. ¿Cómo atraer la atención de la opinión pública al reclamo obrero si, luego de 15 años de ver pasar las más atroces medidas contra los trabajadores sin un paro, Moyano se acuerda de la huelga general justo cuando se siente ofendido?
Por lo tanto, 6,7,8 tiene que ir también a la CGT a quejarse por cómo se ocultan las justas reivindicaciones obreras.
Las burocracias sindicales, el Gobierno y las patronales arman y desarman pactos constantemente y para procesar sus rencillas al interior de esos acuerdos pretenden, unos, valerse de apelaciones a las libertades democráticas, que son patrimonio de la sociedad y no vehículo para sostener su tasa de ganancia, y los otros, de reivindicaciones obreras largamente vapuleadas por las empresas frente a las cuales el poder político y sus gremialistas adictos capitulan casi sin excepción.
Como parte de esos pactos espurios los delegados de AGR que bloquearon la puerta de Clarín vienen de complotarse, con el Ministerio de Trabajo y la patronal de Noble y Magnetto, para excluir de las reincorporaciones arrancadas a la empresa a Pablo Viñas, delegado despedido junto con ellos en 2004. La razón es que Viñas milita en La Naranja Gráfica, una agrupación opositora a la lista que conduce el sindicato gráfico y, desde su militancia además en el Partido Obrero, forma parte de la joven generación de dirigentes sindicales antiburocráticos que amenazan los privilegios de los burócratas como Moyano, Pedraza y demás.
La exclusión y traición a Viñas es, además, funcional a los atropellos patronales en AGR. Semejante sectarismo desmoviliza y desmoraliza al taller, al ver que uno de sus delegados más representativos es discriminado en la pelea por la reincorporación, desconociendo la votación de centenares de compañeros.
Por supuesto que rechazamos por cínicas e hipócritas todas las declamaciones de Clarín por la libertad de expresión y contra el autoritarismo, cuando ha sido un colaborador abierto y fervoroso de todas las dictaduras militares que asolaron al país. Para sus empleados, además, no rige ninguna garantía constitucional: se les niega derechos básicos como el de peticionar, organizarse para mejorar sus condiciones, o tan siquiera expresarse.
Denunciamos, asimismo, a las entidades patronales de medios y sus alcahuetes políticos, intelectuales y hasta periodísticos, quienes con la excusa de defender la libertad de expresión de Clarín y la propia, pretenden abolir, de paso cañazo, todo el arsenal de medidas a las cuales podemos recurrir los trabajadores de prensa para hacer escuchar nuestra vos y reclamos, en las condiciones completamente desventajosas que nos impone el régimen de monopolio patronal de los medios y el sostén estatal y gubernamental que lo vehiculiza y hace posible. La más elemental de las medidas que podemos adoptar para defender nuestros derechos supondrá, en esta línea de razonamiento, afectar “la libertad de expresión” de nuestras patronales y el “derecho a informarse del público”, al cual se apela solamente cuando se trata de usarlo como un ariete contra nuestras luchas, mientras que se lo ignora olímpica y cotidianamente mediante la manipulación informativa, la mentira y las operaciones mediáticas al servicios de oscuros pactos de intereses.
No se alza la voz en defensa de los “lectores” y su “derecho a informarse” cuando las patronales cotidiana e impunemente censuran a los periodistas que trabajan en los medios, sean estos oficialistas u opositores, cierran medios, achican o despiden trabajadores si los números no les cierran.
- Abajo la dictadura patronal en Clarín y todas las empresas del Grupo
- Plenos derechos sindicales para los delegados de AGR
- Reincorporación de Pablo Viñas en AGR y de Ricardo Junghanns y Marcelo Moreira en Canal 13
- Proponemos a todo el gremio de prensa una campaña en defensa de la libertad sindical en las empresas del Grupo Clarín, para que sean sus propios trabajadores quienes resuelvan cómo enfrentar a su patronal
- Paritarias ya en el gremio de prensa: 35% de aumento, 5000 de mínimo en mano, pase a planta de colaboradores, contratados y tercerizados y defensa estricta de nuestros estatutos y convenios
- Fuera las burocracias de nuestros sindicatos
FoPeA: Inaceptables exigencias a periodistas de Misiones por parte de la empresa Cablevisión
El Foro de Periodismo Argentino (FoPeA) considera inaceptables las exigencias que las autoridades del Canal 5 de Posadas, Misiones (perteneciente a Cablevisión, empresa del Grupo Clarín) intentaron hacer firmar al periodista Marcelo Almada, en la elaboración del contrato para la temporada 2011 del ciclo “Debate sobre el futuro”, que se emitía por dicha señal desde hace cuatro años
La pretensión de la empresa, principal proveedor de televisión por cable en la capital misionera, configura para FoPeA un intento de censura previa, ya que se pretendía obligarlo al periodista como productor del ciclo a abstenerse de “verter en el Programa toda manifestación, sea ésta verbal o de otro tipo, que afecte de cualquier manera la imagen o los derechos de Cablevisión y/o sus empresas vinculadas, controladas o controlantes, sus directivos, gerentes, personal jerárquico en general, dependientes y/o terceros”.
Además, la cláusula pretendía que el productor “velará para que esta obligación sea cumplida por sus dependientes, contratados y/o cualquier persona que aparezca en el programa” -algo que además implicaría una censura previa hacia quienes sean invitados al mismo-. Y en el caso de incumplimiento, hacerlo absoluto y único responsable al periodista de los daños, a criterio de la propia empresa.
Almada comentó a FoPeA que su programa aun no había comenzado la temporada 2011, pero que ya llevaba cuatro años al aire por Canal 5 y que la novedad le fue informada la semana previa al comienzo del nuevo ciclo, pautado para el lunes 28 de marzo. Almada cree que se le planteó esta exigencia por el tratamiento periodístico de algunos temas políticamente sensibles para el Grupo.
Las autoridades de Cablevisión difundieron ayer un comunicado en el que rechazaron la acusación de levantamiento y/o censura por parte de Almada, y señaló que no existía contrato vigente con el programa "Debate sobre el Futuro". Pero no explicaron los motivos que llevaron a proponer la cláusula arriba mencionada y que generó que el programa no salga al aire a pocos días de tenerlo previsto.
La potestad de las empresas de decidir editorialmente el contenido de su programación no puede alcanzar nunca al control de temas y al contenido periodístico de los programas, ni afectar la libertad de conciencia de los periodistas. Este concepto abarca tanto al personal de planta, colaboradores y productoras independientes.
Una pretensión como la que se efectuó con el contrato con el periodista Almada configura a todas luces un intento de censura previa. La circulación y el acceso a la información por parte de la ciudadanía en un sistema democrático no puede estar coartada ni los periodistas ser obligados a no tratar informativamente los temas de interés general.
En su Propuesta sobre Calidad Periodística, FoPeA señaló una serie de puntos que se relacionan con lo sucedido con el programa de Almada.
3 – Agenda
La prioridad en la fijación de la agenda periodística será el respeto y el fortalecimiento de la democracia, la honestidad, el pluralismo, la tolerancia ante el disenso y la obligación de brindar información útil a la sociedad. La agenda nunca debe ser establecida por conceptos o intereses que no sean periodísticos.
4 – Transparencia
El público tiene derecho a conocer los criterios periodísticos sobre los motivos por los que se publica o no una determinada noticia. El derecho de los pueblos a estar informados debe ser atendido de modo prioritario, por encima de intereses económicos, políticos, empresariales, profesionales o sectoriales de cualquier grupo o persona.
D) Responsabilidades de las empresas periodísticas
2- La actividad comercial de la empresa no debe condicionar el trabajo de sus periodistas. Es recomendable la total independencia entre los departamentos comerciales y el quehacer periodístico.
6- Las empresas periodísticas deben sobreponer el interés público al propio, entendiendo a la información no como una mercancía sino como un bien social. Y actuar en consecuencia.
Foro de Periodismo Argentino
Comunicado de Cablevisión sobre el programa "Debate sobre el futuro"
Cablevisión no censura y su oferta de contenidos es de las más diversas y plurales del mercado argentino
En el día de hoy varios medios de la provincia de Misiones publicaron una solicitada bajo el título Cablevisión censura el programa “Debate sobre el Futuro” firmada por el periodista Marcelo Alberto Almada quien aduce que su programa fue censurado y levantado de la grilla de programación de Cablevisión.
Frente a sus dichos inexactos la compañía quiere aclarar los siguientes puntos:
En primer lugar rechazamos por falsos, inexactos e improcedentes los términos de la comunicación porque no se ajustan a la realidad de los hechos.
Nuestra relación contractual con el Sr. Almada feneció indefectiblemente el 31 de diciembre de 2010 por el simple vencimiento de los plazos oportunamente acordados.
Actualmente no existe contrato vigente, por lo tanto es absurdo utilizar los términos “levantamiento y/o censura” para un programa que no está presente en nuestra pantalla. Más inexacto aún, al referirse a cláusulas y/o condiciones de un instrumento legal no suscripto.
Durante 4 años el programa “Debate sobre el Futuro” estuvo en nuestra pantalla y nunca recibió comentario alguno por parte de la Compañía sobre las opiniones de su conductor y /o invitados. Cablevisión respeta la libertad de expresión y la pluralidad de voces por eso las aseveraciones realizadas por el Sr. Marcelo Alberto Almada no se ajustan a la realidad.
La pretensión de la empresa, principal proveedor de televisión por cable en la capital misionera, configura para FoPeA un intento de censura previa, ya que se pretendía obligarlo al periodista como productor del ciclo a abstenerse de “verter en el Programa toda manifestación, sea ésta verbal o de otro tipo, que afecte de cualquier manera la imagen o los derechos de Cablevisión y/o sus empresas vinculadas, controladas o controlantes, sus directivos, gerentes, personal jerárquico en general, dependientes y/o terceros”.
Además, la cláusula pretendía que el productor “velará para que esta obligación sea cumplida por sus dependientes, contratados y/o cualquier persona que aparezca en el programa” -algo que además implicaría una censura previa hacia quienes sean invitados al mismo-. Y en el caso de incumplimiento, hacerlo absoluto y único responsable al periodista de los daños, a criterio de la propia empresa.
Almada comentó a FoPeA que su programa aun no había comenzado la temporada 2011, pero que ya llevaba cuatro años al aire por Canal 5 y que la novedad le fue informada la semana previa al comienzo del nuevo ciclo, pautado para el lunes 28 de marzo. Almada cree que se le planteó esta exigencia por el tratamiento periodístico de algunos temas políticamente sensibles para el Grupo.
Las autoridades de Cablevisión difundieron ayer un comunicado en el que rechazaron la acusación de levantamiento y/o censura por parte de Almada, y señaló que no existía contrato vigente con el programa "Debate sobre el Futuro". Pero no explicaron los motivos que llevaron a proponer la cláusula arriba mencionada y que generó que el programa no salga al aire a pocos días de tenerlo previsto.
La potestad de las empresas de decidir editorialmente el contenido de su programación no puede alcanzar nunca al control de temas y al contenido periodístico de los programas, ni afectar la libertad de conciencia de los periodistas. Este concepto abarca tanto al personal de planta, colaboradores y productoras independientes.
Una pretensión como la que se efectuó con el contrato con el periodista Almada configura a todas luces un intento de censura previa. La circulación y el acceso a la información por parte de la ciudadanía en un sistema democrático no puede estar coartada ni los periodistas ser obligados a no tratar informativamente los temas de interés general.
En su Propuesta sobre Calidad Periodística, FoPeA señaló una serie de puntos que se relacionan con lo sucedido con el programa de Almada.
3 – Agenda
La prioridad en la fijación de la agenda periodística será el respeto y el fortalecimiento de la democracia, la honestidad, el pluralismo, la tolerancia ante el disenso y la obligación de brindar información útil a la sociedad. La agenda nunca debe ser establecida por conceptos o intereses que no sean periodísticos.
4 – Transparencia
El público tiene derecho a conocer los criterios periodísticos sobre los motivos por los que se publica o no una determinada noticia. El derecho de los pueblos a estar informados debe ser atendido de modo prioritario, por encima de intereses económicos, políticos, empresariales, profesionales o sectoriales de cualquier grupo o persona.
D) Responsabilidades de las empresas periodísticas
2- La actividad comercial de la empresa no debe condicionar el trabajo de sus periodistas. Es recomendable la total independencia entre los departamentos comerciales y el quehacer periodístico.
6- Las empresas periodísticas deben sobreponer el interés público al propio, entendiendo a la información no como una mercancía sino como un bien social. Y actuar en consecuencia.
Foro de Periodismo Argentino
Comunicado de Cablevisión sobre el programa "Debate sobre el futuro"
Cablevisión no censura y su oferta de contenidos es de las más diversas y plurales del mercado argentino
En el día de hoy varios medios de la provincia de Misiones publicaron una solicitada bajo el título Cablevisión censura el programa “Debate sobre el Futuro” firmada por el periodista Marcelo Alberto Almada quien aduce que su programa fue censurado y levantado de la grilla de programación de Cablevisión.
Frente a sus dichos inexactos la compañía quiere aclarar los siguientes puntos:
En primer lugar rechazamos por falsos, inexactos e improcedentes los términos de la comunicación porque no se ajustan a la realidad de los hechos.
Nuestra relación contractual con el Sr. Almada feneció indefectiblemente el 31 de diciembre de 2010 por el simple vencimiento de los plazos oportunamente acordados.
Actualmente no existe contrato vigente, por lo tanto es absurdo utilizar los términos “levantamiento y/o censura” para un programa que no está presente en nuestra pantalla. Más inexacto aún, al referirse a cláusulas y/o condiciones de un instrumento legal no suscripto.
Durante 4 años el programa “Debate sobre el Futuro” estuvo en nuestra pantalla y nunca recibió comentario alguno por parte de la Compañía sobre las opiniones de su conductor y /o invitados. Cablevisión respeta la libertad de expresión y la pluralidad de voces por eso las aseveraciones realizadas por el Sr. Marcelo Alberto Almada no se ajustan a la realidad.
Diputados del GEN sostienen que la intervención de LT9 es arbitraria
Pedido de Informes al poder ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con la emisora LT9 de la ciudad capital de la provincia de Santa Fe
Comunicaciones e Informática
La Cámara de Diputados de la Nación
Resuelve:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional Autoridad Federal De Servicios De Comunicación Audiovisual se sirva informar sobre lo siguiente:
a) Que función administrativa apta y conducente se han realizado a los efectos de acreditar los extremos de rechazo a los planteos que se realizaron en el caso de LT9 de Santa Fe en cuanto a su petición luego de la inundación que sufriera la Ciudad de Santa Fe acogiéndose a los derechos que le otorga el Decreto Nro. 527/05. Esto en forma previa al dictado del Decreto Nro. 1261/10.
b) Que razón motivo y circunstancia obedeció la conformación de dos Expedientes diferentes en cuanto a la tramitación de los descargos realizados al acogimiento de Decreto Nro. 527/10 y concomitantemente sin resolver el primero, llevar adelante otro que dio origen al Decreto Nro. 1261/10 sobre extinción de licencia por vencimiento del plazo.
c) Que informes técnicos circunstanciados dan fundamento han acreditado "abandono de la emisora" (conforme lo determina el artículo 50 de la Ley 26.522) para la designación de Delegados Administrador.
d) Que antecedentes se han tenido en cuenta en cada caso para la designación de los Delegados Administradores.
e) Que presupuesto tiene designado el organismo para la designación y mantenimiento de la designación de Delegados Administradores y que presupuesto tiene designado el organismo para el mantenimiento de la estación de radiodifusión por amplitud modulada LT9 de la Ciudad de Santa Fe.
Fundamentos
Señor Presidente:
Que recientemente se ha Designado Delegado Administrador por el AFSCA para cumplir las funciones propias de la titularidad en la explotación de la estación de radiodifusión sonora por amplitud modulada LT9 de la Ciudad de Santa Fé, bajo el argumento que resulta de dudosa acreditación por estar operativa y en pleno funcionamiento la estación de comunicación social que habiendo vencido su plazo de vigencia.
Sin perjuicio de la vigencia o no de la titularidad de la licencia, lo cierto es que la estación estaba en pleno funcionamiento y explotación con regularidad de emisiones, por parte de sus titulares, los que en ningún momento han dejado la normal operatoria de la estación. Pero el AFSCA violentado el artículo 50 de la Ley 26.522, recientemente ha designado Delegados Administradores que se han presentado a desplazar a la conducción y titulares de la empresa que explota la estación de radiodifusión sonora de amplitud modulada.
Así las cosas, el proceder del órgano de control y policía de la comunicación social, ahora imprudentemente ha tomado una actitud de juez y parte, dado que por un lado, ejerce el control de la estación y por el otro muy presumiblemente arbitraria e ilegítimamente conforme los pocos antecedentes que se han conocido en el proceder administrativo en la toma de decisión de la designación de los Delegados Administradores -, estos últimos pretenden asumir, desplazar y desapoderar a los titulares de la explotación de la licencia de comunicación social.
Por lo expuesto, invitamos a los Sres. Legisladores a acompañar el presente.
Firmantes: Stolbizer, Margarita Rosa Peralta, Fabian Francisco Rioboo, Sandra Adriana.
Comunicaciones e Informática
La Cámara de Diputados de la Nación
Resuelve:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional Autoridad Federal De Servicios De Comunicación Audiovisual se sirva informar sobre lo siguiente:
a) Que función administrativa apta y conducente se han realizado a los efectos de acreditar los extremos de rechazo a los planteos que se realizaron en el caso de LT9 de Santa Fe en cuanto a su petición luego de la inundación que sufriera la Ciudad de Santa Fe acogiéndose a los derechos que le otorga el Decreto Nro. 527/05. Esto en forma previa al dictado del Decreto Nro. 1261/10.
b) Que razón motivo y circunstancia obedeció la conformación de dos Expedientes diferentes en cuanto a la tramitación de los descargos realizados al acogimiento de Decreto Nro. 527/10 y concomitantemente sin resolver el primero, llevar adelante otro que dio origen al Decreto Nro. 1261/10 sobre extinción de licencia por vencimiento del plazo.
c) Que informes técnicos circunstanciados dan fundamento han acreditado "abandono de la emisora" (conforme lo determina el artículo 50 de la Ley 26.522) para la designación de Delegados Administrador.
d) Que antecedentes se han tenido en cuenta en cada caso para la designación de los Delegados Administradores.
e) Que presupuesto tiene designado el organismo para la designación y mantenimiento de la designación de Delegados Administradores y que presupuesto tiene designado el organismo para el mantenimiento de la estación de radiodifusión por amplitud modulada LT9 de la Ciudad de Santa Fe.
Fundamentos
Señor Presidente:
Que recientemente se ha Designado Delegado Administrador por el AFSCA para cumplir las funciones propias de la titularidad en la explotación de la estación de radiodifusión sonora por amplitud modulada LT9 de la Ciudad de Santa Fé, bajo el argumento que resulta de dudosa acreditación por estar operativa y en pleno funcionamiento la estación de comunicación social que habiendo vencido su plazo de vigencia.
Sin perjuicio de la vigencia o no de la titularidad de la licencia, lo cierto es que la estación estaba en pleno funcionamiento y explotación con regularidad de emisiones, por parte de sus titulares, los que en ningún momento han dejado la normal operatoria de la estación. Pero el AFSCA violentado el artículo 50 de la Ley 26.522, recientemente ha designado Delegados Administradores que se han presentado a desplazar a la conducción y titulares de la empresa que explota la estación de radiodifusión sonora de amplitud modulada.
Así las cosas, el proceder del órgano de control y policía de la comunicación social, ahora imprudentemente ha tomado una actitud de juez y parte, dado que por un lado, ejerce el control de la estación y por el otro muy presumiblemente arbitraria e ilegítimamente conforme los pocos antecedentes que se han conocido en el proceder administrativo en la toma de decisión de la designación de los Delegados Administradores -, estos últimos pretenden asumir, desplazar y desapoderar a los titulares de la explotación de la licencia de comunicación social.
Por lo expuesto, invitamos a los Sres. Legisladores a acompañar el presente.
Firmantes: Stolbizer, Margarita Rosa Peralta, Fabian Francisco Rioboo, Sandra Adriana.
Correa pide al diario El Universo una indemnización de U$S 80 millones por supuesta injuria
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha pedido al diario opositor 'El Universo' una indemnización de 80 millones de dólares en el marco de una demanda contra ese medio privado por supuestas "injurias calumniosas" contra su Gobierno publicadas en un artículo de opinión
Correa a "título personal", no como jefe de Estado, demandó a la compañía 'El Universo' por 30 millones de dólares, y a tres directivos del diario y el columnista Emilio Palacio por 50 millones de dólares. Para todos ellos pide además tres años de prisión, informa el rotativo.
La querella, iniciada el 22 de marzo, es por el artículo de opinión 'No a las mentiras', firmado por Emilio Palacio el pasado 6 de febrero, en el que acusa al mandatario ecuatoriano de atacar un hospital durante la revuelta policial del pasado 30 de septiembre, que ha sido calificada por su gobierno como un intento de golpe de Estado.
Correa debía presentarse el martes en el Juzgado XV de Garantías Penales del Guayas para reconocer su firma en la demanda contra el diario opositor, editores y Palacio, pero su abogado, Gutemberg Vera, presentó un escrito en el que pide cambiar la fecha de la citación porque le era "imposible concurrir" al despacho el día señalado, explica 'El Universo'.
Según el presidente ecuatoriano, Palacio en su columna "dijo que yo debía disparar a discreción a un hospital lleno de civiles sin previo aviso" durante la revuelta del pasado septiembre. "¿Qué es lo que van a decir los directivos de ese diario? Bueno, esa fue la opinión de ese editorialista", ha expresado.
La demanda surge en momentos que Correa impulsa una consulta popular que se celebrará el próximo 7 de mayo para reformar varios artículos de la Constitución y someter a consideración de la ciudadanía asuntos de interés nacional como la regulación de los contenidos de los medios de comunicación.
En declaraciones a una emisora el pasado lunes, Correa defendió esta iniciativa alegando que en Ecuador hay "sicarios de tinta" que "despedazan todos los días la honra de las personas, el prestigio, empezando por el presidente".
La propuesta abarca la creación de un consejo encargado de vigilar y regular el contenido que se emite a través de los diarios, las emisoras y las cadenas locales, los cuales estarían incumpliendo con lo establecido en la Constitución aprobada en 2008 y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, informa la agencia oficial Andes.
Rafael Correa dijo el lunes pasado que no ha enjuiciado a su hermano Fabricio solo por respeto a su madre.
Fuente: EuropaPress
La querella, iniciada el 22 de marzo, es por el artículo de opinión 'No a las mentiras', firmado por Emilio Palacio el pasado 6 de febrero, en el que acusa al mandatario ecuatoriano de atacar un hospital durante la revuelta policial del pasado 30 de septiembre, que ha sido calificada por su gobierno como un intento de golpe de Estado.
Correa debía presentarse el martes en el Juzgado XV de Garantías Penales del Guayas para reconocer su firma en la demanda contra el diario opositor, editores y Palacio, pero su abogado, Gutemberg Vera, presentó un escrito en el que pide cambiar la fecha de la citación porque le era "imposible concurrir" al despacho el día señalado, explica 'El Universo'.
Según el presidente ecuatoriano, Palacio en su columna "dijo que yo debía disparar a discreción a un hospital lleno de civiles sin previo aviso" durante la revuelta del pasado septiembre. "¿Qué es lo que van a decir los directivos de ese diario? Bueno, esa fue la opinión de ese editorialista", ha expresado.
La demanda surge en momentos que Correa impulsa una consulta popular que se celebrará el próximo 7 de mayo para reformar varios artículos de la Constitución y someter a consideración de la ciudadanía asuntos de interés nacional como la regulación de los contenidos de los medios de comunicación.
En declaraciones a una emisora el pasado lunes, Correa defendió esta iniciativa alegando que en Ecuador hay "sicarios de tinta" que "despedazan todos los días la honra de las personas, el prestigio, empezando por el presidente".
La propuesta abarca la creación de un consejo encargado de vigilar y regular el contenido que se emite a través de los diarios, las emisoras y las cadenas locales, los cuales estarían incumpliendo con lo establecido en la Constitución aprobada en 2008 y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, informa la agencia oficial Andes.
Rafael Correa dijo el lunes pasado que no ha enjuiciado a su hermano Fabricio solo por respeto a su madre.
Fuente: EuropaPress
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