jueves, 26 de junio de 2008

Kirchner criticó, pero él y su medio...

Néstor Carlos Kirchner, en su única conferencia de prensa, criticó -con razón- a Clarín por su cobertura del caso del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
Hoy a seis años Kirchner podría haber dicho algo, pero eligió otro tema:La agencia oficial de noticias K se mimetiza con las históricas posturas de "La Nación": no importa la causa sino la consecuencia y a los que afecta y habla de "caos" en el tránsito:

Allá vamos!

La Comisión Nacional de Libertad de Expresión y Capacitación Profesional de la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación (FeTraCCom-CTA) se reunirá en Salta para debatir, entre otros puntos, el proyecto de Ley de Radiodifusión y la Regulación de la pauta publicitaria oficial.
El encuentro se hará el sábado a partir de las 9 en la Sala de Intendentes del Museo de la Ciudad "Casa de Hernández", ubicado en Peatonal La Florida esquina Alvarado.
Los organizadores informaron que las reuniones estarán divididas en dos etapas. La primera (que se hará por la mañana), será una charla debate abierta al público.
En la actividad participarán referentes de los sindicatos y círculos de prensa de Rosario de Santa Fe, Córdoba, San Luis, Tucumán, Mar del Plata, Jujuy y Salta.
Por la tarde se hará una reunión entre la Comisión y algunos periodistas locales para abordar los últimos casos de ataque a la libertad de expresión.
Se informó que también se propuso incluir en el debate la vigencia y el ejercicio de la Ley 12.908, que refiere al Estatuto del Periodista Profesional y del Personal Administrativo de empresas periodísticas.

Bienvenido conflicto a pesar de todo...

Por Néstor Borri *
Bienvenido…
No todos los conflictos traen transformaciones. Pero no hay transformaciones sin conflicto. Los llamados al diálogo son valiosos. Pero sin confrontación no hay democracia. La idea de que racionalmente se puede gestionar una sociedad desigual es una fantasía no democrática. Y, muchas veces, antidemocrática.
No es menos cierto que una sociedad compleja requiere una combinación certera amplia y valiente de (con) frontaciones y consensos, de debates y embates.
Pero en todo caso, bienvenido conflicto. A pesar de todo. (Una vez escribimos aquí mismo: "no a la violencia, sí a los conflictos". Hoy podemos decir: sí al diálogo, no a la pretensión de "licuar" los conflictos)
No es un escenario fácil. Pero nos enfrenta a los límites (de tiempo, de los procesos, de la relaciones de fuerza, de los actores, de nosotros mismos, incluido el límite de saber quién es "nosotros" en el conflicto). Y, enfrentándonos a los límites nos pone frente a las posibilidades efectivas, reales. Frente a esa frontera de lo posible que, si de política se trata, de ética y de historia, hay que correr.
Que el eje distribución de la riqueza esté presente como un elemento en el debate -más allá de las posiciones de los actores y la disposición diferente a abordarlo en los hechos- es sin duda un signo de los tiempos. Dibuja algo del campo político y de la situación que vivimos. Bienvenido sea.
Definir el conflicto, pero conflictuando las definiciones. Re-definir y re-conflictuar: nombrar de nuevo para luchar otra vez. Tal la tarea política, social, ética, histórica que toca. A diferentes escalas, pero esa es, al fin.
Bienvenido conflicto. A pesar de todo

Qué miradas, qué palabra, qué repertorios para hablar-analizar-intervenir en el conflicto
Obviamente no es fácil. Pero un abordaje de un conflicto tan "manoseado" y al mismo tiempo tan significativo, exige un esfuerzo extra si no se quiere agregar banalidad al debate o "desequilibrio en contra" a las relaciones de fuerza.
- El esfuerzo de verlo-nombrarlo-debatirlo-intervenir desde los intereses de los sectores populares, evitando las falsas dicotomías, superando el modo en que se configuran a primera vista las opciones y los actores. Desafío complejo, ya que justamente en la misma disputa hay que "ubicar" al pueblo y construirlo. No se trata de un actor "que ya está" y entonces, luego, actúa. Se trata de una acción en el conflicto que también es disputa respecto de "quiénes son y dónde están" (más aún, quiénes representan) el pueblo.
- La necesidad de verlo-nombrarlo-debatirlo-intervenir en perspectiva histórica y en la propia dinámica del conflicto, referenciándolo en la secuencia social, política, que vivimos, donde se juega el sentido comunitario de la política y de la sociedad para los próximos años. Saberlo historia, sentirlo proceso, hacerlo dinámica, entenderlo compromiso y sentirlo responsabilidad. Abrirlo historia, comprenderlo habilitante.
- La exigencia, obvia pero no sencilla de verlo con ojos, pensamiento y predisposición fuerte y marcadamente política, remontando las fuertes cosificaciones, simplificaciones y enredos que plantean tanto el sentido común -al que fácilmente todos tendemos- como la fuerte filtración y enrarecimiento de ese sentido común por parte de los medios de comunicación, que hoy son el engranaje central de las dinámicas de despolitización. Hacerlo, entonces, tarea más que protesta.

Aquí -y así- estamos. El aquí, el ahora y el nosotros que se recorta en el conflicto
En una mirada que sume las perspectivas antes mencionadas, podemos decir que:
A partir de la secuencia abierta en 2001, la sociedad argentina y en particular los sectores trabajadores, desocupados, los pobres, pudieron intervenir en la relación de fuerza y en un escenario de ruptura entre las diversas fracciones dominantes, volcando relativa y parcialmente la balanza y aportando a que la salida de la crisis fuera tal, que presentara para nosotros una escenario más o menos favorable a pesar de las profundas asimetrías.
- En términos políticos, una salida democrática.
- En términos económicos, si bien una devaluación con una gran transferencia de recursos en desmedro de los sectores populares, predominio de un modelo más sesgado hacia lo productivo que hacia la especulación financiera.
- En términos de reglas de juego y consensos generales, se abrió una brecha en el consenso "duro" neoliberal, con una reentrada de la política, del rol del Estado, y un ánimo de recomposición de la comunidad política y social en un lenguaje no neoliberal. En este marco, podemos decir que los sectores populares:
- Logramos abrir más oportunidades (sociales, económicas, políticas) que las que estábamos con posibilidades de asumir y aprovechar: conservamos la democracia, reinventamos el Estado, acotamos las posibilidades de criminalización de las protestas y la represión, abrimos la posibilidad y la exigencia de que el Estado -aunque sea parcialmente- se reconstituya como un actor. Reingresamos la política y el poder a la agenda.
- Tienen, tenemos, más fuerzas que las que se están utilizando: acá se manifiestan las serias dificultades de articulación, la fragmentación persistente, las herramientas políticas limitadas para intervenir en la conducción de los escenarios que se abren. Incluidos los límites de los liderazgos.
- Ante un escenario que combina un alivio respecto a la crisis-catástrofe de la que venimos, se perfiló una "ventana de oportunidad " que tiende a mostrar sus límites (inflación, dificultades para la renovación política, reingreso de ideas del capital concentrado), de manera que ciertamente necesitamos más fuerza de la que tenemos.
El primer punto supone unos márgenes que más o menos se conservan pero hay que ampliar. El segundo unas brechas que en todo caso urge achicar. El tercero unas exigencias que es indispensable atender. Sobre todo, un conjunto riguroso y flexible a la vez, de tareas colectivas.

Lo que se define en la discusión, no es lo que se está discutiendo
La esfera pública, la consistencia de las conversaciones y debates que una sociedad puede darse está en juego y queda a la vista en este conflicto.
El mismo viene recortando además, en su desarrollo, todos los contornos de las relaciones y núcleos del poder y de las fronteras entre intereses y actores que se van constituyendo en esta etapa pos-catástrofe.
Quién discute, cómo discute, dónde se discute. Quiénes aparecen como intocables, impresentables, inaudibles o sordos.
"Lo" que se discute, sin embargo, no es equivalente a lo que está en juego en la discusión. Lo que está en juego es mucho más.

Estamos debatiendo y definiendo sobre:
La legitimidad y los márgenes de posibilidades de la intervención estatal en la economía y en el mercado. Especialmente en relación a la renta extraordinaria de algunos sectores, y de cara a su función de redistribución de esos recursos.
Los modos de protesta legítimos de los más débiles y los modos de "apriete" de los ganadores. Hemos tenido en esta secuencia momentos insultantes en que se tiraron alimentos en las rutas. Ya se ha dicho: muchos de los que se escandalizan o argumentan o se conmueven con el crecimiento de la pobreza, no levantaron su voz al ver esto.
La consistencia real de la distribución de la riqueza proclamada y reclamada, allí donde implementarla supone necesariamente diversas formas de intervención estatal en la vida económica. Se esgrime desde una parte de la sociedad la idea de un Estado que no se meta con los ganadores, y la "propuesta" - presentada como "utopía" y mencionada como "federalismo"- de un país "atendido por sus propios dueños". Ya lo vivimos con los ganadores de los ´90. Algunos se plantean por qué no hacer otra década igual, con otros actores. Alguien señalaba hace ya unos meses, antes de que este ciclo de lock out se desplegara, que el "que se vayan todos" había perdido predicadores, pero no creyentes. Lo mismo puede decirse quizás del "deme dos". Predicadores que han vuelto, y aggiornados además.
En última instancia, está en juego justamente lo que se puede y debe discutir y afectar, y lo que no. Es un gran avance -frágil en sus logros, pero avance al fin- en los tópicos del debate político, el hecho de que la distribución de la riqueza se haya vuelto un tema ineludible de la agenda pública. Unos y otros actores vuelven sobre el tema. Lo que se disputa, en todo caso, es quiénes y cómo aportan los recursos, por qué, a través de qué mecanismos y en qué medida. El otro tema de debate es en qué, con qué mecanismos y con qué procedimientos se aplican los fondos re-distribuidos.
Quién está presente y re-presentado en el debate: qué actores, qué intereses, las medidas y políticas que afectan o involucran a quiénes o los afectados por cuáles temas. Quién representa a quién y quiénes son "presentables". Y a quiénes no.
Las posibilidades y atributos para la acción y la transformación por parte de los diferentes niveles y poderes estatales –nacional, provincial, municipal, ejecutivo, legisladores, justicia.
Y, cómo limitar-disciplinar y encuadrar política y democráticamente a los sectores que más ganan, los sectores más concentrados y los poderes fácticos.
Abanico del los desafíos populares y democráticos que reaparecen en esta etapa con nuevos contornos. Desafío de la democracia misma: cuán permeable es al lobby, cuánto a los intereses de los sectores populares. Menudo tema para celebrar los 25 años del final de la dictadura.

Agrandar la arenas, ampliar las agendas, multiplicar los actores. Adensar políticamente el momento
Muchos esperan que el conflicto termine. Pronto. Puede que estemos o no ante los últimos días del conflicto. Pero, algo está claro: no es, no será el último conflicto. En términos de distribución de la riqueza es de alguna manera el primero, el más significativo de la etapa que vive el país. Otros vendrán. Laten ya en éste. Así que más vale aprender. Y, seguro, adelantarse a ver los escenarios siguientes.
Ver las arenas donde se debate, las agendas de temas en juego, los actores que intervienen, que se dibujan como en un ejercicio general para la etapa actual y venidera. .
Vale "estudiar" este conflicto porque contiene los rasgos de próximas batallas. Estudiar. Preguntarse. Interrogarse. Sí. Ante la tentación de la certeza, saber que, en democracia, la política debe ser pregunta. Interpelación. Elegir las propias preguntas, diseñar las propias interpelaciones. Construir la propia fuerza y el propio relato (micrófonos y megáfonos, cámaras de por medio, está en juego también quién hace las preguntas que valen…)
Arenas: Dónde y para qué movilizarse. Con quiénes discutir en qué escenarios, con qué herramientas. Qué se discute en uno y otro. Y que andariveles conectan unas "arenas" con otras, en qué medida esos andariveles las articulan y las suman.
Agendas: Los temas que van y vienen, que ingresan y son expulsados. Digeridos y atragantados. Sustantivos, adjetivos y verbos que los sostienen. Son listas de temas. Viejos y nuevos. Clasificaciones de los mismos. Quién trae la agenda a la mesa, a la arena. Quién hace la lista para cada actor. Qué temas (se) mueven. A quiénes. Quiénes mueven los temas y las agendas. ¿Discutiremos sobre "el campo" o sobre el precio de los alimentos? ¿Sobre las retenciones o sobre la distribución de la riqueza? ¿Sobre quién aporta o sobre qué se hace con lo aportado? Cuánto de cada cosa y con qué consecuencias. La consistencia de las agendas se mide por sus consecuencias.
Actores: El eje gobierno-campo, así planteado deja un espacio acotado, casi insignificante para la participación popular en el debate. Es, en un punto, un "campo suturado", se auto completa a sí mismo y deja afuera a muchos. Hay que ampliar y "adensar" de actores todas las arenas del debate, para que las agendas sean otras o se les entre desde otros lados. Y viceversa.

Representación, hacerse presente, imaginarse, articularse
En la vida democrática, son los ciudadanos como actores los que dan los debates y los combates. Por medio de diferentes mecanismos de representación. Por medio de imágenes que los representan. Por medio de líderes que los hacen presentes. Haciéndose presentes ellos mismos.
Se trata de entender, de poder opinar pero, también, poder posicionarse y actuar, de la manera menos subordinada y al mismo tiempo más representativa y más articulada posible. (Estos términos a veces son contradictorios: la democracia no es amiga de la pureza ni de la simpleza… la realidad tampoco. La historia menos.)
Existe un desafío grande -en este tiempo donde se dirimen sin duda cuestiones importantes para el presente y el futuro de la sociedad- de poder entender, asumir e intervenir en el conflicto, alejándose o en todo caso superando las diferentes "ciudadanías" que quedan expuestas en este debate. Ciudadanías "tuteladas", con "techo bajo" que proponen las corporaciones. Ciudadanías "pequeñas" y "catárticas" que proponen los medios de comunicación. Ciudadanías "por crecer y ampliar" que el campo político demanda. Ciudadanías pendientes que hay que construir.
En esa construcción, profundizar la calidad de la representación es central para enriquecer los debates e intervenir en el conflicto. Desde una perspectiva ética y política, no cabe duda de que es necesario ampliar y profundizar la representación, la capacidad de intervención y las posibilidades de acción de los sectores populares. Desgraciadamente, pero sin remedio, las cosas vienen al mismo tiempo: intervenir y construir representación.
Algunas apreciaciones, algunas preguntas, algunos desafíos que aparecen en torno a la cuestión de la representación entonces:
- Medios, "entidades del campo", gobierno: cada uno de estos actores realiza una operación de representación. Influyen y constituyen modos de representación. La disputan también. En el caso del campo, se atribuyen una sobre-representación del pueblo ("el" campo, "la gente", " la ciudadanía", "el interior", "los pueblos"). En el caso de los medios, opera una para-representación, que en el marco actual de su funcionamiento, no deja de ser, groseramente casi siempre, una distorsión, una caricatura. En el caso del gobierno, está en juego su capacidad de hacer presente y consumir una fuerza democrática con el voto y la voluntad popular que lo eligió ampliamente hace unos meses. Visto desde los sectores populares, que sólo pueden constituirse en la política con algún tipo de representación o mediación, está entonces este ida y vuelta desafiante: ampliar la representación haciéndose presente, pero al mismo tiempo hacerse presente a través de la representación.

Riqueza, poder, ingresos
La consistencia de la democracia y la vida de los sectores populares esta en juego en este conflicto. La distribución de la riqueza se juega al tiempo que se re-distribuye el poder en nuestra sociedad. Si agregamos el fundamental tema del precio de los alimentos y la inflación, y la cuestión de quiénes están habilitados para discutir y actuar, queda ampliamente expuesta la cuestión distributiva que nos convoca: distribuir la riqueza, los ingresos, el poder de decidir y el reconocimiento.
Los avances de los sectores populares en esta etapa son tan innegables como crudamente parciales y especialmente frágiles. No han sido una concesión ni se puede esperar que lo sean en el futuro. Si bien no dependen sólo de la propia construcción- siempre, por definición, limitada, siempre será en alianza con otros- tampoco pueden sostenerse sin acumulación propia o en todo caso apropiada (porque siempre será articulada, mediada, sesgada)
Al gobierno le faltan elementos para dar cuenta con mayor consistencia y consenso de los resultados de su política que, sin ser todo lo distributiva que pudiera esperarse, tiene logros indudables e importantes en ese sentido, en todo caso de cara a la crisis catástrofe de la que salimos y en contraste con prácticamente todos los gobiernos anteriores de la última etapa democrática. Es cierto que, como dicen los ruralistas, crecimiento no es sinónimo de desarrollo; pero también es cierto que el modelo de desarrollo que ellos proponen no traerá un crecimiento en el que todos puedan tener su parte justa y necesaria. El peso del Estado democrático en la distribución de la riqueza en los próximos años está en juego. Es indispensable intervenir en eso, porque ahí se dirime mucho de la vida de todos, especialmente de los trabajadores y de los más golpeados por tantos años de exclusión.
Ni los temas, ni el campo de batalla, ni los jugadores con que hay que salir a la cancha son los ideales. Eso es porque se trata de la vida y no de la teoría, de la historia y no de un noticiero. Por eso mismo no hay manera de ser sólo espectador.

* Coordinación del Colectivo Ciudadanía / Iniciativa por la democracia y la justicia social. Director del Área de Formación del Centro Nueva Tierra.

La causa que sigue dejando impune a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda

A 6 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, la causa que debía investigar las responsabilidades políticas de estos crímenes no avanzó más allá de su mera existencia formal. Los funcionarios denunciados no fueron investigados; ni siquiera fueron citados a declarar. La pista que apuntaba a la participación de la SIDE fue descartada sin más. Como si faltara algún otro dato que certifique la falta de voluntad política, al día de hoy la última foja del expediente que instruye el fiscal Osorio señala que aún no pudieron, después de 6 años, establecer a qué personas corresponden 4 líneas telefónicas utilizadas para comunicarse con los asesinos el mismo día de los crímenes. Analizamos el expediente junto a Alberto Santillán, papá de Darío, que sintetizó: "en todos estos años lo único que hicieron el fiscal y el gobierno fue encubrir el asesinato de mi hijo". La lucha por justicia seguirá con movilizaciones y escraches, anuncian desde los movimientos sociales que hoy se movilizan y mantienen el reclamo por el esclarecimiento de los asesinatos de sus compañeros.
La causa caratulada como "Ruckauf y otros sobre homicidio" lleva el número de expediente 14215/2003 y fue presentada días después de los asesinatos por Mabel Ruiz, mamá de Maximiliano Kosteki, para que se investiguen las responsabilidades políticas, pidiendo que se cite a indagatoria al entonces canciller Carlos Ruckauf, al ex presidente Eduardo Duhalde y al entonces gobernador bonaerense, Felipe Solá. En seis años acumuló 12 cuerpos, pero su lectura no da cuenta de ningún avance, según reconocen fuentes del juzgado y pudimos constatar junto a Alberto Santillán y Marcial Bareiro, uno de los manifestantes heridos del Frente Popular Darío Santillán, y querellante en la causa junto a otros heridos y los familiares.

Los responsables políticos del accionar represivo, impunes.
El 9 de enero de 2006 culminó el juicio a los actores materiales, con condenas a cadena perpetua a los policías que dispararon causando la muerte a los jóvenes manifestantes. En el transcurso de aquel juicio, el ex presidente Duhalde, el entonces secretario de Seguridad de la Nación Juan José Álvarez, y el ex jefe de Gabinete Alfredo Atanasof, fueron excusados de prestar declaración bajo el argumento de que debían ser investigados por su presunta responsabilidad en esos hechos, y para ello existía la causa que instruía el Fiscal Osorio en la Fiscalía Federal Nº 10 de los tribunales de Comodoro Py. En los fundamentos de la denuncia se hace referencia a las declaraciones de Atanasof que un día antes alertó que se iba a impedir la protesta "fuera como fuera" y que el gobierno estaba ante "una declaración de guerra"; los dichos de Duhalde, señalando que la protesta "no se iba a permitir, que había que poner orden", y las declaraciones en el mismo sentido de Ruckauf, Juan José Álvarez y el entonces gobernador Solá, creando previamente el clima político necesario para la represión y las muertes, y justificando los crímenes realizados con afirmaciones que se demostraron tendientes a encubrir los asesinatos. En el caso de Álvarez, su responsabilidad directa como secretario de Seguridad de la Nación ante un operativo que contó con la participación coordinada de tres fuerzas Federales bajo su mando en la represión, tampoco dio lugar a investigación alguna. A dos años y medio de aquella chicana jurídica elaborada desde el duhaldismo, ninguno de ellos tiene motivos para estar preocupado ante una causa en la que no hubo voluntad política de investigar. Hoy, Atanasof es representante del país ante el MERCOSUR; Duhalde vuelve a mostrarse como un político en plena actividad, y su secretario de entonces, José Pampuro (también mencionado en la causa) es un encumbrado referente del gobierno actual.

La pista de la SIDE, descartada sin más.
La vinculación probada entre la sede Billingursth de la SIDE y el comisario Fanchiotti, dato surgido por el análisis de cruces de llamadas realizado como parte de la instrucción de la causa que se tramitó contra los policías en Lomas de Zamora, fue descartada por el fiscal Osorio sin más. Una sola foja en los 12 cuerpos hace referencia al informe que la SIDE remitiera a la fiscalía, que lleva un membrete con la leyenda "Estrictamente secreto y confidencial" y al final la firma de Hugo Gándara, Director de Asuntos Jurídicos del organismo de inteligencia en ese entonces, donde el responsable jurídico de la SIDE se limita a "informar", de manera más que confusa, que "las llamadas efectuadas al celular aludido (por el celular de Fanchiotti) habrían sido hechas por un agente del organismo de rango inferior, en función de un aparente relación de conocimiento mutuo con el nombrado, y "prima facie", en cumplimiento de tareas regulares como obtener información luego de producido los trágicos sucesos". "Habrían sido", una "aparente" relación de conocimiento, "prima facie" en cumplimiento… Evasivas para cumplir con la formalidad de encubrir la actuación de agentes del organismo en el desarrollo de la represión que terminó con los crímenes conocidos. Haber dejado sin profundizar este indicio concreto adquiere mayor gravedad si se tiene en cuenta que la SIDE es un organismo dependiente en forma directa de presidencia de la Nación, y de lo que se trata en esta causa es de establecer los vínculos del poder político de entonces con los asesinatos.

Aún no averiguaron con quiénes hablaron los asesinos aquel día.
De los llamados telefónicos que aparecen como sospechosos, realizados o recibidos por los policías condenados por los crímenes, hay cuatro números que aún no fueron identificados en la causa. Después de 72 meses, en la última foja que tiene el expediente y que lleva el número 2192, el fiscal cita a los responsables de las compañías telefónicas para que expliquen por qué los números que la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) establece en un informe del pasado 12 de junio de 2008 que deberían figurar en su nómina, no pueden ser identificados. Es decir: desde teléfonos no reconocidos por las compañías Telefonías Móviles Argentinas SA (hoy Movistar), Telecom Personal y Nextel, que deberían tener información sobre sus titulares, se realizaron comunicaciones que triangulan a ministros del gobierno de Duhalde con el Jefe del operativo condenado a prisión perpetua, Alfredo Fanchiotti. Sin una investigación adecuada, no se puede confirmar pero tampoco descartar que se trate de teléfonos no registrados, justamente con el fin de garantizar vías de comunicación necesarias para la coordinación represiva ilegal que terminó con muertos en Avellaneda aquel 26 de junio de 2002. Curiosamente, la cita para identificar con quiénes hablaron ese día los asesinos, será este mismo 26 de junio, a la misma hora en que se cometieron los crímenes, pero seis años después. Aún así, fuentes de la fiscalía descreen que esas entrevistas con directivos de las empresas lleguen a algo: "pasó mucho tiempo, tal vez esos números ya no se puedan identificar", explican.

Búsqueda de justicia por fuera de los tribunales
El Fiscal Miguel Ángel Osorio, ya había sufrido una movilización de protesta un año atrás, en vísperas del 5º aniversario de los asesinatos. Ante los tribunales de Comodoro Py donde tiene su despacho, protestaron los familiares de los jóvenes asesinados y sus compañeros de militancia, hoy agrupados en el Frente Popular Darío Santillán. Desde estas organizaciones convocan para este 26 de junio a una nueva movilización al Puente Pueyrredón para conmemorar a los jóvenes caídos, y para renovar el reclamo de justicia: "ya no vamos a esperar más nada de esta causa. Con la movilización logramos las condenas perpetuas de los policías, y con la movilización vamos a instalar a partir de ahora la responsabilidad de Duhalde y sus ministros en los hechos, y de este fiscal (por Osorio) en la impunidad. Recordemos aquella consigna que marcó la lucha por justicia en los últimos años: si no hay justicia, hay escrache", advierte Marcial Bareiro, querellante y militante del MTD y del Frente Popular Darío Santillán.

Fuente: Prensa de Frente

miércoles, 25 de junio de 2008

Radiodifusión cooperativa, cuando los fines justifican los medios

La Convención Americana conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, tratado de jerarquía constitucional en la Argentina, enfatiza y reafirma de una manera amplia, entre los derechos humanos esenciales, el de la libertad de pensamiento y de expresión. Derecho éste al que describe como la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. Y el valioso instrumento internacional agrega, imperativamente, que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos tales como el abuso de controles oficiales o de particulares... de frecuencias radioeléctricas... o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones, (artículo 13).
La simple lectura de la disposición del Pacto deja en claro la exclusión inconstitucional que realiza el actual artículo 45 de la ley de Radiodifusión 22.285, reformado por la ley 26.053, en cuanto impide que las cooperativas de servicios públicos sean titulares de licencias de radio-difusión, si hubiera otro prestador en la localidad.
Todas las cooperativas necesitan difundir el "espíritu cooperativo", dado su carácter de asociaciones de personas que aspiran a regir sus relaciones socioeconómicas sobre la base de normas de igualdad, solidaridad, justicia y equidad. Es imprescindible informar y educar en dichos valores a los asociados y a la sociedad toda. Atento a dichos fines, es básico para las entidades de la economía solidaria contar con medios de difusión propios que aseguren una información adecuada acerca de los principios y métodos cooperativos y que ayuden a crear una conciencia de participación activa en la cooperativa y en la comunidad, con sentido democrático. A su vez, de esa manera fomentar la solidaridad y la responsabilidad de la población en general, por sobre el individualismo reinante, entre otros perfiles a difundir, propios de la naturaleza de las instituciones cooperativas y mutuales. Esta perspectiva permite aportar también otra visión en el ejercicio consciente de la democracia política y económica.
Lo referido se potencia y se vuelve más imperioso en un mundo en el que cada vez más lo que piensan, saben y sienten los hombres y mujeres está condicionado por los medios de difusión. La propia experiencia humana ha pasado a ser en gran medida una vivencia, especialmente desde la televisión y la radio.
Enrique P. Haba, en su Tratado Básico de Derechos Humanos, agrega en el tema que "La información que interesa es aquella que adquiere dimensiones sociales, es decir la que afecta la conciencia y el comportamiento social de los hombres como miembros activos de la sociedad. Ésta, actualmente, se da a través de los medios de comunicación social. Por lo tanto, quienes están en condiciones reales de ejercer ese derecho son los grupos que tienen la posibilidad de poseer tales medios".
En esta realidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva 5/85, sostuvo que "la libertad de expresión requiere que los medios de comunicación estén virtualmente abiertos a todos sin discriminación o, más exactamente, que no haya individuos o grupos que a priori estén excluidos del acceso a tales medios... Son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable la pluralidad de medios y la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera fuera la forma que pretenda adoptar".
Por lo que en esta necesidad apremiante de exigir que se permita al cooperativismo tener licencias de radiodifusión, cabe apoyar la iniciativa que se dicte pronto una nueva norma que contemple lo dispuesto por el documento en el que oportunamente trabajamos diversos actores sociales en la temática, que conformamos la Coalición por una Radiodifusión Democrática. En el referido documento se fijaron 21 puntos a tener en cuenta para una nueva ley de radiodifusión de la democracia. El Poder Ejecutivo se ha comprometido en llevar adelante dichos postulados, en los que entre otros aspectos se estableció, en el punto 11, que en una nueva ley de radiodifusión "quedará prohibido todo tipo de discriminación o cercenamiento a causa de la naturaleza jurídica de la organización propietaria, en cuanto a potencia, cantidad de frecuencias disponibles o limitaciones a los contenidos". Queda el anhelo que se concrete lo propuesto. Por nuestra parte, en una actitud vigilante para que no haya vientos que tuerzan la voluntad política, en contra de lo que corresponde en Justicia.
Mientras tanto, se seguirá impugnando de inconstitucional al actual art. 45 de la ley 22.285. En el planteo, los jueces ya han dado la razón al cooperativismo.

Miguel Julio Rodríguez Villafañe

Abogado constitucionalista cordobés
miguelrodriguezvilla@arnet.com.ar

Los medios son parte del conflicto

La actuación de los medios en torno del conflicto del “campo” no sólo ha permitido el análisis acerca de las posiciones y del comportamiento de medios y periodistas, sino que ha dejado al descubierto los límites de la propia información que recibe la ciudadanía. Y no siempre ha tenido en cuenta que no basta con la crítica a los medios, sino que hay que considerar las condiciones estructurales que los generan.
Por María Cristina Mata *
El título remite al papel que jugaron los medios masivos de comunicación en los últimos días. Esos mismos días durante los cuales un conjunto de entidades sectoriales y algunos productores agropecuarios autoconvocados decidieron interrumpir el flujo de las actividades económicas como estrategia de reclamo ante una medida que, a su criterio, afectaba sus intereses particulares. No niego que muchos medios contribuyeron para que la protesta agropecuaria adquiriese legitimidad en amplias capas de la sociedad mediante estrategias que parcelaron y distorsionaron la información; que exaltaron como legítimos ciudadanos y casi héroes a quienes ponían en riesgo la convivencia democrática y el desarrollo (no normal, porque ¡vaya si tiene anormalidades!) cotidiano de la economía nacional; que dieron pantalla y papel a líderes políticos que se regocijaban con un adelantado final de lo que caracterizan como un gobierno despótico (tal vez porque en épocas dictatoriales no sintieron que se cercenara ningún derecho). Sin negar todo eso y otras cosas más, tengo la impresión de que las críticas que recibieron los medios en esos días obviaron muchas veces –por su carácter denuncista– un dato estructural que requiere ratificarse.
Poco tiempo antes de que se realizaran las elecciones nacionales que consagraron a Néstor Kirchner como presidente de la Nación, un estudio que realizamos en la Universidad Nacional de Córdoba nos permitió comprobar que los integrantes de diversas organizaciones sociales tenían clara conciencia de que no hallarían, en esos medios, informaciones adecuadas (completas, fundadas, plurales, etc., etc.) que contribuyesen a esclarecerles y orientarlos en sus intenciones de voto. En otros estudios hemos constatado que tampoco la población –en su condición de público de los medios– cree que ellos puedan brindar, sino lo que el poder que representan escoge dar para reproducirse. Y en todos esos casos encontramos que públicos y ciudadanos están indefensos ante ese poder. En ocasiones cuesta reconocerlo y, aun reconociéndolo, consideran que nada puede hacerse. Lo máximo sería no mirarlos, no escucharlos, no leerlos. Esa no es solución. Porque no hacerlo significa quedar fuera de lo que sucede, del día a día que se comparte, de las ideas que circulan.
Y lo que sucede, en sociedades como las nuestras, lo que día a día se vive, lo que circula y se expande, es un conflicto que se expresa en las brutales desigualdades que existen y del cual los medios son parte. Además de representar a unos u otros sectores, los medios cuentan con el formidable poder simbólico de intervenir en la construcción de lo que sucede, a lo cual sólo tenemos acceso –me refiero a mayoritarias capas de la población– a través de estos mismos medios.
Vuelvo al dato estructural. No alcanza la crítica a lo que hacen los medios que son parte de los sectores concentrados de la economía y que no resignarán jamás una pequeña porción de su capital y sus beneficios en función de modelos inclusivos y justos de sociedad. Es necesaria una redistribución del poder comunicativo dentro de la sociedad. Es decir, leyes que resguarden y promuevan el derecho a contar con información variada y de calidad y que permitan la expresión de muchísimos sectores que no cuentan con los recursos, las licencias, las capacidades para hacer oír –no sus ruidosas cacerolas o sus arengas más o menos vociferantes– sino sus ideas y demandas acerca del país que quieren.
Lo que necesitamos es que el Estado resguarde los derechos que, constitucional y humanamente, tenemos todos los argentinos a comunicarnos públicamente. La población –se ha dicho en estos días con acierto– no puede ser rehén de un sector, atrapada en rutas o desabastecida. No es menos grave ser rehén de pools mediáticos, de cadenas informativas, de unos cuantos periodistas. El debate necesario, la sanción necesaria de una nueva ley que regule la radio y la televisión liberándonos de esos tutelajes no pueden demorarse. No solucionará ningún conflicto. Pero debe permitir que podamos debatirlos en un pie, al menos, de mayor igualdad con quienes han acaparado la palabra pública.

* Docente e investigadora de la comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba.
Fuente: PáginaI12

martes, 24 de junio de 2008

Garantía judicial a la libre crítica de los medios

Diariojudicial.com publica el fallo de la Corte Suprema que eximió de responsabilidad civil al diario La Nación en una causa donde miembros del Cuerpo Médico Forense se sintieron ofendidos por una editorial de ese medio. La sentencia destacó que no hay responsabilidad por crítica o disidencia en una sociedad plural y diversa porque es necesario el debate democrático. También destacaron que es la función del Máximo Tribunal propiciar y proteger los consensos básicos para el funcionamiento de una población en la que se pueda convivir con tolerancia de opiniones diferentes.
En el recurso de hecho deducido por el diario “La Nación” en la causa “Patitó, José Ángel y otro c/ Diario La Nación y otros", la Corte Suprema eximió de responsabilidad civil al medio gráfico. Los integrantes del Cuerpo Médico Forense reclamaban por haberse sentido agraviados a raíz de una editorial del diario.
En el pronunciamiento se estimó que “no puede haber responsabilidad alguna por la crítica o la disidencia, aun cuando sean expresadas ardorosamente, ya que toda sociedad plural y diversa necesita del debate democrático, el que se nutre de las opiniones teniendo como meta la paz social”.
Dos médicos integrantes del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación, promovieron una demanda contra el diario La Nación y el periodista Jorge Urien Berri, reclamando el resarcimiento de los daños provocados por las notas escritas y publicadas en el matutino durante los años 1997, 1998 y 1999, que criticaban el funcionamiento de ese organismo.
Los actores alegaron que el diario y el periodista afectaron “los derechos constitucionales a la intimidad y al honor, en tanto las publicaciones fueron inexactas, formaron parte de una campaña persecutoria y difamatoria contra ellos y, en lugar de informar, tomaron una abierta posición sobre el tema, con la intención de despertar en el público sospechas sobre su actuación profesional.”
Tanto el Juez de primera instancia como la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil habían condenado al matutino a resarcir los daños causados, pero el Máximo Tribunal revocó las decisiones anteriores absolviendo de toda responsabilidad al diario emplazado.
La Corte analizó si era aplicable en este supuesto el principio de la "real malicia", ya admitido por el Alto Tribunal, como una adecuada protección de la libertad de expresión. Analizaron los magistrados, que por un lado el diario demandado había fundado su posición en el derecho a la libertad de expresión, información y prensa y, por el otro, la parte actora había invocado su derecho a la honra y reputación.
Entendieron que “el principio de real malicia, a diferencia del test de veracidad, no opera en función de la verdad o falsedad objetiva de las expresiones, pues entra en acción cuando ya está aceptado que se trata de manifestaciones cuya verdad no ha podido ser acreditada, son erróneas o incluso falsas. Lo que es materia de discusión y prueba, si de real malicia se trata, es el conocimiento que el periodista o medio periodístico tuvo (o debió tener) de esa falsedad o posible falsedad.”
A través de esto, manifestaron que en la causa los actores no habían aportado elementos que permitan concluir que el diario conocía la invocada falsedad de los hechos afirmados en el editorial o que obró con notoria despreocupación acerca de su verdad o falsedad.
Agregaron que “la investigación periodística sobre los asuntos públicos desempeña un rol importante en la transparencia que exige un sistema republicano. El excesivo rigor y la intolerancia del error llevarían a la autocensura, lo que privaría a la ciudadanía de información imprescindible para tomar decisiones sobre sus representantes.”
Además explicaron que no se daña la reputación de funcionarios del gobierno mediante opiniones o evaluaciones, sino exclusivamente a través de la difusión maliciosa de información falsa. Expresando finalmente que “no puede haber responsabilidad alguna por la crítica o la disidencia, aun cuando sean expresadas ardorosamente, ya que toda sociedad plural y diversa necesita del debate democrático, el que se nutre de las opiniones teniendo como meta la paz social.”
Remarcaron que se había dicho en otras ocasiones, que la principal importancia de la libertad de prensa, desde un punto de vista constitucional, "está en que permite al ciudadano llamar a toda persona que inviste autoridad, a toda corporación o repartición pública, y al gobierno mismo en todos sus departamentos, al tribunal de la opinión pública, y compelerlos a un análisis y crítica de su conducta, procedimientos y propósitos, a la faz del mundo, con el fin de corregir o evitar errores o desastres, y también para someter a los que pretenden posiciones públicas a la misma crítica con los mismos fines.”
Añadieron que “es función de esta Corte fundamentar, propiciar y proteger los consensos básicos para el funcionamiento de una sociedad en la que se pueda convivir con tolerancia de opiniones diferentes. Uno de esos principios fundamentales es el de la libertad de expresión y el control de los funcionarios públicos, así como el debate sobre sus decisiones. Los debates ardorosos y las críticas penetrantes no deben causar temor, ya que son el principal instrumento para fortalecer una democracia deliberativa, que es principal reaseguro contra las decisiones arbitrarias y poco transparentes.”
Concluyeron que la decisión apelada que responsabilizó al referido medio fue una restricción indebida a la libertad de expresión, por lo que debía ser revocada.
La sentencia fue firmada por Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni, que conformaron el voto de la mayoría, mientras que Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Enrique Petracchi, presentaron sus propios votos concurrentes.
El ministro Petracchi coincidió con la solución revocatoria, pero señaló que los funcionarios deben probar que la información es falsa a sabiendas de su falsedad o total despreocupación acerca de tal circunstancia, lo que no se había probado en el caso. Además destacó que los criterios de la real malicia no son aplicables a los supuestos de opiniones, y que en ese caso debe juzgarse el carácter injuriante de las palabras en su contexto, porque no hay un derecho al insulto o la vejación gratuita o injustificada.
Maqueda por su parte, afirmó que no hay responsabilidad porque el diario reservó la identidad de los involucrados. En segundo lugar, destacó que los funcionarios públicos deben probar que quien emitió la afirmación conocía la falsedad y obró con real malicia, lo que no ocurrió en el caso. La magistrada Highton de Nolasco, opinó de similar manera al respecto. Por último, la ministra también sostuvo que en supuestos de interés público, cuando el afectado por un juicio de valor es un funcionario o una personalidad pública, “sólo un 'interés público imperativo puede justificar la imposición de sanciones para el autor de ese juicio de valor.”
Es interesante destacar, que recientemente la Corte Suprema convocó a una audiencia pública sobre este caso, en donde representantes del CELS y de ADC citaron jurisprudencia internacional que dan mayor apertura a las críticas de funcionarios públicos que por sobre el resto de las personas. Sobre esto, uno de ellos destacó que “sólo una necesidad social imperiosa” puede justificar una condena civil por parte de un medio de comunicación.

Fallo completo
Fuente: Diario Judicial

Cristina Fernández de Kirchner y sus problemas de imagen

Nicolás Maquiavelo era un experto en logística militar. Sin embargo, allá por el siglo XV, el autor de "El Príncipe" fue el primero de todos los genios del Renacimiento en entender que el poder es fundamentalmente una fuerza intangible. Hoy, en la era de la TV, YouTube, Facebook y los mensajes de texto que convocan a cacerolazos, administrar el poder equivale a gerenciar intangibles tales como la imagen, la reputación, las percepciones, la confianza y la desconfianza. Los politólogos lo denominan el "poder simbólico". El que tiene imagen, reputación y confianza, tiene el poder.
Pensemos en Estados Unidos y la guerra de Irak: esa poderosa nación sigue ocupado férreamente con sus tropas al país árabe. Sin embargo la percepción de la opinión pública mundial es que Bush perdió la guerra.
La presidenta y su marido saben que la herramienta de management para ganar ese poder es la comunicación. Y no se equivocan. Su gobierno es una gran operación de comunicación política como ningún otro de la historia argentina, incluyendo a la Alianza asesorada por el publicitario Ramiro Agulla. Pero lo que no han entendido "los K" es la ley fundamental de la comunicación: el mensaje es del receptor y no del emisor.
Ejemplo: si dicen "oligarcas", el receptor está entendiendo que los del campo son unos pobres tipos a los que el gobierno quiere liquidar. Si dicen "redistribución", el receptor entiende "más plata para la caja"; si dicen "Tren Bala", entiende "plata tirada" o cosas peores. Si arman una manifestación en la Plaza de Mayo, se entiende: "tuvieron que pagar para que fueran" y si Guillermo Moreno va acompañado por el kickboxer "Acero" Cali, el mensaje no es "qué funcionario temible", sino "qué tipo débil".
Por eso, cada vez que Cristina o Néstor hablan o cada vez que organizan un acto, la imagen de gestión y la de la Presidenta no suben, sino que caen. Como los propios K hicieron del nivel de imagen positiva desde 2003 un termómetro del poder y la legitimidad -a falta de los votos que Carlos Menem les negó al desistir de la segunda vuelta-, la columna mercurial, que ahora no para de bajar, hace más evidente la pérdida de poder y el riesgo de ingobernabilidad. Los encuestadores están diciendo desde que asumió Cristina que la opinión pública reclama que concrete las expectativas que generó de un gobierno más "femenino", menos confrontativo y más respetuoso de las instituciones, además de que se haga cargo de algunos "temitas pendientes", como la inflación o la inseguridad.
El consejo es: pierdan, pierdan mucho, discúlpense mucho, cúlpense más, admitan sus errores, humillen a sus oponentes pidiendo perdón y rectificándose. Así van a ganar el verdadero poder: el simbólico e intangible de la confianza y buena reputación. El "poder político" viene por añadidura.

El publicitario Omar Bello recomienda menos elegancia y salir del Salón Blanco
Tres publicitarios que trabajan o trabajaron en comunicación política recomendaron a la atribulada presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner que, para mejorar su alicaída imagen pública, se muestre más humilde, menos producida y maquillada, pero también que se la vea en acción “defendiendo a la gente y no defendiéndose ella misma”, según recomendó el publicitario Omar Bello, de Bello Publicidad, en la última edición de La Hora de Maquiavelo, que se puede ver íntegramente online.
Su colega Rodrigo Figueroa Reyes, de la agencia FiRe, recomendó particularmente que “no pueden aparecer en público como si siempre supieran todo, como si fueran todopoderosos. Tienen que ser un poco más humildes. La sensación que dan Néstor y Cristina es que ellos creen que saben de todo, de publicidad, de comunicación, de economía, de todo. Yo creo que la gente quiere verlos un poco más vulnerables”.
Omar Bello, que además de publicitario es filósofo y columnista en diversos medios, recomendó que “si esto avanza y se agrava, yo la sacaría del Salón Blanco, y la expondría en público llevándola a los piquetes, a las góndolas vacías”. El publicitario que recientemente ganó la cuenta de la cadena de hipermercados Carrefour siguió: “Yo no puedo decir, si hay una guerra, ‘defiéndanme a mí’, yo tengo que decir que ‘los defiendo a ustedes’. Hay que pensar en Churchill o Guiliani”. Agregó que “la estrategia es exponerla a situaciones en las que se note que la gente es la agredida y no la presidenta”.
Bello señaló que la presidenta argentina luce demasiado arreglada y elegante para una situación de guerra.
En el programa que conduce Diego Dillenberger por la señal Metro los domingos a la medianoche, Raúl Aragón, de la Universidad Abierta Interamericana, presentó una nueva encuesta de la UAI que demuestra que el público en la zona metropolitana cree que la presidenta decidió mandar el polémico decreto de aumento a las retenciones al agro que tiene en vilo a la Argentina por la presión de los cacerolazos en las ciudades, la semana pasada, y no por convicción democrática.

Fuente: Update Semanal de la Revista Imagen

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