Lo anunció el titular del ComFeR, Gabriel Mariotto, quien agregó que la iniciativa tendrá como objetivo garantizar la pluralidad de opiniones y asegurar la libertad de expresión y el derecho a la información. Fue al término de una audiencia entre la Presidenta y directivos de cooperativas para considerar los lineamientos de la nueva norma.
El interventor del ComFeR, Gabriel Mariotto, anunció este jueves que en el transcurso de junio el gobierno girará al Congreso Nacional el proyecto de comunicación audiovisual que reemplazará a la ley de Radiodifusión, que tendrá como objetivo garantizar la pluralidad de opiniones y asegurar la libertad de expresión y el derecho a la información.
Mariotto formuló estos conceptos al término de una audiencia que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner mantuvo con directivos de diversas cooperativas, en la Casa Rosada, para considerar los lineamientos de una nueva iniciativa, que reemplazará a ley promulgada durante la dictadura militar.
Cristina viene manteniendo desde hace más de un mes reuniones con los diferentes sectores gremiales, sociales y políticos, para intercambiar opiniones sobre la nueva ley de comunicación audiovisual.
Para la próxima semana se realizará una nueva reunión entre la Presidenta y los representantes de diversos cultos religiosos.
Mariotto señaló que en el transcurso de junio se girará el proyecto al Congreso y destacó que "por primera vez el Ejecutivo se involucra con fuerza y firmeza y con el peso específico" para reformar la ley de Radiodifusión que cuando se sancionó tenía como "último invento la Televisión color".
Para Mariotto "el desfasaje tecnológico (a través de los años) es muy importante y este es el momento para que la digitalización nazca democratizada".
Recordó que desde el ’85 se vienen analizando proyectos de reforma a la ley de radiodifusión, "pero no han tenido el peso específico para poder vencer los intereses que siempre se han impuesto".
Aseguró el funcionario que la futura norma "garantizará la pluralidad de voces y el federalismo" y remarcó que los contenidos "deberán ser de producción propia".
Consultado sobre los monopolios y oligopolios, respondió que "atentan contra la libertad de expresión" y acotó que "lo plantea la declaración de principios del Pacto de San José de Costa Rica".
Sobre los 28 años que transcurrieron desde la aprobación de esa ley, dijo que en ese tiempo "pasó mucha producción intelectual" y "esa experiencia nos va a servir mucho para tratar con mucha fuerza el cambio de una norma jurídica, que garantice la pluralidad y la libertad de expresión, como merece nuestra democracia".
Por su parte, el titular de la Federación de Cooperativas Telefónicas, Felipe Boccoli, afirmó que se logró "extraordinaria coincidencia" en los temas y opinó que "este es el momento histórico y oportuno para modificar una ley de la dictadura".
"Brindamos nuestro apoyo para que alumbre una nueva ley que signifique democratizar los medios, asegurar el derecho a la información, la libertad de expresión, la desmonopolización, la redistribución del ingreso y la regulación", dijo.
A su vez, el titular de la Cámara de Cooperativas y otras entidades de Radiodifusión (CARCO), Rodolfo Santecchia, reveló el interés de ese sector de "ser protagonista de la radiodifusión del país".
También el titular de la Federaciones de las Cooperativas No Agrícolas, Juan Carlos Fissore, dijo que representan a 32 federaciones y casi 6 millones de argentinos y "celebramos poder compartir y acompañar decididamente al gobierno para lograr la inserción, la libre participación y de expresión del sector cooperativo".
Luego, el presidente de la Asociación Mutual del Magisterio de Santa Fe, Rubén "Cacho" Acebal, expresó la intención de ese sector de competir con calidad y verdad y aseguró que "ese tiene que ser el basamento de una Argentina nueva para poder informar y opinar.
Fuente: TelAm
jueves, 29 de mayo de 2008
Para un "pirulo" de tapa que Páginal12 no publicará: "...más allá de la censura"
En el marco del debate para el proyecto de la nueva ley de radiodifusión, representantes de cooperativas expresaron su deseo de "ser reivindicados y protagonistas" en este servicio. El Gobierno, aseguró 
que quiere que la futura norma garantice la pluralidad de voces.
En un encuentro encabezado por la presidenta Cristina Fernández, representantes del sector cooperativo argentino acercaron sus ideas para aportar al anteproyecto de la nueva ley de radiodifusión que presentará el Gobierno ante el parlamento. Manifestaron la necesidad de ser reivindicados y su deseo de no permanecer en la "marginación" en la que los mantiene la norma actual.
Tras la reunión y en una conferencia de prensa presidida por el secretario de Medios de Comunicación, Enrique Albistur, el sector cooperativo aseguró que se trató de un encuentro "muy fructífero", en donde se expuso que las cooperativas de servicios deben ser operadoras de radiodifusión a lo largo de todo el territorio argentino.
Los dirigentes del sector pidieron "ser protagonistas de la radiodifusión argentina" y brindaron su apoyo a esta norma que impulsa el Gobierno.
Por su parte, el interventor del ComFeR, Gabriel Mariotto, aseguró que la ley buscará "garantizar la pluralidad de voces y la libertad de expresión, como merece la democracia".
Aunque faltan algunas reuniones previstas para recibir las opiniones de todos los actores de la comunicación, Mariotto destacó los avances del proyecto que busca "más allá de la censura, atender al desfazaje tecnológico que plantea la actual ley".
Fuente: Casa Rosada
que quiere que la futura norma garantice la pluralidad de voces.En un encuentro encabezado por la presidenta Cristina Fernández, representantes del sector cooperativo argentino acercaron sus ideas para aportar al anteproyecto de la nueva ley de radiodifusión que presentará el Gobierno ante el parlamento. Manifestaron la necesidad de ser reivindicados y su deseo de no permanecer en la "marginación" en la que los mantiene la norma actual.
Tras la reunión y en una conferencia de prensa presidida por el secretario de Medios de Comunicación, Enrique Albistur, el sector cooperativo aseguró que se trató de un encuentro "muy fructífero", en donde se expuso que las cooperativas de servicios deben ser operadoras de radiodifusión a lo largo de todo el territorio argentino.
Los dirigentes del sector pidieron "ser protagonistas de la radiodifusión argentina" y brindaron su apoyo a esta norma que impulsa el Gobierno.
Por su parte, el interventor del ComFeR, Gabriel Mariotto, aseguró que la ley buscará "garantizar la pluralidad de voces y la libertad de expresión, como merece la democracia".
Aunque faltan algunas reuniones previstas para recibir las opiniones de todos los actores de la comunicación, Mariotto destacó los avances del proyecto que busca "más allá de la censura, atender al desfazaje tecnológico que plantea la actual ley".
Fuente: Casa Rosada
Moreno presiona a los exportadores de granos para que rompan el paro
Con llamados telefónicos, palabras subidas de tono y hasta amenazas económicas, el Secretario de Comercio Interior pide que compren y carguen. Hasta ofrece camiones y custodia.
Por: Mariano Galíndez, Punto Biz
La Secretaría de Comercio Interior comenzó ayer un fuerte campaña de presión para que los exportadores de granos rompan el paro agropecuario.
Con llamados que hace personalmente a los gerentes, palabras subidas de tono y amenazas de castigos económicos, el “comisario de los precios” le reclamó ayer a una exportadora de capitales nacionales que sortee a los corredores y compre los granos directamente (lo que en la jerga se denomina “compras en origen” o “directas”), o que vayan a sus acopios y carguen granos con destino a puerto.
Moreno les ofrece seguridad (con la Gendarmería) y hasta poner camiones (con respaldo del sindicato de Hugo Moyano).
Como medida de presión, el gobierno dificultando la salida de los barcos, lo que imprime un sobre costo para los exportadores de hasta u$s 60.000 al día por embarcación. ¿Cómo lo hace? A través de la Aduana pasa al canal rojo (no el verde, como es usual) los despachos de granos y aceites, lo que genera más trámites, controles y demoras para aprobar la salida de los barcos.
Punto biz pudo saber que ayer los funcionarios de Moreno le cayeron a una aceitera de capitales nacionales con planta en a región. En lo que va del día no se denunciaron nuevas presiones al sector, pero habrá que esperar a la tarde para tener las confirmaciones.
Entre los exportadores prima la sensación de desamparo y bronca por los aprietes y el análisis que hacen puertas adentro fue que se trató de un globo de ensayo que difícilmente sirva para acabar con el paro, pero puede enturbiar el ambiente aún más.
Por: Mariano Galíndez, Punto Biz
La Secretaría de Comercio Interior comenzó ayer un fuerte campaña de presión para que los exportadores de granos rompan el paro agropecuario.
Con llamados que hace personalmente a los gerentes, palabras subidas de tono y amenazas de castigos económicos, el “comisario de los precios” le reclamó ayer a una exportadora de capitales nacionales que sortee a los corredores y compre los granos directamente (lo que en la jerga se denomina “compras en origen” o “directas”), o que vayan a sus acopios y carguen granos con destino a puerto.
Moreno les ofrece seguridad (con la Gendarmería) y hasta poner camiones (con respaldo del sindicato de Hugo Moyano).
Como medida de presión, el gobierno dificultando la salida de los barcos, lo que imprime un sobre costo para los exportadores de hasta u$s 60.000 al día por embarcación. ¿Cómo lo hace? A través de la Aduana pasa al canal rojo (no el verde, como es usual) los despachos de granos y aceites, lo que genera más trámites, controles y demoras para aprobar la salida de los barcos.
Punto biz pudo saber que ayer los funcionarios de Moreno le cayeron a una aceitera de capitales nacionales con planta en a región. En lo que va del día no se denunciaron nuevas presiones al sector, pero habrá que esperar a la tarde para tener las confirmaciones.
Entre los exportadores prima la sensación de desamparo y bronca por los aprietes y el análisis que hacen puertas adentro fue que se trató de un globo de ensayo que difícilmente sirva para acabar con el paro, pero puede enturbiar el ambiente aún más.
No aceptamos...
"Nosotros, los tibios, no aceptamos los contenidos de un chantaje que, por un lado inflama el discurso y por el otro arregla a cuatro manos con el poder existente. Somos los que creemos que más que crispar discusiones hay que terminar con la entrega del petróleo a Repsol.
Los que rechazamos la entrega dela Cordillera de los Andes a las trasnacionales mineras.
Los que sabemos que la renta agropecuaria no se apropia pisando con retenciones el precio de la materia prima para luego convalidar, con regulaciones, y subsidios las ganancias extraordinarias de las trasnacionales cerealeras, de Monsanto, de los grandes propietarios, de los pools de siembra o de los segmentos más concentrados de la industria de la alimentación.
Somos los que defendemos el carácter público de la renta agropecuaria, minera, petrolera y pesquera, para transformarla en palanca de un nuevo modo de organización de la sociedad, con niveles crecientes de igualdad social y consolidando un nuevo perfil productivo para nuestro país".
Claudio Lozano, Diputado Nacional
Pd.: ¿por qué los medios le dieron tan poco espacio a la reunión de ayer en el Congreso donde se trataba un proyecto para crear un “fondo especial para el desarrollo provincial” que haría coparticipable el 60 por ciento de lo recaudado por retenciones a las exportaciones?
Los que rechazamos la entrega de
Los que sabemos que la renta agropecuaria no se apropia pisando con retenciones el precio de la materia prima para luego convalidar, con regulaciones, y subsidios las ganancias extraordinarias de las trasnacionales cerealeras, de Monsanto, de los grandes propietarios, de los pools de siembra o de los segmentos más concentrados de la industria de la alimentación.
Somos los que defendemos el carácter público de la renta agropecuaria, minera, petrolera y pesquera, para transformarla en palanca de un nuevo modo de organización de la sociedad, con niveles crecientes de igualdad social y consolidando un nuevo perfil productivo para nuestro país".
Claudio Lozano, Diputado Nacional
Pd.: ¿por qué los medios le dieron tan poco espacio a la reunión de ayer en el Congreso donde se trataba un proyecto para crear un “fondo especial para el desarrollo provincial” que haría coparticipable el 60 por ciento de lo recaudado por retenciones a las exportaciones?
La guerra tiene un invitado
El kirchnerismo ya le advirtió al multimedio que aceptará la entrada de un nuevo participante en el negocio del cable en la Capital Federal. La historia ya tiene un ex funcionario procesado.
Por: Damián Glanz
A la sombra de la guerra gaucha se endurece la otra gran guerra en que se embarcó el kirchnerismo en su segunda época: el enfrentamiento entre el
Ejecutivo y los grupos que concentran el mercado audiovisual del país. Los generales mediáticos del ejército K planean una nueva estrategia para golpear al Grupo Clarín: amenazan con abrir el negocio del cable en la Ciudad de Buenos Aires para romper el virtual monopolio de Multicanal y CableVisión.
La Casa Rosada tiene una coartada judicial para respaldar su embestida. En el marco de una causa penal, la Justicia ya intimó al Comité Federal de Radiodifusión a que autorice a la empresa Omnivisión a prestar el servicio de televisión por cable en la Capital Federal. En ese expediente está imputado el ex interventor del ComFeR Julio Bárbaro por el delito de incumplimiento de deberes. Y otro ex funcionario, en este caso de la Ciudad, irá a juicio oral en noviembre por haber obstruido, en favor del Grupo Clarín, el ingreso de nuevos actores al mercado.
En diciembre de 2000, Gustavo López, el entonces interventor del ComFeR y actual presidente del Sistema de Medios Públicos, le otorgó a Omnivisión una licencia por quince años para la instalación, funcionamiento y explotación del servicio de TV por cable en el distrito porteño. Durante el gobierno de Fernando de la Rúa, al igual que hoy, la concesión de permisos estaba amparada por la afinidad política: uno de los dos socios de Omnivisión, Norberto D’Elía, era un influyente empresario radical con llegada directa a la Casa Rosada, que había sido aportante de la campaña delarruista. Su socio, Daniel Marini, se había iniciado en los 80 en el negocio del cable en el partido de Tres de Febrero.
Ese mismo año, la empresa inició los trámites ante el gobierno de Aníbal Ibarra para instalar la red de fibra óptica que requería para brindar el servicio de Triple Play (televisión, telefonía e internet).
La burocracia porteña no ayudó a Omnivisión: el otrora subsecretario de Obras y Servicios Públicos, José Luis Calvo, instaló una maquinaria de exigencias de papeles, rechazos, nuevos papeles, sellos, documentos y más papeles que retrasaron durante cuatro años el inicio del soterrado de la red.
Finalmente, Calvo firmó la autorización, pero no en forma espontánea: medió un fallo del juez en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad, Juan Cataldo, que hizo lugar a una acción de amparo que había iniciado Omnivisión ante los “retrasos ilegítimos”, como los definió el juez. La ruta judicial de Calvo no terminó ahí: un fiscal correccional tomó el caso y lo acusó por incumplimiento de deberes de funcionario público. Calvo fue procesado por ese delito y deberá enfrentar su juicio oral en noviembre.
“Nadie puede creer que Calvo haya actuado por voluntad propia. Calvo recibía órdenes políticas y empresarias. Luego le soltaron la mano”, relató un ex secretario del gabinete que conducía Ibarra. ¿Quién estaba detrás de Calvo? La respuesta a esa pregunta se supo un tiempo más tarde gracias a un expediente del ComFeR.
A fines de 2004, la empresa realizó las obras. Según afirmaron desde Omnivisión, invirtieron más de 20 millones de dólares para tender una red de 21 kilómetros de fibra óptica en los barrios de Núñez, Belgrano y Palermo y para adquirir el equipamiento que les permitiera brindar el servicio de Triple Play. En diciembre de 2004, D’Elía y Marini intentaron dar el último paso que debían cumplir: tramitar ante el ComFeR la autorización “precaria” para transmitir.
A pesar de tener la licencia del propio Comité, de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), de la Ciudad (con “calvario” judicial de por medio) y de haber realizado el tendido de cable, Julio Bárbaro dijo: “No”.
El ex funcionario nacional, al igual que Calvo, inició un proceso de papeleo y rechazos que volvió a postergar el inicio de las actividades de Omnivisión. La empresa volvió a la Justicia. A mediados de 2007, la jueza federal Claudia Rodríguez Vidal hizo lugar a otra acción de amparo. Y le ordenó al ComFeR otorgar el permiso. Bárbaro no lo hizo y envió el expediente a la Dirección de Planeamiento y Desarrollo del propio Comité.
“Ante la orden judicial (...) y la futura responsabilidad en que podría incurrir el Sr. Interventor por desconocer el alcance de la misma, este Cuerpo Letrado estima conveniente el dictado de un acto administrativo que autorice el comienzo de las emisiones de la firma licenciataria”, advirtió el director de Asuntos Legales, José Caamaño.
Bárbaro volvió a negarse, desoyendo la orden judicial y la recomendación de sus propios abogados. ¿Sólo tozudez? No. En agosto de 2007, al expediente de Omnivisión ingresó un conocido actor del mercado: Multicanal, para aquel momento, también propietaria de CableVisión. Sin ocultar su interés, ni su capacidad de lobby, la empresa del Grupo Clarín reclamó que el ComFeR le quite la licencia a Omnivisión ya que a su criterio, la firma carecía de “capacidad financiera” para realizar las obras que se necesitaban para prestar el servicio. Pese a que la inversión ya se había realizado, el 21 de septiembre de 2007, y citando expresamente el pedido de Multicanal, Bárbaro denegó “transitoriamente” la autorización. La Justicia volvió a actuar el 4 de marzo de este año.
La jueza Rodríguez Vidal le dio 5 días de plazo al ComFeR para que cambie su actitud. Bárbaro renunció unos días más tarde. Pero el fiscal Carlos Rívolo le imputó el delito de incumplimiento de deberes. Y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas inició su propia indagación.
Las causas judiciales reflejan cómo un funcionario del kirchnerismo y otro del ibarrismo cuidaron el mercado monopolizado por CableVisión y Multicanal. Pero la guerra gaucha alteró los ánimos. Y ahora el Gobierno utiliza esos mismos expedientes para presionar al Grupo Clarín.
Fuente: Crítica de la Argentina
Por: Damián Glanz
A la sombra de la guerra gaucha se endurece la otra gran guerra en que se embarcó el kirchnerismo en su segunda época: el enfrentamiento entre el
Ejecutivo y los grupos que concentran el mercado audiovisual del país. Los generales mediáticos del ejército K planean una nueva estrategia para golpear al Grupo Clarín: amenazan con abrir el negocio del cable en la Ciudad de Buenos Aires para romper el virtual monopolio de Multicanal y CableVisión.La Casa Rosada tiene una coartada judicial para respaldar su embestida. En el marco de una causa penal, la Justicia ya intimó al Comité Federal de Radiodifusión a que autorice a la empresa Omnivisión a prestar el servicio de televisión por cable en la Capital Federal. En ese expediente está imputado el ex interventor del ComFeR Julio Bárbaro por el delito de incumplimiento de deberes. Y otro ex funcionario, en este caso de la Ciudad, irá a juicio oral en noviembre por haber obstruido, en favor del Grupo Clarín, el ingreso de nuevos actores al mercado.
En diciembre de 2000, Gustavo López, el entonces interventor del ComFeR y actual presidente del Sistema de Medios Públicos, le otorgó a Omnivisión una licencia por quince años para la instalación, funcionamiento y explotación del servicio de TV por cable en el distrito porteño. Durante el gobierno de Fernando de la Rúa, al igual que hoy, la concesión de permisos estaba amparada por la afinidad política: uno de los dos socios de Omnivisión, Norberto D’Elía, era un influyente empresario radical con llegada directa a la Casa Rosada, que había sido aportante de la campaña delarruista. Su socio, Daniel Marini, se había iniciado en los 80 en el negocio del cable en el partido de Tres de Febrero.
Ese mismo año, la empresa inició los trámites ante el gobierno de Aníbal Ibarra para instalar la red de fibra óptica que requería para brindar el servicio de Triple Play (televisión, telefonía e internet).
La burocracia porteña no ayudó a Omnivisión: el otrora subsecretario de Obras y Servicios Públicos, José Luis Calvo, instaló una maquinaria de exigencias de papeles, rechazos, nuevos papeles, sellos, documentos y más papeles que retrasaron durante cuatro años el inicio del soterrado de la red.
Finalmente, Calvo firmó la autorización, pero no en forma espontánea: medió un fallo del juez en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad, Juan Cataldo, que hizo lugar a una acción de amparo que había iniciado Omnivisión ante los “retrasos ilegítimos”, como los definió el juez. La ruta judicial de Calvo no terminó ahí: un fiscal correccional tomó el caso y lo acusó por incumplimiento de deberes de funcionario público. Calvo fue procesado por ese delito y deberá enfrentar su juicio oral en noviembre.
“Nadie puede creer que Calvo haya actuado por voluntad propia. Calvo recibía órdenes políticas y empresarias. Luego le soltaron la mano”, relató un ex secretario del gabinete que conducía Ibarra. ¿Quién estaba detrás de Calvo? La respuesta a esa pregunta se supo un tiempo más tarde gracias a un expediente del ComFeR.
A fines de 2004, la empresa realizó las obras. Según afirmaron desde Omnivisión, invirtieron más de 20 millones de dólares para tender una red de 21 kilómetros de fibra óptica en los barrios de Núñez, Belgrano y Palermo y para adquirir el equipamiento que les permitiera brindar el servicio de Triple Play. En diciembre de 2004, D’Elía y Marini intentaron dar el último paso que debían cumplir: tramitar ante el ComFeR la autorización “precaria” para transmitir.
A pesar de tener la licencia del propio Comité, de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), de la Ciudad (con “calvario” judicial de por medio) y de haber realizado el tendido de cable, Julio Bárbaro dijo: “No”.
El ex funcionario nacional, al igual que Calvo, inició un proceso de papeleo y rechazos que volvió a postergar el inicio de las actividades de Omnivisión. La empresa volvió a la Justicia. A mediados de 2007, la jueza federal Claudia Rodríguez Vidal hizo lugar a otra acción de amparo. Y le ordenó al ComFeR otorgar el permiso. Bárbaro no lo hizo y envió el expediente a la Dirección de Planeamiento y Desarrollo del propio Comité.
“Ante la orden judicial (...) y la futura responsabilidad en que podría incurrir el Sr. Interventor por desconocer el alcance de la misma, este Cuerpo Letrado estima conveniente el dictado de un acto administrativo que autorice el comienzo de las emisiones de la firma licenciataria”, advirtió el director de Asuntos Legales, José Caamaño.
Bárbaro volvió a negarse, desoyendo la orden judicial y la recomendación de sus propios abogados. ¿Sólo tozudez? No. En agosto de 2007, al expediente de Omnivisión ingresó un conocido actor del mercado: Multicanal, para aquel momento, también propietaria de CableVisión. Sin ocultar su interés, ni su capacidad de lobby, la empresa del Grupo Clarín reclamó que el ComFeR le quite la licencia a Omnivisión ya que a su criterio, la firma carecía de “capacidad financiera” para realizar las obras que se necesitaban para prestar el servicio. Pese a que la inversión ya se había realizado, el 21 de septiembre de 2007, y citando expresamente el pedido de Multicanal, Bárbaro denegó “transitoriamente” la autorización. La Justicia volvió a actuar el 4 de marzo de este año.
La jueza Rodríguez Vidal le dio 5 días de plazo al ComFeR para que cambie su actitud. Bárbaro renunció unos días más tarde. Pero el fiscal Carlos Rívolo le imputó el delito de incumplimiento de deberes. Y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas inició su propia indagación.
Las causas judiciales reflejan cómo un funcionario del kirchnerismo y otro del ibarrismo cuidaron el mercado monopolizado por CableVisión y Multicanal. Pero la guerra gaucha alteró los ánimos. Y ahora el Gobierno utiliza esos mismos expedientes para presionar al Grupo Clarín.
Fuente: Crítica de la Argentina
Una nueva política de medios
Plantear una Ley de Radiodifusión sin incluir una de publicidad oficial y otra de acceso a la información pública sería como aplicar un maquillaje para ocultar los verdaderos defectos que hoy acechan a la libertad de expresión en la Argentina.
Por: Silvana Giudici, Diputada Nacional, Presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión
El reemplazo de las normas generadas en dictadura como la Ley de Radiodifusión debe tener sustento en la reflexión y en una discusión amplia que integre a todos los que quieran ser escuchados. Fracasaría cualquier reforma que se basa en un enojo circunstancial contra un medio determinado, o en una visión paranoica o restrictiva sobre la prensa argentina.
No es auspicioso que el Gobierno anuncie su voluntad de cambiar la Ley en un marco de confrontación y señalándola como la madre de todas las batallas. Por el contrario, la base para una reforma seria debería partir de los consensos alcanzados en el pacto de San José de Costa Rica y en la Declaración de Chapultepec, fundamentalmente lo expresado en su punto 1: "No hay personas si sociedades libres sin libertad de expresión de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo".
También debería sujetarse a lo expresado por las relatorías de Libertad de Expresión de la ONU y la OEA en su declaración "Desafío a la Libertad de Expresión en el Nuevo Siglo" del año 2001, que señala como objetivo principal de la reglamentación de la radiodifusión a la promoción de la diversidad y a la igualdad de oportunidades para el acceso de todos los segmentos de la sociedad a la ondas de radiodifusión.
El nuevo marco legal para la radiodifusión en la Argentina debe contener la opinión de los protagonistas del sector, organizaciones periodísticas, agrupaciones gremiales relacionadas con el quehacer periodístico, organizaciones académicas y sectoriales. Esta construcción de consensos debe darse en el Parlamento Nacional; las comisiones de Comunicaciones y de Libertad de Expresión constituyen el ámbito adecuado para generar audiencias públicas y recoger el aporte de todos los actores involucrados. También es insoslayable el aporte de representación que las fuerzas políticas hacen a través de sus distintas iniciativas parlamentarias.
Creemos que la nueva Ley de Radiodifusión tiene una categoría fundacional en la Argentina considerando las innovaciones tecnológicas que se advierten en el mundo. La convergencia digital y la televisión de alta definición son inminentes adelantos en materia de conectividad e interactividad que modificarán la matriz de la radiodifusión, los medios audiovisuales y las comunicaciones en general en nuestro país. Por lo tanto, el debate por la elección e implementación de las nuevas tecnologías adquiere total relevancia.
Compartimos la necesidad de la reforma en materia de radiodifusión, pero advertimos también que la urgencia debería estar puesta en la sanción de una ley que regule la publicidad oficial. En virtud de los últimos acontecimientos —una investigación judicial en relación a la distribución de la pauta oficial en la Secretaría de Medios y el hallazgo de dinero en circuitos no esclarecidos en la agencia TelAm— se desprende la urgencia de reglamentar un nuevo marco para la distribución de la pauta oficial.
Señalamos esto en el Parlamento desde hace años, denunciamos en su momento los incrementos presupuestarios realizados a través de los "superpoderes" y la discriminación que sufren algunos medios críticos al Gobierno en la asignación de publicidad oficial. También lo señalan el informe de la relatoría de libertad de expresión de la OEA de marzo de 2007, la Asociación por los Derechos Civiles ADC en su monitoreo permanente sobre la distribución de la pauta y el informe 2008 del CELS, que también presenta consideraciones sobre el tema.
Por último, señalamos, el acceso a la información pública es un derecho inalienable de los ciudadanos y la pauta de publicidad oficial es un instrumento para difundir esa información; no debe utilizarse como auspicio comercial, es decir, para comprar espacios, medios o favores. Pautar publicidad en los medios con criterios objetivos debe ser un instrumento para difundir los actos de Gobierno y para que los ciudadanos tengan mayor acceso a la información pública.
Junto a las leyes de Radiodifusión y la de Publicidad oficial también debe tratarse la postergada ley de Acceso a la Información Pública. Esta trilogía normativa y el debate por el rol de los medios públicos de comunicación es fundamental para una nueva política de medios en nuestro país.
Nuestra obligación es legislar para el futuro. Plantear una ley de radiodifusión sin incluir publicidad oficial y acceso a la información pública sería como aplicar un maquillaje destinado a ocultar los verdaderos defectos que hoy acechan al ejercicio de la libertad de expresión en la Argentina.
Por: Silvana Giudici, Diputada Nacional, Presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión
El reemplazo de las normas generadas en dictadura como la Ley de Radiodifusión debe tener sustento en la reflexión y en una discusión amplia que integre a todos los que quieran ser escuchados. Fracasaría cualquier reforma que se basa en un enojo circunstancial contra un medio determinado, o en una visión paranoica o restrictiva sobre la prensa argentina.
No es auspicioso que el Gobierno anuncie su voluntad de cambiar la Ley en un marco de confrontación y señalándola como la madre de todas las batallas. Por el contrario, la base para una reforma seria debería partir de los consensos alcanzados en el pacto de San José de Costa Rica y en la Declaración de Chapultepec, fundamentalmente lo expresado en su punto 1: "No hay personas si sociedades libres sin libertad de expresión de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo".
También debería sujetarse a lo expresado por las relatorías de Libertad de Expresión de la ONU y la OEA en su declaración "Desafío a la Libertad de Expresión en el Nuevo Siglo" del año 2001, que señala como objetivo principal de la reglamentación de la radiodifusión a la promoción de la diversidad y a la igualdad de oportunidades para el acceso de todos los segmentos de la sociedad a la ondas de radiodifusión.
El nuevo marco legal para la radiodifusión en la Argentina debe contener la opinión de los protagonistas del sector, organizaciones periodísticas, agrupaciones gremiales relacionadas con el quehacer periodístico, organizaciones académicas y sectoriales. Esta construcción de consensos debe darse en el Parlamento Nacional; las comisiones de Comunicaciones y de Libertad de Expresión constituyen el ámbito adecuado para generar audiencias públicas y recoger el aporte de todos los actores involucrados. También es insoslayable el aporte de representación que las fuerzas políticas hacen a través de sus distintas iniciativas parlamentarias.
Creemos que la nueva Ley de Radiodifusión tiene una categoría fundacional en la Argentina considerando las innovaciones tecnológicas que se advierten en el mundo. La convergencia digital y la televisión de alta definición son inminentes adelantos en materia de conectividad e interactividad que modificarán la matriz de la radiodifusión, los medios audiovisuales y las comunicaciones en general en nuestro país. Por lo tanto, el debate por la elección e implementación de las nuevas tecnologías adquiere total relevancia.
Compartimos la necesidad de la reforma en materia de radiodifusión, pero advertimos también que la urgencia debería estar puesta en la sanción de una ley que regule la publicidad oficial. En virtud de los últimos acontecimientos —una investigación judicial en relación a la distribución de la pauta oficial en la Secretaría de Medios y el hallazgo de dinero en circuitos no esclarecidos en la agencia TelAm— se desprende la urgencia de reglamentar un nuevo marco para la distribución de la pauta oficial.
Señalamos esto en el Parlamento desde hace años, denunciamos en su momento los incrementos presupuestarios realizados a través de los "superpoderes" y la discriminación que sufren algunos medios críticos al Gobierno en la asignación de publicidad oficial. También lo señalan el informe de la relatoría de libertad de expresión de la OEA de marzo de 2007, la Asociación por los Derechos Civiles ADC en su monitoreo permanente sobre la distribución de la pauta y el informe 2008 del CELS, que también presenta consideraciones sobre el tema.
Por último, señalamos, el acceso a la información pública es un derecho inalienable de los ciudadanos y la pauta de publicidad oficial es un instrumento para difundir esa información; no debe utilizarse como auspicio comercial, es decir, para comprar espacios, medios o favores. Pautar publicidad en los medios con criterios objetivos debe ser un instrumento para difundir los actos de Gobierno y para que los ciudadanos tengan mayor acceso a la información pública.
Junto a las leyes de Radiodifusión y la de Publicidad oficial también debe tratarse la postergada ley de Acceso a la Información Pública. Esta trilogía normativa y el debate por el rol de los medios públicos de comunicación es fundamental para una nueva política de medios en nuestro país.
Nuestra obligación es legislar para el futuro. Plantear una ley de radiodifusión sin incluir publicidad oficial y acceso a la información pública sería como aplicar un maquillaje destinado a ocultar los verdaderos defectos que hoy acechan al ejercicio de la libertad de expresión en la Argentina.
Inundadores: no podran tapar sus culpas los muertos los condenan
Este jueves, otro 29 y se suman los meses y los años, y la justicia no llega. Si la justicia no llega, es porque quienes la administran, los jueces y los fiscales, han demostrado sin vergüenza ninguna, que primero están los favores y vaya uno a saber por dónde quedan los valores.Dos inundaciones, dos gobiernos, Reutemann que debe las muertes de la inundación del 2003 así como Balbarrey y Obeid responsables de las muertes de la inundación del 2007.
Porque exigimos vivir dignamente en nuestros barrios del Oeste.
Porque la impunidad no permite mejorar la calidad de vida de los santafesinos.
Porque exigimos Justicia en todo y para Todos.
Nos encontramos a las 18.30 en la Plaza 25 de Mayo en la ciudad de Santa Fe
29 de Mayo de 2008
Marcha de antorchas
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