Por: Martín Becerra | @aracalacana
Aunque la extensión de la medida cautelar que preserva a Clarín de adecuarse a los límites de concentración establecidos por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual preanuncia una dilación en el único artículo de la norma al que tanto el Gobierno como Clarín prestaron atención desde 2009, el cierre de 2012 marca el fin de un ciclo que signó la historia reciente de los medios de comunicación en la Argentina. Lo urgente vinculado a la causa judicial disimula lo importante.
El fin de ciclo se expresa, por un lado, en la evidente erosión de la primacía del Grupo Clarín, por otro lado, al despejarse la incógnita abierta sobre qué tan lejos llegaría Cristina Fernández tras la ruptura de la alianza que habían sostenido Néstor Kirchner y Héctor Magnetto entre 2003 y 2008. Las expectativas inducidas por una profusa publicidad sobre el 7D como fecha inaugural de un sistema de medios democratizado, plural y diverso terminaron de desinflarse.Desde mediados de los 70 Clarín asumió la tutela de un sistema de medios que mutaba sus pautas de consumo desde el mercado editorial hacia el audiovisual. Desde entonces, y sobre todo a partir de las siguientes dos décadas, fue transformándose en un grupo multimedios con ramificaciones en otras actividades económicas. Varios de los presidentes constitucionales que se sucedieron desde 1983 dieron testimonio de la capacidad de presión del Grupo. Esta fase de la historia de Clarín coincide con el desplazamiento de la vieja guardia desarrollista de la conducción por parte de su ex discípulo Héctor Magnetto. Magnetto tomó el timón de una empresa periodística y hoy conduce un conglomerado cuya principal fuente de ingresos (aproximadamente el 70%) es el transporte de señales audiovisuales, la mayoría de ellas producidas por otros. En el medio, negoció con gobiernos dictatoriales y civiles desde la participación en Papel Prensa (1977) hasta la fusión de Cablevisión y Multicanal (2006-2007).
La visita que hizo el socio minoritario de Clarín en Cablevisión, David Martínez, a las oficinas de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) presidida por Martín Sabbatella el miércoles es un acto teatral que certifica el fin de aquel ciclo de expansión. Martínez, mexicano titular del fondo Fintech Advisory con sede en Estados Unidos, ya había sido identificado en artículos periodísticos como una figura clave porque es, simultáneamente, socio de Clarín, de Jorge Brito (Banco Macro), explota servicios públicos (sector energético) y es uno de los principales tenedores de bonos de la deuda externa argentina que ingresó en el canje y que hoy respalda al Gobierno frente a los fondos buitre. Martínez ofició de nexo en la relación que cultivaron Kirchner y Magnetto hasta 2008. Fue testigo de varias de sus conversaciones y, desde su lugar estratégico en Nortel (Telecom Argentina), el mayor conocedor del naufragio de la negociación por el control de Telecom que está en el origen de la sonora ruptura entre el kirchnerismo y Clarín.
Como socio minoritario, Martínez no puede comprometer a Cablevisión en la adecuación a la Ley Audiovisual, pero su presencia en Afsca afirma que reconoce y acata la norma y que podría facilitar el ingreso de otros actores empresariales a Cablevisión forzando una reestructuración corporativa en una operación de pinzas con el Gobierno.
La ruptura entre el Gobierno y Clarín llega pues a instancias decisivas. Es tan inexacto afirmar que todo cambiará como pretender que el sistema de medios quedará inalterado. Las recientes declaraciones de Sabbatella, quien invitó a los grupos a desagregar sus unidades de negocios entre accionistas y allegados, complementan el contenido de algunos planes de adecuación, como el de Vila-Manzano.
Si la orientación expresada en varios fallos sobre la Ley de Medios por la Corte Suprema se cumple, el fallo último validará la constitucionalidad de los artículos de la norma resistidos por Clarín. El Gobierno supedita la desconcentración de los grupos a que Clarín se adecue a la ley. Cuando eso suceda, tanto Vila-Manzano como los demás conglomerados iniciarán la separación de empresas, con directorios diferentes y en lo formal cumplirán con los requisitos de la ley. El órgano estatal que debería velar por el prístino funcionamiento de esta desagregación empresarial es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, dependiente de la Secretaría de Comercio Interior, en cuyas fojas de actuación sobresalen dictámenes que potenciaron la concentración de la televisión por cable (fusión Multicanal y Cablevisión) y de las telecomunicaciones (autorización para el ingreso de Telefónica como accionista de Telecom).
La extensión de la cautelar será breve. Después habrá que desempolvar las reglamentaciones añadidas a la Ley de Medios por parte del Gobierno, con pautas de adecuación o bien de actuación de oficio. Estas resoluciones configuran un conjunto ambiguo que permitiría a los grupos concentrados (Clarín incluido) “adecuarse” a la norma tras una apariencia de desconcentración pero facultan al Gobierno a definir la suerte final de las licencias de medios menos atractivas en lo económico. Los resultados de este proceso se apreciarán a mediano plazo.
Así, una nueva correlación de fuerzas empresariales toma forma en detrimento del protagonismo ejercido hasta ahora por Clarín. Los movimientos que se registran en el sistema de medios responden a una política que no tiene, necesariamente, a la Ley Audiovisual como referencia aunque la invoca con insistencia. El Programa Fútbol para Todos, la iniciativa gubernamental sobre la televisión digital terrestre (TDT), la promoción de contenidos gestionada por el Incaa y la inyección de recursos estatales para estimular el crecimiento de grupos empresariales como Vila-Manzano o Indalo (Cristóbal López) merecen consignarse como políticas activas que en algunos casos contravienen y en otros corren en paralelo a lo dispuesto por el texto legal vigente. Hay grupos en ascenso (Vila-Manzano, Cristóbal López, Szpolski) y un Estado que emerge como emisor con potencia y una presencia vigorosa como operador audiovisual, movimientos que representan novedades.
Vender licencias que expiran dentro de tres o cuatro años entre el mismo conjunto de empresarios, en un marco político de sucesión presidencial y de fuerte controversia judicial que reinstala el cómputo del año que tendría Clarín para presentar su plan una vez que se defina la constitucionalidad de la Ley (según la Cámara Civil y Comercial ahora, pero no según la Corte Suprema en su fallo de mayo), puede orientar las transferencias hacia un escenario de absorciones formales que tengan escaso impacto en la lógica que prima en el sistema de medios.
Este escenario genera malestar entre sectores de medios comunitarios y alternativos que desde hace varias décadas impulsan reglas de juego que no sean discriminatorias para los actores sin fines de lucro. Un cambio de manos entre empresarios está lejos de la prioridad asignada a los actores no lucrativos por parte de la ley (un 33% de las licencias).
Sería injusto atribuir estos rasgos a la ley, que suele ser el atajo que toman varios de los opositores al Gobierno para ahorrarse la laboriosa tarea de conocer a fondo lo que critican. En buena medida, lo que se avecina es la continuidad de rasgos constitutivos del desarrollo de los medios: lógica comercial, ausencia de actores públicos, opacidad informativa sobre quienes son beneficiados con recursos públicos, obstrucción para que actores sociales no lucrativos accedan a licencias, dependencia de la torta publicitaria (privada y estatal) y precariedad económica que exige una constante negociación de favores con el poder político para generar ayudas estatales informales. Si estos rasgos sobrevivieron durante décadas, ¿por qué no habrían de funcionar ahora? La respuesta a este interrogante descansa en la profusión de plataformas que alternativizan crecientemente los usos sociales de los medios, a través de redes digitales fundamentalmente, y a una sociedad que desacralizó el lugar inmaculado en el que ubicaba a los medios –en buena medida gracias a la discusión polarizada pero inédita sobre su función– y percibe a las empresas de comunicación como actores políticos.
Aunque éste sea un tiempo pródigo para abogados y propagandistas, en el fondo lo que está discutiéndose es la nueva correlación de fuerzas empresariales de un sistema de medios que avanza, aturdido, hacia el crepúsculo..
*Profesor, investigador, Universidad Nacional de Quilmes, Conicet
Fuente: El Observador
