Por: Lucas MorandoDurante años fue una guerra fría. Los dos grupos se acusaban de ser “monopolios no regulados” en una batalla que no mostraba con claridad cuál era el ganador. Pero con la sanción de la Ley de Medios se aceleró la disputa entre el Grupo Clarín y las empresas de telefonía por dominar el negocio de las comunicaciones.
¿Por qué? Por más que trata de sobrevivir, el control remoto está agonizando. Usado por décadas como metáfora de la televisión, va a terminar de desaparecer en los próximos años –en no más de una década, coinciden los expertos–, y con él la forma en que muchos consumen televisión. Los contenidos serán a pedido de los usuarios, y la transmisión en vivo (broadcasting) será sólo para eventos deportivos, shows y algunas noticias.
El escenario que viene tiene un denominador común: todos los contenidos llegarán por un único cable, que compartirá la señal de internet, la TV on demand (a demanda) y el teléfono. Esta convergencia se conoce como triple play, y no está contemplada en la Ley de Medios.
A pesar de su ausencia en la letra de la norma, es el motivo que va a desatar una guerra entre ambos grupos. En Clarín, el gran enemigo de la implementación de la Ley de Medios, aseguran que no sólo el Gobierno busca desguazar el tendido de su principal negocio, Cablevisión –representa el 70% de sus ingresos–, sino que “escondió” en ella las bases para que las empresas de telefonía dominen muy pronto el mercado del entretenimiento.
Y lo dicen con crudeza: “Telefónica va a dar triple play y va a ofrecer gratis la televisión por banda ancha hasta que desaparezca la competencia, y si no lo hace por el precio, lo va a hacer por el producto, te va a dar 200 canales HD y el otro no te va a poder dar ni uno”, dispara Carlos Moltini, gerente general de Cablevisión. Y agrega: “Cuando nosotros compramos 300 mil módems de banda ancha, Telefónica compra 50 millones, entonces el precio que paga es mucho menor; esa diferencia es enorme”.En el Grupo Clarín creen que el Gobierno benefició a la empresa española con una ley que sólo regula contenidos pero no la infraestructura de la red de datos, clave para el negocio de TV que se viene. Moltini dio como ejemplo Perú, donde –según sus datos– “el 100% del negocio está dominado por ellos: celulares, banda ancha y telefonía fija son de Telefónica”.
Perfil se comunicó con Telefónica, pero la compañía explicó que prefiere no hablar sobre el tema. Aunque los empresarios del rubro telecomunicaciones aseguran que dentro de la empresa española creen que Clarín, por más que deba reducir las licencias, no deberá devolver el tendido de cable de Fibertel y que podrá reconvertir su negocio para seguir dando TV a través de internet.
Sin embargo, Martín Sabbatella, el elegido por el Gobierno para implementar la ley, dejó esta semana abierta la posibilidad de sacarle a Cablevisión tanto la licencia como la red de banda ancha. La realidad es que, cuando todos los contenidos de TV sean digitalizados, ya no van a importar tanto las licencias de cable sino la cantidad de abonados conectados a internet.
En la Argentina hay 5,6 millones de hogares con banda ancha, en un mercado repartido entre Telefónica, Telecom y Clarín y otros pequeños operadores. Pero Moltini asegura que la Ley de Medios dejará a las empresas de telefonía en una posición dominante: “Al obligarnos a partir nuestro negocio en 24 licencias, se pierde la integralidad de nuestra red y hay jugadores mucho más grandes y con mayor espalda que nosotros, con más del 50% del market share”, critica.
Recuerdan que hace un mes Cablevisión lanzó su servicio de video bajo demanda para sus abonados, que ofrece desde estrenos de películas hasta programas de Canal 13. Y aseguran que la empresa el año que viene lo lanzará para plataformas móviles, servicio similar al que ya ofrecen Telefónica y Telecom. Todos aspiran a ser los dueños de la forma de ver televisión del futuro, en una batalla que recién empieza.
Martín Sabbatella, titular de la AFSCA –el organismo que debe implementar la Ley de Medios–, confirmó esta semana que más de veinte grupos deberán desinvertir a partir del 7D. No sólo Clarín.
¿Existirá algún vínculo entre el anuncio de Sabbatella y la visita que habría hecho esta semana a la Argentina el presidente de Telefónica, el español César Alierta? ¿Tuvieron algo que ver las reuniones que habría tenido con empresarios y analistas y sus consultas sobre la implementación legal de la norma? ¿De qué se charló en las reuniones que habría mantenido también con algunos funcionarios?
Los encuentros entre altos ejecutivos de estas empresas y la clase política no son accidentales. Todo lo contrario: desde hace meses Clarín mantiene rondas de consultas con empresarios y referentes de la oposición en busca de una franca opinión sobre cómo actuar a partir del 7D.
Quieren saber cómo jugarán aquellos que no son K en la pelea que viene. Los operadores del Grupo anhelan una foto que aún no pueden construir: unir a varias de las caras más conocidas de la oposición en una misma imagen para que muestren su repudio público a la Ley de Medios K. Y que lo hagan en nombre de la pluralidad y la democracia.
Antes de ser sancionada, la ley tenía varios artículos que regulaban la “convergencia de redes”, es decir, el negocio de Telefónica. Pero, tras un pedido de la oposición durante el debate, finalmente fueron eliminados los artículos sobre telecomunicaciones. Aunque sí se dejó un artículo clave que ratifica las regulaciones de la Ley de Bienes Culturales (sancionada en 2003) por la cual se benefició a Telefónica al presentar la base jurídica que sustenta su participación en Telefe, algo que recordó Sabbatella en su conferencia de esta semana. “La ley tiene una mirada hacia atrás, reguló el siglo XX pero no el XXI, porque no diferencia los contenidos de la red que los transmite”, sintetiza Enrique Carrier, analista especializado en el mercado de las telecomunicaciones.
Una ley pensada para ayer
Por: Enrique Carrier
La evolución tecnológica hace evidente uno de los errores estructurales de la Ley de Medios: no dar un tratamiento diferenciado a redes y contenidos, “divorciados” como consecuencia del impacto de la digitalización de ambos.
Originalmente a cada red correspondía un servicio único y determinado: a la de TV por cable, el video; a la de telefonía, la voz. Ninguna estaba en condiciones técnicas de transportar el contenido de la otra, generando universos estancos que daban lugar a regulaciones independientes.
Con la digitalización, todo aquello susceptible de ser digitalizado puede ser transportado por una misma red, con lo que éstas dejaron de ser de uso exclusivo para un contenido determinado. Como resultado, mientras en el mundo analógico la diferencia se daba por el servicio, íntimamente ligado a la red de transporte, en el digital surgen dos sujetos claramente diferenciados: quien pone la infraestructura de distribución y quien genera contenidos. La ley ignora esta distinción. Trata a los operadores de cable como empresas de medios, pero no como proveedores de infraestructura. Lo inverso ocurre con las empresas de telecomunicaciones. Así, regulando en forma diferenciada redes que son cada vez más difíciles de distinguir, surgen las asimetrías. A los operadores de TV por cable se les imponen restricciones en términos de cobertura geográfica y de participación de mercado, que no existen para las empresas de telecomunicaciones.
Por otra parte, mientras los primeros ofrecen TV, las segundas están impedidas, aunque técnicamente podrían hacerlo. Todo esto termina afectando a la sociedad en su conjunto, ya que en el mundo moderno las redes digitales son infraestructura básica para la sociedad y la economía.
*Especialista en telecomunicaciones
Fuente: Diario Perfil
