Estamos asistiendo en el país a una suerte de consignas alfa-numéricas (13S, 8N, 20N, 7D) que suman ansiedad a la dinámica moderna. Las dos primeras fechas dieron cuenta de brotes espontáneos de gran parte de nuestra sociedad, urgida a expresar su descontento y su malestar, frente al llamado "relato" oficial. Multitudinarias marchas, que sin liderazgo visible, fueron muestras ejemplares de participación ciudadana.
El "7D" genera incertidumbre, entre quienes tenemos la necesidad cívica de auscultar la realidad de nuestro país. El colectivo social, que salió pacíficamente a las calles a expresar que no cree a pie juntillas la "versión oficialista", tiene muy claro que hay medios que representan "su voz", en el aire, la imagen y la gráfica, y a la vez teme un cercenamiento de esa posibilidad de expresarse.
En las antípodas, quienes con un discurso "blindado" militan la monserga de programas televisivos como "6, 7, 8", ven en esta fecha la posibilidad de desguazar una máquina "lavadora de cerebros", que hace repetir a millones de estúpidos no esclarecidos y cuasi-fascistas, un discurso monocorde, impulsado por el "Monopolio" que sólo persigue intereses económicos.
El término de finalización impuesto a la medida cautelar, la demolición oficial de los tribunales encargados de resolver la cuestión, la explícita denegación de Justicia que ello implica y la manifiesta presión a través del instituto del "per saltum" (avocamiento, salto de instancia o "by pass" como lo llama el prestigioso jurista Morello), se inscriben en arbitrariedades de carácter olímpico, que requieren reflexiones sobre un Poder Judicial Independiente por separado.
Hay datos objetivos. El desafío es intentar analizar algunos aspectos polémicos de la ley y correr el velo que opaca la verdad.
Digamos, primero, que a la citada norma hay que tratar de entenderla y ponerla en contexto. Para ello es muy útil alejarnos de la confrontación pequeña y sesgada que se propone y avanzar en una interpretación amplia y generosa de cara al futuro. Un dicho popular sostiene que "el ladrón cree que todos son de su condición". Esa máxima, a veces desnuda la actitud, de quienes sugieren que sólo están en juego los intereses patrimoniales de alguna empresa.
Tengo para mí que el tema es mucho más abarcativo e involucra directamente a la libertad de expresión, y, ¿por qué no?, al futuro de nuestro derecho a la información.
Advierto que desentrañar el verdadero sentido y alcance de la norma se hace complejo, en punto a la terminología utilizada. Equivocadamente, hay quienes equiparan "medios de comunicación", "licencias" y "frecuencias". ¡El galimatías llama a enredos y muchos no tienen claras las distinciones!
Las licencias son sólo permisos administrativos. Las frecuencias son un espacio en el espectro radioeléctrico, por el cual se emite la comunicación (si es que el medio requiere espectro, como la TV abierta, las AM y las FM).
La información pública da cuenta que la empresa demonizada no tiene 300 medios ni 300 frecuencias. ¡Tiene 300 licencias! De esa cantidad, 260 son autorizaciones de cable (que no ocupan espectro como su nombre lo indica). Una licencia de cable por localidad.
"Cable", en la terminología correcta, no es contenido... ¡Es distribución! Por el contrario, "Medios" (canales de TV y radio) son los que refieren a contenidos.
Los especialistas explican que en el mundo, "las restricciones" a la cantidad de licencias, se aplican al espectro, que es limitado y considerado propiedad del Estado (como el subsuelo, los ríos, el mar o el espacio aéreo).
El Gobierno tergiversa la ley para herir a un grupo en beneficio de otros, a los que no se les aplica el mínimo rigor. Hay que tener presente que quienes no se agraviaron por la inconstitucionalidad del art. 161 de la ley, hace un año, tendrían que haber dado cumplimiento a la desinversión.
No existe registro alguno de sanciones a este respecto. Si hablamos de medios de comunicación, Telefe tiene el doble de canales de TV abierta que Clarín. En radio, los técnicos sostienen que el espectro está colapsado. Sin embargo, AFSCA no ha elaborado ningún proyecto técnico en conjunto con la Comisión Nacional de Comunicaciones.
Moneta-Garfunkel son propietarios de 9 radios. ¿Otras inconsistencias?: en la denominada área metropolitana no entra una frecuencia. ¿Cómo la autoridad de aplicación otorgará el 33% del espectro para radios sin fines de lucro? ¡Promesas que seguramente mutarán a mentiras!
Los adalides de la "legalidad" y la "multiplicidad de voces" no demuestran intención de juzgar los comportamientos con la misma vara. Radio Cooperativa (D´Elía tiene allí su programa) es una radio completamente ilegal. En su momento usurpó una frecuencia. Esta acción se concretó -a no dudarlo, con métodos transparentes- cuando a la radio que la usaba se "le cayó la antena"... Para completar, ¡Radio Cooperativa no es jurídicamente una cooperativa!
Destruir no es desmonopolizar. Si destruir es el objetivo, no se puede democratizar. Nadie niega la importancia de la ley. Todos los ciudadanos estamos interesados en defender que haya diversas miradas sobre lo que pasa en el país y en el mundo, pero cambiar un monopolio por otro oficial, para acallar a las voces de la oposición -como dijo un sólido legislador nacional por Mendoza- no parece ser la solución.
Sobreactuando, el Gobierno argumenta que esta ley vio la luz en democracia. Sin embargo, la posición pierde solidez cuando advertimos que el Decreto-Ley de Telecomunicaciones, el Decreto-Ley de Minoridad, el Decreto-Ley de creación del PAMI, el Decreto-Ley de Entidades Financieras... para poner unos pocos ejemplos, nacieron en tiempos de dictadura y siguen vivitas y coleando.
Y no da la impresión de que el Gobierno "progresista" tenga la intención de sustituirlas. Todo lo contrario, queda en superficie que sembrando un compulsivo "desborde" ideológico, oculta la intención de utilizar la generalidad de la ley en beneficio de intereses sectoriales, afines a la pauta oficial.
El camino del juicio crítico indica que la Ley de Medios debería contextualizarse con una "Ley de acceso a la información", con otra "Ley de reparto de la pauta oficial", con una nueva "Ley de telecomunicaciones" (¡la que hay es del año 1972!), que permitan más competencia, mejores servicios de conectividad y ¡mejores precios!
El Gobierno nacional y popular, en relación a los medios de comunicación parece tener como objetivo quedarse con todo lo que esté a la venta y desguazar a quienes hayan demostrado que no necesitan del Estado para sostenerse.
En una verdadera República, el "7D" no debería provocar ningún estrépito jurídico. Sin embargo, las conductas parecen indicar que el Gobierno nacional continuará con su política de "Las 7D": Diatriba; Difamación; Destrucción; Demonización; Descalificación; Disciplinamiento y Dominación, de quienes tienen la osadía de "pensar" diferente.
¡Cabemos trincheras! El Gobierno no reclama justicia, ¡¡"exige" que le den la razón!!
Fuente: Diario Los Andes
