La CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que vela por el respeto a los derechos humanos en el continente, indicó en un comunicado que las leyes de desacato y las normas que penalizan las críticas contra los funcionarios públicos son "contrarias" al derecho a la libertad de expresión.
En este sentido, la CIDH ve "innecesario" y "desproporcionado" recurrir al proceso penal para sancionar expresiones sobre funcionarios públicos porque "no hay un interés social imperativo que justifique esa utilización".
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH advierte que esa práctica puede convertirse en "un medio de censura indirecta" ya que su efecto "amedrentador" puede hacer a los periodistas dejar de tratar algunos temas que sean de interés público.
El presidente Correa demandó el pasado marzo al diario El Universo por una columna en la que el periodista le calificaba como "dictador" y le acusaba de haber ordenado durante una sublevación policial del 30 de septiembre de 2010 "fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente".
Correa, que ha negado esa versión, estuvo retenido gran parte de aquella jornada por agentes sublevados en el hospital policial y fue rescatado tras una operación llevada a cabo por fuerzas leales en medio de un intenso tiroteo.
La sentencia emitida el 20 de julio, que será apelada, establece tres años de prisión para los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez Barriga, ejecutivos del diario El Universo, junto al exeditor de opinión Emilio Palacio, además de multas por 40 millones de dólares, que podrían obligar a cerrar el periódico.
Durante una audiencia judicial en Guayaquil, el diario ofreció al presidente ecuatoriano rectificar la columna que originó la demanda, pero el gobernante lo rechazó, aunque en su día había dicho que retiraría la querella si El Universo rectificaba la información.
La CIDH recuerda que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad y las leyes de privacidad "no deben inhibir, ni restringir la investigación y difusión de información de interés público".
El organismo señala que la protección a la reputación "debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público".
Además, en estos casos, "debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaban difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas".
Fuente: EFE
