A seis meses de la sanción de la Ley No.26.522 de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tenia por supremo objetivo el reemplazo de la Ley 22.285, no podemos a ciencia cierta decir hoy si tenemos o no tenemos ley.
Durante el debate, advertimos que no queríamos
quedar entrampados en los planteos fundamentalistas de defensores y detractores de la ley que respectivamente negaban los aspectos positivos o negativos de la misma y que se negaron a considerarlos durante el tratamiento legislativo. Se bastardeó el debate, neutralizando con retrocesos lo que eran avances, y desnaturalizando el sentido de tener una nueva ley con capacidad de regular los servicios de comunicación audiovisual.Cuando ocurren estas cosas, siempre la mayor responsabilidad es de quien tiene el poder mayoritario, con capacidad para orientar, delinear y definir el debate. Ese fue el mayor error del oficialismo, exageradamente entusiasmado con avanzar a cualquier costo. Entonces llegamos a tener lo que tenemos: una nueva ley con notables progresos respecto de la anterior, pero que no puede entrar en vigor por la forma atropellada en que fue aprobada, y por la inclusión de algunos artículos que manchan el conjunto y que, con su evidente inconstitucionalidad, han puesto en cuestionamiento, en suspensión y en riesgo, el resto de la norma.
La improvisación del Gobierno quedo evidenciada en sus propias marchas y contramarchas. La Presidenta de la Nación designo a los Directores de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero ha seguido manteniendo al lic. Mariotto en su calidad de Interventor del Comfer (autoridad que debía desaparecer a la luz de la nueva legislación), con el poder de adjudicar licencias por cientos, al apuro, con discrecionalidad y criterios clientelares, sin dictámenes técnicos, entre otras fallas, lo que ha caracterizado estos seis primeros meses que nos toca valorar.
Frente a este estado de situación, diversos fallos judiciales vienen cuestionando –por distintas razones- aquella ley, y disponiendo la suspensión de su entrada en vigencia, por lo cual, se esta cumpliendo el peor de los efectos: no tenemos ley. O peor: pudiendo tener una ley mejor que reemplace aquella, los funcionarios kirchneristas siguen teniendo aquella como su herramienta para la discrecionalidad y el negocio. Al día de hoy tenemos fallos dictados en la Ciudad de Salta, Buenos Aires, Mendoza y San Juan, con resoluciones que suspenden la puesta en vigor de la ley, en su totalidad o en algunos de sus artículos y en tanto se sustancia la cuestión de fondo que es el test acerca de su cuestionada constitucionalidad.
Considero necesario reabrir la discusión sobre una norma nacional regulatoria de los servicios de radiodifusión, que elimine la practica monopólica, pero que no avance en una sanción lesiva de los derechos individuales y colectivos que estamos llamados a tutelar, que proteja a los usuarios y consumidores, asegurando también su libertad para elegir de manera amplia, que promueva los valores de la cultura, la educación y la igualdad de oportunidades, sin imponer con criterios discriminatorios ninguna persecución a los que piensan distinto. Pero hoy no se puede avanzar en las reformas necesarias, sencillamente porque no sabemos cual norma estará vigente para nuestro futuro inmediato. Y esta incertidumbre la debemos, una vez mas, a los errores del gobierno, entre los que se cuenta como central, su incapacidad para el dialogo y el consenso, el respeto por la pluralidad y la vigencia irrestricta de derechos y libertades publicas.
*Diputada Nacional, Presidenta del Bloque Partido GEN
