domingo, 29 de noviembre de 2009

Critican proyecto del PRO para regular la publicidad oficial en Buenos Aires

La iniciativa está a punto de ser promulgada con serias deficencias en la Legislatura porteña y el debate que la antecedió no recibió ni una línea de cobertura periodística.
Por: Bernadette Califano*
Un proyecto de ley que regula la publicidad oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está a punto de ser promulgado en la Legislatura porteña y el proceso de discusión que lo antecedió no recibió ni una línea de cobertura periodística.
¿Qué? ¿No hubo un proceso de discusión? ¿O se trata de un caso más de acontecimiento “no noticiable” excluido de manera intencional de la agenda de los medios?
La cuestión de la publicidad oficial parece tomar relevancia mediática sólo en ciertas ocasiones clave: denuncias de corrupción por mal manejo de fondos públicos (caso del secretario de Medios de la Nación, Enrique Albistur), denuncias por otorgamiento discrecional de pauta cuando alguna empresa de medios se siente “discriminada” en su reparto (caso Perfil, entre otros), denuncias de la Oposición (así, casi con mayúscula y sin mayores matices) sobre la falta de la regulación en la materia.
Hace algunos meses el tema se planteó de forma reiterada en el marco del debate por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, durante el cual los grandes medios se hicieron eco del reclamo de la oposición acerca de un “debate ampliado” sobre la ley, que incluyese -entre otros temas- la discusión sobre la regulación de la publicidad oficial. Si bien es cierto que se trataba de un reclamo válido, legítimo y necesario, pues es preciso sancionar un marco normativo a nivel nacional para regular y transparentar el uso de los recursos públicos en materia de publicidad, no puede dejar de subrayarse la utilización dilatoria que hicieron de él los principales interesados en que no se sancionase una ley democrática de radiodifusión. Una normativa que regula sobre el funcionamiento de los medios de radio y televisión mal podría ocuparse también de sistematizar todas las aristas que se relacionan con la colocación de publicidad del Estado, entre las que se hallan la elaboración, contratación y distribución de avisos y campañas, la administración de cuantiosos fondos públicos, y el poder de influencia económica que este manejo permite sobre las empresas de medios con la consiguiente presión sobre sus contenidos informativos. Además, en tanto no se trata de una “ley de medios”, como muchos se empecinan en denominar, excluye a la prensa gráfica (rubro que mayor inversión recibe en materia de publicidad oficial) y digital, por lo que la publicidad sobre estos soportes u otros, tales como los que se hallan en la vía pública, no estaría contemplada y necesitaría de reglamentaciones adicionales.
No existe una regulación específica de este tipo a nivel nacional y tampoco a nivel provincial o municipal, con las excepciones de las provincias de Tierra del Fuego, Entre Ríos, Río Negro y la Municipalidad de Alta Gracia, Córdoba, donde se han dictado normativas que padecen de serios problemas de implementación o de falta de reglas claras para la distribución de la pauta, como bien ha documentado la Asociación por los Derechos Civiles en sus informes.
En la Ciudad de Buenos Aires, el PRO acaba de presentar un proyecto de ley para regular la publicidad oficial que adolece de serias deficiencias, puesto que no establece criterios claros, ecuánimes y transparentes para las asignaciones. No sólo no especifica cuál será el organismo encargado de aplicar la reglamentación sino que tampoco establece ningún tipo de control externo que permita evaluar el uso que se le otorgue a los fondos estatales. Si bien se señala en el proyecto la creación de un plan anual de publicidad oficial y de un registro de medios, no queda claro qué sucederá si ese plan no se respeta (lo que sería factible en caso de necesidades de comunicación no previstas con antelación), cuáles serían los límites para salirse de lo estipulado y cómo se efectuarían, por ejemplo, las mediciones de la “cantidad de usuarios reales y potenciales” de cada medio integrante del registro, teniendo en cuenta que muchos medios de comunicación no se encuentran sujetos a auditorias independientes. El proyecto sólo regula sobre las asignaciones de pauta del Poder Ejecutivo del GCBA, sin incluir a las dependencias de los otros poderes, y no avanza sobre cuestiones de acceso a la información y transparencia, que podrían satisfacerse por medio de la publicación digital de los datos sobre presupuestos, contratos, gastos y criterios de asignación utilizados.
Si bien la sanción de una ley que regule la distribución de la publicidad oficial a nivel local es un paso importante para sistematizar y transparentar el manejo de fondos públicos muchas veces utilizados de manera discrecional, el proyecto en cuestión deja numerosas cuestiones sin regular que no invalidarán arbitrarios manejos futuros. Las sumas oficiales que se emplean para fines publicitarios suelen ser muy altas y sujetas a pocos controles. Si se legaliza la iniciativa tal cual fue presentada, no sólo se da vía libre para la utilización de fondos estatales sin revisión externa, sino que también se pone en juego la relación que el Estado establezca con los medios masivos de comunicación y la calidad de la información que reciba la población, la que es pasible de ser teñida con intereses políticos.
Así como en el proyecto de ley es preciso analizar lo no dicho a fin de desconfiar de los “baches legales”, sobra imaginación para conjeturar el por qué de la ausencia de este tema en la agenda de los medios.

*Doctorado en Cs. Sociales (UBA-Conicet) - Docente de Comunicación (UBA)

Fuente: Crítica de la Argentina

Publicidad oficial, libertad de expresión y ciudadanía
La distribución de la pauta se ha transformado en una amenaza para la libertad de expresión. Los gobiernos han aceitado un mecanismo millonario para reemplazar información pública por propaganda política. El proyecto no garantiza transparencia.
Por: Andrés D´Alessandro*
En los últimos tiempos, en América Latina, la discrecionalidad en la distribución de la pauta publicitaria oficial se ha transformado en una de las más serias amenazas a la libertad de expresión. No es casual que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA haya señalado a la asignación arbitraria de recursos públicos como una de las formas de censura indirecta en su agenda de desafíos emergentes, a tono con la prohibición de estos mecanismos en el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por cierto que la fórmula de premiar a los medios condescendientes o “leales” y castigar a los críticos no es nueva, pero en los últimos años los gobiernos de todo color político han consolidado un aceitado mecanismo que sustituye información pública por propaganda a través de un aparato millonario, que ha derivado en una competencia indebida para los estándares de la democracia moderna.
Esta práctica ha generado un clima de presiones sobre los medios de comunicación que, en muchos casos, terminan reemplazando calidad profesional y ética periodística por la publicación de gacetillas e información oficial. Así, periodistas y analistas políticos se convierten en portavoces del gobierno de turno dejando de lado su rol frente a la sociedad. A través del monitoreo de la libertad de expresión que tiene Fopea, con corresponsales en todo el país, se ha detectado cómo la publicidad oficial restringe el rol del periodismo en todas las provincias. Por supuesto que no es la única limitación: la publicidad privada muchas veces también es un vehículo de censura.
Como señala la periodista María O`Donnell en el libro “Propaganda K”, la ausencia de normas legales y éticas en el manejo de la pauta oficial alienta la corrupción y favorece el uso de los fondos del Estado para financiar campañas de publicidad oficial de manera arbitraria, que sólo buscan réditos electorales para el candidato o partido de gobierno.
Estos modos, que se reproducen a escala en los distintos niveles de gobierno local, exigen de inmediato marcos legales que regulen el manejo de los fondos públicos para este fin, determinen estrategias racionales para adjudicarlos y fijen límites en sus montos con criterios claros y conocidos por todos. Esta normativa debería abarcar también a los entes descentralizados, a los poderes judicial y legislativo y a las empresas estatales, así como contribuir a transparentar la relación con los medios. Entre otras condiciones, por ejemplo, para recibir publicidad oficial, sus propietarios deben cumplir con todas las leyes laborales y obligaciones impositivas.
Además de la aprobación de una norma, hay que tener en cuenta su real aplicación. Poco aportan las leyes o regulaciones que no son producto de una genuina demanda y de un proceso de consenso. La fallida experiencia de regulación de la publicidad oficial en la provincia de Tierra del Fuego así lo demuestra. La gobernadora Fabiana Ríos sorprendió a propios y extraños cuando en febrero de 2008 firmó un decreto pionero en la materia. Pero luego, la gobernadora alteró la iniciativa original mediante otros dos decretos, lo que derivó en un retroceso de un mecanismo que originalmente proponía a la publicidad oficial como instrumento de difusión de acciones de gobierno, y que se ampliaba a la consolidación de los principios constitucionales, a fomentar la preservación del medio ambiente y a promocionar los derechos de consumidores y usuarios, entre otros. En un artículo del reciente Anuario 2009 de Fopea el periodista fueguino Adrián Camerano señaló que “quedó demostrado que las normas administrativas o legales de avanzada no son efectivas si no son producto de la demanda social”.
Toda ley que se proponga regular esta materia es saludable. Pero debería adecuarse a los estándares recomendados por organismos internacionales, con instrumentos que garanticen la mayor transparencia posible en los mecanismos de adjudicación y control de estos fondos millonarios.
El proyecto que estaría por aprobarse en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del dictamen de la Comisión de Comunicación Social de la Legislatura porteña no parece seguir este camino.
De acuerdo a lo establecido por la Relatoría de la Libertad de Expresión de la OEA, los marcos legales sobre asignación de recursos públicos para publicidad oficial deben ser precisos, impedir la discrecionalidad y no ser arbitrarios. De lo contrario, son iniciativas que atentan contra la libertad de expresión, ya que afectan no sólo a medios y periodistas, sino fundamentalmente a los ciudadanos, principales destinatarios de este derecho humano.

*Director ejecutivo del Foro de Periodismo Argentino

Fuente: Crítica de la Argentina

CableVisión y Hadad dos temas observados por Horacio Vertbisky

Plata quemada
Por: Horacio Verbitsky

Tom Downey fue diputado por el Partido Demócrata de los Estados Unidos durante dieciocho años, en catorce de los cuales integró la decisiva comisión de Ways and Means, una de las más poderosas del Congreso, en la que se deciden las cuestiones financieras e impositivas. Allí conoció a su colega republicano Ray McGrath, con quien forjó una cordial relación. Ambos terminaron su mandato en 1993 y decidieron capitalizar su experiencia y contactos en una consultora que realizara tareas de lobby en Washington, sobre el Poder Ejecutivo y el Congreso, por cuenta de empresas y otras organizaciones interesadas en influir sobre las políticas públicas. Su empresa se llama Downey McGrath Group, Inc. y según su presentación institucional ayuda a sus clientes a desarrollar estrategias en cuestiones políticas, legislativas y regulatorias que sirvan para “modelar las acciones gubernativas”. Sostienen que sus esfuerzos han sido exitosos para la aprobación de leyes, asignación de fondos y decisiones políticas. El detalle de estas actividades puede consultarse en la dirección electrónica http://www.dmggroup.com/index.html. Entre sus clientes figuran Time Warner Cable, Discovery Communications, Federal Express, Lazard Group y Cablevisión. De acuerdo con la ley que reguló las actividades de lobby en 1995, las empresas que se dedican a influir sobre el gobierno en favor de intereses privados, deben registrarse, para impedir los abusos que antes de ese año concluyeron en sonoros escándalos. Una ley similar sancionó en 1973 el gobierno argentino del presidente Juan Perón, que no lo sobrevivió. Cada trimestre las firmas que se dedican al lobby deben informar al Congreso quiénes son sus clientes, en qué temas están interesados y cuánto les pagan por la tarea. Un formulario presentado el 15 de agosto declara que Cablevisión es un cliente nuevo de la firma, que es una empresa extranjera de comunicaciones, radiodifusión y televisión, interesada en las modificaciones propuestas a la ley de medios de la Argentina. En el trimestre julio-octubre de este año, pagó por el asesoramiento del grupo Downey McGrath 60.000 dólares. La línea 14 del formulario inquiere si alguna empresa extranjera posee por lo menos el 20 por ciento de las acciones del cliente de la consultora, en forma directa o indirecta supervisa, controla, dirige, financia o subsidia la actividad del cliente o tiene interés en el resultado del lobby. La respuesta es afirmativa y el detalle indica que se trata de Clarín SA, que posee el 51 por ciento de Cablevisión y en el mismo periodo invirtió en tareas de lobby otros 75.000 dólares. La nómina declarada de personal que trabaja para el cliente incluye a los dos ex diputados y al colaborador de Downey desde sus años en el Congreso, John Olinger. En cambio no menciona al especialista argentino que los acompaña en sus gestiones ante el Poder Ejecutivo y el Congreso, Emilio J. Cárdenas, quien argumenta ante los funcionarios en contra de la ley de servicios de comunicación audiovisual, que el Congreso argentino sancionó en octubre. Tampoco dice cuál es su remuneración por la faena. Dado que la ley no se trató en Capitol Hill sino en el Congreso de Buenos Aires, lo único que pudieron hacer Cárdenas y la firma contratada para que le abriera las puertas fue promover actos hostiles a la Argentina. Emilio J. Cárdenas fue presidente de la Asociación de Bancos Extranjeros en la Argentina, directivo de la Cámara de Comercio Argentina-Norteamericana, profesor de la Universidad de Illinois y propietario en condominios y sociedades de 13.134 hectáreas en Benito Juárez, Maipú y 9 de Julio y su estudio especializado en derecho bancario y capitalización de deuda participó en forma activa en el desguace del Estado. Entre sus clientes estaban algunos de los principales bancos acreedores, como Morgan, Manufacturers Hanover y Middland. Antes, durante la dictadura militar, Cárdenas intervino en la renegociación de la deuda de Aerolíneas Argentinas. Durante la 26ª Convención del Instituto para el Desarrollo de Empresarios, IDEA, realizada en octubre de 1990, Cárdenas sostuvo que la Argentina vivía en cleptocracia. El entonces presidente Carlos Menem le ofreció entonces la embajada argentina ante las Naciones Unidas y Cárdenas marchó contento a representar ante el mundo al que había definido como gobierno de los ladrones. Su gestión como lobbysta que argumenta en defensa de la libertad de expresión que sería atacada por el gobierno argentino no ha sido exitosa. Ni el Departamento de Estado ni el Congreso estadounidense han hecho pronunciamientos críticos contra la ley de medios, tal vez porque la embajadora Vila Socorro Martínez transmitió a su gobierno una opinión muy favorable a esa ley. El lunes de esta semana la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, felicitó al gobierno argentino por la despenalización de los delitos de calumnias e injurias en casos de interés público, “lo cual sienta un precedente para que la prensa pueda trabajar sin inhibiciones ni temores”. Según el presidente de la SIP, Antonio Aguirre, la nueva ley coincide con la prédica de esa institución para que las legislaciones nacionales se ajusten a las normas jurídicas del sistema interamericano de protección a los derechos humanos. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Robert Rivard agregó que se trata de “un logro trascendente”, que permitirá que los periodistas trabajen con libertad y no tengan que autocensurarse cuando investigan “temas complejos que atañen a funcionarios públicos”. El martes 24, el diario Washington Post informó que la emisora radial La Voz de los Estados Unidos se propone incrementar su audiencia latinoamericana “para contrarrestar los ataques contra Estados Unidos por parte de varios presidentes de la región”, entre quienes no está la mandataria argentina. Ni la felicitación de la SIP ni la nota del Post fueron conocidas por quienes se informan a través de los clientes argentinos de Cárdenas, Downey y McGrath.
En la foto: Downey, McGrath y Cárdenas: Lobby contra la Argentina ante el gobierno de los Estados Unidos.

Seguro, Daniel
Antes de que comience la temporada de verano, el empresario de medios arrebatados Daniel Hadad habrá concluido la construcción de una imponente casa gris verdosa sobre la playa, en la bajada de la Barra de Maldonado. Para terminar la obra en pocos meses decenas de albañiles uruguayos cubrieron turnos durante las 24 horas, con paga superior a la de mercado y extras por el trabajo nocturno. Los diseñadores y electricistas, encargados del sistema de seguridad, vinieron desde Buenos Aires y no permitieron que los planos que traían quedaran en manos de los orientales. Los dispositivos de seguridad que obsesionan a Hadad fueron importados desde Alemania e incluyen una edificación contigua con la sala de control de las cámaras instaladas en la casa, incluidas las que ofrecen una visión aérea de la propiedad privada que permite detectar hasta el movimiento de un ratón. En caso de corte de luz se conecta un grupo electrógeno. El sistema es similar al de la joyería de lujo Or, de Figueroa Alcorta y Tagle. ¿Qué tesoros guardará allí el ex productor de Bernardo Neustadt y Mariano Grondona?

Fuente: PáginaI12

sábado, 28 de noviembre de 2009

Las mujeres periodistas buscan terminar con el androcentrismo en los medios

Mujeres periodistas de más de una decena de países buscan en un foro inaugurado en Bogotá, Colombia, fórmulas para terminar con el androcentrismo imperante en los medios y reivindicar su "enorme capacidad" de transformación social como colectivo.
"La sociedad no escucha lo suficientemente a las mujeres. Somos todavía una voz nueva, con enorme fuerza colectiva", reflexionó la subdirectora para la región andina del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), Soraya Hoyos (foto), en la apertura del III Encuentro Internacional de Periodistas con Visión de Género.
Las mujeres "existimos más allá de la vocal 'a'", comentó a su turno Fabiola Calvo, coordinadora del encuentro y una de las impulsoras de la Red Internacional de Mujeres Periodistas, creada en 2004.
El foro inaugurado en la capital colombiana pretende dar continuidad a la labor desarrollada en las reuniones de México (2005) y España (2007) y cuenta con decenas de profesionales de Jordania, Marruecos, Suecia, Italia, Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, Nicaragua y El Salvador, entre otros países.
Los medios generalistas "son profundamente androcéntricos. Su mirada es la de un hombre de mediana edad de la clase étnica dominante", sostuvo en la ponencia inaugural la española Nuria Varela, periodista con gran experiencia en la cobertura de conflictos bélicos y autora de varios libros.
"Los hombres hacen y las mujeres somos", resumió Varela al denunciar que la prensa "abusa de los estereotipos sexistas", una práctica que a su juicio ha crecido en los últimos años especialmente en los medios dirigidos a los jóvenes.
Se pueden "perder" los avances conseguidos en materia de igualdad en los últimos años, "lo estamos viendo en muchos rincones del mundo", alertó al recordar que la actual crisis económica no debe ser usada para propiciar recortes en las políticas sociales y, en particular, en la lucha contra la violencia de género.
"La paz no es la ausencia de guerra. Una cultura de paz requiere luchar contra la violencia de género, que es un delito universal, estructural", subrayó Varela.
Advirtió además de que no se pueden entender las guerras actuales sin tener como referencia la violencia de género, porque según datos de la ONU el 90 por ciento de las víctimas de los conflictos armados de este siglo son miembros de la sociedad civil, principalmente mujeres y niños.
Las mujeres "siempre perdemos todas las guerras (...) Incluso como víctimas no tenemos voz", agregó.
Por todo ello, para Varela la mujer periodista debe tender hacia erradicar la violencia con sus propios instrumentos, "alejándose de los números y acercándose a las personas".
Wahid Hamid Haidar, de Jordania, abordará en otra de las intervenciones previstas para hoy las estrategias de comunicación para informar de la violencia contra las mujeres en zonas de conflicto.
Por su parte, la española Montserrat Minobis, fundadora de la Red Europea de Mujeres Periodistas, hablará mañana en la ponencia central del día del lenguaje incluyente como un reto para los medios.
El domingo concluirá el encuentro con la aprobación de un manifiesto y de los planes de actuación para los próximos dos años.

Fuente: Agencia EFE


Los medios de comunicación deben denunciar la violencia desde la primera vez que la sufren para evitar tantos asesinatos
Por: Liliana Rivera Grimaldo
En el marco del III Encuentro internacional de periodistas con visión de género, que tiene como sede Bogotá, se abordaron temas como la violencia contra las mujeres, haciendo hincapié en que este es un problema mundial, del cual México no está exento, sin embargo las cifras en países en donde hay guerras, se elevan drásticamente y las muertes son principalmente de mujeres.
La corresponsal de guerra de Bosnia, el sitio de Sarajevo, campos de refugiados y refugiadas en Croacia, en Afganistán; golpe de estado en Rusia y conflicto en Chiapas, y autora del libro “Íbamos a ser reinas”, Nuria Varela, periodista en España, ofreció la conferencia, “Comunicación, feminismo y conflicto armado”, comento que el ser parte de una guerra cubriendo la nota es difícil, cuando ven morir niños y niñas inocentes, incluso asegura que el 90% de las víctimas son civiles.
“La violencia sólo genera violencia, las guerras siembran cosechas de odio que las post guerras recogen, el abuso del poder y la injusticia son la semilla de ese odio, también la desigualdad, la violencia está íntimamente relacionada con la educación y la cultura que niños y niñas requerimos, los niños aprenden a pelearse antes que a dialogar y quererse y sobretodo, a querer escuchar y comprender a las mujeres”.
Consideró que la violencia intrafamiliar y en contra de mujeres está relacionado con la educación desde temprana edad. En números expuso que en España 49 mujeres han sido asesinadas por su parejas o ex parejas, por lo que destacó la necesidad de que como medios de comunicación se denuncie la violencia desde la primera vez que la sufren para evitar tantos asesinatos.
Mencionó que en Centroamérica cada dos días y medio muere una mujer y en Asia las mujeres son obligadas a abortar si confirman que el producto es un bebé del sexo femenino.

Fuente: EnLíneaDirecta

La mujer ausente en los relatos cotidianos de los medios
Por: Edelmiro Franco
La mujer está ausente en los relatos cotidianos de los diferentes medios de comunicación a nivel mundial, aseguró hoy aquí la española Nuria Varela, quien es conferencista en el III Encuentro Internacional Periodistas con Visión de Género.
Varela, licenciada en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense (España), dijo a Notimex que hay muy poco avance en el periodismo de opinión y en la publicidad sobre una mirada de género en sus respectivos relatos.
En donde se ha visto algunos progresos es en el periodismo informativo, pero aún predomina una mirada muy patriarcal en el ejercicio del periodismo a nivel mundial.
"Hay una mirada muy patriarcal, la mujer sigue ausente en los relatos cotidianos de los medios de comunicaciones, son muy poco visibles", dijo Varela.
Explicó que "cuando los medios se fijan en las mujeres en general, lo hacen problematizando. Si se hace un reportaje especial es por que hay violencia contra las mujeres, o porque en la educación tenemos déficit. No somos protagonistas cotidianas".
En cuanto al periodismo de opinión, la voz de los hombres predomina, y las mujeres están muy relegadas en este tipo de género periodístico.
"El relato cotidiano es parte de la mirada de un varón de edad media, de la clase media y de la etnia dominante", insistió Varela, quien fue observadora en Chiapas y Libia.
En cuanto al lenguaje con una visión de género, hay muy poco avance en los medios de comunicación, es más se vive un momento de ridiculización, aspecto que históricamente se ha dado.
Sin embargo, para Varela, la batalla del lenguaje es más fácil de cambiar porque "al final la lengua la cambia la sociedad y la sociedad está haciendo cada vez mas suyo un lenguaje más incluyente".
El encuentro de las mujeres periodistas con visión de género, que finaliza este domingo en la Universidad Pontificia Javeriana, debaten temas como el lenguaje influyente, estrategias de información sobre la violencia contra la mujer, experiencias de redes, entre otros.

Fuente: Notimex


La cultura de paz requiere eliminar violencia de género: mujeres periodistas
Por: Carolina Velázquez y Lucía Lagunes

“La paz no es ausencia de guerra, requiere de una cultura propia que tenemos que empeñarnos en construir. El abuso del poder, la injusticia y la desigualdad son la semilla de la violencia. Por ello, la cultura de paz requiere eliminar la violencia de género, que sabemos es estructural; aquella que ejercen los hombres contra las mujeres por el hecho de serlo y que se asienta en la desigualdad entre mujeres y hombres”.
Tras señalar que esta posibilidad es un reto para las nuevas generaciones en esta profesión, la periodista española Nuria Varela participó con la conferencia magistral “Feminismo y conflicto armado” al iniciar los trabajos del Tercer Encuentro de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en las instalaciones de la Universidad Javeriana.
Podemos confirmar los datos con respecto a las formas en que se ejercen la violencia en el mundo y la trata de personas, cuyas principales víctimas son mujeres y niñas y niños, reiteró: “La violencia contra las mujeres es estructural y tiene múltiples formas de manifestarse; no sólo es ausencia de guerra, lo que significa conservar nuestras vidas en lo que se ha llamado tiempos de paz”.
Y añadió: “Estamos en una época donde lo que impera en los medios de comunicación es el espectáculo. Esto hace difícil el trabajo periodístico con perspectiva de género, pero también hay nuevos paradigmas que desde las redes de periodistas se pueden impulsar; aliadas en esta tarea son las nuevas tecnologías y la construcción de redes de periodistas”.
La también feminista y autora de libros como “Íbamos a ser Reinas” y “Feminismo para principiantes”, así como de diversos reportajes acerca de conflictos armados y campamentos por la paz en Bosnia, Irak y México en publicaciones españolas como la revista “Interviú”, apuntó que reuniones como ésta son muy valiosas porque estimulan el sentimiento de pertenencia y unión entre periodistas para aliviar las dificultades en el trabajo cotidiano.
Con una experiencia de varios años en la práctica de un periodismo con perspectiva de género para visibilizar la desigualdad y la violencia que viven las mujeres alrededor del mundo –antes, durante y después de un conflicto armado– dijo que quienes hacen periodismo “no podemos entender la guerra y el poder sin la perspectiva de género” y alertó sobre la posibilidad de que hoy se puedan perder los avances construidos en los últimos años en favor de las mujeres.
“La crisis económica internacional actual, precedida de la crisis alimentaria, no debe llevar a recortes en los programas en favor de las mujeres. Construir bienestar con sociedades más justas no puede hacerse sin la mitad del mundo, las mujeres; el tipo de modelo económico actual no sirve para construir sociedades sostenibles si no se apuesta definitivamente por la igualdad entre mujeres y hombres”.
El feminismo y los diferentes feminismos nos han dado una mirada y una ética de cómo estar en el mundo; de ahí que “quienes hacemos comunicación tenemos la obligación de erradicar la violencia con nuestras herramientas y cambiar los paradigmas en el mundo de la comunicación”, aseveró.
Y agregó: “Durante décadas han sido asesinadas mujeres en todo el mundo con el fin silenciarnos. Crímenes que apenas han dejado rastro en los medios de comunicación. Mujeres que en su mayoría no ejercían la violencia y no han estado en contextos violentos, sino en espacios que los medios de comunicación han considerado ‘normales’ y, en general, fueron abusadas por un miembro de su familia o un conocido en sociedades que se supone están en paz”.
En relación a los conflictos armados apuntó que “la violencia está antes de la guerra. A las mujeres rara vez se les respetan sus derechos humanos. Siempre pierden todas las guerras –antes, durante y después–. Es el caso de Irak, que se volvió más peligroso para ellas cuando Bush decidió que ya se había acabado la guerra”.
Otra condición de las mujeres en la guerra es la invisibilidad de su vida cotidiana. “Tienen más dificultades para defenderse y sobrevivir. Eso no está en los relatos de los medios de comunicación. Hacemos mejor periodismo cuando nos importan las personas. Tenemos que contar lo difícil que es narrar un reportaje con lágrimas en los ojos, el miedo que vemos. Tenemos que hablar de los dolores, olores y horrores de la guerra, de los sentimientos que se producen en una ciudad bombardeada donde todo el esfuerzo es encontrar comida y agua”.

Nuevos paradigmas informativos
Nuria Valera subrayó que es ilusorio pensar que se puede cambiar el periodismo si la sociedad no cambia, y viceversa.
“Los medios de comunicación, además de informar, proponen modelos de comportamiento y contenidos que afectan a la ciudadanía. Preparar un mundo sin violencia sin tomar en cuenta los medios de comunicación y el control que ejercen es imposible. No se puede concebir una información sin intención; de ahí la importancia de tomar en cuenta la posición que ocupa el emisor. Las redes de periodistas deben romper la distancia entre quien emite la comunicación y quien la recibe, rompiendo también la desigualdad histórica que existe”.
Un nuevo paradigma en los medios de comunicación es la decisión acerca de cómo se va trabajar la información, la persona que lo va a hacer, cuál es su mirada y cuanto tiempo va a dedicar a su trabajo periodístico.
“El sistema de género impone una forma de jerarquizar la información. La mirada y el punto de vista es fundamental en los medios de comunicación. Debemos tener presente quién la emite y el mensaje. Los medios de comunicación son androcéntricos. Su mirada, en general, es masculina; no es neutra ni imparcial. Todo lo que queda fuera de ese marco se invisibiliza, es parte del discurso mediático, y cuando a las mujeres se nos da la voz, nos colocan como víctimas”.
Añadió que, cuando hay violencia de género, “el énfasis esta en el móvil del crimen, no en el origen estructural de la violencia; su único fin es la sumisión de las mujeres, por eso se ejerce. Esto le cuesta mucho trabajo entenderlo a los medios de comunicación. Para hacer un periodismo diferente tenemos que partir de la desigualdad y de todo lo que hay alrededor de ella. Un mundo en igualdad es lo único puede evitar que se ejerza la violencia contra las mujeres”.
Para Nuria Varela, las características del mundo patriarcal están en la práctica periodística cotidiana: los hombres, singulares, y las mujeres, colectivo; los varones continúan siendo autoridades mediáticas y las mujeres carenen de ella. La opinión de los hombres es imparcial, y las mujeres, sospechosas. A lo masculino le corresponde una mirada universal y neutra: en las mujeres se muestra la vida privada y aparecen en los medios con su pasado. Las únicas respuestas femeninas que se aplauden son las que imitan comportamientos masculinos, y cuando aparecen como víctimas, rara vez se les da la voz.
En cuanto al periodismo de opinión y la publicad, Varela considera que es necesario cambiar la mirada actual: “Las reglas que usamos no son rigurosas; dan una mirada deformada del mundo y alimentan la desigualdad en el corazón de la sociedad. Son reglas en las que a las mujeres se les va la vida. La visión masculina sigue. Los medios de comunicación han insistido tercamente en representar a las mujeres de manera tradicional y mostrarlas en forma jerarquizada con relación a los hombres, especialmente los medios dirigidos a la población más joven”.
Por último, Norma Varela retomó la propuesta periodística de Richard Kapushinski. “Decía el periodista polaco que hay tres formas de estar en el mundo: aislarse, la guerra o establecer un diálogo. Las mujeres estamos en esta última posibilidad, podemos poner ahí nuestro esfuerzo y pensar que vivimos un momento de transición. Tras considerar que es el verdadero periodismo es intencional, que se fija un objetivo, podemos poner nuestros cinco sentidos profesionales para estar, oír, ver, oler, pensar otra mirada a la realidad y hacer sociedades más democráticas”.

Fuente: CIMAC

El vicepresidente de Ecuador se opone a la auto regulación de los medios de comunicación

El vicepresidente de Ecuador, Lenín Moreno, se declaró hoy opuesto a la auto regulación de los medios de comunicación al momento de informar y defendió que la Asamblea Nacional (ex Parlamento) estudie un proyecto de ley para que se ejerza una buena información.
Moreno, que reemplaza en el cargo al jefe de Estado, Rafael Correa, que está en Europa, dijo hoy en el informe semanal de labores del Ejecutivo que el proyecto para la ley de comunicación, que ahora se analiza en una comisión, será "ampliamente debatido".
Señaló que para "tener un buen vivir, son pilares fundamentales, la buena comunicación y la buena información".
Se refirió al rechazo de varios medios de comunicación locales a la ley de comunicación en análisis al temer éstos que con esta se coarte la libertad de expresión y recalcó que en algunos casos la campaña de oposición ha sido "bastante agresiva".
Sin proporcionar nombres, dijo que la semana pasada escuchó a un parlamentario que en la información, los medios de comunicación deberían auto regularse.
"No estoy de acuerdo con ello. Sí estoy de acuerdo en que la comunicación e información, principalmente la de los medios de comunicación, es un área tan sensible que, muchas veces, creo que habrá que estirar la ley lo más posible sin que se rompa, por supuesto, para hacer que los ciudadanos reciban la mejor y mayor información posible", explicó.
No obstante, reiteró que no está de acuerdo con la auto regulación: "ya quisiéramos los maridos ser auto regulados, nuestros hijos quisieran ser auto regulados, seguramente también nuestra burocracia, nuestros maestros. Todo el mundo quisiera ser auto regulado".
"Definitivamente, así no se hace una sociedad. La sociedad se hace sacrificando algunas libertades individuales para poder favorecer a la libertad de todos, para poder vivir en sociedad", dijo el vicepresidente.
Expresó que la ley de comunicación debe garantizar, sobre todo, la información y la libertad de expresión "porque esa sí es inviolable y sagrada".
La Asamblea debe estudiar la Ley de Comunicación que ha levantado una dura polémica porque varios medios locales consideran que puede afectar al ejercicio de la libertad de expresión.
El presidente de la Asamblea Nacional (ex Parlamento), Fernando Cordero, del movimiento oficialista Alianza País, ha asegurado que no permitirá que dicha ley atente contra la libertad de expresión.

Foto: european pressphoto agency
Fuente: Agencia EFE

Jorge Rafaél Videla, el dictador que no tiene memoria

Videla negó su vínculo con la causa de los hijos de la dueña del Grupo Clarín. El dictador debió declarar ayer en el juicio en el que se investiga la adopción de los hijos de Ernestina Herrera de Noble. Un ex socio en Papel Prensa lo había complicado seriamente.
Por: Mariano Confalonieri
Ya no tiene la cara chupada, Jorge Rafael Videla (84). Está casi irreconocible: se lo ve más gordo, canoso y de buen semblante. El bigote es lo único que no ha cambiado en su rostro. El represor reapareció en público ayer, a las 10 de la mañana, por San Isidro. Fue citado a declarar como imputado en una causa sensible para el kirchnerismo: la adopción supuestamente irregular de los hijos de la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble. Pero sentado ante el juez federal Conrado Bergesio y ante la fiscal Rita Molina, Videla se escudó en la ley para no contestar a las preguntas que le hacían. Apenas se sentó soltó: “No tengo nada que ver con el hecho que me imputan. No voy a decir más nada”. Su presencia en el tribunal duró 15 minutos. Se fue como entró, esposado, en una camioneta Mercedez Benz del Servicio Penitenciario Federal. De la base militar de Campo de Mayo salió, a la base militar de Campo de Mayo volvió. Es donde está preso por los crímenes de lesa humanidad cometidos mientras era presidente de facto.
El ex dueño del diario La Razón, José Pirillo, fue quien lo involucró en el caso. En una declaración por escrito que le envió a Bergesio en julio de este año, Pirillo contó que el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, le manifestó “que en realidad los hijos a Ernestina se los dio Videla, fruto de sus gestiones personales ante el entonces presidente de facto, de modo que los compromisos asumidos eran muy fuertes y que yo no podía venir a tirar todo por la borda de la noche a la mañana, porque ponía en peligro la democracia y la institucionalidad”.
La dictadura se apropió de 500 chicos según estiman las Abuelas de Plaza de Mayo, la mayoría de ellos, nacidos en cautiverio en centros clandestinos de detención. En el '76, año en que fueron adpotados Felipe y Marcela Noble Herrera, Videla era amo y señor de la vida y de la muerte. Y Ernestina tenía relación directa con el dictador. De hecho fue el gobierno militar el que le entregó a Clarín y a La Nación la mayoría de Papel Prensa.
Ernestina declaró que en ese año 76 encontró en la puerta de su casa, en San Isidro, a Marcela, en una caja de cartón. Y que estaba en el juzgado justo cuando una estudiante joven dejó a Felipe porque “no lo podía mantener”. Pero varios puntos de esa declaración son inconsistentes ante los ojos de la Justicia. El primero: Noble no vivía en San Isidro en esa época, sino en Capital Federal. El segundo: los testigos del hallazgo de la caja de cartón, con Marcela adentro, eran una vecina y un jardinero. El jardinero no era otro que el chofer, durante 25 años, de la familia Noble y la vecina era, en realidad, la dueña de la casa que Noble declaró como domicilio propio. La mujer nunca tuvo vínculos con la empresaria de hecho ni si quiera la conoció.
Esos agujeros negros en la declaración de Noble fueron las razones a las que apeló el entonces juez federal Roberto Marquevich para, el 17 de diciembre de 2002, ponerla a Ernestina tras las rejas acusándola de falsedad ideológica de documento público. Pero Marquevich fue destituido por mal desempeño y la causa pasó a manos de Conrado Bergesio.
Bergesio dio vía libre hace dos semanas para que las muestras de ADN de los hijos de Noble –aún no tomadas– se realicen en el Cuerpo Médico Forense y se cotejen sólo con las familias reclamantes: Gualdero-García y Miranda-Lanouscu. Para ello, deberían sacarse las muestras de material genético del Banco de Datos Genéticos del Hospital Durand, que protege no solo ésas, sino la de todas las familias de desaparecidos. Abuelas de Plaza de Mayo reclama que las muestras se cotejen con las de todas las familias que en el '76 tuvieron hijos que fueron posteriormente apropiados, ante el escenario de que la comparación con las dos familias querellantes dé negativa.
El juez declaró hace dos jueves que era inconstitucional el decreto 511 del 2009 que protege las muestras del Durand. La querella, llevada adelante por Alcira Ríos, se opone, teme que una vez sacadas de ese Banco las pruebas sean destruidas. La fiscal Rita Molina analiza ordenar más medidas de prueba. ¿Pedirá que se cite a Ernestina Herrera de Noble a indagatoria? “Como poder se puede, ya se hizo en 2002, porque es una imputada, pero no se sabe aún”, deslizó una fuente vinculada a la investigación. La otra medida a tomar es la de ordenar que finalmente los chicos se realicen la extracción de sangre o recoger el material genético de prendas íntimas, cepillos de dientes, entre otros. Esa es la discusión que más traba el avance de la causa.

Calabozo. Videla fue juzgado y condenado en el juicio a las Juntas que promovió el entonces presidente Raúl Alfonsín, por torturas, asesinatos y apropiación de bebés. Luego fue indultado por Carlos Menem. Y en 1998 fue precisamente la sustracción de menores, declarada un delito imprescriptible, lo que lo puso otra vez entre rejas. Gozó de arresto domiciliario hasta el año pasado. Por la apropiación de bebés, fue llevado a Campo de Mayo. Su abogado, Luis Carri Pérez (también defensor de Etchecolatz), al salir del despacho de Bergesio, dijo lo mismo que el imputado: “Jorge no tiene nada que ver con todo esto”.

Fuente:
Diario Perfil
NdE: La nota también está en el Diario Crítica de la Argentina, pero no se publicó en Clarín y La Nación

viernes, 27 de noviembre de 2009

Dura crítica de jueces penales bonaerenses al poder político y los medios

La Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires denunció que realizan “operaciones” frente a las demandas de inseguridad que “amenazan a magistrados cuyas decisiones son adoptadas en el marco contextual de la Constitución Nacional y Provincial”. Además, rebatió la “falsa antinomia comunicacional entre “garantismo” y “seguridad”.
La Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires criticó duramente al poder político y a los medios de comunicación por los reproches a los magistrados por la inseguridad.
“Frente al incremento de personas detenidas como consecuencia de las últimas reformas procesales, el Poder Judicial no debe tolerar ni reacomodarse a ellas por obra de las operaciones dirigidas desde el poder político y la prensa en las que, ante las demandas de seguridad de la sociedad, amenazan a magistrados cuyas decisiones son adoptadas en el marco contextual de la Constitución Nacional y Provincial y las Convenciones y Tratados Interamericanos de Derechos Humanos”, sostuvo la Red a través de un comunicado.
La entidad consideró necesario “articular la acción de la Justicia con la comunidad y constituir un Poder Judicial activo que mejore su forma de relacionarse con la población”. Propuso la creación de oficinas de prensa para informen “adecuadamente” sobre el trabajo de los jueces y “pueda contrarrestar la información amarillista provista desde algunas usinas de prensa”.
“El Poder Judicial debe buscar caminos de construcción diferentes para delinear el contenido y los límites infranqueables de su propia independencia funcional, en el marco de un estado de derecho, que lo tornen impermeable al influjo de los poderes económicos privados y a cualquier manipulación de la dirigencia política, ésta -a su vez- azuzada por discursos deslegitimadores de la judicatura democrática gestados desde grupos comunicacionales con notable penetración social”, agregó la Red.
También se refirió a la inseguridad y desmintió “la falsa antinomia comunicacional entre “garantismo” y “seguridad”. Considero que se debe mantener “el rol constitucional que le corresponde al Poder Judicial, sin desmedro de las políticas que en materia de seguridad le corresponden adoptar a los otros poderes del gobierno bonaerense, a partir de actuar (no sólo sobre la delincuencia, sino también y principalmente) sobre las causas que provocan la exclusión, la marginalidad, la violencia y, en fin, el delito”.
En esa línea, para la Red “no hay mejor política criminal que la justicia social”.
Sobre la violencia también reafirmó “la incolumidad del instituto del Hábeas Corpus como garantía constitucional frente a las vías de acción directa que recaen sobre las personas detenidas o perseguidas” y pidió prestar “especial atención al mantenimiento de situaciones estructurales de tortura y de violencia institucional, sobre todo en sede penitenciaria”.
Por otra parte, la Red, que se reunió el mes pasado, pidió que se modifique el sistema de selección de jueces en la provincia de Buenos Aires. Reclamó que se reforme la ley de integración del Consejo de la Magistratura “por la inequidad y desproporción” a favor de los representantes del poder político por sobre los otros estamentos. “La notoria disparidad existente, en la actualidad, impide neutralizar influencias provenientes del sector político que, en reiterados casos, resultan decisivas”, opinó.
También propuso reformar la reglamentación para que “los antecedentes en la carrera judicial y docente reciban puntuaciones fijas y conocidas con antelación a las evaluaciones técnicas; sin perjuicio que deberían computarse no sólo las aptitudes y capacidades puestas de manifiesto, por los aspirantes, en la gestión previa, sino también –y sobre todo- su compromiso permanente y efectivo con la defensa del estado democrático de derecho y con la vigencia de los derechos humanos implicados en él”.

Fuente: Diario Judicial

Un Caño (capítulo Nº 20)

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Relatoría de la OEA está preocupada por los atentados a la libertad expresión en Honduras

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su "más alta preocupación" por los "atentados" a la libertad de expresión registrados en Honduras en los últimos días.
La Relatoría denunció en un comunicado las interrupciones e interferencias 'constantes' a la señal de transmisión Canal 36 de televisión y el estallido de un artefacto explosivo frente al edificio del Canal 10, a pocos días de las elecciones generales.
El director del Canal 36, Esdras Amado López, denunció ante este organismo que ha recibido información por la que las instalaciones de la cadena podrían ser militarizadas el día de los comicios, que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
Además, según Amado López, los periodistas del canal podrían ser eventualmente retenidos por las fuerzas de seguridad para impedir que trabajen ese día.
En cuanto al Canal 10, la Relatoría informó que el pasado día un artefacto explosivo detonó en las instalaciones de la cadena causando daños materiales, aunque ninguna persona resultó lesionada.
El organismo manifestó "especial preocupación" por el "bloqueo de la señal de los medios críticos o disidentes del gobierno de facto y por las continuas agresiones a los medios de comunicación privados".
Por ello instó a las autoridades hondureñas a que adopten las medidas necesarias para garantizar que los periodistas del país "puedan actuar en libertad' y manifiesten sus opiniones "sin temor a ser agredidos, encarcelados o estigmatizados".
Los hondureños están convocados a elecciones generales este domingo 29 de noviembre, comicios que tienen lugar tras el golpe de Estado contra el presidente del país, Manuel Zelaya, el 28 de junio pasado.
Ese mismo día, el Legislativo nombró a Roberto Micheletti en la Presidencia hondureña.

Fuente: Agencia EFE

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