Países Bajos: Disparan a periodista dedicado a investigaciones policiales

El atentado del que fue víctima Peter R. de Vries a última hora de la tarde del martes es vivido en los Países Bajos como una auténtica conmoción 

El periodista Peter de Vries fue tiroteado en la calle en el centro de Ámsterdam el martes. Especializado en sucesos policiales, el reportero se encuentra en el hospital luchando por su vida tras recibir un disparo en la cabeza. De Vries Ha sido portavoz de las víctimas de la mafia holandesa en varias ocasiones.

Según las últimas informaciones oficiales, el periodista Peter R. De Vries, muy conocido en Holanda, lucha por sobrevivir. El hospital donde está ingresado desmintió rumores que circulaban en redes sociales sobre su muerte.

El atentado del que fue víctima Peter R. de Vries a última hora de la tarde del martes es vivido en los Países Bajos como una auténtica conmoción. En primer lugar, porque Peter de Vries es una de las personalidades más conocidas del país. Está acostumbrado a aparecer en programas de televisión aquí con regularidad. Es apreciado por muchos por su pugnacidad en la defensa de los familiares de las víctimas en la búsqueda de la verdad en los grandes casos criminales.

Además, el atentado también conmociona en los Países Bajos, entre quienes consideran que, una vez más, es el Estado de Derecho holandés el que recibe un golpe en el corazón.


En septiembre de 2019, un abogado también había sido tiroteado en plena calle en Ámsterdam. Su delito fue haber defendido a un testigo clave en un gran caso de asesinato en el escenario local del tráfico de cocaína. Peter R. de Vries fue presentado recientemente como nuevo confidente de este testigo clave.

Aunque la investigación está en curso y la policía aún no ha identificado ninguna pista, muchos medios de comunicación holandeses informan de que hace dos años De Vries temía estar en la lista de objetivos de la mafia de la droga.

"Un crimen contra el periodismo"
"Es un ataque contra un periodista valiente y, por extensión, contra la libertad de prensa, que es tan esencial para nuestra democracia y nuestro Estado de derecho", aseguró el primer ministro holandés, Mark Rutte.

"Esto es un crimen contra el periodismo y un ataque a nuestros valores de democracia y Estado de Derecho. Seguiremos defendiendo sin descanso la libertad de prensa", tuiteó Charles Michel, presidente del Consejo Europeo.

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, dijo que "los periodistas que investigan los presuntos abusos de poder no son una amenaza, sino un triunfo de nuestras democracias".

Tres personas han sido detenidas, dos de ellas en un vehículo en una autopista y otra en Ámsterdam, según Frank Paauw, responsable de la policía de esa ciudad.

Entre estas personas se encuentra el presunto autor de los disparos, dijo, sin dar más detalles sobre estas detenciones ni sobre el móvil del crimen.

El primer ministro, el ministro de Justicia y el de Seguridad acudirán por la tarde a la Agencia Nacional de Seguridad en La Haya para "discutir" el asunto.

Peter R. de Vries el reportero con fuertes enemigos

El reportero neerlandés Peter R. de Vries, en estado grave tras ser tiroteado en Ámsterdam, tiene a sus espaldas un largo historial de crónicas como periodista de investigación del crimen organizado, con lo que ha ganado un listado de fuentes y de peligrosos enemigos, pero también la etiqueta de “héroe nacional” de Países Bajos. Su nombre es familiar entre políticos, periodistas, policías, víctimas y bandas criminales que campan a sus anchas en Países Bajos. Su rostro es conocido en los medios nacionales y sus hazañas ocupan páginas de libros y películas: cuando saltó la noticia del tiroteo la noche de este martes, muchos relacionaron el ataque con su trabajo como reportero de investigación.

El primer ministro, Mark Rutte, lo llamó “un extraordinario periodista”; su ministro de Justicia, Ferdinand Grapperhaus, “un hombre valiente y crítico”, y la alcaldesa de Ámsterdam se refirió a De Vries como “un héroe nacional” víctima de “un crimen brutal y cobarde”. Dejó huella con su trabajo y está siendo aclamado por todos en Países Bajos mientras lucha por su vida en el hospital. Su primer debut fue como reportero del diario De Telegraaf en los años ochenta, cuando escribió reportajes que pasaron a la historia sobre el secuestro del magnate de la cerveza neerlandés, Freddy Heineken.

En 1983, Willem Holleeder y Cor van Hout (su cuñado y principal socio) secuestraron a Heineken y pidieron un rescate de 16 millones de euros (35 millones de florines), algo por lo que fueron condenados a 11 años de prisión. Fue De Vries quién siguió las pesquisas que permitieron en 1994 localizar y extraditar al tercer secuestrador, Frans Meijer, que se escondía en Paraguay. Van Hout se convirtió en amigo íntimo de De Vries y le ayudó a escribir un libro sobre el secuestro, en el que se basó una película en 2015, pero su amistad llegó a su fin en 2003, después de que alguien matara a su confidente. De Vries se propuso demostrar que Holleeder estaba detrás del asesinato porque nunca aprobó la amistad de ambos, una relación que también recibió críticas entre periodistas.

En 2019, Holleeder fue sentenciado a cadena perpetua por encargar seis asesinatos entre 2002 y 2006, entre ellos el de su propio cuñado Van Hout. El reportero fue uno de los testigos más importantes en la apelación del fallo. De Vries, divorciado y con dos hijos, nació en 1956 en Aalsmeer, cerca de Ámsterdam, en una familia de seis hermanos. Se alistó en 1976 en el servicio militar y, en 1978, saltó al reporterismo, pasando por varios medios y del periodismo general a cubrir casos criminales.

En 1991 se hizo periodista independiente y después puso en marcha su propio programa, lo que le permitió investigar, con pistas clave para la Justicia, el asesinato en 1994 de la joven holandesa Christel Ambrosius, la desaparición en 2005 de la estadounidense Natalee Holloway, e incluso entrevistó en 2006 a un hombre que se autoinculpó del asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963.

También actuó durante años como asesor y confidente de la familia de Nicky Verstappen, un niño asesinado en 1998. Tras extensas investigaciones y una prueba de ADN, Jos B. fue arrestado en España y sentenciado el año pasado a 12,5 años de cárcel como autor del crimen. Varios ministros rechazan ahora confirmar si De Vries llevaba guardaespaldas, o si estaba protegido por la policía. Compañeros y abogados aseguran que el reportero no quería seguridad adicional, a pesar de las amenazas.

El periodista sabía que estaba en la lista negra de Ridouan Taghi, narcotraficante y líder de la mafia más temida de Países Bajos arrestado en 2019 en Dubái y extraditado después a Ámsterdam como principal acusado de Marengo, un caso que implica a 17 acusados por asesinatos encargados por Taghi. El testigo protegido más importante de ese proceso es Nabil B., asesorado por De Vries para relatar a la policía neerlandesa los entresijos de la mafia de Taghi.

Riduan B. y Derk Wiersum, hermano y abogado de Nabil, fueron asesinados a tiros, en un intento de achantarlos para que no participaran en el juicio en marcha contra Taghi y su mano derecha, Said Razzouki, arrestado el año pasado en Medellín con las "mismas técnicas” usadas para “ubicar a Pablo Escobar", dijo la Policía colombiana. Pero la policía y la fiscalía no confirman un vínculo entre Taghi y el tiroteo contra De Vries, quien siempre fue consciente de los peligros que le acechaban. “Tampoco hace falta ser un histérico para temer que algo me podría pasar. Es parte del trabajo”, decía.

Foto: Remko De Wall - AFP

Fuente: Radio Francia Internacional, Agencia DPA

Cielo Salviolo: "En Pakapaka nos interesa ser parte de coproducciones latinoamericanas"

Por: Sebastián Amoroso
Cielo Salviolo, directora y fundadora de Pakapaka, detalla a ttvnews la actualidad del canal público infantil argentino que cumple 11 años, los desafíos de la pandemia, la adquisición de contenidos y los nuevos proyectos originales.

Con ya 10 años de experiencia al aire, el canal Pakapaka de Argentina es hoy una referencia segura para la TV pública y educativa de América Latina.

El canal enfocado en una programación destinada a una audiencia de 3 a 10 años cuenta con una programación que apuesta a la producción original, con temáticas diversas e inclusivas, nuevas narrativas de la región y el mundo.

En diálogo con ttvnews, Cielo Salviolo, directora y fundadora de Pakapaka, detalla la actualidad del canal, los desafíos de producir contenidos en pandemia, la búsqueda de proyectos en coproducción, así como las nuevas narrativas que ofrecen los medios digitales.

¿Cómo y cuándo surge Pakapaka?
Pakapaka nació en septiembre del 2010 como canal. Fue primero la franja infantil del canal Encuentro, el otro canal educativo y público que tiene Argentina y que en alguno sentido marcó tendencia en la región respecto en cómo pensar y entender la TV educativa. Después nos independizamos y nos transformamos en un canal que transmite las 24 horas por cable y TV digital, con programación para chicos y chicas de entre 3 y 10 años. Somos un canal educativo que dependemos de la Secretaría de Medios.

¿Cuál es la misión del canal en este sentido?
Nuestra génesis y espíritu es ser una propuesta y canal educativo, no en el sentido tradicional, sino que el canal es como cualquier otro canal infantil; tenemos series con diversidad de formatos, animación, documental, ficción. Tenemos una multiplicidad de historias y personajes empáticos y queribles, muchos de ellos muy apropiados e incluidos en los repertorios culturales de las infancias en Argentina e incluso en Latinoamérica. Y apostamos a la diversidad de narrativas, estéticas, contenidos y formatos. Por eso Pakapaka es una pantalla variada, que tiene muchas series y todo el tiempo se está renovando.

¿Cómo está conformada la programación del canal?
Tenemos un mix de programación, entre series que adquirimos en distintos mercados y países y producción original. Compramos mucho contenido para la pantalla, con una curaduría muy específica. Nos interesa no repetir contenidos que haya en otros canales; nos interesa que haya diversidad de estéticas. Adquirimos distintos formatos, como animación, ficción, docu-ficción, documental. Y compramos en Europa y América Latina. Nos interesa la diversidad cultural. Nos interesa la marca multicultural de la producción. Si es un contenido colombiano, que se sienta colombiano. Si es chileno, que se sienta chileno… Para nosotros es un valor esa diversidad.

Por otro lado, tenemos un buen caudal de producción original. Nuestra pantalla no tiene publicidad, nuestro presupuesto es público. Hacemos muchas coproducciones con otras señales públicas en América Latina, coproducciones con productoras independientes, tanto en Argentina como en otros países de América Latina.

¿Bajo qué modelos se trabaja la coproducción?
La realidad es que hoy somos muy competitivos por la cotización del dólar. La animación es un formato caro, entonces salimos a buscar o sumarnos a coproductores. Tenemos un formato de producción delegada. No producimos in house; tercerizamos la producción a través de dos mecanismos: a través de licitaciones públicas o privadas. Por ejemplo, Pakapaka tiene una idea y licita la realización de la serie. Otras veces licitamos distintos formatos sobre una idea. Y otras veces contratamos una idea que nos enamoró. Y después seguimos muy celosamente el proceso de producción.

¿Qué porcentaje de la programación es producción original?
Depende del momento, los años y el presupuesto. Hemos tenido épocas de 50 y 50. Hoy estamos en 60% de adquisiciones y 40% de producción propia. Siempre tratando de llegar a un equilibrio.

¿En qué mercados internacionales participan?
En general tratamos de participar en todos. Este año y el año pasado con la virtualidad nos fue más fácil. Hemos estado en Chilemonos, Annecy, Premios Quirino y estamos viendo la posibilidad de participar en Kidscreen. Y nunca faltamos al Festival comKids – Prix Jeneusse Iberoamericano. También hemos participado de Natpe y MIPJunior. También depende de lo que implique el costo de participación. Pero nos interesan todos.

¿Cómo evaluaría la experiencia de Pakapaka?
Me parece que lo que logró e hizo permanecer y crecer a Pakapaka es esa síntesis que tiene entre explorar y no tenerle miedo a los formatos de la TV o la producción infantil comercial. Es un aporte muy importante. Pakpaka también se usa en las escuelas. Y la clave es que hacemos un contenido educativo, pero nunca dejamos de contar historias. Creo que hay una cosa que tiene Pakapka como valor enorme y es la posibilidad de que los chicos y chicas se sientan representados. En Pakapaka están las voces, las historias, los paisajes, las familias, las escuelas. Ese es un valor que tenemos con las audiencias.

¿Cuál es el desafío de hacer TV en tiempos de streaming?
Está bueno analizarlo históricamente. En 10 años cambió un montón. Cuando Pakapaka nació tardamos en tener un perfil en Facebook. Hoy tenemos TikTok, Instagram, los canales de YouTube. Tenemos un canal para Pakapaka y unos canales para algunos de los personajes. Yo creo que eso nos abrió un montón las posibilidades para reforzar nuestro vínculo con las audiencias y otras formas de narrar. Nos reconocemos como un proyecto cultural y no como un canal de TV. Producimos contenidos que pueden ir a la pantalla de la TV, pero también a YouTube, Instagram y TikTok. Tenemos una cantidad enorme de seguidores.

En este sentido, Pakapaka creó el Mini Lab, un espacio para la investigación de nuevas narrativas…
Es un laboratorio de narrativas digitales. En Pakapaka nos interesa investigar y explorar qué vínculos tienen los chicos con esas narrativas. Tenemos varios estudios en ese sentido y a partir de ahí es lo que hacemos. También tenemos la primera experiencia de un Consejo de Niños y Niñas de un canal de TV infantil. Está integrado por 16 niños y niñas que se juntan cada 20 días con el equipo que hace el canal. Nos ayudan a pensar la editorial y la línea de trabajo.

¿Qué experiencia ha dejado la pandemia?
Fue un desafío enorme para producir. Durante mucho tiempo tuvimos que parar las series que estaban en producción, sobre todo las que estaban en rodaje con niños y niñas, incluso las de animación. Fue un desafío enorme para un canal que produce series y que no tenía programas en vivo hasta el momento. De golpe tuvimos la pandemia donde tuvimos que generar un contenido diario. En este sentido, somos responsables de cuatro programas diarios para darle seguimiento a los ciclos educativos. Ahora transmitimos cuatro horas en vivo. Y el otro desafío fue cómo acompañar con propuestas para hacer en casa y abrir espacios de escucha sobre la situación. Tuvimos que acompañar los temores iniciales, el hartazgo o el temor de volver a la escuela. Y en eso nos facilitaron mucho las redes sociales.

¿Cuáles son los proyectos originales con luz verde?
Son muchos, pero haciendo una síntesis, hay un personaje emblemático que se llama Zamba y es la protagonista de una serie histórica que ha tenido un montón de capítulos a lo largo de estos 10 años y que no tuvo producción original en los últimos años y volvió el año pasado. También estamos desarrollando una serie sobre el medio ambiente con un personaje nuevo, que es un proceso de cocreación con chicos y chicas.

Estamos en plena producción de Historias entre tumbas, nuestra primera serie de terror, que está buenísima y esperamos poder estrenarla a fin de año. Tiene una técnica novedosa que es sobre fondos reales con personajes en 3D. Y estamos muy ansiosos con el regreso de la cuarta temporada de un personaje muy querido que es Medialuna. Lo interesante es que la Medialuna que viene hoy no es la misma. Es una Medialuna que ha crecido, como los chicos y chicas que vieron las últimas temporadas.

¿Qué tipo de contenido están buscando que se pueda adecuar a Pakapaka?
Pakapaka es una pantalla abierta a contenidos de toda la región y para nosotros es un valor tener historias y personajes de otros países. Nos interesa ser parte de coproducciones latinoamericanas. Nos interesa que la pantalla tenga adquisiciones de contenidos de otros países. Hoy nos interesan temas vinculados con el medio ambiente, que tengan perspectiva de género, inclusión de diversidad, temas de ciencia y tecnología, historia de la región y todo lo que hace a la vida cotidiana de los chicos y chicas. Nos interesa trabajar qué sucede en las redes sociales. Y también la relación de los chicos y las chicas de la región con la pandemia; qué les implica y cómo se ven hacia el futuro.

Fuente: ttvnews

Clarín, política, Ley Audiovisual, redes y periodismo bajo la óptica de Ricardo Kirschbaum

La foto del director de Clarín tal cómo la publica el medio

Por: Juan Paulo Iglesias
Ricardo Kirschbaum, es director de Clarín. El periodista argentino, que enfrentó la presión del gobierno anterior de Cristina Fernández, asegura que el enfrentamiento con los medios es un proceso que se repite en sociedades cada vez más fragmentadas y responde a una estrategia política. “El objetivo es considerar que todo medio que no controla el partido gobernante es potencialmente un peligro”, asegura.

“Yo tuve aquí en esta oficina, a 132 agentes fiscales que irrumpieron y allanaron Clarín buscando pruebas de evasión fiscal. Fue una respuesta a una investigación que habíamos publicado”, recuerda el director Ricardo Kirschbaum, desde su oficina en Buenos Aires, al comentar las presiones que sufrió durante el anterior gobierno de Cristina Kirchner. En ese periodo, la Casa Rosada lanzó una abierta ofensiva contra ese diario, que llevó a denominar coloquialmente la ley de medios que impulsó la entonces presidenta como “Ley Clarín”.

En conversación con La Tercera, el destacado periodista argentino analizó ese periodo y los actuales desafíos que enfrenta la libertad de expresión en la región. Según él, “hay dirigentes políticos que no entienden la función de los periodistas, y para ellos en el mejor de los casos éste debe cumplir la tarea de divulgador de las acciones del gobierno”. El problema, agrega es que “el periodismo no es un cuerpo extraño a una democracia, forma parte de la democracia, sin periodismo libre y crítico, la democracia tiene una parte amputada”.

En los últimos años hemos visto varios países donde se han impulsado leyes de medios*. Argentina fue uno de los primeros. Si bien cada uno tiene sus particularidades, ¿por qué cree que se ha dado esa tendencia en la región por tratar de regular la industria de los medios?
No es un tema nuevo, es un tema recurrente y hay fuerzas políticas y partidos y dirigentes, muchos de ellos bastante inteligentes en muchas cuestiones, menos en los medios, que insisten en tropezar con la misma piedra. Me parece que tanto en el proceso que aquí vivimos hasta el 2015 como en el proceso que se vivió en Ecuador, se eligió a la prensa, al periodismo y a los medios, como enemigo. Más que una estrategia de medios es una estrategia política. El objetivo es considerar que todo medio que no controla el partido gobernante o el Estado es potencialmente un peligro para el proceso que se está desarrollando.

Y ¿qué paralelos existen entre los distintos procesos?
Yo diría que se producen tres movimientos simultáneos. Primero, todos estos movimientos están bajo un paraguas que subraya, que exalta, derechos fundamentales como la defensa de la libertad de expresión, darle voz a los que no tienen voz, a las minorías, con la idea que los medios que ellos llaman medios hegemónicos siempre marginan a ese tipo de “colectivos”, para usar una palabra que usan ellos. Hay un proceso que está dirigido a lo que ellos llaman la concertación de los medios, con la idea de que un medio y los periodistas que integran esos medios sólo responden a la voluntad de los dueños, convirtiendo a los periodistas en meras correas de transmisión de pensamiento con los cuales estos sectores no están de acuerdo. Ese es un punto. El segundo, es la concentración y cooptación de medios privados mediante la publicidad oficial o aportes concretos del Estado para convertir a todo un conglomerado en una especie de cadena nacional no oficial que refleja exclusivamente los puntos de vista de esos gobiernos y ataca cualquier información de los medios que ellos no controlan. Esto se ha dado en la Argentina, donde una gran parte de los medios fueron cooptados por el Estado. La ley de medios fue un instrumento político para controlar estos medios. Y el tercer punto, que yo considero también sumamente peligroso, es lo que los españoles han denominado asesinato de la reputación. ¿Qué significa? Significa que a la par de este combate contra lo que llaman medios hegemónicos, se trata de demonizar a los periodistas que resisten en defensa de su independencia y en defensa de la libertad de expresión. Es una especie de lapidación pública de periodistas con nombre y apellido que resistieron, criticaron, investigaron y revelaron cuestiones que el poder en ese momento se negaba a admitir o quería ocultar.

¿Y cómo se dio ese proceso?
En Argentina hubo un célebre juicio popular a periodistas en la Plaza de Mayo. Allí se montó una especie de parodia, de juicio popular, con el auspicio tácito del gobierno en el cual se condenó a todos los juzgados, que no tenían como defenderse. Fue prácticamente un linchamiento mediático público y se invitó a los presentes, algunos de los cuales estaban con sus hijos pequeños, a escupir las fotografías de los periodistas que habían sido juzgados, grandes gigantografías que habían hecho. Los presentes, que no fue una multitud, pero sí una concurrencia nutrida, pasaban en fila escupiendo las caras de estas fotografías. Obviamente que Clarín, el diario que yo dirijo fue el centro de esta estrategia y hubo además una gran cantidad de recursos legales presentados para desguazar a Clarín en distintas unidades de negocios, que según la ley tendrían que haber sido vendidas y liquidadas. Esto no ocurrió por distintas razones, entre ellas porque la justicia no le dio posibilidades y porque las circunstancias políticas cambiaron. Pero el tema continua latente.

¿Por qué Clarín se convirtió en el blanco? ¿Por qué fue el foco principal de los ataques?
Clarín es un diario, una web, pero el Grupo Clarín también tiene un canal de televisión abierta y un canal de cable. La intención básica es que como no pudieron comprar Clarín ni condicionarlo, convirtieron la batalla contra Clarín en el centro de su épica, como estrategia política. Y el enfrentamiento que, visto en perspectiva histórica, fue un grave error cometido por Cristina Kirchner y sus seguidores, provocó que la sociedad se dividiera y el único beneficiado en esta crisis fue paradójicamente el periodismo que resistió, que no sólo fue Clarín sino también fue el diario La Nación, también fueron periodistas de medios y de otros canales que resistieron y tuvieron una visión crítica. Pero esto no fue una cuestión vinculada con la calidad del periodismo o con la diversidad de voces o con abrir nuevas formas de expresión, no. Esto fue una estrategia política que iba mucho más allá, que era consolidar un poder político y controlar la opinión pública.

Uno de los argumentos que se plantea siempre por quienes impulsan estas medidas es que buscan garantizar la pluralidad de la oferta informativa. ¿Ve alguna amenaza a la pluralidad? ¿Beneficia que el Estado fomente la creación de medios y participe en la propiedad de algunos?
Desgraciadamente estas situaciones se están repitiendo en muchas partes del mundo. En Estados Unidos, tanto The New York Times como The Washington Post tuvieron un crecimiento exponencial en sus suscripciones digitales precisamente porque las audiencias se volcaron abiertamente a esos medios que enfrentaban la arbitrariedad de Trump, pero esto no es un hecho circunstancial. Este enfrentamiento con los medios periodísticos y con el periodismo independiente es un proceso que se repite en sociedades cada vez se van más fragmentadas en su representación política, como es el caso argentino o el caso ecuatoriano o el caso chileno, en cierta medida. Pero la fragmentación de la representatividad política viene acompañada con la aparición de tendencias autoritarias destinadas a ordenar la sociedad bajo otras reglas. Estas experiencias a mi juicio en ninguna parte del mundo pueden ser mostradas como un ejemplo. En ningún lugar del mundo se puede mostrar una experiencia similar que sea exitosa, salvo que sea exitosa para el propio régimen, como en Venezuela. En rigor esta tensión entre el periodismo, la libertad de expresión y las concepciones políticas que creen que la libre expresión es peligrosa es una equivocación trágica y estamos a punto de volver a repetir este tipo de equivocaciones. Esto no quiere decir que los medios no deban atenerse a la ley.

¿En qué medida influyen en esa disputa entre el poder y los medios el crecimiento de las redes sociales e internet?
Estamos en un momento de la sociedad de información en el cual plantear ese tipo de cuestiones es entre paradójica y a veces paródica, porque no hay en este momento información más democrática que la que se expresa en los medios digitales y en las redes sociales. Una muestra de la antigüedad que tenía la legislación que se intentó imponer en Argentina fue que no estaba reglado internet, no estaba reglado el mundo digital. Es una concepción antigua que tiene más que ver con un estado anterior de la política, antes de este cambio fabuloso que sucedió en el mundo digital e impactó directamente sobre cualquier tipo de representaciones. Ocurre también porque se aplica una ideología que no responde a la realidad de los hechos y se buscan remedios viejos para cuestiones nuevas. Sacándole toda la cáscara al debate, el asunto central de la cuestión es si te controlan o si no te controlan la información.

Entiendo que junto con la ley de medios, el gobierno impulsó una serie de radios y medios estatales en ese periodo, los que no duraron mucho. Volviendo a la pregunta anterior, ¿cree que el Estado tiene un rol que jugar en la propiedad de medios?
Hay un hecho anterior a eso, que hay que tener claro y es que este tipo de concepción política usa al Estado como partido. El partido político es el Estado e instrumenta su estrategia política a través del Estado. Eso por un lado. Por el otro, el volumen de publicidad que maneja el Estado es en muchos casos -aunque no es el caso de Clarín y otros medios, pero sí de muchos medios-, la posibilidad de supervivencia. Si el Estado cierra el grifo de la publicidad oficial es muy probable que haya muchos medios que tengan que cerrar, máxime cuando, al menos en Argentina, la recesión se siente, la publicidad privada ha caído. El Estado adquiere una mucha mayor capacidad de influencia, tanto en los medios como en periodistas que tienen programas donde el Estado avisa a través de muchas manifestaciones, empresas estatales, empresas paraestatales, etc. Y esta proliferación de medios formalmente privados, pero que dependen de la pauta oficial quedó en claro cuando terminó el gobierno de Cristina Kirchner, donde medios que existían y era muy belicosos y muy favorables a la expresidenta prácticamente vivieron poco tiempo más y desaparecieron, dejando en la calle a muchos periodistas que participaron con entusiasmo de la idea de la pluralidad de voces, de los medios hegemónicos y de toda esa épica que venía acompañándolo. Algunos se convirtieron en cooperativas pequeñas, pero en general cerraron, y muchas de las empresas dejaron una deuda previsional enorme.

¿Cómo se cautela que los medios cumplan con su labor de manera plural, rigurosa, diversa o cree que eso solamente depende de la valoración que dan los lectores?
Es una buena pregunta, el problema es que los diarios que tienen circulación importante o las radios o canales de TV que tienen audiencias importantes enfrentan un escrutinio permanente, que es el escrutinio de su audiencia diaria. Finalmente, la cantidad de ejemplares que venden, la cantidad de audiencia que tienen determinados programas es lo que está en discusión. Es decir, cómo puedo hacer yo que no tengo audiencia, que tengo medios porque tengo dinero del Estado, pero no tengo audiencia, cómo puedo capturar esa audiencia o al menos silenciar a quien no comulga con lo que yo pienso. Todo eso vestido con una fraseología de democracia y más democracia que era en algunos casos hasta cómico. Se hablaba de democracia y se trataba de sofocar a medios críticos.

En las actuales categorías que parecen guiar la política y que establecen la dicotomía élite-pueblo o ciudadanía, los medios aparecen como representantes de esa élite. ¿Por qué cree que se da este fenómeno que en parte termina afectando la confianza de algunos sectores en los medios?
No vamos a negar que a lo largo de la historia hubo medios que jugaron un papel determinado en circunstancias muy concretas. Todos podemos mencionar en la región tal o cual medio y qué papel jugó, eso tampoco lo vamos a desconocer. Pero el simple hecho de hablar de los medios hegemónicos ¿qué significa? Significa que yo no he podido construir un medio contrahegemónico. Entonces, por qué es hegemónico, porque es popular, porque se vende mucho, porque tiene una audiencia grande. ¿Cuál es el término para decidir si son hegemónicos o no hegemónicos? A ver, en Argentina, antes de la crisis de los diarios, durante el periodo en que la señora de Kirchner fue presidenta existían por lo menos 11 diarios en Buenos Aires. Sin embargo, el peso estaba puesto sobre Clarín, ¿por qué? Porque era el que más vendía. Y después La Nación, pero no tanto porque ellos consideraban que representaba a un sector que no iba a votar por el gobierno. Preferían pegarle a Clarín, donde ellos sostenían, y lo decían en conversaciones que alguna vez tuvimos, que se solapaba con sectores de la sociedad que a ellos los votaban, entonces era una interferencia. Y aquí volvemos al comienzo, esta es una estrategia política hacia los medios, que no deja de ser una estrategia política para dividir a la sociedad.

*No corresponde llamar Ley de Medios, es una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Fuente: Diario La Tercera

4 de julio de 2016: La noche que no pudieron silenciarnos

María del Carmen Verdú, Eduardo Murúa, Lauro Grande y Diego Pietrafesa cuentan qué los impulsó, aquel 4 de julio de 2016, a luchar junto con los trabajadores de Tiempo para recuperar la redacción

Por: Federico Amigo @amigofede
La lluvia empapaba hasta los huesos. Inundaba el empedrado de la calle Amenábar. Cada vez llegaban más personas a la puerta de la redacción de Tiempo, el diario que había sido recuperado por sus trabajadores y trabajadoras tres meses antes. Con el pijama debajo del tapado negro, María del Carmén Verdú, referente de Correpi, empezó a chapear con la credencial de abogada. También presionaba Lauro Grande, por esos días diputado provincial. Diego Pietrafesa, colega de prensa, difundía las dramáticas escenas en las redes sociales. “Es ahora o nunca. Tenemos que entrar”, arengó Eduardo Murúa. Afuera de la redacción, la resistencia de compañeros, amigos, lectores, cooperativistas. En el medio, la participación necesaria –y cómplice– de la policía. Adentro, el ruido inconfundible de una patota que rompía todo lo que tenía adelante. Había que sacarlos. Había que defender a Tiempo. Había que recuperarlo, otra vez.

El ataque a la redacción de Tiempo y Radio América, el 4 de julio de 2016, ocurrió en un marco de amenazas, despidos y vaciamientos para el conjunto de las y los trabajadores de prensa. El desguace del Grupo 23, liderado por Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, fue el primer conflicto del gremio en una época oscura para el periodismo. Entre 2016 y 2019, el mapa de medios no solo se concentró todavía más, sino que hubo más de 4500 despidos. Las y los periodistas, incluso, fueron espiados por los servicios de inteligencia. Pero también hubo victorias para el sector. La de esa madrugada, ese día en el que un colectivo de periodistas desalojó a una patota liderada por Mariano Martínez Rojas, fue una de ellas.

“Pasó de ser una noche de angustia y tristeza a la alegría y la consolidación de un medio como el que tenemos hoy”, sintetiza Grande, uno de los tantos protagonistas para revertir el escenario que, al comienzo de la madrugada, era desolador. En el testimonio de Pietrafesa, quien documentaba cada instante, acaso se resume el rol y la solidaridad de las y los colegas, factor fundamental para haber logrado entrar otra vez a la redacción de Amenábar 23. “Esa noche los vi defendiendo lo que amaban ustedes y lo que todos amamos. Lo hicieron entonces, lo hacen ahora y lo seguirán haciendo”, dice el delegado de Telefe y secretario de Derechos Humanos en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). Verdú también coincide, y refuerza la importancia de dar la pelea en aquel cruel contexto. “La defensa de Tiempo resume el reclamo de un momento histórico en el que los trabajadores y las trabajadoras de prensa vieron atacados como nunca antes sus derechos y sus condiciones laborales, y hasta su integridad física. También puso sobre la mesa la real posibilidad de que las y los comunicadores fueran dueños de sus palabras”, sostiene quien representa a la cooperativa en la causa judicial que está en manos del Juzgado Criminal y Correccional Nº 8.

Quienes estuvieron aquella madrugada ya habían pasado por la redacción para solidarizarse durante el conflicto, acompañar e incluso sumar el aprendizaje y las enseñanzas de las recuperadas. Como el “Vasco” Murúa, hoy director nacional de Empresas Recuperadas en el Ministerio de Desarrollo Social. “Mi compromiso tenía que ver con que había estado en la formación como cooperativa. Sentí el desafío que habían asumido, el de recuperar un medio de comunicación, y también lo que significaba como beneficio para el conjunto de los trabajadores y de nuestro pueblo”, evalúa a cinco años del ataque.

No fue el único contra la prensa. “Durante el macrismo padecimos el cierre de medios y el intento de vaciamiento de los medios públicos, resistimos organizados en el SiPreBA y sufrimos agresiones por parte de las fuerzas policiales”, señala Carla Gaudensi, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren). El hostigamiento se tradujo en que al menos 60 compañeros resultaron heridos y 20 detenidos mientras desarrollaban tareas periodísticas. “Junto con el CELS, lo denunciamos ante la CIDH. El expresidente Macri nunca se hizo cargo de esta violencia en contra de la prensa, así como sucedió con el ataque a Tiempo”, agrega sobre el escenario que atravesó el sector. Hasta ahora, la Justicia tampoco se hizo cargo de encontrar y sancionar a los culpables.

Aquel episodio fue un punto de inflexión, otro mojón que consolidó el camino de esta experiencia colectiva que comenzó en abril de 2016. El acompañamiento y la solidaridad de esa noche permitió que Tiempo mantuviera su lugar en el mapa de medios. No hubiese sido posible sin el aporte de distintos protagonistas clave. De otros medios autogestivos y de esa unidad. No hubo patota, policía, frío o lluvia que rompieran ese espíritu de preservación. “Defendí, defiendo y defenderé Tiempo porque se inscribe en la historia del periodismo que habla para el pueblo, dice para el pueblo e investiga para el pueblo. Y que no tiene nada que ver con los intereses corporativos ni las grandes riquezas”, explica Grande, que actualmente integra el Ministerio de Obras Públicas.

Los testimonios de Murúa, Grande, Pietrafesa y Verdú son una selección arbitraria, apenas una muestra que permite recordar aquella madrugada. Y reflexionar sobre la importancia de fortalecer un sistema de medios distinto al que representan los actores corporativos. “Nos sentimos parte de este proceso: defender a un medio autogestivo e independiente que amplifica nuestra propia voz y nos permite fisurar la invisibilización de las luchas, en particular la represiva, también es autodefensa”, concluye la Negra. Y en esa frase aparece el agradecimiento para todos y todas las que acompañan a Tiempo. Los que se sienten convocados, incluso en una noche tormentosa, helada y con olor a derrota, a defender sus derechos.

Medidas para probar la complicidad de la policía con la patota
Tras un largo letargo de la causa, la Justicia debe establecer el nexo. Pero la Comisaría 31, que dio cobertura a los violentos, ya no existe

Por: Federico Trofelli @FedeTrofelli
A cinco años del virulento ataque al edificio donde funcionaba la redacción de Tiempo y las instalaciones de Radio América, la Justicia avanza –luego de varios meses de letargo– en la producción de pruebas sobre la presunta complicidad entre la policía y la patota que aquella madrugada del 4 de julio de 2016 intentó despojar de su fuente laboral a unos 400 trabajadores de prensa del diario y la emisora, que habían formado parte del denominado Grupo 23, vaciado por los empresarios Sergio Szpolski y Matías Garfunkel.

El Juzgado Criminal en lo Correccional Federal N° 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, ordenó el pasado 28 de junio a la Jefatura de la Policía Federal que tome las medidas necesarias para dar con los datos personales y el destino de todos los efectivos que se encontraban cumpliendo servicio en la ex Comisaría 31, de Colegiales, entre la noche del 3 y la madrugada del 4 de julio de ese año.

El juez quiere saber qué funciones tenía cada policía en ese momento y que se establezcan los móviles que estaban asignados a esa seccional con sus respectivos choferes y acompañantes. Del mismo modo, busca determinar los números de teléfonos celulares que había en cada patrullero y si poseían un sistema de rastreo satelital que “permitiera conocer su ubicación en tiempo real y si al día de la fecha resulta posible obtener los datos registrados sobre la ubicación de esos móviles durante la noche en cuestión”, según se desprende de la solicitud.

Esta información, bastante básica por cierto, ya había sido pedida hace cinco años por la querella, representada por la abogada María del Carmen Verdú. Sin embargo, el planteo fue sistemáticamente rechazado. Sin dudas, dar con esos datos habría sido más simple en 2016 si se tiene en cuenta que, en el tiempo transcurrido, la Comisaría 31 dejó de existir para dar paso a la Comisaría Vecinal 14-B, y que gran parte de la Policía Federal se fusionó con la Metropolitana, creando así la Policía de la Ciudad.

“Desde ese 4 de julio venimos sosteniendo que el ataque de la patota de Mariano Martínez Rojas a la redacción de Tiempo fue posible por la connivencia de la Policía Federal, que lo acompañó y le dijo al cerrajero convocado que tenía que forzar el ingreso porque se trataba del ‘dueño’”, explica la abogada que defiende los intereses de los trabajadores y trabajadoras de la Cooperativa Por Más Tiempo.

Según se pudo reconstruir a través de testimonios de los testigos y los propios sospechosos, aquella noche el supuesto comprador de Tiempo Argentino y Radio América, el estafador Martínez Rojas –en la actualidad preso por otra causa– irrumpió por la fuerza en el edificio de Amenábar 23, en el barrio porteño de Colegiales, donde pernoctaban tres trabajadores que resguardaban los elementos laborales gracias a un permiso del Ministerio de Trabajo. Tras golpearlos y echarlos, los intrusos tomaron las instalaciones y destruyeron parte del mobiliario.

El copamiento, tal como se desprende del expediente, fue encabezado por Martínez Rojas, que contó con los servicios de Juan Carlos Blander, un experimentado empresario que brindaba seguridad en grandes eventos musicales, quien se encargó de reclutar a una patota de más de una docena de hombres, muchos de ellos con antecedentes penales. Dicho por el mismo Blander, el comisario Jorge Guillermo Azzolina fue quien recomendó su nombre a Martínez Rojas para realizar este particular trabajo, porque, por obvias razones, la policía no podía participar activamente de la maniobra ilegal.

Sin embargo, los agentes no tuvieron mayores inconvenientes en darle cobertura en el territorio a la fuerza parapolicial. El lugarteniente de Azzolina, el subcomisario Gastón Aparicio, sí estuvo en el lugar de los hechos y jugó un rol clave en favor de los violentos, ya que intentó en todo momento que los trabajadores no ingresaran al edificio, filtrándole información a la fiscal contravencional Verónica Andrade, quien esa noche intervino desde su casa.

Lo que no esperaban tanto Andrade como la patota y los policías es que en cuestión de minutos, el sitio se colmara de otros trabajadores y organizaciones sociales y políticas que se solidarizaron inmediatamente con los cooperativistas de Tiempo y, a pesar de la fuerte tormenta, en la calle comenzaron un fuerte reclamo para recuperar el lugar.

“El procesamiento del comisario Azzolina fue revocado por la Cámara Criminal y Correccional Federal, que lo reemplazó por una falta de mérito, argumentando que faltaba producir prueba a su respecto. Pasaron casi dos años, y recién ahora el juzgado empezó a producir las medidas necesarias para establecer cuál fue la intervención policial, que no solo incumbe a Azzolina, sino también al subcomisario Aparicio, que fue el hombre de azul en el lugar”, continúa Verdú.

A pesar de intentar desvincular por el momento a Azzolina, el fallo de los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, emitido a mediados de 2019, ratificó la imputación que pesa sobre los otros 15 sospechosos, que ya habían sido procesados por el juez Martínez de Giorgi, entre los que se encuentran Martínez Rojas, Blander y el resto de la patota. Todos ellos quedaron formalmente acusados de “usurpación, daño, interrupción de la comunicación y robo”.

“Una vez que logramos superar el larguísimo tiempo insumido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para confirmar que los delitos cometidos eran de carácter federal, porque se dirigieron a impedir la libre circulación del diario y constituyen un atentado a la libertad de prensa, fue relativamente simple lograr el procesamiento de la patota y de su jefe, Martínez Rojas. Pero el aparato judicial trató de relativizar la participación necesaria de la policía, entonces integrantes de la Policía Federal, hoy policías de la Ciudad”, resume Verdú.

“Martínez Rojas y su patota nunca hubieran podido forzar su ingreso al edificio sin la cooperación policial”, insiste la abogada de la cooperativa y referente de Correpi, y concluye: “Desde la querella queremos llegar al juicio oral con todas las imputaciones completas. Sin los policías, no lo vamos a permitir”.

Multimillonarios embargos
En la última diligencia, el juez Martínez de Giorgi también embargó a Martínez Rojas por ocho millones de pesos; a Blander por dos millones de pesos; y al grupo de violentos integrado por Gabriel Moraut, Henry Castro Vargas, Carlos Ruiz Díaz, Carlos Antivero, Marcelo Caña, Pablo Batista, Diego Chávez, Esteban Díaz, Rodrigo Roldán, Juan Moreno, Ovidio Ramírez, Omar Ontivero y Alejandro Marostica Spahn, por la suma de 250 mil pesos cada uno.

Fotos: Eduardo Sarapura

Fuente: Diario Tiempo Argentino

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La libertad de expresión prevalece sobre el derecho al honor, según un fallo

Los jueces sostuvieron que la libertad de expresión prevalece en el caso frente al derecho al honor esgrimido por el actor y que los sectores históricamente vulnerados encuentran a través de las redes sociales el móvil más dinámico para visibilizar situaciones o hechos de violencia física

La Cámara Federal de Bahía Blanca revocó una medida cautelar que le había ordenado a Facebook SRL y a Google Argentina SRL la eliminación de un posteo en esa red social en la que se señalaba a un hombre como el abusador de una adolescente. El fallo del tribunal hizo lugar a la apelación de ambas compañías y al dictamen emitido por el fiscal general subrogante ante ese tribunal y titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), Horacio Azzolin, y por la fiscal federal a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta.

La camarista Silvia Fariña y sus colegas Pablo Larriera y Leandro Picado revocaron la medida que fue promovida por el demandante en el marco de una acción de habeas data, prevista en la ley 25.326 de Protección de los Datos Personales, y dictada por el Juzgado Federal de Santa Rosa en octubre de 2019. En aquella resolución el juzgado le ordenó a Facebook y a Google que llevaran a cabo las medidas necesarias para bloquear las publicaciones que realizó el 7 de junio de 2018 el usuario "No nos calmamos una mierda", en donde denunciaba un abuso sexual cometido por el demandante entre el 2006 y 2007 a una mujer que por entonces no había cumplido los 15 años de edad.

En el marco de un conflicto que involucra por un lado el derecho a la libertad de expresión y, por otro, el derecho al honor y a la imagen, la Cámara Federal consideró que "debe valorarse la menor restricción posible del derecho, la aplicación del medio más idóneo, y procurar la mayor efectividad de la medida, todo lo cual conduce a dar prevalencia en el caso al derecho a la libertad de expresión por sobre el derecho al honor y a la imagen invocado".

A su vez remarcaron que las denuncias públicas que involucran hechos de violencia contra las mujeres "se encuentran especialmente protegidas por su carácter visibilizador para el debate público, por la protección y respeto de los derechos humanos de las presuntas víctimas". En ese sentido, la magistrada y los magistrados citaron la normativa nacional e internacional en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres.

Libertad de expresión

La jueza y los jueces aclararon que la primera publicación que el actor consideró agraviante fue eliminada de la red social y que lo que actualmente se encuentra visible, y que se pretende eliminar, es una publicación posterior que no replica la denuncia primigenia, sino que menciona al hombre, se lo indica como responsable de "abuso, acoso y violencia", cuestiona la decisión de Facebook e invita a las posibles víctimas del demandante a que se comuniquen en forma privada.

En ese sentido, la Cámara rechazó la ponderación realizada por el Juzgado Federal de Santa Rosa en cuanto a que la información difundida tenía potencialidad de dañar la reputación del actor. Consideró que es un elemento insuficiente "puesto que no puede impedirse la libre circulación de información si es el resultado del ejercicio legitimo de la libertad de expresión, aun cuando ella pueda molestar u ofender al sujeto de la información difundida".

"Debe atenderse al tenor del discurso que se pretende suprimir, en tanto que involucra la manifestación de un posible caso de lo que en el derecho argentino se conoce como violencia de género".

En su voto, la jueza Fariña -con la adhesión de Larriera- remarcó que "más allá del carácter de persona pública o privada del peticionante, no es razonable dictar una medida para que Facebook, red social donde se publicó el mensaje, o Google, como titular del motor de búsqueda que indexa contenidos, suprima la vinculación de los sitios web cuestionados –a los que se podría incluso acceder en forma directa o través de cualquier otro proveedor o redes sociales– por la sola afirmación de que se trata de calumnias formuladas sin sustento alguno".

En efecto, citó jurisprudencia de la Corte Suprema, que se encuentra en consonancia con el criterio expuesto por la Relatoría Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según el cual "las medidas de filtrado o bloqueo deben diseñarse y aplicarse de modo tal que impacten, exclusivamente, el contenido reputado ilegítimo, sin afectar otros contenidos".

Protección de derechos de mujeres y de niños, niñas y adolescentes

Asimismo, la camarista Fariña consideró que las medidas de bloqueo de contenidos no pueden utilizarse para limitar la difusión de discursos especialmente protegidos, dirigidos a proteger a personas más vulnerables o a atender a situaciones de desamparo o desprotección. En esa línea, consideró que "debe atenderse al tenor del discurso que se pretende suprimir, en tanto que involucra la manifestación de un posible caso de lo que en el derecho argentino se conoce como violencia de género".

En ese sentido, la jueza destacó que la denuncia pública invita a un debate abierto en la sociedad y que en los últimos años, en materia de género, "estas prácticas se han acrecentado, mostrándose como mecanismos prácticos y eficaces para visibilizar situaciones o hechos de violencia física, psicológica o institucional que pudieron haber sufrido mujeres, niñas, niños y adolescentes, que por mucho tiempo estuvieron silenciados, reprimidos o discriminados, y que encuentran a través de las redes sociales, el móvil mas dinámico para un mayor acceso y difusión de esa información".

Fuente: Fiscales

Eduardo Kimel, el periodista condenado por investigar la masacre y que abrió un camino clave

El periodista y escritor Eduardo Kimel reveló en su libro "La Masacre de San Patricio" la trama de terrorismo de Estado que determinó el asesinato de cinco religiosos católicos de la orden palotina, de la cual mañana se cumplen 45 años, y por esa investigación fue condenado por "calumnias e injurias" en base a una denuncia presentada por Guillermo Rivarola, el juez que instruyó originalmente en esa causa.

Tras un largo recorrido legal en tribunales nacionales y estamentos internacionales, el caso Kimel permitió que Argentina modificara en 2009 su legislación para que las expresiones sobre asuntos públicos no sean consideradas como delitos, con una norma sancionada meses antes de la muerte del periodista.

"Fue un caso emblemático que permitió que Argentina avanzara en materia de libertad de expresión y garantizara el trabajo de los periodistas. Informar sobre asuntos públicos no puede ser sancionado por un artículo del código penal. Es gracias a la gran lucha que libró Eduardo", señaló en diálogo con Télam Andrea Pochak, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que representó al autor en su reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Kimel, quien trabajó durante muchos años en la sección internacionales de la agencia nacional de noticias Télam, escribió en 1989 una exhaustiva y rigurosa investigación sobre los asesinatos de los sacerdotes palotinos Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Duffau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, de la orden de Los Palotinos, en un hecho ocurrido en la madrugada del 4 de julio de 1989.

En su investigación, Kimel formuló la hipótesis de que el crimen obedecía a una interna entre sectores las Fuerzas Armadas que tenían visiones encontradas sobre el carácter ilegal de la represión, y sostuvo que la masacre había sido perpetrada por un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

El periodista consignó que la instrucción del caso quedó en manos del juez Rivarola, y en base al análisis de las fojas del expediente, formuló un interrogante: "¿Se quería realmente llegar a una pista que condujera a los victimarios?"

"El juez Rivarola cumplió con la mayoría de los requisitos formales de la investigación, aunque resulta ostensible que una serie de elementos decisivos para la elucidación del asesinato no fueron tomados en cuenta. La evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar paralizó la pesquisa, llevándola a un punto muerto", remarcó Kimel en este párrafo de su libro que contenía cerca de 200 páginas.

Por el contenido de esas líneas, Rivarola, devenido en camarista, entabló en 1991 una demanda contra el autor de la investigación por el delito de calumnias e injurias, y se inició así un largo proceso que se extendió por una década.

Cuatro años después de haberse presentado la demanda, la jueza Angela Braidot condenó a Kimel por el delito de injurias a la pena de un año de prisión en suspenso y a pagarle al juez una indemnización de 20 mil dólares.

"Ese fallo le impidió la posibilidad de salir del país y eso afectó su desempeño profesional como periodista que cubría temas internacionales", señaló Pochak, actualmente se desempeña como subsecretaria de Protección y Enlace Internacional de Derechos Humanos.

Sin embargo, un año después, un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones recurrió esa sentencia y absolvió a Kimel. Sin embargo, la satisfacción de esa decisión iba a durar poco.

Rivarola recurrió a la Corte, aquella que tenía "una mayoría automática" conformada por el gobierno del presidente Carlos Menem, que hizo lugar al recurso y ordenó en diciembre de 1998 que se dictara una nueva sentencia contra el periodista.

Los jueces Alfredo Barbarosch y Carlos Gerome de la Cámara de Apelaciones acataron el fallo y confirmaron la condena contra Kimel, quien según esa sentencia había obrado con "dolo y falsedad" para perjudicar a Rivarola.

"Se trató de una sentencia inspirada en un espíritu corporativo. El fallo estaba firme y resolvimos presentarnos ante el sistema interamericano de justicia para revocar este fallo y modificar la legislación en materia de calumnias e injurias", señaló la letrada que representó a Kimel.

Kimel y el CELS se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que elevó el caso ante la Corte Interamericana que, en mayo de 2008, falló a su favor del periodista y le exigió al Estado argentino anular la sentencia y reformular su legislación.

En base a estas recomendaciones, el Congreso nacional sancionó la la ley 26551, que dispuso la modificación del Código Penal, y suprimió del Código Penal los delitos de calumnias e injurias en relación a expresiones referidas a asuntos de interés público.

"Es una ley muy importante. A partir de su sanción, una injuria no puede considerarse un delito y debe haber una resolución a través de la responsabilidad civil. Es lo que sucede en la actualidad con la demanda que el presidente Alberto Fernández presentó contra Patricia Bullrich", explicó la abogada.

En los últimos años de su vida, Kimel trabajó para la agencia alemana de noticias DPA y en la radio de las Madres; murió en febrero de 2010, a los 57 años por una nefropatía.

El 10 de noviembre de 2011, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal dejó sin efecto la sentencia penal por calumnias en su contra y ratificó que las expresiones relacionadas con asuntos de interés público no configuran delitos penales.
Foto: Arnaldo Pampillón

Fuente: Agencia TelAm

Ver anteriores: Eduardo Kimel 1952-2010, Piden que la figura de calumnias e injurias sea modificada en las leyes argentinas, Fallo de la Corte Interamericana favorece a Eduardo Kimel, A favor de la libertad de expresión: Prensa Rosario respalda la despenalización del delito de calumnias e injurias, Pesar de FoPeA por el fallecimiento de Eduardo Kimel, Santa Fe: piden cese de juicios por calumnias e injurias, Cristina Fernández: Argentina tiene una libertad de prensa "inédita en nuestra historia", Eduardo Kimel: Un legado y un mandato, Casación anuló la condena por calumnias contra Eduardo Kimel

Malestar e incertidumbre en Radio Nacional ante la falta de cobro del aguinaldo

La emisora pública, que depende de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA SA), incumplió los preceptos de la Leyes nacionales al no pagar al día 30 de junio el Sueldo Anual Complementario. También corrió, sin previo aviso, la fecha de pago de los salarios del mes junio. Repudio de ATraNa

La Asociación de Trabajadores de Radio Nacional (ATRaNa) cuestionó la decisión de la empresa Radio y Televisión Argentina SE (RTA SE) de no pagar el aguinaldo en tiempo y forma a todos los trabajadores de Radio Nacional. “Las y los trabajadores estamos sufriendo otro atropello”, remarcó la entidad sindical.  

Las y los trabajadores de Radio Nacional estamos sufriendo otro atropello. La empresa que había comunicado a través de sus consocios sindicales que el aguinaldo se iba a pagar el 01 de julio, hoy nos informa que la fecha de pago del aguinaldo es el 7/7/21.

La Ley de Contrato de Trabajo establece que el sueldo anual complementario será abonado en dos cuotas: la primera de ellas el treinta de junio.

El argumento de este retraso es que la Tesorería General de la Nación no va a girar la partida presupuestaria hasta esa fecha. Retiene las partidas presupuestarias de las y los trabajadores del estado porque la prioridad no es cumplir con lxs trabajadores.

Reafirmamos nuestro derecho a un salario mínimo igual a la canasta familiar y al cobro de las cuotas del S.A.C. en tiempo y forma.

Esta administración, que tiene a las y los trabajadores de Radio Nacional con básicos por debajo de la línea de la pobreza, que mantiene y promueve las formas de contrataciones fraudulentas de trabajadores y que en este contexto inflacionario cerró hace 3 semanas un acuerdo que ya fue superado por la inflación del primer semestre, esta administración que pretende subsanar la miseria salarial a la que nos somete con un bono de 10 mil pesos a pagar en dos cuotas, ahora, además, no nos paga el aguinaldo.

Ante el incumplimiento de @NacionalAM870 de pagar el aguinaldo en fecha acordada los trabajadores de prensa en @sipreba junto a @SiprebaRNA definieron realizar un paro desde las 18hs #ElSueldoNoAlcanza #RadioNacional pic.twitter.com/28uyQULsnZ

— Gerardo Hugo Mazzochi (@MazzochiG) July 1, 2021

Actualización del acuerdo paritario

Por otra parte, ATRaNa pide que la actualización del acuerdo paritario suprimiendo las cuotas y que se pague el 27% que resta del acuerdo con los haberes de julio, y que los 10 mil pesos que se van a pagar en dos cuotas por única vez, sean incorporados al básico de revista con los descuentos de ley a cargo de RTA, para todas y todos las y los trabajadores de las Radios Nacionales y ex Comerciales. Además, invitan a firmar el siguiente petitorio https://bit.ly/3hI9aPN 

Las y los trabajadores de Radio Nacional, venimos perdiendo poder adquisitivo sin pausa, desde la gestión de Lombardi.

Este año, por mérito de la Asamblea General, hemos logrado que el aumento paritario rija a partir del primero de mayo como debe ser, pero el acuerdo firmado por las burocracias sindicales es paupérrimo.

Todos los acuerdos que se firmaron por esos porcentajes, están siendo revisados ahora a pesar de que muchos tenían como fecha de revisión el mes de noviembre. Es lo lógico, la expectativa inflacionaria trazada para este año por el Gobierno se ha pulverizado y las y los trabajadores tenemos que seguir comiendo y pagando servicios y alquiler.

Ya no es posible vivir con el salario que se nos quiere imponer. El acta firmada “en un todo de acuerdo” por los paritarios, solo contempla un 20% de aumento para este año, y pretenden subsanar esta miseria con 2 cuotas de 5 mil pesos, no remunerativas cuando a uno de los sindicatos del canal les dieron el 34% todo para este año más un bono de 25 mil pesos.

Las diferencias que mantiene RTA en el trato con los trabajadores de sus distintas unidades de negocios son escandalosas. Esta administración a cargo de Rosario Lufrano, sólo ha profundizado las diferencias de estipendios en desmedro de las y los trabajadores de Radio Nacional y de las ex comerciales, y propiciado la contratación fraudulenta de personal.

La rebaja salarial que se nos impone vía acuerdos paritarios ruinosos en un marco inflacionario que achica nuestro poder adquisitivo mes a mes, no se puede achacar a problemas de presupuesto y no parece ser desidia sino una decisión. 

Desde ATRaNa el lunes 28/6/21 hemos elevado a las autoridades de Radio Nacional y RTA un pedido de que se supriman las cuotas y se pague el 27% que resta del acuerdo, con los haberes de julio.

Asimismo solicitamos que los 10 mil pesos que se van a pagar en dos cuotas por única vez, sean incorporados al básico de revista con los descuentos de ley a cargo de RTA, en los meses de septiembre  y octubre del presente año y se mantenga la revisión del acuerdo para el mes de noviembre 2021.

Demandamos también que se cumpla con la promesa de pase a planta permanente de las y los compañeras/os precarizados y que todo lo solicitado, sea para la totalidad de las y los trabajadores de las radios nacionales y ex comerciales, sin distinción de formas de contratación.

Prensa Rosario repudia los despidos en la planta impresora de El Litoral y Clarín

Un grupo de trabajadores de Artes Gráficas del Litoral (AGL) sigue concentrado en la puerta del Parque Industrial de Sauce Viejo, para reclamar por el despido de 21 empleados (18 gráficos y tres administrativos), que este martes recibieron una notificación de despido. El Sindicato de Prensa Rosario repudió esta acción de la empresa propiedad de los diarios El Litoral y Clarín. Cabe recordar que allí se imprimen los diarios El Litoral, La Capital, Clarín, Olé, El Ciudadano, UNO Entre Ríos, El Diario de Paraná, Castellanos, entre otros.

El Sindicato de Prensa Rosario repudia los despidos denunciados por el Sindicato de Artes Gráficas de Santa Fe y el personal de planta de Artes Gráficas del Litoral SA (AGL) en Sauce Viejo (propiedad de los diarios El Litoral y Clarín) y se solidariza con sus trabajadorxs.

Lxs trabajadorx gráficos se encontraban de paro por tiempo indeterminado con asistencia a sus lugares de trabajo, en reclamo del fin de las sanciones impuestas a parte del personal de la empresa y por diferencias de convenio y salariales.

Tras 11 días de la medida, se les impidió el ingreso a sus lugares de trabajo y comunicó mediante nota en la entrada a la empresa que tenían su liquidación final a disposición con el argumento de haber hecho abandono de sus puestos de trabajo

Según denunciaron los trabajadores de AGL, en la que se imprimen numerosos diarios de la región, los despidos abarcan a la mayoría del personal de planta y aguardan ahora la intervención del Ministerio de Trabajo, para que se revierta la situación y se solucione el conflicto.

Sindicato de Prensa Rosario

Ver también: Sigue el paro en AGL, la imprenta de Clarín y El Litoral