Con trabajo precarizado no hay libertad de expresión...

A los colaboradores de PáginaI12. Valores mínimos a cobrar
Detalle de valores mínimos a cobrar por notas publicadas a partir del 1º de agosto de 2013 según sección/suplemento y tipo de nota. Si bien en algunas secciones/suplementos los valores son iguales para todos, tengan presente que se trata de valores mínimos. Les recordamos que el aumento acordado en paritarias fue del 10% a partir del 1º de abril y del 19% desde el 1º de agosto, tomando como base en ambos casos los valores de marzo de 2013. (Comisión Interna, 28/8/13).

Alerta: Tu vida entera está online y podría ser utilizada en tu contra

Otro comunicado de Clarín: Nuevas falsedades del Gobierno en la audiencia por la Ley de Medios

Como ayer, los representantes gubernamentales volvieron a utilizar información falsa y argumentos sesgados en la audiencia de la causa por la Ley de Medios Audiovisuales
El Gobierno ratificó que considera a las licencias "meros privilegios precarios", a los que puede cancelar antes de su vencimiento, generando una "espada de Damocles" sobre la libertad de expresión de los medios que utilizan esas licencias. Así, estos se convertirían en rehenes de la discrecionalidad estatal, lo que configura un típico caso de censura indirecta según el Pacto de San José de Costa Rica.
Con igual gravedad, el Gobierno pretendió desconocer para los medios audiovisuales la protección constitucional del artículo 32, limitándolo insólitamente a la prensa gráfica, pese a la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema.
El AFSCA no supo contestar cuántas licencias detenta el Grupo Clarín y cuál es su participación en cada uno de los mercados en los que compite. Frente a ello, debemos reiterar que Grupo Clarín convive con más competidores que el promedio mundial. Tiene 8 radios sobre 12 mil (2 en AMBA sobre 550), 4 canales abiertos sobre 45 analógicos y 32 digitales, 1 señal de noticias sobre 7 existentes, y participa de un 24% del mercado de acceso a Internet.
Los funcionarios no pudieron explicar por qué se necesitaría quitarle licencias al Grupo Clarín para que existan otras voces. Por el contrario, quedó demostrado que -tanto en los medios que usan espectro como en los que no lo usan-, no hay impedimento alguno para que existan nuevos participantes. Y que esto no depende en absoluto de las licencias del Grupo Clarín. De hecho, tampoco pudieron explicar por qué quedaron vacantes los concursos de 220 licencias de TV digital, si existen voces que no pueden expresarse.
El propio AFSCA reconoció que, desde la sanción de la ley, otorgó más de 800 licencias. Y lo pudo hacer sin desguazar al Grupo Clarín. ¿Entonces por qué la falacia de que necesita destruirlo para generar nuevas voces?
Respecto de la supuesta "adecuación" de otros Grupos, el AFSCA no pudo responder por qué sólo el 35,9% de los mismos están adecuados (muchos de ellos con insólitos "simulacros de adecuación"), cuando el plazo venció a fines de 2011.
Otra falsedad fue la alusión a un supuesto plan de adecuación del socio minoritario de Cablevisión. Nunca ese socio, Fintech, presentó un plan de adecuación. Sólo hizo una mera consulta.
Quedó en claro que el Gobierno no se basó, a la hora de redactar los límites del art. 45, en estudios o análisis de mercado ni de defensa de la competencia. Esto condujo a que no pudiera justificar por qué consideró razonable el límite de 24 licencias locales de cable (cuando sus competidores pueden llegar a todo el país), el porcentaje del 35% de mercado (cuando el mismo fue derogado en otros países y aquí no se le aplica al Estado), la incompatibilidad entre TV abierta y cable (cuando son dos servicios que no compiten entre sí), o el límite de una señal audiovisual (que no usa espectro y favorece la diversidad). Tampoco pudo explicar en qué se basó para reducir de 24 a 10 las licencias de radiodifusión, modificando la norma de 1999, pese a que hoy existe mucho más espacio en el espectro por la digitalización.
En el colmo de la manipulación, el AFSCA puso en un pie de igualdad licencias que cubren todo el país con aquellas que sólo corresponden a una pequeña localidad. Así, pretendió comparar las 158 licencias locales de Cablevisión con la única licencia nacional de DirecTV. Y omitió que otros operadores, como Telecentro, cubren con una sola licencia la misma área geográfica que a Cablevisión le demanda 21 licencias. Además, faltó a la verdad al afirmar que el Grupo Clarín tiene 237 licencias de cable cuando en realidad tiene 158.
El organismo pretendió sugerir que Cablevisión no cumple con el régimen de multiplicidad de licencias, cuestión absolutamente falsa pues la empresa devolvió todas las licencias excedentes al momento de notificar su fusión. Y sostuvo que los canales Paka-Paka y CN23 (este último privado) no estaban en la grilla de Cablevisión, pese a que ambos se encuentran disponibles en el servicio básico digital, que se ofrece sin cargo y sin codificar, como marca la ley.
Se sostuvo que Cablevisión tiene una participación del 45% del mercado, cuando la propia AFSCA, en documentos públicos, afirma que posee el 40,8%. También falseó números de participación del Grupo Clarín en radio y TV abierta.
Los funcionarios pretendieron alarmar mencionando pérdida de fuentes de trabajo y cierres de canales locales. Pero con Cablevisión sucedió todo lo contrario: desde 2007 tiene más de 2 mil nuevos puestos de trabajo. Y los canales locales se multiplicaron y potenciaron su calidad de producción. Los canales "Somos" son el mejor ejemplo de ello.
El Gobierno pretendió justificar la inédita prohibición de explotar un canal abierto y un cable en la misma ciudad con un ejemplo de San Juan, donde históricamente hubo un solo canal abierto. Sin embargo, en el AMBA, Canal 13 compite otros 4 canales abiertos y 32 digitales. Y los concursos allí también quedaron desiertos. Por ello, no hay razón alguna para excluir al Grupo Clarín de Canal 13, salvo que justamente se lo quiera silenciar por expresar una voz crítica.
Se pretendió justificar el límite de una señal audiovisual con el argumento de evitar exclusiones de otras. Se trata de un sinsentido, ya que estas no usan espectro y existen diversos operadores de TV paga que compiten intensamente. Además, la digitalización permite multiplicar la cantidad de señales transportadas, y los grandes grupos mundiales explotan aquí más de 40 señales. ¿Cómo entender que se quieran silenciar 7 señales argentinas, que dan trabajo aquí, y al mismo tiempo autorizar centenares de los Estados Unidos?
Al ser preguntada por la Corte sobre si existen sanciones contra el Grupo Clarín o Cablevisión por "abuso de posición dominante", el AFSCA optó por eludir la respuesta, apelando a la existencia de vagas "denuncias" que no especificó. Quizás lo hizo porque sabe perfectamente que el Grupo no ha recibido sanciones por este tema.
Respecto de la sustentabilidad de las empresas de cable, el AFSCA mencionó que el segundo y el tercer operador de TV paga (DirecTV y Supercanal) son sustentables. Lo que no aclaró es que DirecTV es una empresa regional, que opera en toda Latinoamérica con 16 millones de abonados. Y que Supercanal está en concurso preventivo desde hace más de 15 años, con un servicio de mucha menor calidad al de Cablevisión. Está claro que ambas empresas no son sustentables con sus operaciones argentinas.
Respecto de la sustentabilidad del Grupo Clarín, quedó acreditado a lo largo del expediente, que la misma está dada por su estructura actual. La conformación multimedia del Grupo Clarín es la que le permite, según las pericias, sostenerse autónomamente pese a estar excluido de la publicidad oficial, sufrir el cepo publicitario privado y soportar una escalada inédita de hostigamiento oficial. Sólo con esta estructura nacional (que compite con grandes actores globales) el Grupo Clarín puede seguir produciendo contenidos televisivos de nivel internacional, investigación periodística de la más alta calidad y servicio de cable e Internet según los estándares mundiales.
Hoy, con un mercado de medios audiovisuales controlado directa o indirectamente en un 80% por el Gobierno, el espacio para las voces críticas está claramente amenazado. La existencia de medios verdaderamente sustentables sin asistencia estatal es una garantía de libertad de expresión.
Buenos Aires, 29 de agosto de 2013.-

La Defensoría del Público desmiente a Clarín

La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual deja constancia sobre los reclamos que recibió del público y que fueron mencionados ante el Tribunal por la Licenciada Cynthia Ottaviano
A raíz de la nota titulada “Falsedades y agravios al Grupo Clarín en la audiencia por la Ley de Medios”, que hoy (29 de agosto de 2013) publicó el diario Clarín, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual deja constancia sobre los reclamos que este organismo recibió y que fueron mencionados en la audiencia de ayer ante la Corte Suprema de Justicia.

Los mismos corresponden a:
Actuación N° 452/2013 del 14 de agosto, una mujer de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denunció: “Tengo una hija pequeña y quisiera acceder al canal Paka-Paka sin tener que pagarle a Cablevisión el extra por el servicio HD, como lo vengo haciendo hace más de un año. En abril de 2011 envié en reiteradas ocasiones mails a la empresa pidiéndoles que incorporaran el canal a la grilla básica, denunciando que estaban contraviniendo lo que dicta la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Democracia y quebrantando nuestros derechos constitucionales a acceder a una TV de calidad que estimule el desarrollo y el bienestar de los chicos y las chicas argentinos…”
Actuación N° 221/2013 del 28 de junio, un hombre, de la ciudad de Tandil denunció: “[En Tandil]…Cablevisión no ha incluido en su grilla de programación los canales de la televisión digital. Me parece que eso […] priva en primer lugar a los argentinos de acceder a esos contenidos que en muchos casos son científicos, educativos y tienen -me parece- un valor agregado que no encontramos en otras señales de televisión de la Argentina […] desde hace meses se están produciendo contenidos, y no solamente no tenemos posibilidad de acceder a esos productos desde la única empresa que ofrece el servicio de televisión por cable…”
Actuación 202/2013 del 2 de julio, un denunciante de la localidad de Funes, provincia de Santa Fe afirmó: “…soy el dueño de un canal de aire, nacido con la nueva ley de medios, hace 4 años funcionamos en la ciudad de Funes, provincia de Santa Fe y sólo salimos por aire, o sea que solo nos puede ver muy poca gente que es la que no cuenta con sistema de cable, me reuní varias veces con las dos empresas de cable de la ciudad, una es una empresa local y la otra es del Grupo Clarín, ninguna de las dos nos quiere incorporar, cuando la ley de medios exige que los sistemas de cable tomen los canales locales del área de cobertura, ellos dicen que al no tener licencia no tienen obligación, pero nosotros contamos con todos los papeles presentados en el AFSCA y pagamos todo lo que nos piden, además la gente del pueblo quiere ver canal 10 en el cable, estamos declarados de interés general por el concejo de la ciudad y […] uno de los cables no cuenta con canal local…”
Actuación 89/2013 del 6 de mayo, una señora de la localidad de Mar del Plata denunció: “Qué se puede hacer en Mar del Plata, donde somos ‘cautivos obligados’ de esta empresa ya que no podemos acceder a otro proveedor de cable, que permanentemente nos aumenta la tarifa […] somos jubilados, a dónde vamos a ir para que no nos sigan aumentando?”
Actuación 78/2013 del 29 de abril, un hombre de la localidad de Rawson, partido de Chacabuco, Provincia de Buenos Aires, denunció: “En la localidad de Rawson, partido de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, Cablevisión S.A. es el único proveedor de servicios de televisión y limita su programación en esta localidad, discriminatoria y abusivamente, a solo aprox. 35 canales cuando publicita que su programación es de 75 canales de conformidad con el paquete más económico “Cablevisión Clásico” […], a los usuarios de los servicios de comunicación audiovisual se nos impide ejercer la libertad de elección y se nos dispensa un trato discriminatorio que restringe irrazonablemente el acceso a la información y a la diversidad cultural”.
Lo dicho por Ottaviano en la presentación en la Corte sobre el comportamiento del Grupo Clarín en la localidad de Punta Alta fue corroborado por el Gerente Administrativo Jorge Fullana, quien aseguró: "Ayer la Defensora del Público Cynthia Ottaviano ilustró el comportamiento del Grupo ‘Clarín’ cuando en el 2008 llegó a regalar el abono de su empresa de cable para terminar con la competencia, allí donde ésta aún sobrevive. Multicanal/CableVisión de la localidad de Punta Alta cobraba menos de $40 mensuales a sus abonados, contra los casi $90 que cobraba en casi todo el resto del país. El precio, además incluía los paquetes de películas HBO y Movie City (como se puede comprobar en las facturas y en el anuncio de la empresa que se adjuntan), y hasta el fútbol codificado. Esto, obviamente, afectó de manera directa a su único competidor sobreviviente, Punta Alta Visión, que se vio forzado a no pasar de los $47 mensuales a riesgo de quedarse sin abonados”.

Para mayor información ver el Amicus presentado por esta Defensoría ante la CSJN.

Ley de Medios: video completo del segundo día de la audiencia pública

NdE: Recomendamos posicionar el video a los 2 hs. 5´ donde comienza la segunda jornada de la audiencia pública
Con la exposición de los representante del Estado y del Grupo Clarín, concluyó la audiencia pública en la Corte Suprema por la ley de medios, con lo que ahora parece quedar todo listo para que el máximo tribunal resuelva sobre su constitucionalidad. El fallo, por el momento, no tiene fecha
Los representantes del Poder Ejecutivo pusieron eje en un crecimiento empresario "monopólico" basado en prácticas "depredadoras" iniciadas en la última dictadura, entre otros argumentos, mientras que el Grupo Clarín aludió a una "incapacidad de sobrevivir" en caso de la aplicación plena de la ley sancionada hace 4 años y denunció "hostigamiento" estatal.
La segunda audiencia pública por la ley de Medios se cerró hoy con las partes, el Estado Nacional y el Grupo Clarín, defendiendo sus posturas respecto de la constitucionalidad de la norma votada por el Congreso hace cuatro años. Los abogados de la empresa periodística y los representantes del Gobierno expusieron y respondieron las preguntas de los jueces del máximo tribunal sobre los cuatro artículos cuestionados de la ley en una sesión caracterizada por al ausencia del juez Eugenio Zaffaroni.
La Corte Suprema formuló medio centenar de preguntas al Grupo Clarín y al Estado Nacional vinculadas a la validez constitucional de cuatro artículos de la ley, en una audiencia donde cada parte defendió su postura.

Los representantes del Poder Ejecutivo pusieron eje en un crecimiento empresario "monopólico" basado en prácticas "depredadoras" iniciadas en la última dictadura, entre otros argumentos, mientras que el Grupo Clarín aludió a una "incapacidad de sobrevivir" en caso de la aplicación plena de la ley sancionada hace 4 años y denunció "hostigamiento" estatal.
El cuestionario "consensuado" entre los ministros de la Corte se centró en las discusiones relativas a libertad de expresión y sustentabilidad económica del Grupo, las prácticas monopólicas, los avatares de la fusión Cablevisión-Multicanal, la real aplicación que tiene hoy la Ley de Medios y el eventual perjuicio que causaría a Clarín la validez plena de la norma, entre otros aspectos.
En la audiencia hubo 17 preguntas para el demandante Grupo Clarín y 33 para el Gobierno, 5 minutos para cada respuesta y después cada parte hizo una breve exposición final de diez minutos.
Primero en exponer por ser el demandante, Clarín argumentó una "incapacidad de sobrevivir" en caso de entrar en vigencia los artículos cuestionados en las respuestas dadas por parte de los abogados María Gelli, Alejandro Carrió y Damián Cassino.
"La ley produce un efecto contrario al que declara, se afecta la libertad de expresión porque se afecta la sustentabilidad del grupo", argumentó Cassino.
"¿Por qué la actora sostiene que se afecta la libertad de expresión" con la ley 26522, pese a que en su artículo 1 declara que "busca desconcentrar la propiedad de los medios de comunicación y aumentar la pluralidad de voces?", consignó la pregunta 1 dirigida al demandante.
Los abogados aludieron a un "hostigamiento por parte del Estado Nacional" e intentaron vincular las pérdidas económicas que sufriría el grupo con la libertad de expresión.
"Se desbarata un medio que es una puerta al mundo", avanzó la abogada Gelli en medio de los argumentos que insistieron en unir sustentabilidad económica con libertad de expresión.
"¿Si la libertad de expresión requiere un volumen económico como el del Grupo Clarín, qué ocurre con los demás grupos que no tienen esa entidad, no tendrían libertad de expresión o deberían ser subsidiados para equipararlos a Clarín?", quiso saber entonces la Corte en otra pregunta.
Y Lorenzetti aclaró aún más: "Les pedimos que sean concretos, ¿si alguien no tiene volumen económico no tiene libertad de expresión?", reformuló cuando la abogada Gelli volvía a hablar de la "sustentabilidad" del grupo.
A su turno, el Poder Ejecutivo Nacional defendió la constitucionalidad de la ley en cuanto a que protege la diversidad de contenidos y prestadores de servicios, y aseguró que 29 prestadores presentaron su voluntad de adecuarse a la ley, y sólo uno, el grupo Clarín, no lo hizo.
La posición del Estado, "el demandado" en la causa "Grupo Clarín SA y otros contra Poder Ejecutivo Nacional y otros sobre acción meramente declarativa", fue planteada por Daniel Larrache y Graciana Peñafort Colombi, el constitucionalista y asesor externo de la Procuración del Tesoro, Eduardo Barcesat, y el economista Horacio Seillant, que respondieron 33 preguntas.
Larrache, director de gestión, administración y desarrollo de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), dejó claro que cuando se dice que la ley "no se aplica plenamente es porque un grupo de medios no quiere entrar en las generales de la ley".
La abogada Peñafort Colombi remarcó que Clarín "logró concentrar más licencias que las permitidas" y señaló que "la libertad de expresión es un valor simbólico que requiere una legislación anterior a que se produzca la vulneración", a diferencia de la ley de defensa de la competencia, que es posterior.
La Corte preguntó al Gobierno si la ley faculta al Estado a "quitar licencias ya otorgadas a cualquiera de las empresas que ya trabajan en el sistema o las que otorgue en el futuro, sin derecho alguno", y más concreto Lorenzetti resumió: "en concreto, ¿las puede sacar sin derecho alguno?".
"Si bien no es materia de este litigio, basta decir que no es una facultad discrecional, hay determinadas condiciones regladas por ley, no son discrecionales estas condiciones", respondió Peñafort Colombi.
"No se desea reducir las licencias de Clarín, se desea desconcentrar el mercado argentino, no el Grupo Clarín", agregó ante la siguiente pregunta expuesta en una placa: "Si se desea reducir las licencias del Grupo Clarín, ¿por qué no se hizo por decreto?".
A la hora de la exposición final de la partes, el abogado Cassino dijo que "lo único que se persigue es desguazar al grupo Clarín" y afirmó no entender "¿para qué quiere el Estado las licencias del Grupo Clarín sino es para silenciar la voz crítica?".
"La sustentabilidad económica de las empresas es una cuestión central para garantizar la independencia y pluralidad de voces, la producción periodística requiere sustentabilidad económica", agregó.
En el cierre de la audiencia, el titular de la Afsca, Martín Sabatella, calificó como una "mentira" que la aplicación de la ley "funda a las empresas".
"Si uno quiere una empresa para definir el rumbo del país, para manipular la opinión pública y para poner o sacar Presidentes obviamente no alcanza, pero para eso deben presentarse a elecciones y ganarlas", argumentó el funcionario ante la Corte.
Sabatella criticó el fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal que declaró la inconstitucionalidad de los artículos, al precisar que "de los seis incumplimientos del grupo Clarín la Cámara salva 5 y medio y afecta a la competencia con lo cual agudiza la situación de posición dominante que existe en el mercado".
"Es escandaloso el fallo de la Cámara, lo consideramos hecho absolutamente a medida del Grupo Clarín y protegiendo sus intereses", agregó.
Clarín "concentró su poder económico en relación a la dictadura militar, el país se hundía y ellos crecían", evaluó Sabbatella, quien finalizó su exposición pidiendo que la Corte ratifique plenamente la norma y sentenció: "nunca menos democracia y nunca más concentración de medios".
Con la exposición de Sabatella se cerró la audiencia pública y la Corte pasó a deliberar, salvo el ministro Zaffaroni quien no asistió a las jornadas por estar de viaje en Alemania.

Debate por el número de autorizaciones otorgadas
La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) admitió ayer ante la Corte Suprema de Justicia que cuatro años después de la aprobación de la Ley de Medios aprobó 35,9 por ciento de las solicitudes de adecuación a la nueva norma, que fueron presentadas por los diferentes adjudicatarios de licencias.
Ante una pregunta precisa de la Corte sobre el cumplimiento de la Ley de parte del organismo, el abogado Daniel Larrache reconoció ante los magistrados que, hasta el momento, "los licenciatarios que se adecuaron a Ley son 14", la cantidad que aún requieren aprobación "son 15" y que hubo "otros 10 que no requieren adecuación y fueron desestimadas".
También enumeró el otorgamiento de "600 licencias de radio a municipios, 50 de video-cables a cooperativas, 15 a 18 a pueblos originarios, 200 a organizaciones sin fines de lucro, y 30 y tantas licencias para TV digital a universidades nacionales...", con lo cual el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, lo invitó a que, luego, "acerque los datos" precisos al tribunal.

Fuente: CIJ, Agencias DyN, TelAm

Versión taquigráfica de las audiencias

Ley Audiovisual: Transmisión en vivo de la audiencia pública ante la Corte

Neuquén: Estado de alerta por los ataques a trabajadores de prensa durante la represión

El Sindicato de Prensa de Neuquén repudia la violencia ejercida por la policía neuquina este miércoles en las inmediaciones de la Legislatura Neuquina, y exigimos una explicación por el ataque que recibió uno de nuestros afiliados, quien fue golpeado de un “culatazo” en la cabeza mientras desarrollaba su tarea como reportero gráfico para la agencia Neuquén del diario Río Negro.
A cinco metros de la entrada principal de la Legislatura neuquina, Luis Alfredo García recibió un golpe en la cabeza con la culata de un arma policial por el cual perdió el conocimiento, sin recibir ningún tipo de asistencia. Fue auxiliado por los manifestanes -testigos del ataque- quienes lo socorrieron y lo trasladaron al hospital Castro Rendón. Allí se constató que además tenía perdigonazos en la cabeza y la entrepierna.
Exigimos al ministro de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo, Gabriel Gastaminza, que brinde explicaciones sobre el ensañamiento ejercido contra el compañero, en un acto brutal de ataque a la libertad de prensa. Reclamamos el fin de la represión en forma indiscriminada, y el ensañamiento hacia quienes ejercen la tarea de informar libremente.
Demandamos que se informe quiénes fueron los responsables directos del ataque.
La agresión al reportero gráfico del diario Río Negro no fue aislada. Queremos repudiar las afrentas que debieron sufrir numerosos trabajadores de prensa durante la jornada, con balas de goma, gases lacrimógenos y detenciones como el caso de Paulo Tejeda, colaborador periodístico de la Cooperativa de trabajadores para la Comunicación 8.300 web.
Agradecemos la solidaridad de quienes auxiliaron a los compañeros que eran agredidos durante su labor, desde los testigos del hecho que sostuvieron a García en estado de inconciencia, hasta los diputados que exigieron la libertad de los detenidos, como así también a los abogados que interpusieron habeas corpus para conocer el destino de los detenidos.
El Sindicato de Prensa de Neuquén demanda una profunda reflexión ante estos aberrantes hechos de violencia. Porque el ataque a los trabajadores de prensa es una afrenta a la libertad de informar libremente y un cercenamiento al derecho que tiene la población de estar informada.
Sindicato de Prensa de Neuquén

Daniel Vila: "En cuatro años de la Ley de Medios no cambió nada en el país"

Dijo además que la "La Ley de Medios murió" y consideró, sin embargo, que una "readecuación" del Grupo Clarín sería "buena".
Por: Diego Gueler
El empresario de medios Daniel Vila consideró que “la Ley de Medios murió". En la noche de los Premios Fortuna en la Bolsa de Comercio, el socio de José Luis Manzano en América, consideró que "ya no se habla jurídicamente de la ley y si miramos las aplicaciones que ha tenido no son relevantes". Según Vila, "la ley de aprobó hace cuatro años y no cambió nada en la Argentina".

En diálogo con Perfil.com, recordó: “Yo he sostenido y sigo sosteniendo que la ley es muy mala. Cualquiera sea el fallo, yo creo que no va a influenciar para que se modifique mucho la realidad. Creo que la ley en el fondo, en la sustancia, en la parte importante es inaplicable”.
A propósito de la audiencia pública del Gobierno y el Grupo Clarín convocada por la Corte Suprema de Justicia, Vila expresó que "va a ser muy difícil llevarla adelante más allá de cuál sea el fallo de la Corte. La desinversión, que es uno de los artículos claves que se está discutiendo, va a requerir de un trámite judicial porque la Corte puede fallar por la constitucionalidad de la ley, pero después la aplicación va a requerir nuevamente la concurrencia a la Justicia", manifestó.
“El Grupo Clarín es un grupo que ha tenido un crecimiento enorme en los últimos años. Es diez veces más grande, en cualquier término que se lo mida, con cualquiera de sus competidores, al segundo grupo de medios de Argentina. En términos de lectores, de audiencia, de facturación. El tamaño es muy grande, yo creo que una ‘readecuación’ sería bueno”, opinó el empresario.
Al mismo tiempo, sostuvo que "la política de comunicación del Gobierno ha sido bastante errática porque donde más se invirtió en materia de comunicación no fue justamente en publicidad".
Fuente: Perfil.com