Sr. Juez
Los que suscriben Andrea Salmini, Nancy Acosta y Aquiles Castagnino, miembros de la comisión interna de la Unión de Trababjadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) en la empresa Editorial Sarmiento S.A. en los autos caratulados Editorial Sarmiento s/su concurso preventivo expediente N¨75965/2001, con el patrocinio legal del Dr. Pablo Llonto, abogado tomo 28 folio 283 de la CSVN, constituyendo domicilio legal en Pte. Luis Sáenz Peña 1335 primer piso depto.9 capital federal, V.S. respetuosamente digo:
Personería:
Los que suscriben esta presentación piden tener intervención en autos ya que figuran como acreedores quirografarios en su mayoría privilegiados ya que trabajan en el sector prensa de la Editorial Sarmiento a lo que suman su condición de delegados generales en representación de más de 300 trabajadores (todos ellos trabajadores) de la nominada del sector prensa. Y pedimos tener esta intervención en autos a raíz de los gravísimos hechos que vienen ocurriendo en la administración y preservación de los bienes de la concursada con gran repercusión en la paz social.
Hechos:
El diario La Nación en su edición del 24 de agosto de 2005 página 9 publicó una información con el título de Cambios en Crónica: niegan que se haya vendido el diario. La información producto de la investigación de una periodista especializada en medios plantea el dilema de si Editorial Sarmiento está siendo objeto de un gerenciamiento por un grupo empresario vinculado a la obra social de la Unión Obrera Metalúrgica, como la empresa de seguro social Forjar Salud o por el contrario si la editorial se vendió con la consiguiente transferencia de acciones que estarían en cabeza del empresario Héctor Ricardo García.
La información refleja la realidad que se vive dentro de la empresa porque durante un mes y hasta comienzos de agosto el diario Crónica estuvo gerenciado con opción a compra por el grupo empresario Ortellano vinculado a la aseguradora Liderar S.A. Se habría suscripto un convenio entre el directorio de la editorial y el grupo Ortollano para comprar la empresa pero tenemos entendido que esta situación jamás se puso en conocimiento de V.S. ni de la sindicatura ni de los abogados de la fallida en el concurso, y por sobre todas las cosas se ocultó este
manejo dirigencial que causa grave perjuicio a todos los acreedores.
En el curso de un mes del grupo Ortollano hizo tantos destrozos y desatinos inclusive fue denunciado penalmente en contra de los administradores por incumplimiento de resoluciones del Ministerio de Trabajo. El mal manejo generó una gravosa carga de juicios laborales por despidos masivos de jefes con más de 20 años de antigüedad, uno de los cuales solo en curso tiene reclamos por más de medio millón de pesos.
Ante esta situación y carencia absoluta de manejo de este tipo de empresas periodísticas el dueño de la editorial Héctor Ricardo García terminó echándolos porque durante esa desastrosa gestión el grupo Ortollano/Liderar no pusieron un centavo, sino que ocasionaron pérdidas por más de 140 mil pesos, suma que afrontó Estrellas Producciones S.A. (Canal Crónica TV) integrante del grupo Crónica en concurso. En menos de 24 horas, la conducción del diario Crónica se transfirió al grupo que lidera el Sr. Raúl Olmos quien trajo como administrador a un ex administrador del diario que como primera medida ordenó retomar tarea a un ex empleado con un juicio contra la empresa por 400 mil pesos.
Este hecho determinó preguntarse: Quién afrontaría esa indemnización? ya que ante el regreso del actor el juicio en principio le significaría la terminación del proceso con la correspondiente condena a la empresa.
Esta situación determinó que el mismo grupo relevara por falta de idoneidad al flamante administrador y pusiera otro. También incidió en el alejamiento de ese administrador vinculado a la obra social de la UOM mantener llamativos vínculos con personas procesadas por mala administración como ex gerentes en la empresa que cumplieron 7 meses de prisión en el penal de Villa Devoto. Según versiones el administrador en cuestión tenía previsto reunirse con otros ex gerentes que actualmente están en prisión en distintos penales por administración fraudulenta y fraude fiscal por 17 millones de pesos, delitos todos ellos gravísimos.
Como si esto fuera poco, el límite de sorpresa bate cualquier récord ya que esta administración continuó un camino cuyo final es el caos y la quiebra empresaria, hace cuestión de horas produjo un masivo despido de 34 jefes gráficos y de prensa.
En el diario se vive un momento de caos y zozobra generalizados ante una lluvia de telegramas de despidos, en los que insólitamente se justifica dejar sin trabajo a nuestros representados so pretexto de la crisis derivada del concurso preventivo; es decir adjudica la culpa de este proceso a V.S., los síndicos y los letrados de la fallida.
Lo que está ocurriendo significa un cambio en la administración de la concursada y en los manejos de los valiosos bienes que conforman el activo de la masa concursal como el edificio, las máquinas rotativas, el avión Lear Jet, los terrenos en Puerto Madero, un leasing en el edificio de La Opinión, el diario El Atlántico de Mar de Plata.
Si se permitiese que estos desmanejos continúen y la empresa quede en manos de gente irresponsable y sin la correspondiente supervisión de la sindicatura, la empresa quedaría al borde de la quiebra y con los fondos derivados dolosamente a otros destinos, en perjuicio de los acreedores.
Tan irregular es la supuesta restructuración anunciada por estos nuevos administradores que al personal despedido en estas últimas horas lo citan a un estudio jurídico, le ofrecen sumas irrisorias, lo que se agrava porque en un caso, la propuesta es aceptada pero se les dice que el dinero no está disponible aún, con la aclaración de que, en caso de tenerlo, la indemnización sería con una quita del 60 por ciento, es decir se trata de una farsa de indemnización ya que el objeto es echar a la gente a la calle sin un centavo de indemnización.
En conclusión, estamos ante hechos gravísimos que afectan la continuidad empresaria, atentan contra la masa concursal y desligan de la responsabilidad patrimonial a los verdaderos dueños, quienes ensayan una suerte de hombres de paja o testaferros para no afrontar las obligaciones legales ni garantías que presenta el acervo del grupo económico Crónica.
Petitorio
En consecuencia pedimos:
1 Se nos tenga por parte con el domicilio constituido y se nos de la intervención en autos.
2 Se requiera a la fallida la copia de los contratos que ha celebrado en el último mes, ya sea por gerenciamiento o transferencia de acciones con la totalidad de los anexos.
3 Se de vista de esta presentación a la sindicatura, al abogado de la fallida para que evacuen la vista en el plazo de ley. Se analice el desempeño de la sindicatura frente a los gravísimos hechos denunciados, que prima facie resultan conculcatorios de la defensa de la masa de acreedores.
4 Hago reserva del caso federal para ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por violación de derechos constitucionales como de propiedad y debido proceso.
Proveer de conformidad
Será Justicia
jueves, 25 de agosto de 2005
martes, 14 de junio de 2005
Misoginias
Por: Marcelo Simón*
El folklore tiene contenidos misóginos en América latina, que hemos sabido enriquecer, a partir del legado hispánico inicial, con variopinto cultivo en diversas vertientes: zambas, chacareras, chamamés, milongas, cumbias villeras y tangos se han ocupado de la mujer impiadosamente desde hace mucho. Esta fobia puede ser rastreada por lo menos desde la copiosa documentación coplera del español Francisco Rodríguez Marín que tanto inspiró a nuestro Juan Alfonso Carrizo, quien, dicho sea de paso, no trepidó en censurar los versos políticamente incorrectos que dice o canta el pueblo desde siempre. Ahí y en otras fuentes aparece el machismo más enjundioso, generalmente celebrado con estrépitos diversos (por ejemplo en los festivales) o al menos tolerado sin mayores objeciones en otros foros.
Martín Fierro tiene su miga al respecto. El personaje, frecuentemente elegido como prototipo de la nacionalidad, humilla a una mujer negra tanto como para que su compañero, que reacciona en defensa del honor de la morocha, sea achurado por la criatura hernandiana. Fierro, de todas maneras, tiene actitudes piadosas para con otras féminas, presumiblemente blancas: su propia esposa, a la que perdona por haberse ido con un gavilán, y la cautiva, que es víctima de la tortura de otro hombre –claro que aborigen–, quien además asesina a su bebé. En ese admirable y cruel relato no falta un dato estremecedor: uno de los protagonistas, el Viejo Vizcacha, mató a su mujer con un palo porque le cebó un mate frío, como cuenta el Hijo Segundo de Fierro en el reencuentro familiar, sobre el final de la historia en la que este viejo perdulario aconsejaba a los varones, comprensiblemente, no casarse: “Si querés vivir feliz, / dedicate a solteriar”, decía.
En nuestro cancionero hay otros ejemplos más recientes de uxoricidios: el marido de la salteña Juana Figueroa le recrimina a la muerta ¡qué él mató! su comportamiento en vida, según el texto del jujeño Jorge Calvetti; mucho más acá en el tiempo, Víctor Heredia jura que vio al asesino y marido de Alelí bailar con la sombra de la pobrecita en la celda, como si nada hubiera pasado. En fin, tal vez no haya que llegar a esos extremos. Una golpiza adecuada puede corregir conductas femeninas, dice Alfredo Zitarrosa, en “Coplas por cifra y milonga” (que en Carmen de Patagones canta también el soguero Angel Hechenleitner en recopilación propia): “A la mujer cuando es buena / no hay plata con que pagarle; / pero cuando sale mala / no hay palo con que pegarle”.
Algo parecido se afirma en una chacarera de Calixto Brizuela que suele cantar el sanluiseño Juanón Lucero: el hombre le propone a su novia ir a vivir al campo, pero a ella no le gustan esos aires; entonces él el promete una guacha (rebenque de hoja gruesa) de cuero, “no sé si te va a gustar”, le añade. Y por las dudas no alcance, “esta guitarra que tengo te la pongo de collar”. No es raro que en el folklore, sobre todo hace años, las propias mujeres repitan sentencias como ésta: “la mujer engañadora, doscientos palos merece” cantaba la gran Martha de los Ríos, mamá del inolvidable Waldo.
Es pertinente, si uno le presta atención al viejo cancionero: algún bailecito, cierta chacarera, alguna baguala masculina repiten: “La mujer es como el diablo, / parienta del alacrán: / cuando ven al gaucho pobre / alzan la cola y se van”. Por eso hay que castigarlas.
“A las mujeres, quererlas / y no darles de comer, / porque si comiendo engañan, / muertas de hambre quieren bien”, anotó Jorge Washington Abalos en una recopilación santiagueña. Horacio Guarany, que ha escrito tantas canciones sentimentales tan buenas, en los comienzos de su carrera grabó “Todas las cositas”, un bailecito de Tito Véliz en el que afirmaba: “Mi mujer de cualquier cosa quiere reír, / le doy un chirlo, una patada,/ una trompada, la hago dormir”.
En la vecindad, por las esquinas del tango, el panorama empeora. Con solo escuchar a Edmundo Rivero se entera uno (“Tortazos”, de Maroni y Razzano) de que el varón no la rompe de un tortazo a la mina “por no pegarle en la calle”. Parece que así hay que actuar, como atestiguan los vecinos de una pareja que escuchaban puertas adentro los cachetazos del galán que “parecían aplausos, parecían, de una noche de gala en el Colón”, como creo que cronicó Celedonio Flores.
El premio mayor, de todas maneras, lo deberían recibir este “Amasijo habitual” de Carlos de la Púa refiriéndose al varón y su compartamiento: “La durmió de un cazote, / gargajeó de colmillo, / se arregló la melena / y pitándose un faso, / piantó de la atorranta pieza del conventillo / y silbando bajito rumbeó p’al escolaso”.
*Director de Radio Nacional Folklórica
El folklore tiene contenidos misóginos en América latina, que hemos sabido enriquecer, a partir del legado hispánico inicial, con variopinto cultivo en diversas vertientes: zambas, chacareras, chamamés, milongas, cumbias villeras y tangos se han ocupado de la mujer impiadosamente desde hace mucho. Esta fobia puede ser rastreada por lo menos desde la copiosa documentación coplera del español Francisco Rodríguez Marín que tanto inspiró a nuestro Juan Alfonso Carrizo, quien, dicho sea de paso, no trepidó en censurar los versos políticamente incorrectos que dice o canta el pueblo desde siempre. Ahí y en otras fuentes aparece el machismo más enjundioso, generalmente celebrado con estrépitos diversos (por ejemplo en los festivales) o al menos tolerado sin mayores objeciones en otros foros.
Martín Fierro tiene su miga al respecto. El personaje, frecuentemente elegido como prototipo de la nacionalidad, humilla a una mujer negra tanto como para que su compañero, que reacciona en defensa del honor de la morocha, sea achurado por la criatura hernandiana. Fierro, de todas maneras, tiene actitudes piadosas para con otras féminas, presumiblemente blancas: su propia esposa, a la que perdona por haberse ido con un gavilán, y la cautiva, que es víctima de la tortura de otro hombre –claro que aborigen–, quien además asesina a su bebé. En ese admirable y cruel relato no falta un dato estremecedor: uno de los protagonistas, el Viejo Vizcacha, mató a su mujer con un palo porque le cebó un mate frío, como cuenta el Hijo Segundo de Fierro en el reencuentro familiar, sobre el final de la historia en la que este viejo perdulario aconsejaba a los varones, comprensiblemente, no casarse: “Si querés vivir feliz, / dedicate a solteriar”, decía.
En nuestro cancionero hay otros ejemplos más recientes de uxoricidios: el marido de la salteña Juana Figueroa le recrimina a la muerta ¡qué él mató! su comportamiento en vida, según el texto del jujeño Jorge Calvetti; mucho más acá en el tiempo, Víctor Heredia jura que vio al asesino y marido de Alelí bailar con la sombra de la pobrecita en la celda, como si nada hubiera pasado. En fin, tal vez no haya que llegar a esos extremos. Una golpiza adecuada puede corregir conductas femeninas, dice Alfredo Zitarrosa, en “Coplas por cifra y milonga” (que en Carmen de Patagones canta también el soguero Angel Hechenleitner en recopilación propia): “A la mujer cuando es buena / no hay plata con que pagarle; / pero cuando sale mala / no hay palo con que pegarle”.
Algo parecido se afirma en una chacarera de Calixto Brizuela que suele cantar el sanluiseño Juanón Lucero: el hombre le propone a su novia ir a vivir al campo, pero a ella no le gustan esos aires; entonces él el promete una guacha (rebenque de hoja gruesa) de cuero, “no sé si te va a gustar”, le añade. Y por las dudas no alcance, “esta guitarra que tengo te la pongo de collar”. No es raro que en el folklore, sobre todo hace años, las propias mujeres repitan sentencias como ésta: “la mujer engañadora, doscientos palos merece” cantaba la gran Martha de los Ríos, mamá del inolvidable Waldo.
Es pertinente, si uno le presta atención al viejo cancionero: algún bailecito, cierta chacarera, alguna baguala masculina repiten: “La mujer es como el diablo, / parienta del alacrán: / cuando ven al gaucho pobre / alzan la cola y se van”. Por eso hay que castigarlas.
“A las mujeres, quererlas / y no darles de comer, / porque si comiendo engañan, / muertas de hambre quieren bien”, anotó Jorge Washington Abalos en una recopilación santiagueña. Horacio Guarany, que ha escrito tantas canciones sentimentales tan buenas, en los comienzos de su carrera grabó “Todas las cositas”, un bailecito de Tito Véliz en el que afirmaba: “Mi mujer de cualquier cosa quiere reír, / le doy un chirlo, una patada,/ una trompada, la hago dormir”.
En la vecindad, por las esquinas del tango, el panorama empeora. Con solo escuchar a Edmundo Rivero se entera uno (“Tortazos”, de Maroni y Razzano) de que el varón no la rompe de un tortazo a la mina “por no pegarle en la calle”. Parece que así hay que actuar, como atestiguan los vecinos de una pareja que escuchaban puertas adentro los cachetazos del galán que “parecían aplausos, parecían, de una noche de gala en el Colón”, como creo que cronicó Celedonio Flores.
El premio mayor, de todas maneras, lo deberían recibir este “Amasijo habitual” de Carlos de la Púa refiriéndose al varón y su compartamiento: “La durmió de un cazote, / gargajeó de colmillo, / se arregló la melena / y pitándose un faso, / piantó de la atorranta pieza del conventillo / y silbando bajito rumbeó p’al escolaso”.
*Director de Radio Nacional Folklórica
domingo, 29 de mayo de 2005
Por una política de medios inclusiva y no exclusiva
El pasado año junto a otras organizaciones suscribimos: "Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación".
Luego el Secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli, reconocía en una reunión con representantes de organizaciones vinculadas a la comunicación y los derechos humanos, que la sanción de una nueva ley de Radiodifusión es "una deuda pendiente de este gobierno" y admitía que "no era un tema prioritario" en la agenda actual del Ejecutivo.
Si uno busca declaraciones del Presidente Nestor Kirchner acerca de los medios de comunicación solo encontrará alguna crítica dirigida a algún periodista o diario en particular.
Kirchner se preocupo por dejar en sus funcionarios sus pensamientos ante las acciones de las empresas o empresarios: Julio Bárbaro, interventor del ComFeR, sosteniendo que Raúl Moneta es un amigo... También podemos encontrar críticas a Telefónica, en un primer momento; al Grupo Mexicano C&E por la cantidad de radios que posee y alguna que otra puntual acotación ante una nota que el gobierno consideraba adversa.
En ese marco Enrique Albistur, Secretario de Medios, se encarga de distribuir unos 30 millones de pesos mensuales para colaborar con estos medios "para que no se caigan".
En estos dos años de gestión no debe extrañar la política de medios que despliega Kirchner, sus funcionarios de segunda línea escuchan los reclamos de los medios de propiedad social, pero por otro lado asegura que todo quede en manos de los grandes monopolios informativos.
Lo ocurrido el pasado 20 de mayo fue muy bien recibido por el sector empresarial beneficiado que se mostró feliz por la iniciativa. Así se destacan las declaraciones del señor Alberto Gollán titular de Televisión Litoral S.A. quien expresó estar "exultante", con esto suma una cantidad de años más a los 40 que cumplirá el 20 de junio su canal. Nunca nadie analizó si es necesario sumar una década más a un canal que de por vida fue una mera repetidora de Canal 13, con la sola inclusión de un programa de variedades diario y alguna que otra pequeña producción externa.
Por su parte, Daniel Vila y José Luis Manzano también festejan, es en esta ciudad donde el Multimedio Uno se hace fuerte con dos radios AM otras tantas FM´s y el Diario La Capital.
El presidente declaró que esta es "una oportunidad de diseñar estratégicamente el marco que le quieren dar a la inversión del medio" y que "queremos empresarios nacionales, en todas las áreas y queremos que los medios estén en manos de empresarios nacionales", pero en ningún momento observó como se entregaron esas licencias, el origen del dinero obtenido para las inversiones, quienes están detrás de esos medios y si, sobre ellos había algún reclamo judicial que les impida ser poseedores de esa licencia.
A los empresarios les otorga un doble beneficio los invita a invertir en televisión de alta definición y les asegura una licencia para transmitir de manera digital y continuar la misma por vía analógica, un caso similar se da con el caso de las nuevas tecnologías de transmisión de frecuencias de radio.
Las emisoras que nos registramos en el año ´89, según lo dispuesto por Ley N° 23.696/89 art. 65 y decreto N° 1357/89, y recibimos a cambio un Permiso Precario y Provisorio, se nos prometió el acceso perentorio a una Licencia de Radiodifusión. Hoy a 16 años esto no ocurrió.
Mientras tanto las organizaciones de la sociedad civil observamos como en 22 años de democracia en el país se modificaron leyes que permitieron "vender" petróleo, teléfonos, gas, aguas, etc. y medios de comunicación pero nunca estuvo la voluntad política de derogar una ley de la dictadura y sancionar una ley de telecomunicaciones de la democracia que contemple la propiedad de medios para que la sociedad civil pueda acceder a cumplir con un derecho inalienable: el de la comunicación y sus medios.
Aire Libre, Radio Comunitaria
Integrante del CECoP - Centro de Educación, Comunicación y Biblioteca Popular
Rosario - Santa Fe – Argentina
sábado, 7 de mayo de 2005
El puerto, los empresarios catalanes y la disputa por el poder en Rosario
La concesión había puesto en la misma mesa a empresarios argentinos, inversores uruguayos y compañías vinculadas con Tarragona, en Cataluña. Pero el equilibrio original duró poco. Una ampliación de capital terminó modificando la relación de fuerzas dentro de la sociedad y, según denunciaron posteriormente los empresarios españoles ante la Justicia rosarina, los dejó desplazados de la mayoría accionaria.
En el centro de esa transformación aparecía Guillermo Salazar Boero, presidente de Terminal Puerto Rosario (TPR), junto con empresarios argentinos como Gustavo Shanahan y, según las publicaciones de aquellos años, el ex funcionario menemista José Luis Manzano.
La disputa excedía así a una concesión portuaria. También ponía en juego las relaciones entre empresarios de ambos lados del Atlántico, los vínculos políticos construidos alrededor del puerto y, en definitiva, quién tendría capacidad para decidir sobre uno de los principales activos estratégicos de Rosario.
Una sociedad con sello catalán
En octubre de 2002, el consorcio que integraban Cementos Goliat, Tarragona Port Services, Silos Tarragona y Fruport, junto con la uruguaya Losster Company y la argentina Propuerto, ganó el concurso convocado por Enapro para explotar la Terminal Puerto Rosario.
La operación había contado con el respaldo de la Autoridad Portuaria de Tarragona (APT), entonces presidida por Lluís Badia, dirigente de Convergència i Unió y posteriormente senador.
El proyecto tenía una expectativa concreta: utilizar la conexión entre Rosario y Tarragona para generar nuevos tráficos comerciales. Sin embargo, tres años después, las mercancías esperadas todavía no habían llegado al puerto catalán.
Mientras tanto, en Cataluña había cambiado el escenario político. Badia dejó la presidencia de la APT y fue reemplazado por el socialista Josep Anton Burgasé. Poco después, comenzaron a modificarse también las relaciones de poder dentro de la empresa que explotaba el puerto rosarino.
Los empresarios tarraconenses denunciaron que habían sido desplazados mediante una ampliación de capital impulsada por Salazar. El conflicto llegó a los tribunales de Rosario, donde se presentaron cinco denuncias.
Burgasé manifestó públicamente la preocupación de la autoridad portuaria catalana y defendió a los empresarios de Tarragona que habían invertido en Argentina. Badia, por su parte, negó tener relaciones empresariales con los integrantes del consorcio y sostuvo que el proyecto debía evaluarse a más largo plazo.
Pero la historia societaria tenía más nombres.
En octubre de 2002, el consorcio que integraban Cementos Goliat, Tarragona Port Services, Silos Tarragona y Fruport, junto con la uruguaya Losster Company y la argentina Propuerto, ganó el concurso convocado por Enapro para explotar la Terminal Puerto Rosario.
La operación había contado con el respaldo de la Autoridad Portuaria de Tarragona (APT), entonces presidida por Lluís Badia, dirigente de Convergència i Unió y posteriormente senador.
El proyecto tenía una expectativa concreta: utilizar la conexión entre Rosario y Tarragona para generar nuevos tráficos comerciales. Sin embargo, tres años después, las mercancías esperadas todavía no habían llegado al puerto catalán.
Mientras tanto, en Cataluña había cambiado el escenario político. Badia dejó la presidencia de la APT y fue reemplazado por el socialista Josep Anton Burgasé. Poco después, comenzaron a modificarse también las relaciones de poder dentro de la empresa que explotaba el puerto rosarino.
Los empresarios tarraconenses denunciaron que habían sido desplazados mediante una ampliación de capital impulsada por Salazar. El conflicto llegó a los tribunales de Rosario, donde se presentaron cinco denuncias.
Burgasé manifestó públicamente la preocupación de la autoridad portuaria catalana y defendió a los empresarios de Tarragona que habían invertido en Argentina. Badia, por su parte, negó tener relaciones empresariales con los integrantes del consorcio y sostuvo que el proyecto debía evaluarse a más largo plazo.
Pero la historia societaria tenía más nombres.
Según la información publicada en 2005 por Rosario Express, después de la ampliación de capital la composición accionaria de TPR había quedado distribuida de la siguiente manera:
20%: José Luis Manzano.La lectura que hacía entonces el semanario era que los accionistas argentinos reunían el 60% y, por lo tanto, habían pasado a controlar la sociedad.
15%: Guillermo Salazar Boero.
15%: Carlos Espínola.
10%: Gustavo Shanahan.
40%: Interlógica Portuaria, de Cataluña.
La cuestión era especialmente sensible porque Salazar Boero aparecía vinculado, según aquellas publicaciones, con Lluís Badia, mientras que Gustavo Shanahan figuraba como uno de los empresarios que articulaban negocios entre Rosario y Barcelona.
La prensa de Tarragona fue todavía más dura. El Diario de Tarragona calificó la maniobra como una presunta "estafa" y sostuvo que las empresas catalanas habían quedado fuera del control de la terminal después de la ampliación de capital.
Las empresas españolas rechazaban, de ese modo, haber perdido voluntariamente su posición. Su interpretación era que habían invertido en la concesión y luego habían sido desplazadas de la sociedad.
No era una discusión menor. La pelea ponía frente a frente a empresarios españoles que habían llegado a Rosario respaldados por una autoridad portuaria europea y un grupo de empresarios argentinos que, en pocos años, había ganado posiciones dentro de la concesionaria.
El vínculo catalán
La trama tenía además una dimensión política y empresarial catalana que llamó la atención de la prensa.
Las publicaciones de la época mencionaban a Lluís Badia como uno de los principales impulsores de la relación entre Tarragona y Rosario. También aparecían referencias al entorno de Jordi Pujol, histórico presidente de la Generalitat de Catalunya.
En paralelo, El Diario de Tarragona señalaba que Jordi Pujol Ferrusola había comenzado a invertir en Rosario en la sociedad TPR a principios de los años 2000.
La inauguración de las obras de ampliación y mejora del puerto había contado incluso con la presencia de Artur Mas, entonces integrante del gobierno catalán, además de empresarios del sector.
Al frente de TPR figuraba como gerente Gustavo Pedro Shanahan. Según aquella información, Shanahan y empresarios vinculados con Barcelona controlaban buena parte del capital a través de distintas sociedades, entre ellas Pro Puerto SA, Inter Rosario Port Services SA e Interlogística Portuaria SA.
El proyecto portuario, por lo tanto, había dejado de ser solamente una concesión local. Se había convertido en un punto de encuentro entre empresarios rosarinos, capitales argentinos, inversores catalanes y dirigentes políticos de ambos lados del Atlántico. Y también en un campo de batalla.
En 2005, la discusión portuaria se cruzó con otro negocio que despertaba enorme expectativa en Rosario: el casino.
La provincia llevaba años demorando la licitación de las salas de juego previstas para Rosario, Melincué y Santa Fe. El tema había sido aprobado por la Legislatura, pero la venta de los pliegos se postergaba una y otra vez.
El diario La Capital reclamaba insistentemente que el proceso avanzara. Pero otros medios rosarinos comenzaron a mirar el asunto desde otro ángulo.
Rosario Express publicó una investigación de Aldo Marinozzi que advertía sobre la posibilidad de que detrás de la licitación aparecieran grupos empresariales que ya tenían intereses en la ciudad.
Entre los nombres mencionados figuraban Casino Magic, Casino Club, la española Codere y un importante grupo alemán. Pero había otra posibilidad.
Marinozzi señalaba que la sociedad que participara de la licitación podía vincularse con Casinos de Catalunya, perteneciente al Grupo Peralada. La hipótesis adquiría interés porque, según el mismo artículo, los empresarios que habían quedado al frente de la Terminal Puerto Rosario tenían relaciones con empresarios catalanes.
El casino aparecía entonces como algo más que un negocio de juego. Podía ser una nueva pieza dentro de una red de inversiones y alianzas que ya tenía un capítulo abierto en el puerto.
De allí surgía la pregunta que planteaba Rosario Express: ¿hasta dónde llegaría la expansión empresarial asociada a Manzano y sus socios?
"Lo que está en juego es el perfil de una ciudad"
La revista planteaba la cuestión en términos mucho más amplios que la licitación del casino.
La preocupación era que la concentración económica pudiera trasladarse de un negocio a otro: medios, puerto, juego, servicios públicos, inversiones inmobiliarias.
La pregunta no era solamente quién ganaría una licitación.
Era quién tendría capacidad para sentarse a la mesa cada vez que apareciera un negocio importante en Rosario.
En ese contexto, el Grupo Uno —controlado por Daniel Vila y José Luis Manzano— ocupaba una posición particularmente poderosa. Desde 1997, con la adquisición de la mayoría accionaria de La Capital, se había convertido en el principal grupo de medios de Santa Fe.
Pero su influencia ya no se discutía solamente en términos periodísticos.
La revista planteaba la cuestión en términos mucho más amplios que la licitación del casino.
La preocupación era que la concentración económica pudiera trasladarse de un negocio a otro: medios, puerto, juego, servicios públicos, inversiones inmobiliarias.
La pregunta no era solamente quién ganaría una licitación.
Era quién tendría capacidad para sentarse a la mesa cada vez que apareciera un negocio importante en Rosario.
En ese contexto, el Grupo Uno —controlado por Daniel Vila y José Luis Manzano— ocupaba una posición particularmente poderosa. Desde 1997, con la adquisición de la mayoría accionaria de La Capital, se había convertido en el principal grupo de medios de Santa Fe.
Pero su influencia ya no se discutía solamente en términos periodísticos.
La otra batalla: los medios
Fue justamente esa expansión del poder económico la que empezó a aparecer en publicaciones que no pertenecían al Grupo Uno.
Rosario Express, Notiexpress y El Eslabón comenzaron a publicar investigaciones y críticas que rara vez encontraban espacio en La Capital.
Los tres medios tenían perfiles diferentes y tampoco constituían un bloque homogéneo.
Rosario Express tenía como director periodístico a Eduardo van der Kooy y como director editorial a Oscar Bertone. Notiexpress pertenecía a Cablehogar, del empresario Marcelo Bandiera. El Eslabón, nacido en 1999 como una cooperativa, había construido una identidad propia dentro del periodismo local.
Su coincidencia no estaba en una alianza editorial, sino en algo más sencillo: empezaban a mirar el poder rosarino desde afuera del principal multimedios de la provincia.
Y el puerto fue uno de los temas donde esa mirada adquirió mayor intensidad.
La disputa por Lagos
La pelea entre medios también se mezclaba con otra disputa empresarial y judicial.
Carlos María Lagos, antiguo propietario de La Capital, había cuestionado judicialmente la operación mediante la cual Vila y Manzano habían ingresado en el diario.
En 2005, esa vieja controversia volvió a aparecer a raíz de un episodio particularmente delicado.
La Capital y El Ciudadano publicaron información basada en unas grabaciones telefónicas que involucraban al decano de la Facultad de Derecho de Rosario, Ricardo Silberstein.
Silberstein era, además, abogado de Lagos en su disputa con el Grupo Uno.
Notiexpress sostuvo que las grabaciones eran ilegales y que el episodio podía formar parte de una operación de prensa destinada a desacreditar al abogado.
La acusación era grave y, como otras denuncias de aquella época, debe leerse como parte de una disputa que se desarrollaba simultáneamente en los tribunales y en los medios.
Pero revelaba algo importante: en Rosario, las fronteras entre la batalla empresarial, la batalla judicial y la batalla periodística podían volverse extremadamente delgadas.
Un proyecto político para Rosario
En medio de ese escenario, Daniel Vila impulsaba otra iniciativa de enorme impacto simbólico: trasladar el Congreso de la Nación a Rosario.
En una entrevista con El Eslabón, Vila explicó que se trataba de una iniciativa personal que había recibido el respaldo del intendente Miguel Lifschitz, del gobernador Jorge Obeid y de los tres senadores nacionales santafesinos.
Su argumento era político y territorial: la excesiva concentración de la Argentina en Buenos Aires había postergado a otras regiones, y trasladar el Congreso permitiría generar desarrollo económico y político.
La propuesta podía leerse por sí misma como un proyecto de descentralización.
Pero adquiría otra dimensión cuando provenía del principal empresario de medios de Santa Fe y de un grupo que, al mismo tiempo, estaba ampliando su presencia económica.
El poder que se discutía
En 2005, Rosario parecía atravesada por una disputa que tenía varias capas.
Estaba la pelea por el control de La Capital. Estaba la expansión del Grupo Uno. Estaba la licitación del casino. Estaba la Terminal Puerto Rosario y el enfrentamiento entre los empresarios argentinos y los inversores catalanes.
Y estaban los medios que comenzaban a contar esa historia desde otro lugar.
El episodio del puerto es, quizás, el que mejor permite observar el mecanismo completo. Una concesión estratégica convocó capitales españoles y argentinos; una modificación en la estructura societaria alteró el equilibrio; empresarios de Tarragona recurrieron a la Justicia; la prensa catalana denunció lo que consideraba un desplazamiento ilegítimo; y los medios rosarinos comenzaron a preguntarse quién estaba realmente detrás del nuevo esquema de poder.
En ese contexto, Manzano aparecía como un empresario que no se limitaba al mundo de la comunicación.
El puerto, el casino y los medios formaban parte de una misma discusión: qué actores tendrían capacidad para definir el rumbo económico de Rosario.
Por eso, la pregunta de fondo que dejaba aquella prensa en 2005 no era solamente quién controlaba una terminal portuaria o quién podía ganar una licitación. Era otra.
¿Hasta dónde podía llegar la concentración del poder económico, político y mediático en una ciudad que estaba cambiando rápidamente?
Y la respuesta, entonces como ahora, no podía buscarse en un solo negocio.
viernes, 15 de abril de 2005
Según el Diari de Tarragona Manzano se quedó con una parte del Puerto Rosario
Las empresas de Tarragona llevan al juzgado la gestión de Puerto Rosario Han presentado cinco denuncias por haber perdido el control de las acciones de la Terminal
Ivan Rodon i Tenas | irodon@diaridetarragona.com
Las cuatro empresas tarraconenses presentes en la Te
rminal Puerto de Rosario (TPR) han presentado cinco denuncias en dos juzgados argentinos después de haber perdido el control de la misma tras una asamblea irregular, convocada a sus espaldas y sin dejarles participar, y en la que, tras aprobarse una ampliación de capital, quedaron en minoría y a merced de los socios argentinos y uruguayos.
Las cuatro empresas de Tarragona (Cementos Goliat, Fruport, Silos de Tarragona y Tarragona Port Services) que se apuntaron a la aventura de Puerto Rosario, animadas por el ex presidente de la Autoritat Portuària, Lluís Badia, han sido estafadas. Así se desprende de una irregular jugada urdida por el presidente de la terminal, Guillermo Salazar -hombre de confianza de Badia en el puerto argentino- y de la consecuente defensa que estas empresas han iniciado en los juzgados.
En total son cinco las demandas presentadas por los tarraconenses en dos juzgados de Rosario después de la irregular asamblea que les dejó en minoría cuando detentaban el 51 por ciento de la sociedad Termina
Puerto de Rosario (TPR).
Según ha podido saber el Diari, los problemas accionariales comenzaron a finales de 2004 cuando Guillermo Salazar convocó de forma oculta una asamblea ordinaria y extraordinaria con la finalidad de licuar el capital de las empresas catalanas, que tenían el 51 por ciento de las acciones de TPR. Sin embargo, esta convocatoria fue abortada después de que alguien avisara a las firmas tarraconenses de las intenciones de Salazar y éstas cancelaran los poderes que le habían dado al presidente y nombraran como representante legal a un prestigioso buffet de abogados de Buenos Aires, Estudio O'Farrell. Descubierto, Salazar anuló la convocatoria y viajó a Tarragona para intentar rendir explicaciones a sus socios.
Éstos, alertados por las maniobras anteriores, le dejaron claro que en adelante no aprobarían nada antes de conocer los resultados de una auditoría que debería efectuar una consultora reconocida internacionalmente, KPMG.
Sabiendo, pero, Guillermo Salazar que el resultado de una auditoría podía dejar en evidencia su deficiente gestión al frente de la terminal, regresó a Rosario con la intención de ganar tiempo y aprovechar las fiestas del puente de la Purísima para, otra vez, convocar una nueva asamblea ordinaria y extraordinaria que aprobase su gestión y, de paso, una ampliación de capital que dejase en minoría al grupo tarraconense.
Nuevo aviso
Sin embargo, un nuevo aviso permitió a los representantes legales de las empresas catalanas (del gabinete Estudio O'Farrell) reaccionar a tiempo y se personaron en las oficinas de Puerto de Rosario para asistir a la asamblea y denunciar lo acontecido. Pero esta vez Salazar no estaba dispuesto a demorar por más tiempo sus intenciones e impidió el ingreso de los abogados contratados por los tarraconenses, que tuvieron que conformarse con dejar constancia de lo ocurrido redactando un acta notarial. Así las cosas, el presidente de la Terminal Puerto de Rosario pudo acometer finalmente la citada ampliación de capital que dejaría en minoría a las empresas de Tarragona, que pasaron de tener el 51 por ciento de las acciones a poseer el 40 por ciento. El resto se lo repartieron José Luis Manzano (propietario del diario La Capital), que recibió el 20 por ciento de las acciones; el propio Guillermo Salazar, con el 15 por ciento; Carlos Espina, con la misma cantidad; y Gustavo Pedro Sanahan, con el 10 por ciento restante. Todos ellos del entorno de Salazar.
La explicación que el presidente de TPR dio para no dejar asistir a la asamblea a las empresas de Tarragona fue debido a que éstas, con antelación, no habían ingresado unas aportaciones económicas. Lo que calló deliberadamente Guillermo Salazar fue que entonces él era el apoderado de los empresarios catalanes y que no les notificó lo que debían ingresar. Cuando lo hizo, las cuatro empresas tarraconenses enviaron de inmediato el dinero, pero por un problema administrativo y burocrático, el dinero nunca llegó a ser ingresado en la cuenta de la Terminal Puerto Rosario, sino que permanece en una cuenta del BBVA.
Las denuncias
Así las cosas, tras perder la mayoría del accionariado de TPR, a las cuatro empresas de Tarragona -de las que otros sectores portuarios de Rosario han destacado a este rotativo su profesionalidad, seriedad y honestidad- no les ha quedado otra opción que recurrir a la justicia.
En las últimas semanas se han presentado cinco denuncias, dos a cargo de Interlogística Portuaria SA (Cementos Goliat) y tres de Inter Rosario Port Services (TPS, SITASA y FRUPORT, en los Distritos (juzgados) 3 y 6 de Rosario. En las demandas presentadas se solicita la impugnación de la asamblea general ordinaria y extraordinaria, y que se reparan los daños ocasionados a las cuatro empresas tarraconenses. Éstas, por su parte, prefirieron ayer guardar silencio a la espera de ver cómo se resuelve el asunto judicial, al igual que el presidente de la Autoritat Portuària de Tarragona, Josep Anton Burgasé. En todo caso, fuentes argentinas no descartan que según sea la resolución judicial, las empresas tarraconenses acaben vendiendo su participación y abandonen Rosario.
Fuente: Diari de Tarragona
Ivan Rodon i Tenas | irodon@diaridetarragona.com
Las cuatro empresas tarraconenses presentes en la Te
rminal Puerto de Rosario (TPR) han presentado cinco denuncias en dos juzgados argentinos después de haber perdido el control de la misma tras una asamblea irregular, convocada a sus espaldas y sin dejarles participar, y en la que, tras aprobarse una ampliación de capital, quedaron en minoría y a merced de los socios argentinos y uruguayos.Las cuatro empresas de Tarragona (Cementos Goliat, Fruport, Silos de Tarragona y Tarragona Port Services) que se apuntaron a la aventura de Puerto Rosario, animadas por el ex presidente de la Autoritat Portuària, Lluís Badia, han sido estafadas. Así se desprende de una irregular jugada urdida por el presidente de la terminal, Guillermo Salazar -hombre de confianza de Badia en el puerto argentino- y de la consecuente defensa que estas empresas han iniciado en los juzgados.
En total son cinco las demandas presentadas por los tarraconenses en dos juzgados de Rosario después de la irregular asamblea que les dejó en minoría cuando detentaban el 51 por ciento de la sociedad Termina
Puerto de Rosario (TPR).
Según ha podido saber el Diari, los problemas accionariales comenzaron a finales de 2004 cuando Guillermo Salazar convocó de forma oculta una asamblea ordinaria y extraordinaria con la finalidad de licuar el capital de las empresas catalanas, que tenían el 51 por ciento de las acciones de TPR. Sin embargo, esta convocatoria fue abortada después de que alguien avisara a las firmas tarraconenses de las intenciones de Salazar y éstas cancelaran los poderes que le habían dado al presidente y nombraran como representante legal a un prestigioso buffet de abogados de Buenos Aires, Estudio O'Farrell. Descubierto, Salazar anuló la convocatoria y viajó a Tarragona para intentar rendir explicaciones a sus socios.
Éstos, alertados por las maniobras anteriores, le dejaron claro que en adelante no aprobarían nada antes de conocer los resultados de una auditoría que debería efectuar una consultora reconocida internacionalmente, KPMG.
Sabiendo, pero, Guillermo Salazar que el resultado de una auditoría podía dejar en evidencia su deficiente gestión al frente de la terminal, regresó a Rosario con la intención de ganar tiempo y aprovechar las fiestas del puente de la Purísima para, otra vez, convocar una nueva asamblea ordinaria y extraordinaria que aprobase su gestión y, de paso, una ampliación de capital que dejase en minoría al grupo tarraconense.
Nuevo aviso
Sin embargo, un nuevo aviso permitió a los representantes legales de las empresas catalanas (del gabinete Estudio O'Farrell) reaccionar a tiempo y se personaron en las oficinas de Puerto de Rosario para asistir a la asamblea y denunciar lo acontecido. Pero esta vez Salazar no estaba dispuesto a demorar por más tiempo sus intenciones e impidió el ingreso de los abogados contratados por los tarraconenses, que tuvieron que conformarse con dejar constancia de lo ocurrido redactando un acta notarial. Así las cosas, el presidente de la Terminal Puerto de Rosario pudo acometer finalmente la citada ampliación de capital que dejaría en minoría a las empresas de Tarragona, que pasaron de tener el 51 por ciento de las acciones a poseer el 40 por ciento. El resto se lo repartieron José Luis Manzano (propietario del diario La Capital), que recibió el 20 por ciento de las acciones; el propio Guillermo Salazar, con el 15 por ciento; Carlos Espina, con la misma cantidad; y Gustavo Pedro Sanahan, con el 10 por ciento restante. Todos ellos del entorno de Salazar.
La explicación que el presidente de TPR dio para no dejar asistir a la asamblea a las empresas de Tarragona fue debido a que éstas, con antelación, no habían ingresado unas aportaciones económicas. Lo que calló deliberadamente Guillermo Salazar fue que entonces él era el apoderado de los empresarios catalanes y que no les notificó lo que debían ingresar. Cuando lo hizo, las cuatro empresas tarraconenses enviaron de inmediato el dinero, pero por un problema administrativo y burocrático, el dinero nunca llegó a ser ingresado en la cuenta de la Terminal Puerto Rosario, sino que permanece en una cuenta del BBVA.
Las denuncias
Así las cosas, tras perder la mayoría del accionariado de TPR, a las cuatro empresas de Tarragona -de las que otros sectores portuarios de Rosario han destacado a este rotativo su profesionalidad, seriedad y honestidad- no les ha quedado otra opción que recurrir a la justicia.
En las últimas semanas se han presentado cinco denuncias, dos a cargo de Interlogística Portuaria SA (Cementos Goliat) y tres de Inter Rosario Port Services (TPS, SITASA y FRUPORT, en los Distritos (juzgados) 3 y 6 de Rosario. En las demandas presentadas se solicita la impugnación de la asamblea general ordinaria y extraordinaria, y que se reparan los daños ocasionados a las cuatro empresas tarraconenses. Éstas, por su parte, prefirieron ayer guardar silencio a la espera de ver cómo se resuelve el asunto judicial, al igual que el presidente de la Autoritat Portuària de Tarragona, Josep Anton Burgasé. En todo caso, fuentes argentinas no descartan que según sea la resolución judicial, las empresas tarraconenses acaben vendiendo su participación y abandonen Rosario.
Fuente: Diari de Tarragona
sábado, 9 de abril de 2005
Canal 7 Argentina, una saga interminable
Fiel a su historia, la pantalla de Canal 7, la emisora de televisión estatal argentina, sigue debatiéndose entre una programación comercial que compita por audiencia y publicidad con los canales privados y otra, de servicio público, que constituya una alternativa a la concentración mediática. La ausencia de un marco institucional que defina objetivos de largo plazo, métodos de designación de autoridades, así como instancias de control por parte de la sociedad, relega al canal y abre la puerta a disputas de poder y negocios a costa de todos los argentinos
Por: Pablo Stancanelli
Porque a lo largo de toda su historia, Canal 7 ha sido una poderosa herramienta de difusión de propaganda tanto para dictaduras como para gobiernos democráticos y ha generado pingües negocios privados en detrimento del Estado; pero más allá de la calidad de gestión de uno u otro director y del mérito de haber producido muchos programas memorables, nunca ha cumplido con su rol esencial: el de un servicio público de carácter universal que se proponga informar, educar, entretener y difundir la diversidad cultural del país al margen del interés privado. Así, el "instrumento de comunicación audiovisual más poderoso de la época moderna" 2, ha sido hasta ahora una herramienta cultural y social desperdiciada.
Sin embargo, debe destacarse que el ex presidente Carlos Menem no haya podido sumar Canal 7 al desguace del Estado realizado durante sus mandatos. En marzo de 1992, su gobierno decidió la liquidación de Argentina Televisora Color LS82 Canal 7; estableció que sus deudas fuesen absorbidas por el Estado y creó ATC Sociedad Anónima, conducida por Gerardo Sofovich. Al mismo tiempo, habilitó la posibilidad de publicitar productos dentro del contenido de los programas. Tres años más tarde, una auditoría de la Sindicatura General de Empresas Públicas (SIGEP) señaló serias irregularidades en el manejo del canal y una nueva deuda acumulada de 67 millones de dólares. Menem nombró entonces interventor a Germán Kammerath, con el mandato de privatizar la empresa. ATC S.A. se declaró en concurso preventivo de acreedores, al tiempo que el Decreto presidencial 1.022/95 asignaba al canal la frecuencia 4, sustituyendo así su señal habitual, la frecuencia 7, que se pretendía adjudicar por licitación.
La intervención de congresistas, de los trabajadores del canal y de parte de la opinión pública impidió la privatización de la emisora, así como la de su frecuencia, contrariamente a lo que sucedió con la de Radio Municipal 3. En abril de 2002, Canal 7 recuperaría su frecuencia original durante la gestión del ex presidente provisional, Eduardo Duhalde, quien derogó el Decreto 1.022/95.
Entre ambos momentos, el ex presidente Fernando de la Rúa desperdició la oportunidad de otorgar un marco institucional al canal. Aludiendo a una "necesaria" reducción del gasto público, De la Rúa vetó el 31-12-1999 la ley 25.208, aprobada por el Congreso de la Nación el mes anterior 4. Dicha ley creaba Radio y Televisión Argentina S.E. y disponía el "control público no gubernamental" de los medios de comunicación del Estado. En su reemplazo, con el objetivo de racionalizar los recursos del Estado, el gobierno de la Alianza crearía por decreto el Sistema Nacional de Medios Públicos (SNMP) que agrupa a las emisoras del Servicio Oficial de Radiodifusión. Actualmente, el SNMP, que depende de la Secretaría de Medios de Comunicación a cargo de Enrique Albistur, tiene como interventor a Luis Ricardo Palacio.
¿Un nuevo canal?
"Nace Canal Siete". El 17-10-04, en conmemoración de los 53 años de Canal 7, el gobierno de Néstor Kirchner difundió un aviso publicitario en los periódicos de mayor circulación del país donde se señalaba: "consciente (...), de su importancia estratégica, de la función social que tiene y del rol fundamental que debe desempeñar en un Estado moderno, el Gobierno Nacional tiene la firme decisión política de volver a ponerlo en el lugar que se merece. Jerarquizando las funciones de todos quienes lo integran. Modernizando su equipamiento e instalaciones. Y aumentando en cantidad y extensión territorial sus repetidoras. Así, en muy poco tiempo volverá a ser una señal competitiva, colocándose a la altura de las mejores emisoras estatales del mundo".
Entre estos puntos, el gobierno fijó como prioritarios la modernización del equipamiento y de las instalaciones, y la extensión de su señal a mayores franjas del territorio nacional. Debido a su desastroso estado, la sede edilicia del canal fue objeto de arreglos en su fachada y se repararon las filtraciones internas. Por otra parte, se aprobó un plan para renovar en tres años el aparato tecnológico del canal, que en muchos aspectos data de hace más de 20 años. En cuanto a la extensión territorial de sus repetidoras, el pasado 9 de febrero un decreto presidencial autorizó al SNMP a instalar y poner en funcionamiento 17 nuevas repetidoras propias en diversos puntos del país, que se suman a las 280 ya existentes 5. Esta decisión constituye un paso adelante, ya que contrariamente a una extendida opinión, Canal 7 sólo llega de manera gratuita a un 38% de la población. En muchas grandes ciudades del país, como Córdoba o Mendoza, sólo se accede a la emisora estatal a través de la señal de cable.
Si bien estos avances son un requisito esencial y responden a reivindicaciones permanentes de sus trabajadores, no constituyen en sí mismos una política de comunicación. El mismo jefe de Gabinete, Alberto Fernández, reconocía el 28-5-04 en una reunión con la Asociación "Periodistas" la falta de una política para los medios públicos 6. En esa misma reunión Fernández hizo un diagnóstico de lo que el Gobierno entendía era el mayor problema de la emisora: "La situación con los sindicatos es muy grave".
La víspera, el jefe de Gabinete había aparecido en la pantalla del canal junto a Osvaldo Quiroga, conductor del programa "El refugio de la cultura" para anunciar la continuidad del mismo, así como del programa "Los siete locos" conducido por Cristina Mucci. El canal había anunciado una semana antes el levantamiento de ambos ciclos, lo que derivó en un escándalo mediático con gran repercusión de televidentes y personalidades de la cultura, y generó el posterior reconocimiento de error por parte de Fernández.
Pero, lo que parecía ser fruto de una reiterada improvisación en la programación 7, se reveló como una disputa en la conducción bifronte del canal. En efecto, en un hecho poco frecuente, la dirección de Canal 7 se encuentra dividida en una dirección artística, a cargo de Leonardo Bechini, guionista de varias series de televisión exitosas, y una dirección de información periodística, a cargo de Ana de Skalon, que cuenta con una vasta experiencia en el canal británico Channel Four, dependiente de la British Broadcasting Corporation (BBC). Los ciclos levantados pertenecían al área de Skalon, quien también reconoció el error. Sin embargo, un funcionario de alto nivel en el gobierno reveló entonces que la decisión había surgido directamente de la intervención del SNMP y había sido adjudicada a Skalon. La directora de información periodística había asumido a propuesta del presidente Kirchner, pero no sería bien vista en el ámbito de la Secretaría de Medios 8.
Para Skalon, el incidente debía entenderse de manera positiva: "Que esta situación se dé y que suscite este nivel de respuesta y debate sobre qué es un medio público es muy bienvenido (...). Tanto es así que Canal 7 planea ahora transformarse en el lugar desde donde se va a discutir qué es lo que se entiende por un medio público. (...) Porque tiene que acabarse la ley de radiodifusión que existe hoy y hay que discutir una nueva ley acorde con estos tiempos. Nosotros, como canal público del Estado, tenemos que abarcar a todos, no podemos tener una agenda igual a un canal comercial. Nuestra premisa debe ser informar. Y cuando se habla de informar -que es el mandato por el que yo entré a este canal por parte del Presidente de la Nación- no se habla de informar sólo a través del noticiero. El televidente debe enriquecerse a través de toda la programación". Más allá de una emisión en el programa "Huella Digital" dedicada al debate sobre medios públicos, el Canal no parece haber asumido plenamente ese desafío.
Conflictos e intereses
Un nuevo conflicto, de mayores consecuencias, pero de menor repercusión mediática, se produjo en el mes de septiembre de 2004 con el levantamiento del ciclo periodístico "Visión Siete Edición Especial", conducido por los periodistas Raúl Dellatorre, Mauro Federico, Pablo Feldman e Hinde Pomeraniec, los domingos a las 22 horas. Skalon entendía al programa como una extensión del noticiero, por lo que decidió que fuese realizado por los trabajadores de prensa del canal, afiliados a la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA).
El Sindicato Argentino de Televisión (SAT), mayoritario en el canal, entendía que la producción era de su competencia, por lo que decidió retirar su colaboración desde su primera edición, el 1 de agosto. Durante cuatro domingos el programa salió al aire con la colaboración del personal jerárquico, pero el 5 de septiembre los trabajadores del SAT encadenaron la puerta del estudio 6 y bloquearon su entrada, impidiendo la salida al aire del programa. La tensión había ido en aumento desde el sábado 27 de agosto, cuando el Ministerio de Trabajo, que en un primer momento había dictado la conciliación obligatoria, dictaminó que la cámara y la edición fuesen realizadas por personal del SAT. La UTPBA impugnó el fallo y el 3 de septiembre el Ministerio revirtió su decisión y le dio la razón, volviendo a la conciliación original. Ante esa situación, Skalon salió al aire en lugar del programa y leyó un comunicado en el que afirmaba: "(...) he querido hoy informarles acerca de una situación interna que afecta al programa ‘Visión Siete Edición Especial' del domingo. Lo hago (...) porque considero que son ustedes, los contribuyentes argentinos, los verdaderos dueños de un medio que queremos realmente público y no coaccionado por intereses mafiosos o corporativos de ningún tipo. (...) Hoy no podemos salir al aire porque en los pasillos del canal, los máximos dirigentes del Sindicato Argentino de Televisión prohíben al personal enrolado en su sindicato cumplir con su débito laboral por el cual el Estado argentino les paga. Además impiden por la fuerza y con actitudes patoteriles que otros trabajadores del canal puedan suplir la tarea que ellos se niegan a realizar. Con esta conducta atentan contra el medio público que dicen defender (...)." 9.
Al día siguiente Skalon declaraba: "Yo estaba satisfecha porque nuestra actitud siempre fue que participaran (el SAT) en el programa. Esto forma parte de la idea de jerarquizar los oficios dentro del canal, después de veinte años de abusos, de deriva. Yo quiero que esto realmente sea un medio público que le sirva al Estado y a la gente, por lo que voy trabajando con cada oficio con lo mejor que tienen. Ahora hacemos todo con personal del canal, algo muy distinto a cuando se traían latas y se hacían coproducciones que usaban el canal y se llevaban los beneficios" 10.
En un comunicado, el SAT respondió que el conflicto gremial "surge a partir de que la empresa y específicamente la dirección de contenidos, haciendo una interpretación tendenciosa y arbitraria de otros convenios colectivos con la intención de favorecer claramente a otra entidad gremial, perjudica a los trabajadores del SAT afectando sus puestos de trabajo" y señaló que "fueron los trabajadores en asamblea los que decidieron retener tareas. (...) Estamos totalmente de acuerdo en que el canal es público, que debiera ser no gubernamental y cuyas autoridades deberían elegirse por concurso".
La tensión siguió en aumento. Ese mismo día, una productora del programa "Huella Digital", conducido por Mauro Federico, también conductor del programa en conflicto, fue amenazada telefónicamente y le arrojaron una pastilla de gamexane en su oficina. Al no llegarse a un acuerdo en el Ministerio de Trabajo -que finalmente dictaminaría que se trataba de una decisión de la empresa- la intervención del SNMP fue levantando los sucesivos programas que seguían produciéndose semana a semana, aludiendo a peleas entre sindicatos. Los trabajadores de prensa del canal afiliados a UTPBA, que entonces se aprestaba a elegir a sus autoridades, manifestaron en varios comunicados su rechazo ante la "prohibición y censura" ejercida sobre el programa, "todo ello en medio del silencio y/o engaño argumental por parte de distintos funcionarios y del gobierno, quienes extraoficialmente reconocen la legitimidad del reclamo de los trabajadores de prensa y la UTPBA y ‘justifican' su actitud a partir de confrontaciones internas que deben saldar de algún modo (...)" 11. Distintas fuentes confirman que uno de los programas emitidos, referido al desmonte en la provincia de Salta, provocó una queja de funcionarios del gobierno de Juan Carlos Romero ante la Jefatura de Gabinete por sufrir el agravio de las cámaras estatales. Desde la jefatura se habría reconocido la inconveniencia de tratar estos temas en momentos en que se discutía la coparticipación federal.
Pero un periodista del ciclo cree que había otras razones de por medio: "A alguien le tocó en sus negocios o en sus posibles negocios que nuestro programa se hiciera integralmente en el canal, que el piso se hiciera en el canal, que los periodistas fueran del canal, que no hubiera manera de decir acá podemos meter el billete o sacar el billete".
Las coproducciones constituyen una práctica habitual y beneficiosa en los canales de televisión, pero en el caso de Canal 7 han sido histórica y mayoritariamente fuente de negocios turbios y de fuertes pérdidas para la emisora estatal. En un informe realizado por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) presentado a la Oficina Anticorrupción en el año 2000, se señalaba que sólo en 1999 el canal había perdido unos 3,5 millones de dólares por acuerdos firmados con los presentadores Mauro Viale y Lucho Avilés, que incluían además de salarios astronómicos un reparto desigual de la publicidad.
Asimismo, un informe de situación del Sistema Nacional de Medios Públicos, confeccionado por periodistas trabajadores de prensa del noticiero de Canal 7 y de Radio Nacional presentado en julio de 2003 ante la Secretaría de Medios, señala a la tercerización de la programación como una forma de privatización encubierta "al mismo tiempo que se llevó a su mínima expresión el sistema de comercialización de publicidad, lo cual dejó el segundaje en manos de los coproductores, situación para nada casual". Informa asimismo gastos excesivos en alquiler de equipos cuya compra hubiese sido ampliamente amortizada con el uso, serias irregularidades con el material de archivo del canal, un patrimonio público de gran valor, del que las coproducciones hacen "uso y abuso". También incluye un anexo presentado en el año 2002 a la Sigen donde en un análisis de las coproducciones se señala: "es común y llama la atención que las coproducciones comiencen su emisión meses antes de ser firmado el contrato. (...) La empresa, aun teniendo conocimiento de la existencia de publicidad excedida y no programada en forma reiterada no ha realizado reclamo alguno ni exigido su pago. Los costos del coproductor figuran en forma genérica y no están detallados en los contratos". El informe estima en un total de 567.804 pesos (calculando una tarifa mínima de 6 pesos por segundo de publicidad), el monto excedido por las coproducciones y no facturado.
Aunque la situación descripta antecede a la actual intervención, en los pasillos del canal sostienen que nada ha cambiado. El Dipló pudo acceder a una nota interna del Canal, firmada por Leonardo Bechini y Ricardo Palacio, referida a la publicidad del programa "30 y pico", en la que se informa a la gerencia comercial que "dado el aumento de costos de la coproductora y ante el interés del Canal de continuar con un programa de alto rating que implica un fuerte beneficio para la venta publicitaria se acordó una distribución publicitaria a partir del primer peso de ingreso del 75% para la coproductora y el 25% para el Canal. Por otra parte la coproductora se compromete a ingresar una pauta al Canal de 10.000 segundos por mes a un valor de $ 2.- el segundo, y 10.000 pesos bonificados". En la página internet de Canal 7, el precio del segundo de publicidad para ese mismo programa es de 60 pesos. El Dipló intentó comunicarse en numerosas oportunidades tanto con Ricardo Palacio como con Leonardo Bechini para confirmar esta situación, pero sin resultado.
En el Canal sostienen que el número de coproducciones ha bajado y que resulta imposible tener mayor producción propia con un presupuesto escaso y en gran parte dedicado a pagar salarios 12, pero la falta de transparencia es una constante. Luego de que en junio de 2004 un periódico difundiera las cifras de distintos contratos y afirmara que "esta es la primera vez que la emisora estatal deja ver oficialmente los números que maneja. Pero el conocimiento público de esos datos crea resquemores en la dirección del canal", el acceso a los contratos en la página internet del SNMP fue bloqueado 13.
Alcanzar la madurez
El objetivo de posicionarse entre los mejores canales estatales del mundo parece aún lejano, aunque los propios debates y problemas que acarrean las emisoras públicas británicas, francesas, alemanas, españolas e italianas, puedan acortar el camino. En una señal auspiciosa, el interventor del SNMP señaló que dejaría su cargo en mayo de 2005 para ser reemplazado por un directorio y que se designaría un presidente para el Canal.
No obstante, es imprescindible una legislación que establezca mecanismos permanentes de gestión, transparencia y participación civil. Existen proyectos. En noviembre de 2003 se presentó el documento "Una radiodifusión pública para la democracia" elaborado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) en colaboración con CIPPEC, Poder Ciudadano, CELS, Asociación Periodistas, FoPeA y FARN y el aporte de la organización inglesa Article XIX. Auspiciado y financiado por la embajada británica en Buenos Aires, planteaba entre los puntos a debatir la universalidad en el acceso, la independencia editorial, la necesidad de instrumentos legales, la federalización del sistema, la composición del directorio, controles y transparencia, el financiamiento y la venta de publicidad, así como participación de los televidentes.
No existe ninguna razón ontológica que impida un canal público de calidad. Es necesario que el gobierno impulse el debate y que la ciudadanía se comprometa con un canal que le pertenece. La falta de presupuesto y de plazos concretos, los intereses, las disputas de poder, las peleas sindicales, las capas geológicas de funcionarios que permanecen en el canal tras las sucesivas intervenciones, la corrupción, todo conspira para que incluso el proyecto más bien intencionado fracase. En una entrevista otorgada al diario El País sobre la crisis de las emisoras públicas en Europa, la periodista Christine Ockrent, quien presentó durante muchos años el noticiero de uno de los canales públicos de Francia, respondía a una pregunta sobre la inmadurez de la televisión española de una manera que puede aplicarse a la situación argentina: "No hay más porvenir que el de una reforma que ayude a los profesionales a conquistar su independencia. Es posible alentar la calidad de la información y la independencia de los periodistas. Lo que me plantea (...) es cuestión de institución y de reglas" 14.
Fuente: El Dipló
"La televisión es un componente esencial de la vida humana moderna, (...)"Canal 7 pinta con Tersuave. El poder de la pintura". El auspicio comercial impacta. Destacado en el cartel luminoso que en su fachada presenta el nuevo y enésimo logo de LS82 TV Canal 7, le imprime al canal de televisión público argentino un aire privatizado.
es el instrumento principal de aportación de información cultural patrimonial (el pasado), de contemplación de lo que pasa (el presente) y por lo tanto de una conciencia que necesita tener proyectos de futuro. Después de la formación
familiar y escolar, (...) la televisión es el instrumento más activo en la formación de la conciencia personal y colectiva."
Manuel Vázquez Montalbán, "Por el mercado hacia la verdad única" 1
Porque a lo largo de toda su historia, Canal 7 ha sido una poderosa herramienta de difusión de propaganda tanto para dictaduras como para gobiernos democráticos y ha generado pingües negocios privados en detrimento del Estado; pero más allá de la calidad de gestión de uno u otro director y del mérito de haber producido muchos programas memorables, nunca ha cumplido con su rol esencial: el de un servicio público de carácter universal que se proponga informar, educar, entretener y difundir la diversidad cultural del país al margen del interés privado. Así, el "instrumento de comunicación audiovisual más poderoso de la época moderna" 2, ha sido hasta ahora una herramienta cultural y social desperdiciada.
Sin embargo, debe destacarse que el ex presidente Carlos Menem no haya podido sumar Canal 7 al desguace del Estado realizado durante sus mandatos. En marzo de 1992, su gobierno decidió la liquidación de Argentina Televisora Color LS82 Canal 7; estableció que sus deudas fuesen absorbidas por el Estado y creó ATC Sociedad Anónima, conducida por Gerardo Sofovich. Al mismo tiempo, habilitó la posibilidad de publicitar productos dentro del contenido de los programas. Tres años más tarde, una auditoría de la Sindicatura General de Empresas Públicas (SIGEP) señaló serias irregularidades en el manejo del canal y una nueva deuda acumulada de 67 millones de dólares. Menem nombró entonces interventor a Germán Kammerath, con el mandato de privatizar la empresa. ATC S.A. se declaró en concurso preventivo de acreedores, al tiempo que el Decreto presidencial 1.022/95 asignaba al canal la frecuencia 4, sustituyendo así su señal habitual, la frecuencia 7, que se pretendía adjudicar por licitación.
La intervención de congresistas, de los trabajadores del canal y de parte de la opinión pública impidió la privatización de la emisora, así como la de su frecuencia, contrariamente a lo que sucedió con la de Radio Municipal 3. En abril de 2002, Canal 7 recuperaría su frecuencia original durante la gestión del ex presidente provisional, Eduardo Duhalde, quien derogó el Decreto 1.022/95.
Entre ambos momentos, el ex presidente Fernando de la Rúa desperdició la oportunidad de otorgar un marco institucional al canal. Aludiendo a una "necesaria" reducción del gasto público, De la Rúa vetó el 31-12-1999 la ley 25.208, aprobada por el Congreso de la Nación el mes anterior 4. Dicha ley creaba Radio y Televisión Argentina S.E. y disponía el "control público no gubernamental" de los medios de comunicación del Estado. En su reemplazo, con el objetivo de racionalizar los recursos del Estado, el gobierno de la Alianza crearía por decreto el Sistema Nacional de Medios Públicos (SNMP) que agrupa a las emisoras del Servicio Oficial de Radiodifusión. Actualmente, el SNMP, que depende de la Secretaría de Medios de Comunicación a cargo de Enrique Albistur, tiene como interventor a Luis Ricardo Palacio.
¿Un nuevo canal?
"Nace Canal Siete". El 17-10-04, en conmemoración de los 53 años de Canal 7, el gobierno de Néstor Kirchner difundió un aviso publicitario en los periódicos de mayor circulación del país donde se señalaba: "consciente (...), de su importancia estratégica, de la función social que tiene y del rol fundamental que debe desempeñar en un Estado moderno, el Gobierno Nacional tiene la firme decisión política de volver a ponerlo en el lugar que se merece. Jerarquizando las funciones de todos quienes lo integran. Modernizando su equipamiento e instalaciones. Y aumentando en cantidad y extensión territorial sus repetidoras. Así, en muy poco tiempo volverá a ser una señal competitiva, colocándose a la altura de las mejores emisoras estatales del mundo".
Entre estos puntos, el gobierno fijó como prioritarios la modernización del equipamiento y de las instalaciones, y la extensión de su señal a mayores franjas del territorio nacional. Debido a su desastroso estado, la sede edilicia del canal fue objeto de arreglos en su fachada y se repararon las filtraciones internas. Por otra parte, se aprobó un plan para renovar en tres años el aparato tecnológico del canal, que en muchos aspectos data de hace más de 20 años. En cuanto a la extensión territorial de sus repetidoras, el pasado 9 de febrero un decreto presidencial autorizó al SNMP a instalar y poner en funcionamiento 17 nuevas repetidoras propias en diversos puntos del país, que se suman a las 280 ya existentes 5. Esta decisión constituye un paso adelante, ya que contrariamente a una extendida opinión, Canal 7 sólo llega de manera gratuita a un 38% de la población. En muchas grandes ciudades del país, como Córdoba o Mendoza, sólo se accede a la emisora estatal a través de la señal de cable.
Si bien estos avances son un requisito esencial y responden a reivindicaciones permanentes de sus trabajadores, no constituyen en sí mismos una política de comunicación. El mismo jefe de Gabinete, Alberto Fernández, reconocía el 28-5-04 en una reunión con la Asociación "Periodistas" la falta de una política para los medios públicos 6. En esa misma reunión Fernández hizo un diagnóstico de lo que el Gobierno entendía era el mayor problema de la emisora: "La situación con los sindicatos es muy grave".
La víspera, el jefe de Gabinete había aparecido en la pantalla del canal junto a Osvaldo Quiroga, conductor del programa "El refugio de la cultura" para anunciar la continuidad del mismo, así como del programa "Los siete locos" conducido por Cristina Mucci. El canal había anunciado una semana antes el levantamiento de ambos ciclos, lo que derivó en un escándalo mediático con gran repercusión de televidentes y personalidades de la cultura, y generó el posterior reconocimiento de error por parte de Fernández.
Pero, lo que parecía ser fruto de una reiterada improvisación en la programación 7, se reveló como una disputa en la conducción bifronte del canal. En efecto, en un hecho poco frecuente, la dirección de Canal 7 se encuentra dividida en una dirección artística, a cargo de Leonardo Bechini, guionista de varias series de televisión exitosas, y una dirección de información periodística, a cargo de Ana de Skalon, que cuenta con una vasta experiencia en el canal británico Channel Four, dependiente de la British Broadcasting Corporation (BBC). Los ciclos levantados pertenecían al área de Skalon, quien también reconoció el error. Sin embargo, un funcionario de alto nivel en el gobierno reveló entonces que la decisión había surgido directamente de la intervención del SNMP y había sido adjudicada a Skalon. La directora de información periodística había asumido a propuesta del presidente Kirchner, pero no sería bien vista en el ámbito de la Secretaría de Medios 8.
Para Skalon, el incidente debía entenderse de manera positiva: "Que esta situación se dé y que suscite este nivel de respuesta y debate sobre qué es un medio público es muy bienvenido (...). Tanto es así que Canal 7 planea ahora transformarse en el lugar desde donde se va a discutir qué es lo que se entiende por un medio público. (...) Porque tiene que acabarse la ley de radiodifusión que existe hoy y hay que discutir una nueva ley acorde con estos tiempos. Nosotros, como canal público del Estado, tenemos que abarcar a todos, no podemos tener una agenda igual a un canal comercial. Nuestra premisa debe ser informar. Y cuando se habla de informar -que es el mandato por el que yo entré a este canal por parte del Presidente de la Nación- no se habla de informar sólo a través del noticiero. El televidente debe enriquecerse a través de toda la programación". Más allá de una emisión en el programa "Huella Digital" dedicada al debate sobre medios públicos, el Canal no parece haber asumido plenamente ese desafío.
Conflictos e intereses
Un nuevo conflicto, de mayores consecuencias, pero de menor repercusión mediática, se produjo en el mes de septiembre de 2004 con el levantamiento del ciclo periodístico "Visión Siete Edición Especial", conducido por los periodistas Raúl Dellatorre, Mauro Federico, Pablo Feldman e Hinde Pomeraniec, los domingos a las 22 horas. Skalon entendía al programa como una extensión del noticiero, por lo que decidió que fuese realizado por los trabajadores de prensa del canal, afiliados a la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA).
El Sindicato Argentino de Televisión (SAT), mayoritario en el canal, entendía que la producción era de su competencia, por lo que decidió retirar su colaboración desde su primera edición, el 1 de agosto. Durante cuatro domingos el programa salió al aire con la colaboración del personal jerárquico, pero el 5 de septiembre los trabajadores del SAT encadenaron la puerta del estudio 6 y bloquearon su entrada, impidiendo la salida al aire del programa. La tensión había ido en aumento desde el sábado 27 de agosto, cuando el Ministerio de Trabajo, que en un primer momento había dictado la conciliación obligatoria, dictaminó que la cámara y la edición fuesen realizadas por personal del SAT. La UTPBA impugnó el fallo y el 3 de septiembre el Ministerio revirtió su decisión y le dio la razón, volviendo a la conciliación original. Ante esa situación, Skalon salió al aire en lugar del programa y leyó un comunicado en el que afirmaba: "(...) he querido hoy informarles acerca de una situación interna que afecta al programa ‘Visión Siete Edición Especial' del domingo. Lo hago (...) porque considero que son ustedes, los contribuyentes argentinos, los verdaderos dueños de un medio que queremos realmente público y no coaccionado por intereses mafiosos o corporativos de ningún tipo. (...) Hoy no podemos salir al aire porque en los pasillos del canal, los máximos dirigentes del Sindicato Argentino de Televisión prohíben al personal enrolado en su sindicato cumplir con su débito laboral por el cual el Estado argentino les paga. Además impiden por la fuerza y con actitudes patoteriles que otros trabajadores del canal puedan suplir la tarea que ellos se niegan a realizar. Con esta conducta atentan contra el medio público que dicen defender (...)." 9.
Al día siguiente Skalon declaraba: "Yo estaba satisfecha porque nuestra actitud siempre fue que participaran (el SAT) en el programa. Esto forma parte de la idea de jerarquizar los oficios dentro del canal, después de veinte años de abusos, de deriva. Yo quiero que esto realmente sea un medio público que le sirva al Estado y a la gente, por lo que voy trabajando con cada oficio con lo mejor que tienen. Ahora hacemos todo con personal del canal, algo muy distinto a cuando se traían latas y se hacían coproducciones que usaban el canal y se llevaban los beneficios" 10.
En un comunicado, el SAT respondió que el conflicto gremial "surge a partir de que la empresa y específicamente la dirección de contenidos, haciendo una interpretación tendenciosa y arbitraria de otros convenios colectivos con la intención de favorecer claramente a otra entidad gremial, perjudica a los trabajadores del SAT afectando sus puestos de trabajo" y señaló que "fueron los trabajadores en asamblea los que decidieron retener tareas. (...) Estamos totalmente de acuerdo en que el canal es público, que debiera ser no gubernamental y cuyas autoridades deberían elegirse por concurso".
La tensión siguió en aumento. Ese mismo día, una productora del programa "Huella Digital", conducido por Mauro Federico, también conductor del programa en conflicto, fue amenazada telefónicamente y le arrojaron una pastilla de gamexane en su oficina. Al no llegarse a un acuerdo en el Ministerio de Trabajo -que finalmente dictaminaría que se trataba de una decisión de la empresa- la intervención del SNMP fue levantando los sucesivos programas que seguían produciéndose semana a semana, aludiendo a peleas entre sindicatos. Los trabajadores de prensa del canal afiliados a UTPBA, que entonces se aprestaba a elegir a sus autoridades, manifestaron en varios comunicados su rechazo ante la "prohibición y censura" ejercida sobre el programa, "todo ello en medio del silencio y/o engaño argumental por parte de distintos funcionarios y del gobierno, quienes extraoficialmente reconocen la legitimidad del reclamo de los trabajadores de prensa y la UTPBA y ‘justifican' su actitud a partir de confrontaciones internas que deben saldar de algún modo (...)" 11. Distintas fuentes confirman que uno de los programas emitidos, referido al desmonte en la provincia de Salta, provocó una queja de funcionarios del gobierno de Juan Carlos Romero ante la Jefatura de Gabinete por sufrir el agravio de las cámaras estatales. Desde la jefatura se habría reconocido la inconveniencia de tratar estos temas en momentos en que se discutía la coparticipación federal.
Pero un periodista del ciclo cree que había otras razones de por medio: "A alguien le tocó en sus negocios o en sus posibles negocios que nuestro programa se hiciera integralmente en el canal, que el piso se hiciera en el canal, que los periodistas fueran del canal, que no hubiera manera de decir acá podemos meter el billete o sacar el billete".
Las coproducciones constituyen una práctica habitual y beneficiosa en los canales de televisión, pero en el caso de Canal 7 han sido histórica y mayoritariamente fuente de negocios turbios y de fuertes pérdidas para la emisora estatal. En un informe realizado por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) presentado a la Oficina Anticorrupción en el año 2000, se señalaba que sólo en 1999 el canal había perdido unos 3,5 millones de dólares por acuerdos firmados con los presentadores Mauro Viale y Lucho Avilés, que incluían además de salarios astronómicos un reparto desigual de la publicidad.
Asimismo, un informe de situación del Sistema Nacional de Medios Públicos, confeccionado por periodistas trabajadores de prensa del noticiero de Canal 7 y de Radio Nacional presentado en julio de 2003 ante la Secretaría de Medios, señala a la tercerización de la programación como una forma de privatización encubierta "al mismo tiempo que se llevó a su mínima expresión el sistema de comercialización de publicidad, lo cual dejó el segundaje en manos de los coproductores, situación para nada casual". Informa asimismo gastos excesivos en alquiler de equipos cuya compra hubiese sido ampliamente amortizada con el uso, serias irregularidades con el material de archivo del canal, un patrimonio público de gran valor, del que las coproducciones hacen "uso y abuso". También incluye un anexo presentado en el año 2002 a la Sigen donde en un análisis de las coproducciones se señala: "es común y llama la atención que las coproducciones comiencen su emisión meses antes de ser firmado el contrato. (...) La empresa, aun teniendo conocimiento de la existencia de publicidad excedida y no programada en forma reiterada no ha realizado reclamo alguno ni exigido su pago. Los costos del coproductor figuran en forma genérica y no están detallados en los contratos". El informe estima en un total de 567.804 pesos (calculando una tarifa mínima de 6 pesos por segundo de publicidad), el monto excedido por las coproducciones y no facturado.
Aunque la situación descripta antecede a la actual intervención, en los pasillos del canal sostienen que nada ha cambiado. El Dipló pudo acceder a una nota interna del Canal, firmada por Leonardo Bechini y Ricardo Palacio, referida a la publicidad del programa "30 y pico", en la que se informa a la gerencia comercial que "dado el aumento de costos de la coproductora y ante el interés del Canal de continuar con un programa de alto rating que implica un fuerte beneficio para la venta publicitaria se acordó una distribución publicitaria a partir del primer peso de ingreso del 75% para la coproductora y el 25% para el Canal. Por otra parte la coproductora se compromete a ingresar una pauta al Canal de 10.000 segundos por mes a un valor de $ 2.- el segundo, y 10.000 pesos bonificados". En la página internet de Canal 7, el precio del segundo de publicidad para ese mismo programa es de 60 pesos. El Dipló intentó comunicarse en numerosas oportunidades tanto con Ricardo Palacio como con Leonardo Bechini para confirmar esta situación, pero sin resultado.
En el Canal sostienen que el número de coproducciones ha bajado y que resulta imposible tener mayor producción propia con un presupuesto escaso y en gran parte dedicado a pagar salarios 12, pero la falta de transparencia es una constante. Luego de que en junio de 2004 un periódico difundiera las cifras de distintos contratos y afirmara que "esta es la primera vez que la emisora estatal deja ver oficialmente los números que maneja. Pero el conocimiento público de esos datos crea resquemores en la dirección del canal", el acceso a los contratos en la página internet del SNMP fue bloqueado 13.
Alcanzar la madurez
El objetivo de posicionarse entre los mejores canales estatales del mundo parece aún lejano, aunque los propios debates y problemas que acarrean las emisoras públicas británicas, francesas, alemanas, españolas e italianas, puedan acortar el camino. En una señal auspiciosa, el interventor del SNMP señaló que dejaría su cargo en mayo de 2005 para ser reemplazado por un directorio y que se designaría un presidente para el Canal.
No obstante, es imprescindible una legislación que establezca mecanismos permanentes de gestión, transparencia y participación civil. Existen proyectos. En noviembre de 2003 se presentó el documento "Una radiodifusión pública para la democracia" elaborado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) en colaboración con CIPPEC, Poder Ciudadano, CELS, Asociación Periodistas, FoPeA y FARN y el aporte de la organización inglesa Article XIX. Auspiciado y financiado por la embajada británica en Buenos Aires, planteaba entre los puntos a debatir la universalidad en el acceso, la independencia editorial, la necesidad de instrumentos legales, la federalización del sistema, la composición del directorio, controles y transparencia, el financiamiento y la venta de publicidad, así como participación de los televidentes.
No existe ninguna razón ontológica que impida un canal público de calidad. Es necesario que el gobierno impulse el debate y que la ciudadanía se comprometa con un canal que le pertenece. La falta de presupuesto y de plazos concretos, los intereses, las disputas de poder, las peleas sindicales, las capas geológicas de funcionarios que permanecen en el canal tras las sucesivas intervenciones, la corrupción, todo conspira para que incluso el proyecto más bien intencionado fracase. En una entrevista otorgada al diario El País sobre la crisis de las emisoras públicas en Europa, la periodista Christine Ockrent, quien presentó durante muchos años el noticiero de uno de los canales públicos de Francia, respondía a una pregunta sobre la inmadurez de la televisión española de una manera que puede aplicarse a la situación argentina: "No hay más porvenir que el de una reforma que ayude a los profesionales a conquistar su independencia. Es posible alentar la calidad de la información y la independencia de los periodistas. Lo que me plantea (...) es cuestión de institución y de reglas" 14.
- Prólogo al libro de Eduardo Giordano y Carlos Zeller, Políticas de televisión. La configuración del mercado audiovisual, Icaria, Barcelona, 1999.
- Pedro Simoncini, "Frustraciones eternas", La Nación, Buenos Aires, 16-6-04. Para una historia de Canal 7: Leonardo Mindez, Canal 7, medio siglo perdido. La historia del Estado argentino y su estación de televisión, Ediciones Ciccus - La Crujía, Buenos Aires, septiembre de 2001.
- Guillermo Mastrini, "¿Televisión estatal o gubernamental?"; y Natalia Aruguete y Washington Uranga, "Medios del Estado, al servicio del poder económico", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, junio de 2000 y abril de 2004 respectivamente.
- Actualmente existe un nuevo proyecto de ley que retoma con incorporaciones la ley vetada por De la Rúa.
- El SNMP tiene 90 días a partir de la fecha del decreto para presentar la documentación técnica ante la Comisión Nacional de Comunicaciones. Las ciudades alcanzadas por las nuevas repetidoras son Río Gallegos, Santa Rosa, San Luis, La Rioja, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, Mendoza, San Rafael, San Salvador de Jujuy, Salta, Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca, Junín, San Juan, San Carlos de Bariloche y San Miguel de Tucumán.
- Clarín, Buenos Aires, 29-5-04.
- A comienzos del verano 2005, Canal 7 anunció en distintos medios una programación "estelar" para la temporada estival que incluía programas conducidos por Moria Casán y Juan Alberto Mateyko desde las playas de la costa argentina. Tales contrataciones fueron vetadas desde el Gobierno, por lo que finalmente las emisiones se cancelaron aduciendo "falta de presupuesto".
- Mariano Obarrio, "Kirchner se metió en la pelea de Canal 7", La Nación, 31-5-04.
- Véase: http://argentina.indymedia.org/news/2004/09/221060.php
- Página/12, 6-9-04. Luego del conflicto, Ana de Skalon ha debido ausentarse de Canal 7 por cuestiones de salud.
- Véase: www.periodistascanal7.com.ar
- En 2004 el presupuesto de Canal 7 fue de aproximadamente 35 millones de pesos, a los que se sumaron una partida extra de 3 millones de pesos. Asimismo el gobierno dispuso una suma de 35.582.600 pesos para pagar deudas de la ATC residual. Para 2005, el presupuesto del canal es de 40 millones de pesos.
- Verónica Bonacchi, La Nación, Bs. As., 6-6-04 y 29-10-04.
- El País, Madrid, 6-3-04.
jueves, 24 de marzo de 2005
Jorge Luis Borges: He asistido, por primera y última vez, a un juicio oral
Borges, junto al periodista de Gente, Néstor Montenegro; al frente, de espaldas, declara Víctor Basterra
Una fría jornada del invierno de 1985. Jorge Luis Borges asistió en silencio a una de las audiencias del Juicio a las Juntas militares. Más tarde, en pocas líneas, describió la desolación de un hombre despojado de todo aditamento: "No era peronista ni comunista, era un hombre que sufría".
Ese hombre era Víctor Basterra, operario gráfico, detenido-desaparecido en la ESMA. Allí fue obligado a falsificar la documentación con la que los marinos de Massera se apropiaron de pertenencias, campos, dinero y viviendas de las familias de algunos presos en cautiverio. Su crónica fue publicada por la Agencia EFE y reproducida por el diario El País de Madrid.Su crónica:
Por: Jorge Luis BorgesLunes, 22 de julio de 1985
He asistido, por primera y última vez, a un juicio oral. Un juicio oral a un hombre que había sufrido unos cuatro años de prisión, de azotes, de vejámenes y de cotidiana tortura. Yo esperaba oír quejas, denuestos y la indignación de la carne humana interminablemente sometida a ese milagro atroz que es el dolor físico. Ocurrió algo distinto. Ocurrió algo peor. El réprobo había entrado enteramente en la rutina de su infierno. Hablaba con simplicidad, casi con indiferencia, de la picana eléctrica, de la represión, de la logística, de los turnos, del calabozo, de las esposas y de los grillos. También de la capucha. No había odio en su voz. Bajo el suplicio había delatado a sus camaradas; éstos lo acompañarían después y le dirían que no se hiciera mala sangre, porque al cabo de unas sesiones cualquier hombre declara cualquier cosa. Ante el fiscal y ante nosotros enumeraba con valentía y con precisión los castigos corporales que fueron su pan nuestro de cada día. Doscientas personas lo oíamos, pero sentí que estaba en la cárcel. Lo más terrible de una cárcel es que quienes entraron en ella no pueden salir nunca. De este o del otro lado de los barrotes siguen estando presos. El encarcelado y el carcelero acaban por ser uno. Stevenson creía que la crueldad es el pecado capital; ejercerlo o sufrirlo es alcanzar una suerte de horrible insensibilidad o inocencia. Los réprobos se confunden con sus demonios; el mártir, con el que ha encendido la pira. La cárcel es, de hecho, infinita.
De las muchas cosas que oí esa tarde y que espero olvidar, referiré la que más me marcó, para librarme de ella. Ocurrió un 24 de diciembre. Llevaron a todos los presos a una sala donde no habían estado nunca. No sin algún asombro vieron una larga mesa tendida. Vieron manteles, platos de porcelana, cubiertos y botellas de vino. Después llegaron los manjares (repito las palabras del huésped). Era la cena de Nochebuena. Habían sido torturados y no ignoraban que los torturarían al día siguiente. Apareció el Señor de ese Infierno y les deseó Feliz Navidad. No era una burla, no era una manifestación de sí mismo, no era un remordimiento. Era, como ya dije, una suerte de inocencia del mal.
¿Qué pensar de todo esto? Yo, personalmente, descreo del libre albedrío. Descreo de castigos y de premios. Descreo del infierno y del cielo. Almafuerte escribió: "Somos los anunciados, los previstos, / si hay un Dios, si hay un punto omnisapiente; / y antes de ser, ya son, en esa mente, / los Judas, los Pilatos y los Cristos".
Sin embargo, no juzgar y no condenar el crimen sería fomentar la impunidad y convertirse, de algún modo, en su cómplice.
Es de curiosa observación que los militares, que abolieron el código civil y prefirieron el secuestro, la tortura y la ejecución clandestina al ejercicio público de la ley, quieran acogerse ahora a los beneficios de esa antigualla y busquen buenos defensores. No menos admirable es que haya abogados que, desinteresadamente sin duda, se dediquen a resguardar de todo peligro a sus negadores de ayer.
jueves, 3 de marzo de 2005
Inauguración del Centro de Producción de FARCo en Rosario
Las/os invitamos a la inauguración del Centro de Producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este centro interconecta a las radios comunitarias de Argentina. Desde Rosario se realizan envíos con información de la red de corresponsales de FARCo y via satélite llegan a todo el país y América Latina via ALER Satelital.Las/os esperamos el viernes 4 de marzo a las 18 hs. en Tucumán 3950.
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