A través de una carta, el periodista vallecaucano Yesid Toro, explicó los argumentos que tuvo para autoamenazarse y amenazar a otros 7 reporteros en un correo electrónico enviado en septiembre de 2014, donde se hacía pasar por la banda de Los Urabeños. Por este hecho varios de sus colegas, además de organizaciones defensoras de derechos humanos y el Gobierno Nacional, han manifestado su rechazo.
De acuerdo con las declaraciones entregadas por el periodista, la decisión de amenazarse a sí mismo y a sus colegas se tomó para seguir recibiendo los ingresos del programa de la Unidad Nacional de Protección, en el que se encontraba desde 2013. El periodista reconoció que fue quien envió el correo con la amenaza y en el que nombraba a otros colegas; así mismo, señaló que se someterá a la justicia que tendrá que iniciar un proceso legal por las falsas amenazas.
“Sintiendo que no puedo más con este peso, con esta carga moral, he decidido presentarme ante un abogado, he decidido decirles públicamente que les pido por favor me perdonen pro esta situación y me quiero poner a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, dijo.
“Lamentamos las declaraciones dadas por el periodista Yesid Toro, quien por medio de una carta y de un audio difundido por internet aseguró que en septiembre de 2014, fue autor de una autoamenaza en su contra y de intimidaciones contra siete de sus colegas por medio de un panfleto falsamente atribuido a los Urabeños”, dijo la FLIP en su sitio oficial.
La FLIP consideró que las justificaciones dadas por Toro, “aunque no son suficientes, dejan en evidencia dificultades del programa de protección a periodistas. La ineficiencia administrativa por parte de las entidades públicas permite que en muchos casos se lleven a cabo malas prácticas que, como en el caso de lo hecho por Toro, pueden constituir delitos”.
Varios de los amenazados por su colega aseguran que debieron cambiar su vida para conservar su seguridad. Entre ellos está un periodista de Buenaventura que renunció a su empleo y salió del puerto, pues aparentemente la amenaza la hacía alias Chili, presunta propietaria de casas de pique en la zona.
Los delitos que enfrentaría el periodista que se autoamenazó
Hoy será un día crucial para el periodista Yesid Toro Meléndez, el reportero de un medio regional del Valle del Cauca que el viernes anterior confesó mediante una carta ser el autor de un panfleto donde amenazó a ocho periodistas, incluido él mismo
La noticia que cayó como un baldado de agua fría para el gremio periodístico de la región, no deja de sorprender y menos a los siete comunicadores que se vieron afectados por el panfleto.
Lo cierto es que hasta el propio general Rodolfo Palomino se refirió al tema este fin de semana y advirtió que pese a la confesión “el periodista no será ex culpado de su responsabilidad penal”, le dijo al diario El País.
Y es en ese campo, el judicial, donde el futuro del periodista se podría complicar. Desde muy temprano el comunicador sería acompañado este lunes por su abogado Élmer Montaña a rendir una declaración voluntaria ante un fiscal, ya que hasta el momento sobre Yesid Toro no pesa ninguna orden de captura.
No obstante, fuentes de la Fiscalía consultadas por este medio y que tienen acceso a la investigación sobre el panfleto donde fueron amenazados 8 periodistas del Valle, aclararon que Toro Meléndez podría enfrentar tres cargos: “falsa denuncia, fraude a subvención y amenaza”.
Explican las fuentes que de los tres delitos que probablemente le imputarán, el más grave es el de fraude a subvención, una modalidad delictiva recientemente instaurada en Colombia y que busca evitar el acceso indebido a recursos, subsidios o donaciones que hace el Estado en efectivo o especie.
En efecto, durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, su entonces ministro del Interior y Justicia presentó un proyecto de Ley que modifica un artículo del Código Penal en el que se tipifica como delito el fraude a subvención.
Dicho artículo quedó de la siguiente manera: “El que obtenga un apoyo económico directo o incentivo, préstamo no reembolsable, desgravación o cualquier otra ayuda económica del estado, alterando o simulando deliberadamente las condiciones requeridas para su concesión, u ocultando las que la hubiesen impedido, incurrirá en prisión de siete (7) a doce (12) años”.
De ahí que las fuentes de la Fiscalía consultadas por este medio aseguran que el cargo más grave y que le podría configurar una medida de aseguramiento, es el del fraude a subvención y que pese a su confesión “nada de ello atenuará la pena, salvo que acepte cargos”.
Fuentes: Radio Santa Fe y Revista Semana
