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Por: Susana Shanahan
martes, 25 de septiembre de 2012
La mesa debate organizada por el diputado Julio Raffo, al respecto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Medios, contó con la participación de destacados especialistas, quienes argumentaron a favor y en contra de la norma. Además, presentaron reclamos para los medios alternativos.
A pocos días del tercer aniversario de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en el Salón San Martín de la Legislatura porteña se realizó un debate, organizado por el legislador porteño Julio Raffo (Proyecto Sur) con un amplio abanico de posiciones, poco frecuente en ese tema, en el que se escucharon argumentos tajantemente a favor y en contra de la norma, reclamos sectoriales que fueron recibidos con consenso por la mesa, y una expresión mayoritariamente compartida para que se aplique con el espíritu que permitió el amplio apoyo logrado en 2009.
En una breve síntesis de lo debatido durante la misma, Julio Raffo refiere a los siguientes testimonios:
"La ley fue defendida por Martín García, ex presidente de la agencia estatal de noticias Télam, quien definió que en este tema se juega 'un criterio de poder' de carácter global y no local. Los medios -dijo- ejercen un control social que ha hecho posible cierto consenso en la sociedad para naturalizar el genocidio, el robo, y la violenta transferencia de recursos desde el Estado a sectores concentrados. En tanto, la norma fue frontalmente cuestionada por el abogado Fabián Rodríguez Simón, asesor del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al expresar que "la mejor ley de medios es la que no se dicta", y refiriendo que la Convención Americana de los Derechos Humanos prohíbe el dictado de leyes antimonopólicas para la prensa.
El especialista en Economía del Conocimiento y ex secretario de Comunicaciones de la Nación, Henoch Aguiar, desglosó su enfoque en "la ley que soñamos, la que se dictó, la que se aplica y la que debería ser". Criticó así la forma en que se constituyó el ente de aplicación "que lo proponíamos más independiente y alejado de la coyuntura política del momento", de donde se derivan distorsiones como la falta de transparencia en las informaciones y las decisiones, y la ausencia de la multiplicidad de voces que, precisamente, se buscaba con la nueva norma.
Aguiar hizo notar que en la ley no se incluía a nuevos medios, como Internet. Eso fue celebrado por Walter Burzaco, presidente de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), considerando ambos que ese espacio no debía ser regulado.
Burzaco sostuvo que la regulación del espectro radial y televisivo se comprende dado que las frecuencias por aire son finitas, pero por lo mismo no se comprende que esta ley regule la programación de televisión por cable cuando no utiliza el espectro y no tiene límites la posibilidad de agentes de transmisión. Se refirió asimismo a la tendencia mundial hacia la convergencia de sistemas, ante la cual el cable se ve limitado por las restricciones de la ley, que lo dejan expuesto ante las trasnacionales y desalientan inversiones ante la escasa cantidad de canales que se autoriza a cada operador. ATVC representa -recordó- a 700 empresas pymes de todo el país, que deben además competir con cooperativas locales de servicios públicos que muchas veces dan también servicios televisivos.
Los medios alternativos, entre quienes mayores expectativas y apoyos tuvo la ley, manifestaron sentirse debilitados tanto en el texto finalmente aprobado como en su aplicación.
Fabiana Arancibia, de Red Eco Alternativo en la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) -que integra a radios, TV comunitaria, agencias de noticias, periódicos y colectivos de formación y soporte técnico- mencionó algunos de los aspectos de esa debilidad.
Recordó que sigue vigente el decreto 527 del presidente Néstor Kirchner, que suspendió el plazo de vigencia de las licencias para prorrogar de hecho las que tienen los canales comerciales, de manera que hoy bloquea las posibilidades de que nuevos actores y voces lleguen a esas frecuencias. En ese sentido, reclamó que se defina y reserve el 33% del espectro para los medios alternativos, como lo dispone la ley. Expresó que en la redacción de la norma esos medios alternativos quedaron diluidos junto con las organizaciones sin fines de lucro, cuando claramente no son ni representan lo mismo. No se ha cumplido, dijo, con multiplicar las voces tal como se prometió durante los debates previos, y reclamó que se redacte de una vez el plan técnico que oficialice las reglas a las que deberán atenerse quienes quieran participar, ya que su ausencia impide saber qué hacer para acceder a una frecuencia.
La profesora de la UBA, Natalia Vinelli, de Barricada TV en el Espacio abierto de televisoras alternativas, populares y comunitarias, dijo que esos medios apoyaron la ley y ahora quieren estar presentes a la hora de los beneficios, por lo que es tiempo de que se vean cambios, como ser la desconcentración pero con democratización.
Reclamó información sobre un censo de emisoras hecho en el 2010 cuyos resultados aún se desconocen (en su presentación Martín García habló de 11.000 medios); ser reconocidos en su especificidad de medios alternativos (reclamo coincidente con el de Arencibia); cuestionó determinadas reglamentaciones que redujeron las posibilidades de participación de esos medios (por caso, el alto costo de los pliegos para participar de concursos, con precios para ellos casi iguales a los que pagan las empresas comerciales). "Después de 6 o más años de estar en el aire por nuestro esfuerzo personal, lo cual muestra nuestra capacidad, se nos exige ´sustentabilidad´, algo que no cumplen ni el Estado ni el mercado", se quejó."
Para finalizar, Raffo concluyó: "Entre los participantes de la mesa hubo consenso en que los medios alternativos, populares y comunitarios deberían recibir apoyo por parte del Estado para que puedan desarrollarse dentro de ese esquema, por tratarse de una construcción colectiva y sin fines de lucro diferente al resto de los actores del sistema comunicacional".
Fuente: ADN Ciudad
