Por: Natalia Aguiar
La puja Gobierno-Clarín divide a los ministros de la Corte Suprema, que deberán decidir la constitucionalidad o no de la Ley de Medios. Fuentes cercanas al Alto Tribunal llegaron a definir a los ministros como “clarinistas” o “cristinistas”, en alusión a esa relación de enemistad sanguinaria cuya pulseada tiene un antes y un después del 7D.
El 7 de diciembre sería el punto de quiebre en el que el Grupo Clarín –y el resto de grupos que incumplen la ley– debería desinvertir para adecuarse a lo estipulado en el artículo 161 de la Ley de Medios, cuya constitucionalidad o no aún no ha sido resuelta por la Justicia de Primera Instancia en el fuero civil y comercial federal porque el Juzgado N° 1 a cargo de esta causa sensible se encuentra subrogado semanalmente por los jueces del fuero.En mayo, la Corte estimó que el 7D vence la cautelar que suspendía la desinversión. Para el Gobierno, ese día Clarín ya deberá haber desinvertido o se expondrá a las duras sanciones oficiales. Para el Grupo, como mucho, ese día comienza a correr un año más para la adecuación.
Unos y otros. “Clarinistas” definirían a los que perciben en la ley el modelo de avasallamientos de derechos y garantías constitucionales por parte del poder político por cuya defensa y resguardo ha bregado la Corte en sus fallos. “No sólo se limitaría a las secuelas de la Ley de Medios, sino también sobre la indebida reforma constitucional para la re-reelección de Cristina Fernández de Kirchner, la embestida contra la libertad de expresión, contra la propiedad de comerciar, contra la propiedad privada y todas las cuestiones y acciones de tinte autoritario, como el incumplimiento de resoluciones de la Corte por parte del Ejecutivo”, explican a Perfil fuentes judiciales. Entre ellos incluyen al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y a Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Enrique Petracchi.
En la vereda de los afines al Gobierno o “cristinistas” estarían la ministra Elena Highton de Nolasco y Eugenio Zaffaroni. El voto sobre la Ley de Medios que se encuentra en duda es el de Carmen Argibay, quien se ha reincorporado al cuerpo de ministros luego de la feria de invierno con un delicado estado de salud. Por sus fallos históricos se inclinaría por el primer grupo.
Presidente. Sin embargo, y pese a que los supuestos “clarinistas” sumarían la mayoría de los votos, la presión del Gobierno para golpear al Grupo Clarín es tan fuerte que a fin de año, cuando debe resolverse la presidencia del Tribunal, cuyo ejercicio es de un trienio, el actual presidente Lorenzetti tendría definido no seguir al mando. Para él, significaría un “alto costo” asumir la “embestida contra Clarín” por su calidad de jurista defensor de derechos y garantías y porque en lo personal no avalaría otro punto de futura discordia: la posibilidad de una reforma constitucional. Así es que, luego de la negativa de Zaffaroni, hasta ahora la gran candidata a hacerse cargo sería Highton de Nolasco.
Además, un tercer mandato de Lorenzetti como titular de la Corte no sería bien visto si pretende oponerse a la re-re de Cristina, y en su círculo de confianza se analiza si él no debería bregar con el ejemplo.
El Gobierno cree que Lorenzetti apuesta también a una carrera política y que no quiere enfrentarse a Clarín en pos de sumar su apoyo. Sobre esa hipótesis también trabajan algunos de los ministros “cristinistas” del Alto Tribunal.
Ante la consulta de Perfil, Highton de Nolasco negó internas por la Ley de Medios. “De ninguna manera hay internas, en la Corte tenemos muy buena relación entre los ministros”. También desmintió la posibilidad de asumir la presidencia a partir de enero de 2013. Respecto la resolución de la Ley de Medios, agregó: “No puedo referirme al respecto porque la cuestión de fondo aún no está resuelta”, subrayó.
Fuentes cercanas a Lorenzetti intentaron desmentir que dejará la presidencia. “Sobre la Ley de Medios (los ministros) ya se expidieron de manera unánime. Todos firmaron menos Argibay, porque estaba enferma. No hay internas en la Corte y, si bien debe haber un presidente que se haga cargo de la gestión, las decisiones son consensuadas por los ministros”. Sin embargo, una calificada fuente del Tribunal admitió ante Perfil que eso ocurrirá y que Lorenzetti ya les informó de su paso al costado a varios de sus pares.
Dos funcionarias K podrían ir al juzgado clave para la batalla
En medio de la guerra de spots, el Consejo busca decidir quién aplicará la ley
En lo que se encuadraría dentro del “operativo 7D”, el Consejo de la Magistratura ha decidido contrarreloj realizar mañana a las 15 el plenario para aprobar el concurso 258 por el que se decidirá quién será el juez que se hará cargo de la causa Clarín en el Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 1. El encargado de ese expediente deberá resolver si es constitucional o no el artículo 161 de la Ley de Medios que obligaría a las empresas de medios a desinvertir para cumplir con la legislación. Actualmente, el cargo se encuentra cubierto por jueces del fuero que subrogan por semana las causas de trámite, desde diciembre del año pasado, cuando Edmundo Carbone, juez jubilado, decidió renunciar.
Fuentes de la Magistratura explicaron a Perfil que se buscaría en tiempo récord nombrar al juez clave en la guerra entre el Gobierno y Clarín. “La idea es mandar la terna de los candidatos a Presidencia la próxima semana y luego al Senado para su aprobación para adelantarse al 7D”, confesó la fuente judicial.
Hay cinco consejeros que pretenden la anulación del concurso 258 por “manifiestas irregularidades”. Ellos son Ricardo Recondo, representante de los magistrados, Daniel Ostropolsky y Alejandro Fargosi, representantes de los abogados, Mario Cimadevilla, senador, y Oscar Aguad, diputado, ambos por la UCR. Las objeciones se dirigen a evitar que la favorita del Gobierno, María Lorena Gagliardi, funcionaria del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (Onabe), dependiente del Poder Ejecutivo, sexto en el orden de mérito y sin antecedentes en la Justicia, sea nombrada en el cargo. También objetan a la octava en el orden de mérito que luego quedó en el cuarto puesto, Marisa Alejandra Garsco, subsecretaria de Coordinación del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Las objeciones se sustentan en la facultad del Poder Ejecutivo de definir qué juzgado ocupará cada postulante.
“La que deberá definir la causa Clarín es Gagliardi, quien ya fue señalada por Cristina como la favorita y quien tendrá sobre sus espaldas la responsabilidad de resolver la guerra política entre Clarín y el Gobierno, porque la guerra judicial seguirá incluso con intervención de estrados internacionales”, confió una fuente de la Magistratura quien además avizoró por el temor de los consejeros considerados “rebeldes” por el oficialismo.
“Los cinco consejeros denunciantes advierten maniobras espurias por parte del Gobierno para embestir contra Clarín e incluso hubo amenazas de recusar a uno de ellos, en particular a Ricardo Recondo”, explicó preocupada una alta fuente de la Magistratura.
El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Hernán Ordiales, dijo a este diario que “esto es una cuestión política” y que “los consejeros opositores tuvieron la posibilidad de impugnar antes e incluso participaron de las entrevistas a los postulantes”.
Incertidumbre en los dueños del cable por la avanzada K
Aseguran que el sistema jurídico está de su lado y que el Gobierno busca imponer en los medios lo que no dice la ley
Por Gabriel Ziblat
Distintos actores del mundo de la televisión por cable coincidieron en que el escenario con el que vislumbran el tan mentado 7D es de total incertidumbre. Tanto los grandes como algunos pequeños cableoperadores dejaron en evidencia, en diálogo con Perfil, que en la industria no hay una idea clara de lo que podría suceder el 7 de diciembre.
Según el Gobierno, ese día el Grupo Clarín deberá comenzar a adaptarse a los límites que impone la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por lo que tendría que desprenderse de numerosas licencias. El multimedio, en cambio, repite que recién ahí empieza a correr el plazo de un año que establece la ley. Así lo sostuvo Carlos Moltini, gerente general de Cablevisión, en un diálogo con periodistas en el marco de la Jornadas Internacionales de Televisión por Cable.“Tenemos plan A, plan Z y plan Z 68, pero igual estamos convencidos de que el sistema jurídico es muy sólido a favor nuestro”, aseveró. Y agregó: “Lo que busca el Gobierno es tratar de generar mediáticamente lo que jurídicamente no es. Le hace creer a un montón de gente que la ley es para garantizar multiplicidad de voces... pero también dice que con seis pesos se puede comer”.
Los pequeños actores del mercado, en tanto, miran la película del enfrentamiento entre Clarín y el Gobierno desde afuera, sin la certeza de saber cómo eso puede impactarles. La mayoría coincidió en que la eventual desinversión de Cablevisión no necesariamente los va a beneficiar.
Carlos Sabo, de Gigared, reconoció que “nadie tiene plata para comprarle las licencias a Clarín, por eso la ley va a ser de aplicación compleja”. “Yo veo que van a hacer la gran YPF, o la gran Aerolíneas, con el Gobierno haciéndose cargo de esas licencias”, consideró. En su caso, fue crítico de la actitud del kirchnerismo: “La ley tiene que ser para todos o para ninguno, y no se está yendo en ese camino”.
Distinta postura tienen Eduardo Maurino y Dante Gigena, presidente y vice de la Cámara Argentina de Cableoperadores Pymes. “La ley de medios era necesaria, nosotros estamos totalmente de acuerdo”, expresó Maurino, aunque reclamó que las pymes deberían tener un esquema diferenciado. Pero se distanció del conflicto: “No vamos a ser juez donde no somos parte”. A su lado, Gigena aclaró que no están “ni con el Gobierno ni con el Grupo Clarín”. “Que indique la Justicia cuándo se debe aplicar”, sentenció. Además, coincidieron en que los pequeños operadores no se van a ver beneficiados por los eventuales movimientos, sobre todo por no tener la capacidad económica.
Héctor Mosconi, de Lima Video Cable SA, se mostró escéptico de lo que pueda suceder el 7D. “No debería pasar nada. El Gobierno va a intentar que Clarín desinvierta, pero eso no nos va a beneficiar a nosotros”, afirmó. E indicó que si la estrategia es generar mayor pluralidad, el Gobierno los debería “apoyar financieramente”. “Hasta ahora no conseguimos nada”, se lamentó. Y concluyó: “No entiendo qué es lo que quieren hacer”.
A pesar de su confianza, Moltini reconoció estar “preocupado”. “Porque miro los antecedentes y veo que por un invento en Salta tuvimos cincuenta gendarmes en la empresa. Evidentemente éste es un Gobierno que no tiene frenos a la hora de tratar de lograr su objetivo”, sostuvo. Y señaló: “Acá su problema es controlar Telenoche y TN, cómo hacer que en cinco canales suceda lo que sucedió en cuatro el jueves 13 (el de los cacerolazos)”.
Fuente: Diario Perfil
