Por: Andrés Sanguinetti
Sólo dos meses faltan para cumplirse tres años desde que el 10 de octubre de 2009, el Congreso sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (conocida como Ley de Medios). Sin embargo, casi nada cambió en el mundo periodístico argentino.
No hubo venta o desguace de activos; las ONG siguen sin aparecer en la grilla o en el dial; la producción de contenidos propios es escasa; la oposición no tiene representación en el órgano de control (AFSCA); la publicidad oficial se distribuye a discreción del Gobierno; y no hay rastros del defensor público de usuarios de radio y TV.
Es decir, no parece haber temor a la columna vertebral de la ley, conformada por los artículos 25 (incompatibilidad para prestadores de servicios públicos); 41 (intransferibilidad de licencias); 45 (topes a la concentración) y 161 (desinversión).
Ni siquiera luego de que en las últimas semanas el Gobierno pareció acelerar los plazos para reclamar lealtad a una ley engendrada luego de la ruptura de relaciones entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín y cuyos postulados hablan de promover, desconcentrar y fomentar la competencia; abaratar, democratizar y universalizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Pero 1.095 días después ni su principal impulsor, el Gobierno, cumple con la ley. De hecho, defensores y críticos coinciden en que si hay una norma que no se respeta es la Ley de Medios. En estos tres años, sólo el Grupo Clarín la ha rechazado por vía judicial, presentando amparos contra artículos, como el de desinversión, que considera “inconstitucional” y que supone son “herramientas del Gobierno para colonizar y debilitar a los medios”. Será la Corte Suprema la que tendrá la última palabra.
El máximo tribunal ya dispuso que el 7 de diciembre debería dejar de regir la cautelar que suspende para Clarín el artículo 161. Sin embargo, la fecha no afecta el juicio de fondo por inconstitucionalidad que podría o no estar resuelto ese día. En Clarín aseguran que seguirán la pelea para evitar tener que desprenderse de empresas valiosas como Canal 13, Cablevisión, Radio Mitre, TN o algún otro activo de su larga lista.
Pero más allá de este caso puntual, la vigencia de la Ley de Medios fue admitida en AFSCA ante una consulta de El Cronista. Sin embargo, evitaron enumerar las razones por las cuales no se aplican los artículos más temidos.
“No podemos opinar”, fue la respuesta, aunque saben que lo único que se cumple es lo vinculado con el inicio y cierre de las tandas publicitarias.
Por su parte, voceros de grupos alcanzados por la ley reconocieron estar en infracción, aunque admitieron que en estos años “nunca fueron presionados para cumplir”. Otros aseguraron tener herramientas legales para sortear las limitaciones.
Un caso es el de Telefe por estar en manos del grupo español Telefónica que a su vez controla una empresa de servicios públicos.
Telefe superaría el límite del 35% de audiencia a nivel nacional impuesto por la ley. Sin embargo, El Cronista pudo saber que recurrirá a la Ley de Bienes Culturales que, si bien establece un tope de 30% al capital extranjero en los medios, no tiene carácter retroactivo como la de Medios.
Además es anterior a esta norma. La idea es evitar la venta de activos. También plantean que la sociedad dueña de Telefe es Telefónica Media, controlada por Telefónica Holdings y no por Telefónica Argentina. Es decir, forman parte de un mismo holding pero con actividades independientes.
En el caso de los límites a la audiencia, aseguran que aplica sólo a la TV por cable.
El caso de otro grupo español, Prisa, dueño de radio Continental, FM HIT y de otras 10 licencias de radio, no sería bendecido por la ley de Medios Culturales. Sin embargo, Prisa asegura haber comprado mediante una firma con sede en Delaware, Estados Unidos, lo cual la blindaría ante la Ley de Medios por existir un tratado de reciprocidad de inversiones con el gobierno norteamericano.
Otras operaciones cuestionadas son la venta a Raúl Moneta de un paquete de radios encabezado por la Rock&Pop, en 2010, y la más reciente transferencia de Radio 10, C5N y varias FM a Cristóbal López. Voceros cercanos a este empresario reconocieron que deberían vender dos de sus radios, pero aclararon que antes AFSCA debe aprobar la transferencia de las acciones. También recordaron que quien debería haber desinvertido es Daniel Hadad, ex dueño de esos medios.
En el caso Supercanal, admitieron estar adecuándose al proceso de desinversión voluntario.
Otros medios que deberían cumplir son Cadena 3 de Córdoba; el grupo González González (Canal 9, FM Aspen); el Grupo Ick de Santiago del Estero. También Electroingeniería y la dupla Szpolski-Garfunkel.
Una norma que nació con graves errores
Alejandro Pereyra, abogado y ex director de Jurídicos del ComFeR
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual lleva casi tres años de vigencia, pero en dicho plazo sigue siendo poca o nula su aplicación
En efecto, a la fecha, las máximas autoridades del Ejecutivo Nacional podrían preguntarse por qué?. Y con dicha pregunta, tratar de sondear en los funcionarios a cargo del área, para poder discernir los motivos reales de su poca o nula aplicación, más allá de la excusa rápida y repetida que no se ha podido hacer por la medida cautelar que impide el ejercicio de la cláusula de desinversión que regula el artículo 161.
Si sus respuestas fuesen sinceras, se desnudarían los graves errores que se han ido cometiendo desde la entrada en vigencia de la Ley.
Tales errores se agravarían en el futuro, si se pretenden subsanar esos errores a través de la aplicación de la caducidad de licencias (artículo 113 de la Ley) y la prosecución del servicio caído en cabeza de licenciatarios autorizados para ello.
Es decir que además de estar recomendando nuevos errores en cuanto al derecho aplicable, se obligan a terceros a ser cómplices de dichos errores.
Si cupiesen dudas sobre las continuas equivocaciones en la aplicación de la Ley, vale la pena recordar que los actos dictados por el AFSCA pueden dividirse en: una inocultable cantidad de Resoluciones que adjudican licencias (muy pocas a nuevas voces) y todas o casi todas bajo la aplicación de la Ley Nro. 22.285. Las demás Resoluciones se refieren a rechazos de nuevas voces, y existe un remanente menor de Resoluciones respecto al llamado a un censo de radios y estaciones de televisión abierta, cuyo resultado no se conoce aún, luego de tres años. O el llamado a concurso, más tarde suspendido y en las últimas semanas dejado sin efecto.
Ni que hablar con el retroceso que implicó el dejar sin efecto el llamado a concurso de televisión abierta.
Gran parte de estas equivocaciones se podrían solucionar mediante la intervención obligatoria de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, tal como prevé la Ley.
Pero el oficialismo continúa empecinado en no constituirla, agravando aún más los errores antes apuntados.
Sin embargo, la verdadera respuesta a la falta de aplicación de la Ley radica en la permanencia oficial durante nueve años de gestión, donde siempre fue y sigue siendo el juego de uno solo.
¿Qué cambió desde la Intervención del ComFeR, a la participación de un AFSCA colegiado, con un sentido unívoco del oficialismo?. O ¿qué cambió en la actual composición, con relación a la aplicación del poder de policía administrativa, dador y administrador del espectro radioeléctrico?.
La respuesta es simple: NADA. El verdadero monopolio del ejercicio de la potestad pública lo tuvo y lo tiene el mismo elenco de funcionarios públicos.
Si a ello se le suma cierta parálisis social, en materia de interpretación de tiempos y personajes en esta historia, lo concreto es que la perversidad del sistema no parece que sea producto de los actores que lo componen, sino de la ineficiencia de los resortes políticos del Gobierno en la materia.
En este sentido, más temprano que tarde será el propio oficialismo el que termine auto incriminándose con cada una de sus revisiones, avances, retrocesos y fundamentalmente errores simples o dobles, que haga en la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y allí estaremos atónitos tal vez viendo un monólogo del funcionario que se vea alcanzado por su propia sombra.
Y la afirmación que antecede será consecuencia matemática de la falta de alternancia, debate constructivo o aplicación del ejercicio de la función administrativa reglada en los actos de la administración pública que se reflejan en resoluciones o decretos, sino por la ecuación del unicato del Poder que implicó e implicará el unicato de la responsabilidad.
Cómo enfrentar la ley: desde seguir la batalla judicial a readecuación de licencias
Clarín: El más afectado. Debe vender varios de sus medios y restringir las estructuras de otros. Rechaza la norma por inconstitucional y apuesta a la vía judicial. Sabiendo que la Corte Suprema tendrá la última palabra y que esto llevará varios años de disputa, más allá del 7 de diciembre, no se plantea un escenario de desguace.
Telefe: Se encuentra abarcada por la nacionalidad de su accionista, Telefónica, porque su dueño es concesionario de un servicio público y por controlar más canales que los permitidos. Argumenta que la Ley de Bienes Culturales, anterior a la de medios, no los alcanza y es la que reglamenta al capital extranjero. Plantea que la dueña de Telefe es Telefónica Media y no Telefónica Argentina. Es decir, son actividades independientes. Y dice que los límites a la audiencia aplican al cable.
Supercanal: El grupo mendocino de Vila-Manzano presentó un plan de adecuación para vender activos y a la vez, encarar un proceso de reordenamiento de sus licencias de TV por cable.
Cristóbal López: Admite la venta de dos de sus radios, una vez presentados los papeles de la compra del grupo C5N a Daniel Hadad. Rechaza que sus inversiones en petróleo sean consideradas como servicio público.
González-González: Por su nacionalidad mexicana, el dueño de Canal 9 y FM Aspen debería transferir sus licencias o quedarse con no más del 30%.
Grupo Prisa: Controla radio Continental y otras cuatro emisoras. Debería adecuarse por duplicidad de frecuencias y capital extranjero. Podría argumentar que la licenciataria es una sociedad argentina. De todos modos, dejó de retransmitir la programación de AM 590 por la FM 104.3.
Telecentro: Estaría excedido en señales por el artículo 45 que establece que los prestadores de TV por suscripción no pueden tener señales, con excepción de la de generación propia. Sus voceros no respondieron la consulta de El Cronista.
Fuente: Diario El Cronista
