Por: Eduardo Bertoni
La utilización de fondos públicos como pago de publicidad oficial es una actividad legítima por parte del Estado. Muchos son los ejemplos que se nos pueden ocurrir: llamados a licitaciones, llamados a concursos para ocupar cargos públicos, anuncios de necesidad de vacunación ante catástrofes y un largo etcétera.
Sin embargo, desde hace muchos años, tanto en nuestro país como en el resto de los países de la región, discutimos la publicidad oficial como un mecanismo de violación de la libertad de expresión. Para ser claro, y tal vez corriendo el riesgo de expresar una obviedad, la discusión se vincula más con una cuestión procedimental y no sustantiva.
En general, es “cómo” se distribuye la publicidad oficial lo que genera debate. Dependiendo de “cómo” se distribuya podemos estar ante una violación a la libertad de expresión o ante un acto absolutamente legítimo.
Cuando el “cómo” se traduce en un reparto de la publicidad con el fin de premiar al amigo y castigar a quien se considera enemigo por no comulgar con las mismas ideas de quién está encargado del reparto, estamos frente a un problema para la libertad de expresión que, lamentablemente, y de acuerdo a mi experiencia, no reconoce fronteras de color político ni geográficas.
Concretamente, en nuestro país existen estudios que demuestran que no hay un patrón, desde el punto de vista de los partidos políticos, en el uso arbitrario y discriminatorio de la publicidad oficial.
Por ejemplo, según una investigación de la ONG Asociación por los Derechos Civiles (ADC), entre abril de 2003 y agosto de 2004, en Córdoba, Río Negro y Neuquén, los gobiernos locales –incluyendo algunas municipalidades– usaban la publicidad para tomar represalias contra medios cuya línea editorial era crítica de los gobiernos de turno, particularmente la Unión Cívica Radical, y para recompensar a aquellos de cobertura favorable.
Otros ejemplos los trae una reciente investigación de Martín Becerra para la ONG Poder Ciudadano. Becerra recuerda una condena de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al gobierno encabezado por Jorge Sobisch (Movimiento Popular Neuquino) por asignación arbitraria de la publicidad oficial. La misma Corte se expidió en términos similares por un reclamo de Editorial Perfil contra el Poder Ejecutivo Nacional (Frente para la Victoria). También hay casos en las provincias con pronunciamientos judiciales, como el que hizo lugar a una acción de amparo contra el gobierno de Mario Das Neves (Peronismo Federal). Y, finalmente, como nos señala el estudio, “la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires había sancionado en diciembre de 2009 por unanimidad una regulación sobre publicidad oficial que prohibía el uso proselitista por parte del Gobierno porteño de los recursos públicos en publicidad, pero el jefe de Gobierno, Mauricio Macri (PRO), vetó nueve de los 18 artículos de la normativa y jamás la promulgó”.
En definitiva, y tal como lo demuestran los estudios citados, en nuestro país hay ejemplos de que este problema trasciende la voluntad o falta de voluntad de un partido político para solucionarlo. Y tal vez ése sea el motivo por el cual, pese a algunas manifestaciones públicas desde diversos sectores del arco político, el tema esté aún sin solución.
*Director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Universidad de Palermo, Argentina. Ex relator especial para la libertad de expresión de la OEA
Fuente: Diario Perfil
Otras Señales
