Por: Andrés Sanguinetti
El Gobierno intimó ayer al Grupo Clarín a que, de manera forzosa, comience con el proceso de desinversión establecido en el polémico artículo 161 de la Ley de Medios. Lo hizo a pesar de que el mayor holding de comunicaciones del país se encuentra amparado por un fallo de la Corte Suprema que rige hasta principios de diciembre y que frena la aplicación del más controvertido de los artículos de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La cédula, que lleva la firma de Santiago Aragón, presidente de AFSCA; e Ignacio Saavedra, director del organismo, fue recibida en Cablevisión. La misiva le reclama al operador de TV paga que, entre otras cosas, informe su composición accionarias, los servicios que prestan y sus niveles de facturación.
Pero, tras citar varios artículos de la Ley de Medios, y otros decretos y reglamentaciones vinculados con este conflictivo proceso, la AFSCA también da por vencido el plazo de adecuación voluntaria e inicia el procedimiento obligatorio para que tanto Clarín como el resto de los medios comprendidos por la norma empiecen a desprenderse de activos para cumplir con las limitaciones impuestas.
La circular también fue enviada a otros medios de comunicación supuestamente abarcados por las obligaciones que emanan de la Ley de Medios.
En Clarín calificaron de “violatoria” e “inconstitucional” el pedido de la AFSCA por entender que el grupo se encuentra amparado por una medida cautelar que fue ratificada por la Corte Suprema. “Es claramente ilegal el accionar de las autoridades del AFSCA, que desconociendo el fallo de la Corte exigen al Grupo que ingrese en la constatación de oficio para implementar la cláusula de desinversión”, advirtieron voceros consultados por El Cronista.
La circular de AFSCA asegura que los mecanismos de transición previstos por la ley para que los medios se adecuen a la nueva realidad derivaron en una etapa de adecuación voluntaria a la cual se presentaron varios licenciatarios que se consideraron en infracción ante la ley. También sostiene que esos casos están siendo analizados por el organismo.
Lo que el paper de AFSCA no recuerda es que el período voluntario caducó el 28 de diciembre del año pasado, sin que ningún medio haya vendido o cedido parte de sus activos para cumplir con el artículo 161.
De todos modos, la circular del organismo dice ahora que ese plazo se encuentra vencido y que, para los infractores que no se presentaron de manera espontánea, “se establecieron los criterios a seguir para la ejecución de las constataciones de oficio”.
También recuerda que el 12 de julio, la Resolución 901 inició este procedimiento de oficio y creó también una comisión que se dedicará a analizar, asesorar y seguir los procesos de adecuación a la Ley de Medios.
Ley de medios: el Gobierno busca avanzar sobre licencias de Clarín
Pretende quedarse con Canal 13 y otros medios del grupo, usando una norma que está suspendida por la Justicia
Al día siguiente de que la Presidenta acusara a algunos medios de ser “la cadena nacional del miedo y el desánimo”, el Gobierno avanzó para quedarse con Canal 13 y otros medios del Grupo Clarín, incumpliendo un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que suspendió la aplicación del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Lo hizo mediante el envío de una “cédula de notificación” y una carta informativa, que llegaron esta semana a Canal 13 (Artear) y a otros medios del Grupo, buscando iniciar el proceso de aplicación de dicho artículo, pese a que está suspendido por la Justicia. En esas notas, se pretende que en 10 días hábiles se entreguen varios informes sobre la cantidad y características de sus accionistas, los servicios que prestan, el grupo al que pertenecen Canal 13, Radio Mitre, Cablevisión y sus señales audiovisuales como TN, entre otros datos, para “determinar la situación actual”, ya que estaría en “presunta infracción” a la ley de medios.
La “notificación” fue enviada por el coordinador general de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Fernando Pérez -dirigente de La Cámpora-, titular de la comisión para la adecuación a la ley de medios, que está cuestionada por haberse creado sin intervención de la oposición .
En otra nota, el presidente de AFSCA, Santiago Aragón –renunció como diputado kirchnerista para asumir al frente del organismo oficial- y el director Ignacio Saavedra -dirigente de La Cámpora-, explican que el objetivo de esta avanzada contra Clarín es “determinar la situación actual”, ya que “no habiendo presentado una propuesta de adecuación voluntaria”, estaría “en presunta infracción a la normativa contenida en la Ley”. Infracción que el Gobierno sabe que no existe por la medida judicial vigente.
Ambas notas se enviaron al Grupo Clarín, pese a la suspensión judicial que como mínimo rige hasta el 7 de diciembre. La Corte Suprema instó a que la causa de fondo se resuelva cuanto antes. En la misma, la justicia federal debe pronunciarse respecto de la inconstitucionalidad de algunos de los aspectos más polémicos de la ley, como el artículo 161, que desconoce las licencias vigentes y obliga a desprenderse de ellas en un año, violando derechos adquiridos; o el artículo 45, que tiene varios puntos arbitrarios que vulneran la sustentabilidad de los medios, condicionan la libertad de expresión y resultan discriminatorios.
Más allá del vencimiento de la cautelar, si la Justicia resolviera en la causa de fondo que dichos artículos (45 y 161) son inconstitucionales, no se podrían aplicar al Grupo. Si para diciembre no hubiera un pronunciamiento de fondo, la propia Corte abrió la posibilidad de que se amplíe la cautelar de mantenerse las dilaciones del Estado, que demoraron casi un año la causa de fondo. En cualquier caso, el plazo de un año del 161 nunca podría comenzar a contarse antes de diciembre.
Por eso, es claramente ilegal el accionar de las autoridades de AFSCA, que desconociendo el fallo de la Corte pretenden aplicar al Grupo Clarín la “constatación de oficio”, un procedimiento vinculado a la desinversión, establecido en una resolución que reglamenta el artículo 161 y que por lo tanto no puede aplicarse a Clarín .
El máximo tribunal había planteado hace dos meses que AFSCA “no se ha mostrado demasiado apresurada en el proceso de implementación de la norma en cuestión y ha prorrogado los plazos y suspendido las licitaciones, lo cual contradice en gran medida la afectación que dice sufrir como consecuencia de la decisión” del Grupo Clarín.
El Gobierno inició de oficio el proceso para que Clarín desinvierta
AFSCA desconoce la medida cautelar ratificada por la Corte e intimó ayer a las firmas de ese grupo
Por José Crettaz
En desconocimiento del fallo de la Corte Suprema que confirmó hasta el 7 de diciembre próximo la vigencia de una medida cautelar que beneficia al Grupo Clarín, el gobierno nacional intimó ayer a varias empresas pertenecientes a ese conglomerado a comenzar el proceso de desinversión previsto en la ley de medios audiovisuales.
Las notificaciones de la Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) fueron enviadas a Canal 13, Radio Mitre y Cablevisión. En un extenso escrito, el organismo solicita información detallada sobre accionistas, servicios prestados, grilla de contenidos, estructura y datos técnicos de las redes o plantas transmisoras, cantidad de clientes, montos facturados y competidores, entre otros.
La cédula de notificación lleva la firma de Fernando Pérez, coordinador interino de AFSCA, y es acompañada de una carta explicativa firmada por Santiago Aragón, presidente de esa autoridad y amigo personal de su antecesor en el cargo y actual vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto; y de Ignacio Saavedra, director del organismo que opera como una suerte de copresidente y que pertenece a la agrupación kirchnerista La Cámpora.
Con esta medida, AFSCA pisó el acelerador de la aplicación de la norma en su aspecto más polémico la misma semana en que dejó "sin efecto" los concursos abiertos hace un año para la creación de 220 nuevos canales de TV. Para esa licitación, en la que se esperaba una avalancha de interesados, sólo se vendieron 48 pliegos.
AFSCA también notificó de ese pedido a otros grupos de medios que carecen de resguardo legal y para los que el artículo que fija el plazo de desinversión está plenamente vigente desde el 28 de diciembre pasado. Entre las empresas que ya deberían haberse adecuado a la norma están el grupo Uno Medios, del ex ministro justicialista José Luis Manzano y el empresario Daniel Vila; el grupo Indalo-C5N, del empresario del juego Cristóbal López; y el conjunto de emisoras que tienen en propiedad (y en disputa judicial) Raúl Moneta y Matías Garfunkel.
La medida cautelar que beneficia al Grupo Clarín fue dictada por el juez Edmundo Carbone el 7 de diciembre de 2009 y rafiticada por la Cámara Federal. Paradójicamente, la cuestión de fondo, la constitucionalidad o no del artículo 161, no tiene aún un juez designado. Ese artículo fijó el plazo de un año desde la reglamentación de la ley para que las empresas que hayan quedado en situación irregular se adecuen al nuevo marco legal.
La interpretación sobre el alcance del fallo de la Corte que le puso plazo de vencimiento a la cautelar que suspendió la aplicación de ese artículo al Grupo Clarín es el nuevo round en esta extensa disputa judicial. Mientras que para la empresa el 7 de diciembre empieza a correr el plazo de un año previsto en el artículo 161 de la ley de medios, para la administración Kirchner, ese día vencen todos los plazos y la desinversión tiene que estar concluida.
El proceso de adecuación tiene tres pasos: la presentación voluntaria, la constatación de oficio y la transferencia compulsiva de las licencias (es decir, la venta de empresas).
AFSCA inició ayer el proceso de constatación de oficio para "determinar la situación actual de cada uno de los licenciatarios que, no habiendo presentado una propuesta de adecuación voluntaria, se encuentren en presunta infracción a la normativa".
El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Santiago Aragón, afirmó hoy que el Grupo Clarín no podrá mantener tras el 7 de diciembre próximo Canal 13 y Cablevisión al mismo tiempo.
"El Grupo Clarín tiene un problema complejo por tener un canal en el mismo lugar donde tiene señales de cable, que es el caso de Canal 13 y Cablevisión", destacó Aragón en alusión al cumplimiento de la cláusula de desinversión de la ley de medios.
Al ser consultado sobre si están obligados a desprenderse de alguno de los dos, contestó: "Exacto, y aún quedándose con Cablevisión, tiene que retener una porción mucho más chica porque hoy excede de 8 a 10 veces lo que establece la ley".
En declaraciones radiales, Aragón sostuvo que tampoco Cablevisión y DirecTV pueden permanecer en el mismo grupo.
"(En el AFSCA) tenemos la expectativa de que los medios que están por fuera de la ley, se adecúen de acá al 7 de diciembre, tal cual lo estableció la Corte Suprema y que se entienda que el fallo es categórico", agregó el funcionario.
Fuentes: Diarios El Cronista, Clarín, La Nación, Noticias Argentinas
