Lago Puelo, Domingo por la tarde. Las nubes sobre las montañas dan la sensación que es lo único que nos protege. Allí, a la vera de la ruta 258 (hoy ruta minera 40), en la localidad de El Hoyo, Chubut, un grupo de personas abrazando la casa de Inés Larena, en este caso, nos juntamos para compartir nuestra indignación sobre la decisión judicial conocida el viernes 4 de julio.
El fallo determina que Inés Larena es “usurpadora” de la tierra que habita desde que nació. Desde la década del cuarenta la abuela Eufemia Monsalve y Don Víctor Larena, se asentaron en el paraje, de arroyo a arroyo, obteniendo los permisos de ocupación correspondientes para desarrollar su forma de vida. Entre los mates que nos tomamos reconocimos las casas de los hijos de doña Eufemia, sus nietos, bisnietos y tataranietos, es decir, cinco generaciones de Larena establecidas en el lugar. Ahí nos preguntamos: ¿puede la insensibilidad del poder, con arreglos espurios, pasar por encima del derecho legítimo de antiguos pobladores? ¿Es posible que desde una oficina en Rawson se decida el destino de tierras que figuran como fiscales, ignorando que están ocupados por viejos pobladores? ¿Cuántos Larena han perdido sus tierras y cuántos más las perderán en manos de seres vinculados a distintos poderes que abusan de la buena fe de los pobladores? No salimos de nuestro asombro al enterarnos que el testimonio de Don José Matus, vecino de los Larena, quien dejó bien claro la ocupación y uso de la tierra de sus vecinos desde hace mas de 60 años, fuera impugnado por la jueza, a pedido de los querellantes. Matus fue tan claro en su declaración, como firme en su postura cuando supo decir que no a las pretensiones de realizar cateos mineros en su territorio hace dos años. También fueron impugnados otros tres importantes testimonios.
Sabemos que las preguntas que nos hacemos conllevan como respuesta que sí, que es posible el atropello. Que mientras compartimos este momento, en este instante, algún allegado al poder puede estar obteniendo del Estado un título de tierras que ni siquiera conoce, o que conoce desde la especulación. Ese mismo Estado en el que nosotros debiéramos descansar sabiendo que nos protege.
El fallo judicial, que determina entre otras cosas la pena de seis meses de prisión en suspenso para Inés Larena, va a ser apelado en instancias superiores. Por otro lado, la orden de desalojo para Inés Larena, que no puede ser apelada y debería hacerse efectiva en el término de 10 días hábiles, es lo que nos reunió en este momento de urgencias.
Compartiendo con los pobladores, los amigos, los compañeros, nos sentimos tan protegidos como con el cielo y las montañas. Esto nos impulsa a ver más allá y comprometernos en exigir el reconocimiento de cada poblador y la titularización de sus territorios, sin temores a ser desalojados por seres siniestros que funcionan parasitariamente entre los vericuetos de las leyes.
Fuente: Asamblea Comarcal Contra el Saqueo