Por: Miguel Julio Rodríguez Villafañe*
La Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual 26.522 establece, que los prestadores de televisión por cable deben incluir en su grilla las señales generadas por las "universidades nacionales que se encuentren localizadas en su área de prestación de servicio", (art. 63, párrafo 3, inc. "e").
Cablevisión SA, cableoperadora en la ciudad de Córdoba, de acuerdo a lo que manda la ley, debió subir Cba24n a su grilla de TV por cable, el canal de noticias de la Universidad Nacional de Córdoba, el primer canal de este tipo del interior del país. La empresa perteneciente al Grupo Clarín se opuso a incluirlo en su grilla.
Ante la actitud negativa de la obligada, se inició un amparo, en junio de 2011, por el presidente de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba (SRT), Esteban Falcón, junto a los abogados Claudio Orosz, Martín Fresneda y Cristina Rassow.
El planteo se ganó en primera y segunda instancia, ambas resoluciones judiciales ordenaban que se subiera a la grilla el canal Cba24n. Contra la última sentencia, Cablevisión interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que le fue concedido por la Cámara Federal de Córdoba, en junio de 2014.
Ejecución para evitar la ilegítima censura empresarial. Ante esta situación, convocado como abogado y en representación del canal de la Universidad, pedí al Tribunal, que ordene ejecutar la sentencia, ya que el amparo llevaba más de tres años y era inaceptable tener que esperar que resolviera la Corte para que se cumpliera lo decidido, lo que agregaba, injustamente, tres años o más de espera. Se resaltó que era de estricta justicia llevar adelante lo resuelto en dos instancias judiciales, ya que de lo contrario se atacaba, gravemente, lo dispuesto por en el art. 43 de la Constitución Nacional, que establece que el amparo debe ser una solución expedita y rápida, ante la violación de la ley, como se dada en el caso y en particular, teniendo en cuenta que se trataba del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, que es un derecho de tratamiento y protección preferente. La actitud de Cablevisión era una verdadera "censura empresarial" ilegal y su proceder en el juicio ha buscado dilatar, inconstitucionalmente, el cumplimiento del derecho que asistía a los SRT.
También, todo esto, requerido al Tribunal, de acuerdo al art. 258 del Código Procesal Civil de la Nación y dando fianza por nuestra parte.
A su vez, agregué al juicio un acta de escribano público, que demostraba que hasta ese momento, Cablevisión prefería tener dos veces, -en el canal 5 y en el canal 73 de su grilla-, al canal CNN en español, que se emite desde la Ciudad de Atlanta de E.E.U.U., y no subir el canal de noticias universitario cordobés. Ello además, desnaturalizaba lo que sostenía la empresa incumplidora, respecto a que no tenía espacio para colocar la señal de Cba24n.
La Cámara Federal hizo lugar a lo que solicité y ordenó que se incorporara al canal universitario como se había resuelto.
Luego, vendría otro festival de planteos de Cablevisión SA, para no permitir que se lleve adelante lo decidido por la Justicia. Así, interpuso un pedido de nulidad de lo actuado sosteniendo que nunca se la notificó del pedido de ejecución de sentencia, cuando constaba agregada al juicio, la notificación firmada por la Prosecretaria de la Cámara Federal. Sostuve entonces, que era una maniobra más de Cablevisión para demorar que los cordobeses puedan acceder al canal de noticias de la Universidad Nacional de Cba. La Cámara Federal aceptó mis argumentaciones y no hizo lugar al nuevo planteo de Cablevisión, rechazó la nulidad y bajó las actuaciones para que se ejecutara en primera instancia lo decidido por la Justicia en el amparo.
Ya en primera instancia, también Cablevisión quiso apartar a unos de los jueces actuantes y pusieron cuanta traba pudieron. Incluso, el abogado de Cablevisión Gerardo Viramonte, presentó un escrito en este amparo, amenazando de accionar penalmente en contra de los letrados de los SRT intervinientes y de los funcionarios judiciales actuantes. Dichas amenazas, por supuesto, no se concretaron porque sabían que no cabían, pero las usaban, evidentemente, desde la soberbia por la que tampoco cumplían con la Ley 26.522.
La Justicia no hizo lugar a los nuevos requerimientos de Cablevisión y ordenó que se cumpliera lo decidido inmediatamente, de lo contrario, se lo haría, como se pidió, por la fuerza pública. Asimismo, de acuerdo a las disposiciones de la Autoridad Federal de los Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), debía incorporarse Cba24n, en el canal 16 de la grilla de la TV por cable.
Finalmente, cuando para el lunes 29 de setiembre de 2014, estaba todo listo para ejecutar por la fuerza la manda judicial, la noche anterior, a las 20 y 30 hs. subió Cablevisión la señal de Cba24n a la grilla básica.
Cumplimiento inadecuado
Luego, resulta que Cablevisión sobreimprimía ilegítimamente sobre la señal de Cba24n un zócalo móvil (scroll) en la parte inferior de la pantalla, donde decía que por imposición judicial se veía obligada a trasmitir otra señal de la que allí estaba. Contra esta actitud apelé a la Cámara porque significaba hacer "publicidad" de su postura sobre nuestra señal. Además, existe otras forma de informar a sus usuarios y de esa manera se deforma y mutila la "integridad de la obra" protegida por la Ley 17.251. También se dejó señalado, que la ejecución anticipada de la sentencia, no implica que no se deba ejecutar como lo manda el fallo integralmente y sin distorsiones sobre la señal Cba24n.
A su vez, se denunció que era ilegal que Cablevisión, si bien había incluido en la señal 16 al canal Cba24n, en su grilla básica, no lo hacía en los paquetes de "Cablevisión Digital" y "Cablevisión HD", considerando que, de tal modo, se estaba impidiendo que la señal llegue al universo de suscriptores, como ordenaba la Justicia.
El 17 de diciembre la Cámara Federal hizo lugar a lo solicitado por los SRT, ordenaron no incluir zócalo alguno sobre Cba24n y que se debía agregar la señal en los servicios de "Cablevisión Digital" y "Cablevisión HD". A su vez, denegaron los planteos formulados por Cablevisión y llamaron firmemente la atención a la empresa del Grupo Clarín y a su abogado Gerardo Viramonte, por "las reiteradas impugnaciones, apelaciones y nulidades inoficiosas presentadas a lo largo del proceso".
Visiones desde el Interior del país
La señal de Cba24n es fundamental en el espacio de la grilla de la TV por cable, para consolidar una democracia plural, participativa y federal. Ello permite amplificar las voces y los actores y ayuda a construir un país en el que las noticias y las opiniones se puedan expresar, con relevancia mediática y periodística, y no tener que contar para ello, de fondo, con del Obelisco o la ciudad de Atlanta. Se puede aportar de esta manera informaciones con una visión desde el interior y con perspectiva de hombres y mujeres que tienen tiempo y espacio, y donde viven, piensan y comparten sus aportes y pareceres respecto de su comunidad, la provincia, el país y el mundo.
*Abogado de los SRT, constitucionalista, especialista en Derecho de la Información
Fuente: La Mañana de Córdoba
miércoles, 24 de diciembre de 2014
LocutAr, la patronal del Estado, se organiza contra la SAL
Ante la virulencia de los ataques que viene tolerando la Sociedad Argentina de Locutores por parte de quienes se autotitulan referentes de un supuesto sindicato en formación, la Comisión Directiva Nacional se siente en la obligación de llegar al gremio con algunas aclaraciones
Quienes se autodenominan referentes de esta organización en construcción, son en su mayoría empresarios de la radiodifusión, funcionarios públicos, directores de medios públicos y privados, jerárquicos que desde hace años se convirtieron en empleados públicos seriales, como es el caso de quien se presenta como "coordinador nacional", un oscuro político oficialista que en el colmo de la caradurez, califica de falso al único sindicato que con personería gremial nacional desde hace más de 71 años sostiene los Convenios Colectivos de Trabajo, la Profesionalidad y la Obra Social de Locutores.
Este tenebroso sujeto viene de hostigar con despidos y otras maniobras a los locutores y otros gremios de LT14 Radio Gral. Urquiza de Paraná Entre Ríos, donde se desempeñó recientemente como director. Luego el AFSCA lo contrató como veedor de LT9 de Santa Fe y hasta hace poco fue diputado nacional, cargo al que llegó como integrante de una lista sábana, en reemplazo del actual ministro de Defensa. Ahora, nuevamente con financiamiento de dineros públicos, recorre el país para sembrar con sus cantos de sirena la discordia y la desunión, con falsas promesas de "solucionar los problemas que tienen locutores y locutoras en sus trabajos y la puesta en marcha de un escalafón salarial que contemple las características de cada localidad así como un plan de formación profesional".
Precisamente si hay problemas laborales en los medios, es pura y exclusivamente por la ausencia de la autoridad de aplicación, que en vez de dedicarse a fiscalizar el cumplimiento de los pliegos y el respeto de las incumbencias profesionales como se lo manda la Ley de Medios de la Democracia, desde hace un par de años fogonea una campaña de habilitaciones masivas e improvisadas como base de esta organización que se refugia en la central que sirve de aguantadero a los aplaudidores de turno.
Dicen actuar en consonancia con principios de desarrollo con inclusión social, pero la inclusión social sin profesionalismo aumenta la precariedad laboral, incrementando la demanda de puestos de trabajo en un espectro radioeléctrico que carece de Plan Técnico y Normas de Servicio que solucionen la existencia de zonas de conflicto donde coexisten cientos de emisoras sin autorización para funcionar y que no ofrecen trabajo registrado.
La Sociedad Argentina de Locutores está conformada por un grupo de hombres y mujeres que en todo el país luchan cotidianamente en defensa de los derechos de los locutores. No cobran sueldos, no tienen prerrogativas de ninguna naturaleza. No sólo no cuentan con apoyo oficial, sino que suelen recibir reveses del propio Estado.
La Sociedad Argentina de Locutores suma una trayectoria de muchísimos años; impecable e incólume ante cualquier intento desestabilizador pergeñado desde las sombras del poder.
Otros prometen "construir una locución para todos y todas". Nosotros seguiremos caminando la calle y trabajando por el bien común y la elevación profesional como lo venimos haciendo.
No nos dejemos engañar por estos personajes que haciendo uso de los medios y recursos del Estado pretenden instalar una organización paralela y hacerle daño a la SAL, Institución con más de 71 años que nuclea y defiende a los trabajadores de la locución de todo el país. A los compañeros/as que han perdido el rumbo tentados por vaya a saber que promesas, los invitamos a reflexionar y volver sobre sus pasos para reencontrarse con su entidad, la SAL, la única representante legal de la actividad a nivel nacional.
En consonancia con la pluralidad de voces que anima el espíritu de la ley de medios que ayudamos a construir, en la Sociedad Argentina de Locutores conviven todas las opiniones y todas las corrientes ideológicas, por eso hemos aquilatado más de 71 años de historia y una cultura basada en el conocimiento, la formación profesional, el respeto de los derechos de todos.
Con Voz seguiremos haciendo camino.
Fuente: Sociedad Argentina de Locutores
Quienes se autodenominan referentes de esta organización en construcción, son en su mayoría empresarios de la radiodifusión, funcionarios públicos, directores de medios públicos y privados, jerárquicos que desde hace años se convirtieron en empleados públicos seriales, como es el caso de quien se presenta como "coordinador nacional", un oscuro político oficialista que en el colmo de la caradurez, califica de falso al único sindicato que con personería gremial nacional desde hace más de 71 años sostiene los Convenios Colectivos de Trabajo, la Profesionalidad y la Obra Social de Locutores.
Este tenebroso sujeto viene de hostigar con despidos y otras maniobras a los locutores y otros gremios de LT14 Radio Gral. Urquiza de Paraná Entre Ríos, donde se desempeñó recientemente como director. Luego el AFSCA lo contrató como veedor de LT9 de Santa Fe y hasta hace poco fue diputado nacional, cargo al que llegó como integrante de una lista sábana, en reemplazo del actual ministro de Defensa. Ahora, nuevamente con financiamiento de dineros públicos, recorre el país para sembrar con sus cantos de sirena la discordia y la desunión, con falsas promesas de "solucionar los problemas que tienen locutores y locutoras en sus trabajos y la puesta en marcha de un escalafón salarial que contemple las características de cada localidad así como un plan de formación profesional".
Precisamente si hay problemas laborales en los medios, es pura y exclusivamente por la ausencia de la autoridad de aplicación, que en vez de dedicarse a fiscalizar el cumplimiento de los pliegos y el respeto de las incumbencias profesionales como se lo manda la Ley de Medios de la Democracia, desde hace un par de años fogonea una campaña de habilitaciones masivas e improvisadas como base de esta organización que se refugia en la central que sirve de aguantadero a los aplaudidores de turno.
Dicen actuar en consonancia con principios de desarrollo con inclusión social, pero la inclusión social sin profesionalismo aumenta la precariedad laboral, incrementando la demanda de puestos de trabajo en un espectro radioeléctrico que carece de Plan Técnico y Normas de Servicio que solucionen la existencia de zonas de conflicto donde coexisten cientos de emisoras sin autorización para funcionar y que no ofrecen trabajo registrado.
La Sociedad Argentina de Locutores está conformada por un grupo de hombres y mujeres que en todo el país luchan cotidianamente en defensa de los derechos de los locutores. No cobran sueldos, no tienen prerrogativas de ninguna naturaleza. No sólo no cuentan con apoyo oficial, sino que suelen recibir reveses del propio Estado.
La Sociedad Argentina de Locutores suma una trayectoria de muchísimos años; impecable e incólume ante cualquier intento desestabilizador pergeñado desde las sombras del poder.
Otros prometen "construir una locución para todos y todas". Nosotros seguiremos caminando la calle y trabajando por el bien común y la elevación profesional como lo venimos haciendo.
No nos dejemos engañar por estos personajes que haciendo uso de los medios y recursos del Estado pretenden instalar una organización paralela y hacerle daño a la SAL, Institución con más de 71 años que nuclea y defiende a los trabajadores de la locución de todo el país. A los compañeros/as que han perdido el rumbo tentados por vaya a saber que promesas, los invitamos a reflexionar y volver sobre sus pasos para reencontrarse con su entidad, la SAL, la única representante legal de la actividad a nivel nacional.
En consonancia con la pluralidad de voces que anima el espíritu de la ley de medios que ayudamos a construir, en la Sociedad Argentina de Locutores conviven todas las opiniones y todas las corrientes ideológicas, por eso hemos aquilatado más de 71 años de historia y una cultura basada en el conocimiento, la formación profesional, el respeto de los derechos de todos.
Con Voz seguiremos haciendo camino.
Fuente: Sociedad Argentina de Locutores
Quejas de una diputada por el papel de la Comisión de Libertad de Expresión
La diputada nacional Patricia De Ferrari (UCR-Córdoba) criticó duramente la inacción de la comisión de la Cámara Baja que debería expedirse sobre lo que le sucede a la prensa
”Con tristeza hemos visto que en este 2014 hubo avasallamientos de todo tipo a los periodistas y a la prensa. Fue un año signado por los aprietes, las censuras, los despidos por causas ideológicas, los cambios ‘raros’ y contrarios a la ley de medios -como el caso de estos días, con FM Identidad-, eso sin mencionar el intento absurdo de aplicar la ley antiterrorista a un periodista como Suárez. Con este escenario, avergüenza el casi nulo desempeño de la Comisión de Libertad de Expresión, así como la falta de interés del gobierno en defender este derecho y garantía constitucional básico”, señaló De Ferrari, integrante de la comisión.
“Es increíble cómo, en su afán por sostener el relato mentiroso, el kirchnerismo ha decidido hacer de cuenta que ‘aquí no ha pasado nada’ y le dio la espalda a los cientos de profesionales de los medios que sufrieron atropellos de distinto tipo, que fueron desde presiones y amenazas hasta cierres de medios y cárcel para periodistas. Todo mientras la comisión de libertad de expresión ni siquiera se reunía para manifestar preocupación”, dijo la diputada.
“La postura del oficialismo sobre la libertad de prensa, es clara. Funciona con una doble vara, en la que ganan los que sostienen el relato oficialista y la realidad que ellos quieren presentarle a la gente, que reciben fondos escandalosos, mientras que a los otros, a los que investigan o se apartan de ese cuentito, les pasan por encima con todo el peso posible”, sentenció De Ferrari y agregó: “Esto se complementa con los constantes ataques de Cristina Fernández y su gabinete a los periodistas críticos y al rol que deben cumplir en Democracia”.
Fuente: Prensa UCR
”Con tristeza hemos visto que en este 2014 hubo avasallamientos de todo tipo a los periodistas y a la prensa. Fue un año signado por los aprietes, las censuras, los despidos por causas ideológicas, los cambios ‘raros’ y contrarios a la ley de medios -como el caso de estos días, con FM Identidad-, eso sin mencionar el intento absurdo de aplicar la ley antiterrorista a un periodista como Suárez. Con este escenario, avergüenza el casi nulo desempeño de la Comisión de Libertad de Expresión, así como la falta de interés del gobierno en defender este derecho y garantía constitucional básico”, señaló De Ferrari, integrante de la comisión.“Es increíble cómo, en su afán por sostener el relato mentiroso, el kirchnerismo ha decidido hacer de cuenta que ‘aquí no ha pasado nada’ y le dio la espalda a los cientos de profesionales de los medios que sufrieron atropellos de distinto tipo, que fueron desde presiones y amenazas hasta cierres de medios y cárcel para periodistas. Todo mientras la comisión de libertad de expresión ni siquiera se reunía para manifestar preocupación”, dijo la diputada.
“La postura del oficialismo sobre la libertad de prensa, es clara. Funciona con una doble vara, en la que ganan los que sostienen el relato oficialista y la realidad que ellos quieren presentarle a la gente, que reciben fondos escandalosos, mientras que a los otros, a los que investigan o se apartan de ese cuentito, les pasan por encima con todo el peso posible”, sentenció De Ferrari y agregó: “Esto se complementa con los constantes ataques de Cristina Fernández y su gabinete a los periodistas críticos y al rol que deben cumplir en Democracia”.
Fuente: Prensa UCR
El relato dice "fueron reconocidas 200 nuevas radios comunitarias" #Falso!
Por: Francisco Godinez Galay – CPR/CEPPAS
Analizamos los datos brindados por la AFSCA ante nuestro pedido:
Cuando se cumplieron cuatro años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Auidvisual en Argentina, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual publicó algunos resultados positivos del período. Allí vimos que se mencionaba que durante la ejecución de la actual ley habían sido reconocidas 200 nuevas radios comunitarias (1). Miramos los listados, hicimos cuentas, y los números no nos daban.
En septiembre de 2014 hicimos un pedido de información utilizando el decreto 1172/2003 de acceso a la información pública. El pedido concreto fue: “El listado de radios comunitarias registradas, consignando nombre, frecuencia, localidad, fecha y tipo de autorización o licencia, y organización o institución de la que depende cada emisora.”
Para comenzar, hay que decir que la información fue suministrada, lo cual supone un progreso en lo que era la relación de la sociedad civil con el Estado y con el acceso a la información.
Ahora bien, la primera respuesta que la autoridad de aplicación nos envía aclara que “no existe en el registro una categoría de ‘radios comunitarias’ registradas”. Por supuesto, ese es el problema del cual venimos alertando desde 2009. Sin fines de lucro no significa comunitario. Y mientras el 33% de reserva de espectro sea para sin fines de lucro, y no haya subreserva de espectro, ni condiciones específicas, y mientras no se reconozca al actor comunitario con un actor específico de la comunicación, estos medios seguirán desamparados desde lo concreto y desde lo simbólico, y dependiendo del humor de los funcionarios de turno.
Luego, nos aclaran que sin perjuicio de lo anterior, nos adjuntan el listado de radios sin fines de lucro registradas durante la ejecución de la actual ley. Pues bien, los datos son elocuentes. Contra las 200 publicitadas por la autoridad de aplicación un año atrás, el listado oficial brindado tiene solo diecinueve. Pero no es todo: de las diecinueve, hay dos que están dos veces, una que es de la Universidad Católica de Salta (debería aparecer como universitaria o en todo caso como de la Iglesia), ocho no tienen nombre, y una es de la Asociación Colegio Adventista del Plata.
Pero lo más sorprendente surge cuando preguntamos qué tipo de título tenía cada una. 13 cuentan con Licencia; 3 con PPP (permiso precario y provisorio); 1 con Autorización (la de la Universidad Católica de Salta, ya que ese es el título que se da a los medios públicos estatales y no estatales que es donde éste debería figurar); y 2 aparecen con Reconocimiento. Resulta curioso, ya que en diciembre de 2013 en el CEPPAS y junto a la Red Nacional de Medios Alternativos elaboramos un proyecto de reconocimiento para los medios comunitarios, a lo cual se nos ha dicho que el término reconocimiento no es correcto ni es posible. Sin embargo, en información oficial, está siendo utilizado para al menos dos emisoras comunitarias. Y en la publicación de los cuatro años de la ley, también se utiliza el término.
En julio de 2013 ya habíamos hecho un pedido sobre los medios registrados desde 2009 hasta la fecha. Allí aparecen otras radios sin fines de lucro, que no están en el listado enviado los últimos días. Allí son 31 las radios sin fines de lucro registradas oficialmente, incluidas algunas de la Iglesia Evangélica ya que, como advertíamos también, a pesar de tener diferencias en cuanto a gestión, financiamiento y logística, entrarían dentro del famoso 33% a competir con las comunitarias. Incluso tomando ese listado, se está muy lejos de sumar las 200 radios comunitarias publicitadas.
Ahora habrá que esperar que se publique la resolución 3405 votada por unanimidad en el directorio de AFSCA el pasado martes 16 de diciembre de 2014. Supuestamente, esa resolución es la que crea el empadronamiento de radios comunitarias, y si todo sale como esperamos, ese empadronamiento debería ser una herramienta que sirva a medios sin amparo no solo para acceder a fondos, sino para tener algún resguardo frente a interferencias, para tener algún reconocimiento que no deje su funcionamiento librado a la voluntad del funcionario de turno y, sobre todo, para que el Estado demuestre de una vez por todas que entendió de qué se habla cuando se habla de medios comunitarios, y que les reconozca sus características específicas en el sistema de medios, y su rol para el fortalecimiento de la democracia.
Por lo expuesto, entendemos que el listado que motiva este artículo se trata de un error. Lo cual no deja de preocupar, ya que en ese caso, nos estaría advirtiendo sobre el mal desempeño de la autoridad en cuanto a la transparencia y lo poco preparado que está el Estado para garantizar el derecho al acceso a la información pública. Como sea, seguiremos tratando de aportar algo para que las cosas cambien.
1) “4 años de políticas de comunicación audiovisual”, AFSCA, p. 3. Imagen adjunta
Fuente: Centro de Producciones Radiofónicas -CPR-, Centro de Políticas Públicas para el Socialismo -CEPPAS-
Analizamos los datos brindados por la AFSCA ante nuestro pedido:
Cuando se cumplieron cuatro años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Auidvisual en Argentina, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual publicó algunos resultados positivos del período. Allí vimos que se mencionaba que durante la ejecución de la actual ley habían sido reconocidas 200 nuevas radios comunitarias (1). Miramos los listados, hicimos cuentas, y los números no nos daban.
Para comenzar, hay que decir que la información fue suministrada, lo cual supone un progreso en lo que era la relación de la sociedad civil con el Estado y con el acceso a la información.
Ahora bien, la primera respuesta que la autoridad de aplicación nos envía aclara que “no existe en el registro una categoría de ‘radios comunitarias’ registradas”. Por supuesto, ese es el problema del cual venimos alertando desde 2009. Sin fines de lucro no significa comunitario. Y mientras el 33% de reserva de espectro sea para sin fines de lucro, y no haya subreserva de espectro, ni condiciones específicas, y mientras no se reconozca al actor comunitario con un actor específico de la comunicación, estos medios seguirán desamparados desde lo concreto y desde lo simbólico, y dependiendo del humor de los funcionarios de turno.
Luego, nos aclaran que sin perjuicio de lo anterior, nos adjuntan el listado de radios sin fines de lucro registradas durante la ejecución de la actual ley. Pues bien, los datos son elocuentes. Contra las 200 publicitadas por la autoridad de aplicación un año atrás, el listado oficial brindado tiene solo diecinueve. Pero no es todo: de las diecinueve, hay dos que están dos veces, una que es de la Universidad Católica de Salta (debería aparecer como universitaria o en todo caso como de la Iglesia), ocho no tienen nombre, y una es de la Asociación Colegio Adventista del Plata.
Pero lo más sorprendente surge cuando preguntamos qué tipo de título tenía cada una. 13 cuentan con Licencia; 3 con PPP (permiso precario y provisorio); 1 con Autorización (la de la Universidad Católica de Salta, ya que ese es el título que se da a los medios públicos estatales y no estatales que es donde éste debería figurar); y 2 aparecen con Reconocimiento. Resulta curioso, ya que en diciembre de 2013 en el CEPPAS y junto a la Red Nacional de Medios Alternativos elaboramos un proyecto de reconocimiento para los medios comunitarios, a lo cual se nos ha dicho que el término reconocimiento no es correcto ni es posible. Sin embargo, en información oficial, está siendo utilizado para al menos dos emisoras comunitarias. Y en la publicación de los cuatro años de la ley, también se utiliza el término.
Ahora habrá que esperar que se publique la resolución 3405 votada por unanimidad en el directorio de AFSCA el pasado martes 16 de diciembre de 2014. Supuestamente, esa resolución es la que crea el empadronamiento de radios comunitarias, y si todo sale como esperamos, ese empadronamiento debería ser una herramienta que sirva a medios sin amparo no solo para acceder a fondos, sino para tener algún resguardo frente a interferencias, para tener algún reconocimiento que no deje su funcionamiento librado a la voluntad del funcionario de turno y, sobre todo, para que el Estado demuestre de una vez por todas que entendió de qué se habla cuando se habla de medios comunitarios, y que les reconozca sus características específicas en el sistema de medios, y su rol para el fortalecimiento de la democracia.
Por lo expuesto, entendemos que el listado que motiva este artículo se trata de un error. Lo cual no deja de preocupar, ya que en ese caso, nos estaría advirtiendo sobre el mal desempeño de la autoridad en cuanto a la transparencia y lo poco preparado que está el Estado para garantizar el derecho al acceso a la información pública. Como sea, seguiremos tratando de aportar algo para que las cosas cambien.
1) “4 años de políticas de comunicación audiovisual”, AFSCA, p. 3. Imagen adjunta
Fuente: Centro de Producciones Radiofónicas -CPR-, Centro de Políticas Públicas para el Socialismo -CEPPAS-
martes, 23 de diciembre de 2014
¿Y el 33%? “No hubo voluntad política para reconocernos como sujetos de la comunicación”
“Siento que estamos con un derecho que no se reconoce. Hacemos una actividad que debería estar garantizada por el Estado como un derecho humano, porque el Estado lo único que tiene que hacer es administrar el éter que es de la humanidad y nos ignora como sujetos, porque es un derecho básico que se nos está negando; desde mi punto de vista todo lo demás llega a partir de ese derecho no reconocido. La legalidad te abre la puerta a un montón de cosas, pero no es un premio, no debería serlo, y no debería ser algo de que porque estamos entre compañeros lo vas a tener. Es un derecho, y desde ese lugar vivimos, hacemos aire desde hace aproximadamente seis años. Nosotros nos propusimos hacer aire en el 102.5, cercano al Parque Centenario antes de que la ley saliera, y nos lo propusimos justamente pensando en que es nuestro derecho, ya teníamos la legitimidad suficiente desde nuestro punto de vista como para poder ejercerlo y lo ejercimos sobre una ley, llamada de la dictadura, pero recontra retoqueteada por todos los que vinieron después y legitimada por todos los que vinieron después, incluido el gobierno de Néstor (Kirchner). Lo ejercimos, es decir, fuimos a hacer eso, todo lo demás es consecuencia de este no reconocimiento”, explicó Daniel Giovannini, integrante de Radio La Colectiva, en diálogo con La Retaguardia.
Según explicó Giovannini, La Colectiva nació como un proyecto comunicacional pensado como una herramienta para organizaciones sociales que puedan hacer uso de ella: “nosotros sentimos que en la medida en que fuimos andando como proyecto de comunicación, esas organizaciones sociales se fueron apropiando no solo del aire, sino también de la página, y cuando ves que hay compañeros en distintos lugares del país vos sentís que vas participando de un territorio ideológico, donde nos movemos resistiendo y muchas veces imaginando también un país diferente, una región diferente, y me parece que eso es lo que nos hace sentir que somos legítimos, ese reconocimiento del otro, ese espejo en el que nos miramos y sentimos que la herramienta creada con ese objetivo está cumpliendo en algunos casos el objetivo previsto”.
Existen muchas radios comunitarias, alternativas y populares en Argentina, pero son pocas las que cuentan con licencias, esto implica que la mayoría está funcionando en la ilegalidad. Esto ocurre a pesar de que desde hace más de cinco años está en vigencia la llamada Ley de Medios, que ha sido aplicada de manera dispar en los medios no tradicionales.
En 2010, por ejemplo, se abrió una de las pocas instancias por parte de la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, creada con la nueva ley) destinada al sector comunitario. Se realizó un censo en el que las radios que estaban al aire en aquel momento solo dejaron sus datos. Sin embargo, este censo no tuvo ninguna implicancia real, no generó ningún cambio, ni significó ningún tipo de reconocimiento. Incluso un funcionario de la Afsca dijo -en presencia de un integrante de Radio La Retaguardia- ‘con el censo hace un cucurucho y métetelo en el culo’. Al respecto, Giovannini afirmó: “para nosotros el censo ya fue un paso a una suerte de alegalidad. Entendemos que no sabemos si somos ilegales, porque nosotros hicimos el único paso que nos propuso el Estado. Es el Estado el que está obligado a hacer un plan técnico, es el Estado el que está obligado en cualquier zona de conflicto o no a decir que acá vamos a tener menos frecuencias comerciales. Lo concreto es que así, este censo no sirve para nada, porque si vamos a una cuestión de reconocimiento nosotros no estamos en la ley, todo lo demás que pretendamos o que podamos hacer ahora son parches para lo que desde mi punto de vista fue de alguna manera una batalla perdida por el sector, porque nosotros nos vinculamos al proceso de foros, nos vinculamos a la discusión previa con muy poquito entusiasmo, porque para estar entusiasmados uno tiene que tener un mínimo de confianza con el que anda; nosotros no teníamos prácticamente ningún entusiasmo pero nos vinculamos a esos foros y evidentemente no hubo una voluntad política para reconocernos, por más que nosotros poníamos banderas, ‘queremos ser reconocidos’ y demás, no hubo voluntad política para reconocernos como sujetos de la comunicación, como sujetos particulares, y además porque ya en ese momento el sector estaba debilitado porque un sector importante de los medios comunitarios se alineaba claramente detrás del gobierno, también con una lectura diferente a la nuestra, no digo mala ni buena, simplemente diferente, y eso debilitó el sector. A partir de ahí ya la ley nació sin que nosotros estuviéramos dentro, todo lo demás que estamos buscando es un reconocimiento a martillazos, de todas formas creo que tenemos el derecho a exigirlo. Nosotros no podemos estar en la misma bolsa que todos los medios sin fines de lucro”.
Cabe recordar que dentro de este sector de los medios sin fines de lucro, al que se le debería destinar el 33% del espectro, la ley de medios incluye por ejemplo al canal digital que tiene el gremio de la construcción, la UOCRA, que encabeza Gerardo Martínez. Bien vale preguntarse por qué la UOCRA puede tener una señal de prueba digital, algo inalcanzable por el momento para cualquier canal comunitario.
Las expectativas de Giovannini respecto a que haya algún tipo de avance tras cinco años de implementación de la ley de medios son cada vez más menores: “la conducta de la AFSCA, estuviera al frente quien estuviera, ha sido de dilación, de patear para adelante, ha sido y cada vez más mercantilizar el aire, estamos viendo ahora cómo se reforman o se pasa por encima de la ley para otorgar permisos donde no deberían, en el caso de las telefónicas y demás”.
En la última reunión del directorio de la AFSCA del año se aprobó, entre otras medidas, que Telefónica siguiera operando Telefé. Además, se aprobó –a instancias de una negociación que se venía realizando desde la RNMA junto otras redes de medios como AMARC, FARCO y Red Colmena– un empadronamiento para medios sin fines de lucro cuyo texto aún no se conoce. Podría tratarse de algo similar al censo de 2010 (es decir, una mera recopilación de datos sin ningún reconocimiento de derechos); o una herramienta que implique algún tipo de derecho menor o igual a los permisos precarios provisorios que se entregaron durante el menemismo. Existen muchas radios del sector como La Tribu o Frecuencia Zero, que tienen un permiso provisorio que les da una legalidad superior a la que actualmente tienen muchas de las radios comunitarias que conforman la Red Nacional de Medios Alternativos, como Radio La Colectiva.
De todos modos, para Daniel Giovannini el principal objetivo que persigue La Colectiva es el de acceder a un derecho: “pretendemos que se nos garantice un derecho, las licencias son la consecuencia de esa garantía. Tampoco La Colectiva va a ir solo por su licencia: si se nos ofreciera resolver el tema con nosotros, no lo aceptaríamos, siempre nos movimos dentro de la RNMA, en los foros en su momento, coordinando con los foros que se hacían en los distintos lugares del país, y lo seguimos y seguiremos haciendo. Con respecto a las dificultades que se enfrentan, nosotros seguiremos en el aire, resistiremos en el aire, seguiremos siendo autónomos en la gestión de nuestros propios recursos y seguiremos denunciando en principio la ausencia de democratización de los medios, y seguiremos reclamando el derecho a la comunicación”.
Lo mismo que hizo la Red Nacional de Medios Alternativos este jueves 18 de diciembre, con el sillazo y la radio abierta que organizó frente a la sede central de la AFSCA.
Fuente: La Retaguardia
AFSCA presentó un per saltum para revocar la cautelar otorgada al Grupo Clarín
El recurso extraordinario, presentado ante la Corte, solicita la "inmediata intervención" para que revoque la medida dictada por el juez Horacio Alfonso, que suspendió el proceso de adecuación de oficio del grupo
“El sueño de Magnetto es volver a una Democracia mutilada en la que sea imposible hacer cumplir leyes que terminan con los privilegios de los más poderosos”, consideró Martín Sabbatella y expresó que “resulta escandaloso y muy preocupante que una parte del Poder Judicial se ponga a disposición de esa estrategia corporativa y le arranque al Ejecutivo la facultad de implementar leyes que sanciona el Congreso de la Nación. Es una vergüenza ver a un sector del Poder Judicial involucrado en esas maniobras y por eso esperamos que la Corte resuelva antes de fin de año, suspendiendo la nueva cautelar que favorece a Clarín”. Esta mañana, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para destrabar la adecuación del Grupo Clarín a la ley 26.522. El 9 de diciembre último, el juez federal de primera instancia Horacio Alfonso dictó una cautelar a pedido y a la medida de esa corporación mediática, mediante la cual puso en suspenso el proceso de adecuación de oficio iniciado por el organismo que preside Sabbatella. “Este intento de mutilar la Democracia va a fracasar, como suelen fracasar todas las estrategias de quienes quieren volver atrás, a un país concentrado y desigual”, agregó.
“Hace un año, la Corte Suprema puso fin a una larga cautelar que benefició a Clarín y abrió definitivamente las puertas para poder democratizar la palabra en nuestro país. Ahora, otro juez nos arranca la posibilidad cierta de hacer cumplir esa norma, facilitando que la corporación que comanda Magnetto siga controlando el mercado de medios audiovisuales, con casi 300 licencias de cable, televisión y radio”, explicó el titular de AFSCA y señaló: “Es una barbaridad que un juez inferior se aparte sin fundamento de lo dicho por la Corte, lo que pone en evidencia que una parte del Poder Judicial se rinde ante el poder económico y permite que se consagren privilegios y se vulneren derechos como el de garantizar una comunicación plural, democrática y diversa -manifestó Sabbatella-. Los jueces deberían estar preocupados en cómo ayudan a que las leyes se cumplan; no en mutilarle al Estado la posibilidad de construir el país que el Pueblo decidió a través de sus representantes”. “Es obvio que Magnetto no quiere cumplir la ley y, por eso es una vergüenza que parte del Poder Judicial nos quite las herramientas legales que tenemos para obligar a que la ley se cumpla”, concluyó el funcionario nacional.
La AFSCA presentó esta mañana un recurso extraordinario por salto de instancia -per saltum- ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solicitándole su inmediata intervención para que revoque la medida cautelar dictada por el juez Horacio Alfonso que suspendió el proceso de adecuación de oficio del Grupo Clarín.
La presentación fue realizada de acuerdo a lo establecido en el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite acudir directamente ante la Corte Suprema salteando la instancia de Cámara en las causas “que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional”.
La ley entiende que existe gravedad institucional “en aquellas cuestiones sometidas a juicio que excedan el interés de las partes en la causa, proyectándose sobre el general o público, de modo tal que por su trascendencia queden comprometidas las instituciones básicas del sistema republicano de gobierno o los principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales por ella incorporados”.
En virtud de lo expuesto, la AFSCA indicó que la resolución de un juez de primera instancia, contrariando los principios ya establecidos por la Corte Suprema de Justicia en su fallo del 29 de octubre del 2013, compromete las instituciones básicas del sistema republicano.
“Las medidas cautelares dispuestas por diversos jueces que hicieron que el Grupo Clarín pueda incumplir la ley por ya más de cinco años, pone al Poder Judicial por encima de los otros poderes del Estado y restringe la libertad de expresión de los ciudadanos, al obstaculizar la pluralidad de voces”, se indica en el escrito presentado ante la Corte. Algunos de los argumentos esgrimidos por Alfonso para conceder la cautelar apuntaron a una supuesta falta de deliberación del Directorio de AFSCA a la hora de decidir el inicio de la adecuación de oficio. Al respecto, en el escrito presentado hoy se expresa que “no puede obviarse el hecho de que resulta completamente ajena a la competencia del Poder Judicial de la Nación determinar los estándares de deliberación respecto de cuándo un órgano colegiado de la órbita del Poder ejecutivo Nacional ha dado -o no- suficiente debate sobre la adopción de un acto administrativo. En los fundamentos de la resolución atacada, el juez de grado fija un parámetro por cierto subjetivo y dogmático para decidir cuándo una discusión es suficiente y cuándo no, subestimando la autoridad e idoneidad de los Directores de esta Autoridad Federal que votaron la Resolución Nº 1121-AFSCA/14 por sus propias convicciones”.
En el pedido de per saltum, AFSCA también recuerda que, cuando la Corte puso fin a la cautelar anterior, había señalado que “no encontrándose en juego la libertad de expresión, no existen razones que justifiquen la aplicación de una tutela inhibitoria a favor de los titulares de las licencias, protección que conllevaría la imposibilidad de implementar la ley hasta que se produzca el vencimiento de los plazos de cada una de las licencias”.
Al entender que el fallo de Alfonso atenta directamente contra el pronunciamiento anterior de la Corte Suprema, el organismo que preside Sabbatella considera que existe gravedad institucional y que el máximo tribunal debería intervenir de forma inmediata en el expediente revocando la resolución del juez de primera instancia. Además, la Autoridad Federal solicitó que hasta tanto se expida la Corte sobre la cautelar, la resolución de Alfonso quede suspendida, tal como lo establece el Código Procesal.
Fuente: AFSCA
“Hace un año, la Corte Suprema puso fin a una larga cautelar que benefició a Clarín y abrió definitivamente las puertas para poder democratizar la palabra en nuestro país. Ahora, otro juez nos arranca la posibilidad cierta de hacer cumplir esa norma, facilitando que la corporación que comanda Magnetto siga controlando el mercado de medios audiovisuales, con casi 300 licencias de cable, televisión y radio”, explicó el titular de AFSCA y señaló: “Es una barbaridad que un juez inferior se aparte sin fundamento de lo dicho por la Corte, lo que pone en evidencia que una parte del Poder Judicial se rinde ante el poder económico y permite que se consagren privilegios y se vulneren derechos como el de garantizar una comunicación plural, democrática y diversa -manifestó Sabbatella-. Los jueces deberían estar preocupados en cómo ayudan a que las leyes se cumplan; no en mutilarle al Estado la posibilidad de construir el país que el Pueblo decidió a través de sus representantes”. “Es obvio que Magnetto no quiere cumplir la ley y, por eso es una vergüenza que parte del Poder Judicial nos quite las herramientas legales que tenemos para obligar a que la ley se cumpla”, concluyó el funcionario nacional.
La AFSCA presentó esta mañana un recurso extraordinario por salto de instancia -per saltum- ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solicitándole su inmediata intervención para que revoque la medida cautelar dictada por el juez Horacio Alfonso que suspendió el proceso de adecuación de oficio del Grupo Clarín.
La presentación fue realizada de acuerdo a lo establecido en el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite acudir directamente ante la Corte Suprema salteando la instancia de Cámara en las causas “que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional”.
La ley entiende que existe gravedad institucional “en aquellas cuestiones sometidas a juicio que excedan el interés de las partes en la causa, proyectándose sobre el general o público, de modo tal que por su trascendencia queden comprometidas las instituciones básicas del sistema republicano de gobierno o los principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales por ella incorporados”.
En virtud de lo expuesto, la AFSCA indicó que la resolución de un juez de primera instancia, contrariando los principios ya establecidos por la Corte Suprema de Justicia en su fallo del 29 de octubre del 2013, compromete las instituciones básicas del sistema republicano.
“Las medidas cautelares dispuestas por diversos jueces que hicieron que el Grupo Clarín pueda incumplir la ley por ya más de cinco años, pone al Poder Judicial por encima de los otros poderes del Estado y restringe la libertad de expresión de los ciudadanos, al obstaculizar la pluralidad de voces”, se indica en el escrito presentado ante la Corte. Algunos de los argumentos esgrimidos por Alfonso para conceder la cautelar apuntaron a una supuesta falta de deliberación del Directorio de AFSCA a la hora de decidir el inicio de la adecuación de oficio. Al respecto, en el escrito presentado hoy se expresa que “no puede obviarse el hecho de que resulta completamente ajena a la competencia del Poder Judicial de la Nación determinar los estándares de deliberación respecto de cuándo un órgano colegiado de la órbita del Poder ejecutivo Nacional ha dado -o no- suficiente debate sobre la adopción de un acto administrativo. En los fundamentos de la resolución atacada, el juez de grado fija un parámetro por cierto subjetivo y dogmático para decidir cuándo una discusión es suficiente y cuándo no, subestimando la autoridad e idoneidad de los Directores de esta Autoridad Federal que votaron la Resolución Nº 1121-AFSCA/14 por sus propias convicciones”.
Al entender que el fallo de Alfonso atenta directamente contra el pronunciamiento anterior de la Corte Suprema, el organismo que preside Sabbatella considera que existe gravedad institucional y que el máximo tribunal debería intervenir de forma inmediata en el expediente revocando la resolución del juez de primera instancia. Además, la Autoridad Federal solicitó que hasta tanto se expida la Corte sobre la cautelar, la resolución de Alfonso quede suspendida, tal como lo establece el Código Procesal.
Fuente: AFSCA
Parlamento de Uruguay aprueba ley que vigila la concentración y la propiedad extranjera de los medios
La Cámara de Representantes de Uruguay aprobó una discutida ley de medios que regula los servicios de radio y televisión con el objetivo de evitar los monopolios y la posesión por parte de extranjeros, así como fomentar la producción nacional
La normativa fue sancionada mediante los votos de los legisladores del oficialista Frente Amplio, con 50 a favor y 25 en contra, y será reglamentada en marzo cuando el presidente electo Tabaré Vázquez suceda al actual mandatario José Mujica.
La Cámara de Senadores había dado su visto bueno el martes.
El objetivo de la normativa es regular la concesión de licencias para evitar la concentración de medios, así como su usufructo por parte de grupos extranjeros.
Como condición para obtener una licencia, los candidatos "no (deben) ser filiales o subsidiarias de sociedades extranjeras, ni realizar actos, contratos o pactos societarios que permitan una posición dominante del capital extranjero", establece el artículo 106.
Días atrás, Mujica expresó que no quiere la presencia en Uruguay del argentino Clarín, del brasileño Globo o del empresario mexicano Carlos Slim.
La oposición sostuvo en el debate que la nueva ley podría incurrir en errores de inconstitucionalidad y limitar la libertad de expresión y criticó que deje afuera la regulación de internet.
"Eso no significa que esta ley sea obsoleta y antigua", dijo el diputado Carlos Varela del Frente Amplio. "Es la ley que regula lo que hoy podemos regular y nuestro compromiso debe ser no pasar de vuelta 40 o 50 años sin tocar el tema", agregó.
La normativa crea el Consejo de Comunicación Audiovisual, autónomo al Poder Ejecutivo, que deberá aplicar, fiscalizar y concretar los llamados para el otorgamiento de los permisos.
"Es una especie de Gran Hermano controlador", dijo el diputado Álvaro Delgado del opositor Partido Nacional al criticar la injerencia del Estado en la actividad privada.
Nuevas reglas
La ley fija que el 60 por ciento de la programación televisiva deberá ser de origen nacional, así como un 30 por ciento del contenido musical en radios. También establece una participación de un 30 por ciento de productoras independientes.
Adicionalmente establece un horario de protección al menor que comienza más temprano y coincide con el horario estelar, en el cual queda limitada la posibilidad de transmitir imágenes violentas, incluyendo a los noticieros.
Un aspecto innovador de la ley es que regula la publicidad electoral, concediendo una cuota por partido político directamente proporcional a los votos obtenidos en la última elección.
Por otra parte, los servicios de televisión para abonados deberán integrar a su guía de programación tres señales nacionales y podrán tener una participación máxima en el mercado de un 25 por ciento.
Las licencias para televisión, que deberán pagar un canon, serán concedidas por un período de 15 años y las radiales por un plazo de 10 años, con opción a una década de prórroga en ambos casos.
Asimismo se limita a seis los permisos televisivos para un mismo prestador, que será reducido a tres si alguno de ellos corresponde a la capital, Montevideo, donde vive el 40 por ciento de los 3,3 millones de habitantes del país.
(Reporte de Malena Castaldi; Editado por Silene Ramírez)
Fuente: Agencia Reuters
La normativa fue sancionada mediante los votos de los legisladores del oficialista Frente Amplio, con 50 a favor y 25 en contra, y será reglamentada en marzo cuando el presidente electo Tabaré Vázquez suceda al actual mandatario José Mujica.
La Cámara de Senadores había dado su visto bueno el martes.
El objetivo de la normativa es regular la concesión de licencias para evitar la concentración de medios, así como su usufructo por parte de grupos extranjeros.
Como condición para obtener una licencia, los candidatos "no (deben) ser filiales o subsidiarias de sociedades extranjeras, ni realizar actos, contratos o pactos societarios que permitan una posición dominante del capital extranjero", establece el artículo 106.
Días atrás, Mujica expresó que no quiere la presencia en Uruguay del argentino Clarín, del brasileño Globo o del empresario mexicano Carlos Slim.
La oposición sostuvo en el debate que la nueva ley podría incurrir en errores de inconstitucionalidad y limitar la libertad de expresión y criticó que deje afuera la regulación de internet.
"Eso no significa que esta ley sea obsoleta y antigua", dijo el diputado Carlos Varela del Frente Amplio. "Es la ley que regula lo que hoy podemos regular y nuestro compromiso debe ser no pasar de vuelta 40 o 50 años sin tocar el tema", agregó.
La normativa crea el Consejo de Comunicación Audiovisual, autónomo al Poder Ejecutivo, que deberá aplicar, fiscalizar y concretar los llamados para el otorgamiento de los permisos.
"Es una especie de Gran Hermano controlador", dijo el diputado Álvaro Delgado del opositor Partido Nacional al criticar la injerencia del Estado en la actividad privada.
Nuevas reglas
La ley fija que el 60 por ciento de la programación televisiva deberá ser de origen nacional, así como un 30 por ciento del contenido musical en radios. También establece una participación de un 30 por ciento de productoras independientes.
Adicionalmente establece un horario de protección al menor que comienza más temprano y coincide con el horario estelar, en el cual queda limitada la posibilidad de transmitir imágenes violentas, incluyendo a los noticieros.
Un aspecto innovador de la ley es que regula la publicidad electoral, concediendo una cuota por partido político directamente proporcional a los votos obtenidos en la última elección.
Por otra parte, los servicios de televisión para abonados deberán integrar a su guía de programación tres señales nacionales y podrán tener una participación máxima en el mercado de un 25 por ciento.
Las licencias para televisión, que deberán pagar un canon, serán concedidas por un período de 15 años y las radiales por un plazo de 10 años, con opción a una década de prórroga en ambos casos.
Asimismo se limita a seis los permisos televisivos para un mismo prestador, que será reducido a tres si alguno de ellos corresponde a la capital, Montevideo, donde vive el 40 por ciento de los 3,3 millones de habitantes del país.
(Reporte de Malena Castaldi; Editado por Silene Ramírez)
Fuente: Agencia Reuters
lunes, 22 de diciembre de 2014
Operación de prensa de Editorial Atlántida y un periodista al servicio de la dictadura
Estrenó ropa y fue a peinarse a la peluquería. Aquel día, Thelma Jara de Cabezas, una de las Madres de la Plaza de Mayo, debía estar radiante para su encuentro con los periodistas de una de las publicaciones más leídas de Argentina. Toda preparación era poca para una entrevista que se recordaría durante décadas.
"Habla la madre de un subversivo muerto", reza el título de la portada de la revista "Para Ti" del 10 de septiembre de 1979, justo debajo de una foto de su especial de moda argentina.
Dentro del ejemplar, entre un reportaje sobre los grandes nombres de la alta costura francesa, fotos de Sofía Loren y recetas de cocina, aparece el rostro de una mujer angustiada.
"La señora Thelma Jara de Cabezas es un testimonio nunca antes contado. Es sacar a la luz la verdad y la infamia que se esconde detrás de grupos con clara e inequívoca ideología", cuenta la publicación.
Lo que no supieron los argentinos es que Thelma no fue voluntariamente a la peluquería ni estrenó vestido por deseo propio.
Ni que ella era en realidad una de las prisioneras del centro de detención clandestino de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los principales sitios de tortura del régimen militar (1976-1983) en Buenos Aires.
Thelma había sido secuestrada por prestar apoyo a Montoneros, la guerrilla peronista de izquierdas en la que militaba su hijo Gustavo, un estudiante de 17 años que había "desaparecido" el 10 de mayo de 1976, cuando una patrulla del gobierno lo subió a un vehículo y se lo llevó, sin que hasta la fecha se conozca su paradero.
La entrevista que leyeron los argentinos entre fotos de la colección Primavera-Verano fue fraguada con la intención de cambiar la percepción que parte de la sociedad tenía de los grupos que combatían a la Junta Militar, así como con el fin de generar división entre organizaciones humanitarias.
En una medida sin precedentes, 35 años después de aquel reportaje, un juez federal argentino ordenó el procesamiento de quien entonces era jefe de redacción de la revista, Agustín Botinelli, quien rechaza las acusaciones.
BBC Mundo le presenta el caso de la entrevista que, según la Justicia argentina, buscó difundir la idea de que las desapariciones, torturas y asesinatos del régimen argentino eran un invento de las organizaciones de derechos humanos.
La cita era en la confitería Selquet del barrio de Bajo Belgrano, en Buenos Aires, no muy lejos de la ESMA, el centro al que Thelma había sido llevada tres meses antes de la entrevista, en abril de 1979, por su colaboración con Montoneros y su activismo en la Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas.
La mujer, de 52 años, había sido una de las primeras madres en dar la vuelta a la Pirámide de Mayo, tras la desaparición forzada de su hijo Gustavo Cabezas.
Hasta el café había sido conducida con anteojos ahumados, para dificultarle la tarea de reconocer el camino.
Ese lugar todavía existe, hoy renovado como un moderno bar restaurante, con grandes columnas y enormes ventanales.
"Entramos a la confitería, ella estaba sentada en una mesa junto a la ventana, con las cortinas cerradas. El lugar estaba casi vacío, a eso de las 10 y media de la mañana", le cuenta a BBC Mundo Tito La Penna, el fotógrafo que retrató a la Madre de Plaza de Mayo en septiembre de 1979.
"Para mí esa era una nota más", dice.
Pero no lo fue.
La declaración ante la Justicia de La Penna y el redactor de la revista, Eduardo Scola, que habían sido mandados allí sin saber que estaban frente a una secuestrada, contribuyeron a armar el rompecabezas de la "Operación Para Ti".
"Me quedó grabada la entrevista porque ella era la primera persona que hablaba de un desaparecido", cuenta el fotógrafo, que por entonces tenía 29 años.
En el local había además varios jóvenes, uno sentado junto a Thelma al que ella presentó como amigo de su hijo -según cuenta La Penna- y otros en otra mesa.
"Altos, delgados, fuertes...", con el paso del tiempo el fotógrafo entendió que no se trataba de simples clientes del café, sino miembros de las fuerzas de seguridad. "¡Ojalá hubiera sabido más!".
Ella le pidió que no fotografiara a los jóvenes y que no se pudiera identificar el lugar, así que todas las imágenes de la entrevista, tomadas con la Nikon F2 de La Penna, fueron unos simples primeros planos de ella en blanco y negro.
Tan sencillos que cuando volvió a la redacción de la revista su jefe de fotografía le reprochó la baja calidad de las imágenes:
"¡Mirá la mierda que hiciste, boludo!".
"Mi nombre es Thelma Dorothy Jara de Cabezas. Soy viuda. Tengo 52 años. Viví separada de mi esposo los últimos 17 años. Mi hijo se llamaba Gustavo Alejandro. Era un chico muy dulce. Sus sentimientos no tenían nada que ver con la violencia".
Así se presenta Thelma en el texto publicado por Para Ti, por aquellos años parte de la Editorial Atlántida.
"Su desesperación la llevó a recorrer los siniestros caminos que organizaciones subversivas tienen preparados para especular con el dolor de las familias deshechas por su propia culpa, por su política de odio y de violencia", reza el texto.
En su declaración durante al juicio a las Juntas, en 1985, la entrevistada aseguró que había recibido instrucciones "para desprestigiar a los organismos de derechos humanos y desmoralizar a los familiares".
"Lo hacés si querés. Acá no se obliga a nadie a hacer lo que no quiere. Pero si no querés, puntos suspensivos", le había dicho antes uno de los oficiales de la ESMA a Thelma, según ella misma contó hace años al diario Página 12, para convencerla de hacer la fraudulenta entrevista.
Asegura que el texto publicado en la revista se parece poco a sus palabras originales dichas a los dos periodistas de la revista con los que se encontró en la confitería.
Por ejemplo, en el texto da por muerto a su hijo, algo que -según explicó ante la Justicia en los años 80 y a diferentes medios de prensa- ella nunca aseguró en realidad.
"Prefiero aclarar ya, antes de seguir hablando, que mi hijo murió en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad", se lee en la publicación.
Poco después de la salida de la revista, el diario Buenos Aires Herald -en aquellos años, uno de los pocos en dar espacio a activistas de derechos humanos y denuncias de crímenes cometidos por el Estado-, destaca el lenguaje castrense de la entrevistada, poco común para una Madre de Plaza de Mayo.
"¡La desesperación de esta mujer de no poder gritar durante la entrevista!", dice el fotógrafo.
Hoy, a sus casi 90 años, sus problemas de salud mantienen a Thelma alejada de los medios.
Su otro hijo, Daniel, le cuenta a BBC Mundo cómo reaccionó al ver la publicación: "En el momento en que yo veo la nota me alegro, me aferro a la revista porque era una prueba de que estaba viva", dice.
"Pero luego me doy cuenta de que no hay ni una palabra de mi madre en la entrevista".
"Ella pensó: si sale una nota Daniel va a saber que estoy viva, pero fue a la entrevista sabiendo que iba a volver a la ESMA", explica.
Y a la ESMA volvió.
Según el otro hijo de Thelma, Daniel, la entrevista sirvió para saber que su madre estaba viva.
La publicación de la entrevista coincidió con la llegada a Buenos Aires de un comité de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos.
"El objeto del reportaje habría sido poner en duda u ocultar la práctica de detenciones ilegales y desapariciones forzadas, incluida la de la propia entrevistada, y difundir la idea de que la existencia de las desapariciones era una mentira sembrada por las organizaciones de derechos humanos", asegura el juez Sergio Torres, a cargo de la megainvestigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA, donde permanecía detenida la entrevistada.
Con esta operación se pretendía además dividir a los grupos que denunciaban los crímenes del Estado: ¿cómo ella, una de las primeras militantes de la Plaza de Mayo, podía rechazar públicamente y de manera tajante a sus compañeros y a organismos internacionales?
"Algo de efectividad tuvieron con esta nota", cuenta su hijo, Daniel.
"Algunos sectores de organismos de derechos humanos lo reconocieron como reportaje verdadero, se lo creyeron y rechazaron a mi madre, lo que le generó un aislamiento. Ella lo pasó muy mal".
El 7 de diciembre de 1979, Thelma Jara de Cabezas salió de la ESMA. "La Vieja", como la llamaban en el centro por ser una de las detenidas de mayor edad con sus 54 años, fue liberada sin explicaciones.
¿Una recompensa por la entrevista? "Nunca sabremos por qué", cuenta su hijo.
La mayor parte de los militares que mantuvieron secuestrada a Thelma fueron condenados a prisión, entre ellos Ricardo Miguel Cavallo, el marino que amenazó a Thelma para que hablara con los periodistas y que fue sentenciado a cadena perpetua en 2011.
Casi cuatro décadas después de la nota, un juez procesó también al jefe de redacción de la revista Para Ti, el civil Agustín Botinelli, por delito de coacción.
Así, Botinelli se convirtió este año en el primer periodista de la historia de Argentina procesado en el marco de la investigación de los crímenes contra los derechos humanos durante el régimen de facto que gobernó el país de 1976 a 1983.
Según el juez, "se valió de la situación amenazante que atravesaba la mencionada Jara de Cabezas, respecto de su vida y su integridad física, arbitró los medios necesarios para que se le realizara la mencionada entrevista, resultando su acción apta para vulnerar el bien jurídico protegido por la norma, para luego fraguar su contenido y ordenar su publicación en la revista Para Ti", sostiene el juez.
Durante su declaración, Botinelli rechazó las acusaciones y negó haber participado en un operativo semejante. Sostiene que si algo tocó de aquella entrevista fue algún error gramatical, no parte de su contenido.
En la causa estaba también imputado uno de los dueños de la editorial Atlántida, Aníbal Vigil, ya fallecido.
A través de su abogado, Botinelli rechazó dar su versión de la historia a BBC Mundo.
El periodista "esperará el resultado de este proceso para analizar los pasos a seguir en función a la causa que se ha formado en su contra", según aseguró su defensor a BBC Mundo.
Daniel Cabezas todavía guarda en un plástico la publicación que cambió la vida de su madre.
"Es complejo saber qué hubiera pasado si no hubiera salido esta revista", señala.
Cree que estas páginas quizá sirvan para investigar las complicidades y responsabilidades de los medios de comunicación en los crímenes de Estado en aquellos años.
Daniel guarda de nuevo y con cuidado aquel número de Para Ti con el especial de moda, las fotos de las actrices de Hollywood y la entrevista de su madre.
"En la historia de mi familia, esta nota permitió saber que mi madre estaba viva. Y seguir denunciando todo lo que hacía la dictadura".
Procesan a periodista por una nota falsa a la madre de un desaparecido
El juez Sergio Torres procesó al periodista Agustín Bottinelli por el delito de "coacción" en la causa que investiga la publicación en 1979 de una falsa entrevista a Thelma Jara de Cabezas, quien entonces estaba detenida en la ESMA. En el reportaje, la mujer era presentada como "la madre de un subversivo muerto", cuando su hijo en realidad estaba desaparecido.
"Es la primera vez en Argentina que un periodista, que fue parte del aparato de encubrimiento y de acción psicológica de la represión, es procesado. Bottinelli fue parte de un operativo de inteligencia", señaló el abogado Pablo Llonto, representante legal de Thelma Jara, a la agencia TelAm.
El artículo fue publicado el 10 de septiembre de 1979 por la revista Para Ti con el título "Habla la madre de un subversivo muerto". Allí, Jara de Cabezas era presentada como "una arrepentida que describía cómo la guerrilla había engañado a su hijo" para que se volcara a la lucha armada.
En la época en que se realizó la entrevista, el hijo de Jara, Gustavo Cabezas, se encontraba desaparecido desde 1976, y ella había denunciado el hecho ante distintos organismos de derechos humanos. Asimismo, la mujer estaba cautiva en la ESMA, bajo el control del represor Ricardo Miguel Cavallo.
Según la denuncia de la mujer, el represor Ricardo Cavallo le exigió que colabore con la revista. "Lo hacés si querés. Acá no se obliga a nadie a hacer lo que no quiere. Pero si no querés, puntos suspensivos", le dijo. Jara de Cabezas fue sacada de la ESMA, la vistieron, la llevaron a la peluquería y la trasladaron a una confitería donde se armó el supuesto reportaje de Bottinelli.
Fuentes: BBC Mundo y TelAm
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