Según un comunicado difundido por ENTel, los canales Rusia TV (204) y TeleSur (206) dejaron de emitirse en los servicios de Televisión por Fibra Óptica (IPTV), Televisión Satelital (DTH) y en la aplicación Entel TV Smart. El aviso no incluyó detalles técnicos, contractuales o financieros que expliquen la decisión, ni aclaró si se trata de una medida temporal o definitiva.
La presidenta de TeleSur, Patricia Villegas, calificó la exclusión como "tan previsible como condenable" y sostuvo que se trata de un nuevo episodio de censura encubierta. "No hay razones, lo esgrimido no engaña a nadie. Bolivia, tú lo sabes, seguimos juntos", afirmó en un mensaje difundido en redes sociales.
La decisión contrasta con el discurso sostenido por el presidente Rodrigo Paz y por autoridades del Ejecutivo, quienes en reiteradas oportunidades aseguraron que Bolivia atraviesa una etapa de plena vigencia democrática y respeto irrestricto a las libertades fundamentales. Para sectores críticos, la exclusión de señales informativas con líneas editoriales críticas desde una plataforma estatal resulta difícil de conciliar con ese relato oficial.
Debate jurídico y rol del Estado
El retiro de TeleSur y RT reavivó el debate sobre las obligaciones del Estado en materia de acceso a la información, particularmente cuando las decisiones provienen de empresas públicas. Desde una perspectiva jurídica, las acciones de ENTel se inscriben en el ámbito de la acción estatal y deben analizarse a la luz de la Constitución Política del Estado.
La Carta Magna reconoce el derecho a la comunicación y a la información y prohíbe la censura previa. Asimismo, la Ley General de Telecomunicaciones establece derechos para los usuarios de servicios de televisión, entre ellos el acceso a los contenidos ofrecidos bajo las condiciones contratadas. En ausencia de una motivación clara y detallada, decisiones que restringen señales informativas suelen generar controversias legales y reclamos de usuarios.
Hasta el momento, ENTel no respondió públicamente sobre los criterios aplicados para retirar ambos canales, ni sobre eventuales mecanismos de reposición. Tampoco la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones (ATT) ni el Ministerio de Obras Públicas emitieron pronunciamientos oficiales sobre el caso.
Antecedentes y contexto regional
La medida tiene antecedentes en Bolivia. En noviembre de 2019, durante la crisis política de ese año, ENTel retiró de su grilla a TeleSur y posteriormente restituyó la señal. Aquella decisión fue denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organismos de derechos humanos, y fue revertida tras el cambio de gobierno en 2020, cuando el entonces nuevo Ejecutivo anunció el restablecimiento del canal como parte de su política de comunicación.
Situaciones similares se registraron en otros países de la región, como Ecuador y Argentina, donde plataformas públicas retiraron la señal de TeleSur en contextos de alta tensión política. En contraste, la suspensión de RT en la Unión Europea en 2022 se dio en el marco de un régimen formal de sanciones relacionadas con la guerra en Ucrania y contó con respaldo de instancias judiciales europeas, bajo argumentos de seguridad y orden público.
En el caso boliviano, ENTel no aclaró si la salida de TeleSur —medio financiado principalmente por el Estado venezolano— y de RT, vinculada al sistema de medios estatales de Rusia, será permanente o si podría revertirse en el futuro, como ocurrió en el pasado.
Mientras tanto, el retiro de ambas señales vuelve a poner sobre la mesa un debate recurrente en el país: hasta qué punto una plataforma estatal puede excluir contenidos informativos sin una motivación transparente y si ese tipo de decisiones es compatible con el discurso oficial de respeto a la democracia y a la libertad de expresión.
Pronunciamiento de organizaciones periodísticas
En un comunicado conjunto, ambas organizaciones cuestionaron la justificación oficial brindada por la empresa estatal, que atribuyó la determinación a supuestos “temas administrativos” sin ofrecer —según señalaron— una explicación clara, detallada y transparente sobre los motivos que sustentan la salida de ambas señales de la grilla.
A criterio de ACPI y ANPB, la ausencia de información precisa vulnera el derecho de las audiencias a recibir explicaciones acordes con la responsabilidad que implica la gestión de una empresa pública de telecomunicaciones. En ese sentido, advirtieron que la escasa o insuficiente información oficial, así como las respuestas brindadas por los servicios de atención al cliente de ENTel, genera sospechas legítimas sobre una posible vulneración a la libertad de expresión.
Las organizaciones señalaron que esta preocupación se ve reforzada por antecedentes registrados en Bolivia en años anteriores y por experiencias recientes en otros países de la región, donde decisiones similares adoptadas tras cambios políticos derivaron en restricciones al pluralismo informativo y al acceso a diversas fuentes de información.
En su pronunciamiento, ACPI y ANPB subrayaron que el respeto a la pluralidad de voces y la tolerancia frente a posturas diversas y contrapuestas constituyen pilares esenciales del ejercicio democrático, principios que —recordaron— están consagrados en la Constitución Política del Estado.
Finalmente, alertaron que el silenciamiento arbitrario de medios de comunicación y periodistas puede acarrear consecuencias graves para la libertad de expresión, y exhortaron al Gobierno boliviano a garantizar plenamente este derecho fundamental, así como el derecho de la población a informarse a través de los canales y contenidos que elija libremente.
Fuentes: ERBol, Bolpress, Señales
