Una jornada cargada de tensión se vivió este sábado en Jujuy, luego de que partidos políticos y organizaciones sociales que se manifestaban en rechazo a la modificación de la Carta Maga denunciaran haber sido víctimas de represión policial por parte del gobierno que encabeza Gerardo Morales.
Durante los operativos de la Policía jujeña, se habría detenido además a dos periodistas que cubrían la protesta, lo que motivó el pedido de liberación inmediata por parte de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren) y el Foro de Periodismo Argentino (FoPeA). Ambas organizaciones exigieron la libertad inmediata de los periodistas detenidos en Jujuy.
"Expresamos nuestro rechazo a la brutal represión desatada por el gobierno de Gerardo Morales contra las masivas protestas en repudio a la reforma constitucional que atenta contra el derecho a manifestarse", dijo la FATPren y reclamó la "libertad inmediata de los periodistas Luciano Aguilar de la Izquierda Diario y Camilo Galli del diario digital El Submarino. La violenta detención de trabajadores de prensa apunta directamente a cercenar y atacar el derecho a la información y a la libertad de prensa".
"Asimismo, reclamamos la liberación inmediata de todas las personas detenidas durante las movilizaciones. Nos mantenemos en estado de alerta y acompañaremos todas las iniciativas en rechazo a la criminalización de la protesta", remarcó la Federación.
En otro comunicado difundido por FoPeA se exigió la recuperación de la libertad de Luciano Aguilar, de la Izquierda Diario, y Camilo Galli, corresponsal del diario digital el Submarino, quienes se habían acercado a cubrir la movilización realizada en la localidad de Purmamarca.
Según precisó FoPeA, los periodistas fueron arrastrados, entre empujones y golpes, por efectivos policiales para ser "subidos a una camioneta policial y trasladados al penal de Alto Comedero, a 60 kilómetros del lugar".
"Ambos estaban claramente identificados como trabajadores de prensa, por lo que la detención representa un abuso y un atropello hacia la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información", denunció la entidad que nuclea al periodismo argentino.
Además, desde el foro se repudió "la violenta represión policial" y se exigió al gobierno de Gerardo Morales "la liberación inmediata" de ambos reporteros.
Finalmente, reclamó a las autoridades jujeñas que "investiguen lo sucedido y sancionen a los responsables", ya que según se mencionó, "no es la primera vez que se denuncian presuntos abusos frente al trabajo periodístico" de la Policía de esa provincia.
Las comunidades originarias cortan las rutas en Purmamarza, Humahuaca, Abra Pampa y La Quiaca contr ala reforma de Morales
Esta madrugada, la policía de Gerardo Morales reprimió a miembros de pueblos originarios que sostenían un corte de ruta en la Ruta 9 altura Purmamarca en contra de su reforma constitucional, hubo personas heridas y detuvieron a dos miembros de las comunidades de Coquena y de Collamboy, que ya fueron liberados.
El hecho no hizo mas que enardecer a los originarios que junto a docentes y organizaciones sociales ahora mantienen cortes de ruta intermitentes en La Quiaca con gran cantidad de participantes- Abra Pampoa, Humahuaca y nuevamente en Purmamarca.
En La Quiaca se dieron cita las comunidades indígenas de Calahoyo, Casira , Puesto Grande, Piscuno , Casira San Juan de Oro, Ojo de Agua, Escaya, Castillo, Chocoite, Yavi Chico, Abra Pampa, Barrios, Portillo, Yavi, Suripujio, Santa Victoria, Nazareno, Piedra Negra, Santa Catalina, Suripujio, Llulluchayoc, Natividad Quispe, La Quiaca Vieja, Quirquincho, Inticancha, La Pulpera, Chaumaumayoc, Lagunillas, El Cóndor, El Tolar, Cerrillos y Cabrerias. También el Sindicato de Taxistas, Estibadores, ATE, CEDEMS, Seom y otros.
Las últimas informaciones indican que un centenar de efectivos de la infaneria policial jujeña llegaron alrededor de las 14 horas a Purmamarca en el paraje Chañarcito con instrucciones expresas de despejar la ruta y reprimir a los manifestantes.
En San Salvador los docentes ahora se congregan en el acceso sur a la ciudad a la altura de la casilla de turismo, en los costados de la Ruta 9, manifestando en apoyo de las comunidades.
En el día de ayer se realizó el 3er Malón por la Paz, en el que miles de integrantes de comunidades originarias de toda la quebrada y puna jujeña llegaron a la capital jujeña donde marcharon junto a organizaciones sociales, políticas, gremiales, de derechos humanos contra la reforma parcial de la Constitución provincial y en apoyo al reclamo salarial docente que ya va por su segunda semana de paro.
La Reforma de la Constitución fue aprobada en la madrugada del viernes por 40 convencionales de Juntos por el Cambio y el PJ jujeño, a las apuradas , rodeados por la policía y escondidos de las y los jujeños que realizaban una marcha de antorchas, en una sesión que fue presidida por Gerardo Morales. El texto de esa reforma no fue tratado siquiera durante 15 días y la convención no llegó a sesionar durante un mes. Pese al profundo rechazo expresado en un verdadero jujeñazo que vive la provincia , Gerardo Morales se apresta a hacerla jurar el próximo 20 de Junio en el Teatro Mitre en el Día de la Bandera.
Luego del Malón de la Paz, y ante la total falta de respuestas de Morales, la Asamblea Nacional de Pueblos de la Puna resolvió cortar las rutas nacionales 9 y 52, que van hacía Bolivia y Chile, decisión que hoy se está concretando. Anunciaron en un comunicado, emitido ayer que la medida “sólo se levantará con la restitución de la constitución provincial y la indeclinable renuncia del gobernador de la provincia”.
El CELS, Centro de Estudios Sociales y Legales, expresó acerca de la reforma jujeña: “El gobierno de Jujuy aprobó una reforma constitucional que apela a la ´paz social´ para limitar el derecho a la protesta. El texto menciona estándares internacionales de derechos humanos" pero que "quedan en letra muerta: Ya que prevé que se sancione una ley para limitar las manifestaciones y deja abierta la puerta para que el gobierno y la policía decidan quiénes pueden y quiénes no pueden protestar".
Entre otros polémicos puntos rechazados por las y los jujeños, la reforma limita el derecho a la protesta consagrado en la Constitución Nacional, permite el avance privado -para la explotación del Litio- sobre los territorios ancestrales de las Comunidades Originarias, concentra el poder en el ejecutivo oficialista y les saca potestad a organismos de control externos sobre las cuentas públicas.
Fuentes: Señales, Jujuy Dice
