La jueza María Victoria Montoya Quiroga, vocal interina de la Sala I del Tribunal de Juicio, absolvió a Julia Elena Valencia Donat (50) y a María Agustina Rodríguez Laconi (33) del delito por el que llegaron requeridas a la audiencia por tratarse de asuntos de interés público, en los términos de los artículos 109 in fine y 110 del Código Penal.
En el mismo fallo, la jueza hizo lugar a la acción civil instaurada por el querellante, concejal Juan Pablo Dávalos, y condenó a las dos conductoras del programa "Opiniones Sanlorenceñas" (Canal 2) a pagarle al demandante 250 mil pesos cada una en concepto de indemnización sustitutiva por daño moral, en los términos de los artículos 1717, 1724, 1726, 1738, 1740, 1742, 1770 y 1771 del Código Civil y Comercial de la Nación (más intereses y costas desde el 21 de marzo de 2022 hasta su efectivo pago, el que deberá realizarse dentro de los diez días posteriores a quedar firme el fallo).
Llama la atención el fallo que por un lado las absuelva por las calumnias e injurias, pero por otro avance por lo económico y sobre el contenido publicado en las redes sociales. Valencia Donat y Rodríguez Laconi fueron querelladas por el concejal Juan Pablo Dávalos luego de que lo acusaran en su programa de quedarse con el dinero del alquiler de canchas de fútbol del municipio de San Lorenzo.
La jueza ordenó, además, la publicación de la sentencia, a costa de las responsables civiles, en sus redes sociales y en dos diarios de soporte papel de circulación local, conforme lo dispuesto por el artículo 1740 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Además, ordenó que se eliminen de la plataforma Facebook y demás medios masivos de comunicación, los programas televisivos relacionados a Dávalos.
"Desde el programa Opiniones Sanlorenceñas hacemos participar a los vecinos que mandan mensajes y en uno de ellos nos avisan que habían unos fondos públicos que no estaban siendo ingresados de manera correcta, que tampoco estaban siendo rendidos, que había una supuesta malversación de fondos", contó a El Tintero de Salta Julieta Valencia Donat, conductora del programa.
A raíz de esta situación, el concejal Juan Pablo Dávalos, junto al asesor legal del municipio y el intendente Manuel Saravia, denunciaron al programa por calumnias a injurias.
"Al recibir la denuncia del concejal, tuvimos que aportar las causas para mostrar porqué tratamos el tema y terminamos destapando una olla sobre fondos públicos", expresó Donat.
Luego de presentar las pruebas y demás, la jueza del tribunal, María Victoria Montoya, consideró que las opiniones vertidas en el programa eran asuntos de interés público y por lo tanto no consideró que existan los delitos de calumnias y/o injurias.
"La justicia desestimó la denuncia porque se trataba de fondos públicos. Desde un principio hemos puesto a disposición de la justicia todo lo que desde el programa se ha tratado. Para nosotras es un gran triunfo porque somos dos mujeres que hace dos años hacemos el programa. Entendemos que siempre, cuando se destapan ollas, de alguna manera te quieren acallar y los políticos no soportan que se hablen de las cosas que se manejan mal", acotó y definió que vieron "una gran dificultad de los vecinos de San Lorenzo para poder expresar sus necesidades" que muchas veces no reciben respuestas políticas ni del municipio ni del Concejo Deliberante por eso este medio, les ha dado la posibilidad de expresarse".
Tras el rechazo de la denuncia solicitaron que se giren las actuaciones al fiscal penal para su respectiva investigación. "Se ha corrido traslado al fiscal para la investigación de la rendición de fondos y cómo y quién tenía el acto administrativo por el cual se nombra a la persona que tenía que percibir los fondos, con qué tipo de documentación y por supuesto, la rendición, en qué se gastaron los fondos, ya que los testigos dijeron, sobre todo los que trabajan en la municipalidad, que ese dinero público se gastaba en suministros para el NIDO, en pelotas y en algunas cosas que se necesitaban, entonces hay qué saber dónde están las órdenes de compra, fechado, dónde están las presupuestos pedidos para la compra de esos insumos y dónde están las facturas de compra, que son en lo que se gastaron los fondos públicos".
Finalmente, la periodista manifestó que "desde el programa entendemos que aportamos a la verdad, un cierto aire de justicia y democracia porque en definitiva, muchas veces cuando los órganos no funcionan somos los medios los que tomamos la posta con las voces de los vecinos, que son los que dirigen la información".
Julieta Valencia señaló que apelarán esa resolución de la jueza y correrán traslado a la fiscalía para que investigue las supuestas irregularidades.
"La calumnia y la injuria no configuraron un delito, sin embargo, nos quieren hacer pagar. Es un tanto ridículo ya que, si no hay delito, no deberían tipificar una condena dado que no hay daño", sostuvo Valencia. "Nadie entiende el fallo de la jueza. Además, si se sienta jurisprudencia, nunca más un periodista va a poder decir nada, porque las cifras son muy elevadas. ¿Quién puede pagar $ 250.000?", afirmó. La periodista añadió que el edil no aceptó hacer uso de su derecho a réplica en el programa.
Por último, sostuvo que: "Como concejal tiene la obligación de controlar al Ejecutivo municipal y de pedir informes cuando hay irregularidades en el manejo de fondos. A pesar que le pedimos que haga el pedido de informe, nunca lo hizo porque su esposa es asesora legal del intendente".
Fuentes: El Tintero, Nuevo Diario
