lunes, 31 de julio de 2017

Lombardi repliega al Estado para beneficio de los grupos mediáticos que lo blindan, sostiene Julio De Vido

El actual diputado Julio De Vido aseguró que Hernán Lombardi “esta replegando los intereses del Estado en pos de beneficios políticos y multimillonarios de los grupos mediáticos y económicos más concentrados del país”
El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, está replegando los intereses del Estado en pos de beneficios políticos y mutimillarios de los grupos mediáticos y económicos más concentrados del país.

Con una política privatista de los contenidos, el funcionario macrista ha desarticulado la expansión del programa Televisión Digital Abierta, que había sido planificado con una impronta inclusiva y pluralista.

En diecinueve meses de gestión, Lombardi no sumó ni una sola antena de TDA y sólo finalizó la instalación de una las 30 que ya estaban en proceso desde 2015, cuando se habían proyectado unas 100 para dar cobertura a gran parte de la Argentina.

La política de parálisis de la infraestructura pública deja en evidencia el pensamiento medular del Gobierno de Mauricio Macri en este rubro: dar TV abierta y gratuita a los argentinos es afectar el negocio de los grupos económicos que controlan el cable.

Al Centro Cultural Kirchner, Lombardi lo ha convertido en un polo de oficinas administrativas y salas con contenido cultural europeista con aroma francés, relegando la cultura popular de esta región del mundo.

Además, la administración macrista sigue sin instalar los equipamientos licitados y adjudicados por el Gobierno anterior, sin dar explicaciones concretas de tamaño perjuicio al Estado, a los recursos de la gente.

No es casual esa decisión: el Estado le alquila equipamiento a empresas amigas de funcionarios de primera línea y paga sumas millonarias por ello con los recursos recaudados por los impuestos que pagan los ciudadanos argentinos.

En esa línea, Lombardi ha desmantelado el mayor centro de animación de América Latina en el que se iban a formar más de 60.000 jóvenes de todo el país para exportar contenidos al mundo.

No sólo impide la capacitación de los estudiantes sino también detiene el funcionario macrista la posibilidad de que se generen miles de puestos de trabajo de mano de obra intensiva en oficios digitales que el mundo está demandando.

Han reducido la iniciativa a un plan de alquiler de equipos para empresas productoras amigas mientras duermen las carreras de la Universidad de San Martín en algún rincón del ministerio de Educación.

Mientras Lombardi desarticula políticas públicas para la generación de contenidos, conocimiento y fuentes de empleo en un rubro de punta, los candidatos de Cambiemos al Congreso aconsejan a los jóvenes desempleados a fabricar cerveza. Es una falta de respeto, un atropello a la razón.

El Banco de Contenidos Universales Argentinos (BACUA), que es el más grande de América Latina que se haya creado, ha brindado miles de horas a los canales de todo el país para enriquecer sus grillas con contenidos locales.

Pero la política del macrismo ha decidido retroceder décadas e impulsar un centralismo cultural con base en la Ciudad de Buenos Aires, con beneficios descomunales para los grupos mediáticos que cuidan las espaldas al presidente Macri.

Con el discurso vacío de eliminar la confrontación política, están concentrando la generación de información y distribución de conocimiento en el sector privado, sumergiendo al Estado en la paz de los cementerios.

El objetivo es claro y directo: llegar a los hogares de los argentinos con un mensaje lineal y unidireccional, sobre la base de las nefastas ideas de Jaime Durán Barba, el alter ego de Mauricio Macri.

Por orden de Lombardi, el Gobierno ha subejecutado en 2017 los 700 millones de pesos que estaban destinados a fomentar a las productoras independientes, dejando libre el juego a las cinco firmas más poderosas del sector que lo controlaban toda hasta 2010, cuando el Estado había resuelto impulsar la pluralidad de contenidos.

En medio de una fuerte caída de ventas de entradas de cine por la crisis económica desatada por el macrismo, han castigado con un brutal desfinanciamiento a las producción de películas nacionales.

No han podido frenar Tecnópolis por el arrollador éxito popular que tuvo esa iniciativa que el macrismo había impedido realizar en Ciudad de Buenos Aires en sus inicios, pero han privatizado la generación de los contenidos.

Teniendo los equipos tecnológicos a disposición, un presupuesto abultado para realizar contrataciones y personal muy capacitado, han optado por encomendar tareas con pagos millonarios a productoras como la del empresario Luis Majul.

Contratan sin licitación y se autocontrolan con el silencio cómplice de la Oficina Anticorrupción, una expresa militante del macrismo y entrevistada permanente y complacida de la productora de Majul.

Ni hablar de lo que han hecho con la Ley de Medios (SIC), quizás la norma más pluralista y consensuada de los 200 años de historia de la Argentina, que llevó un año de encendidos debates en todos los rincones del país.

Han eliminado esa ley para favorecer al poderoso Grupo Clarín, brazo mediático del Gobierno para destruir opositores a cambio de una pauta oficial que se ha multiplicado varias veces sin razón alguna y en detrimento del resto de los medios.

Y hay un sinfín de preguntas sin respuestas: ¿Qué ha pasado con la empresa estatal que nació para revolucionar los medios? ¿Dónde se publican las licitaciones? ¿Hay licitaciones? ¿Cumplen con el régimen de compras? Toda una enorme farsa.

Con el desfinanciamiento y el vaciamiento de la infraestructura pública les han quitado tareas y funciones a gran parte de los más de 500 trabajadores de la TDA y canal Encuentro. Preparan el escenario para una sangría de empleos.

La misma táctica usó Lombardi en la agencia estatal TelAm para desprenderse en el corto plazo de unos 120 trabajadores que trabajan para el área de asignación de la pauta oficial, que ahora inexplicablemente pasaría a manos privadas.

Las Comisiones Gremiales de Canal 7, Radio Nacional y la agencia TelAm han rechazado recientemente la política de despidos y el cierre del sector publicitario en la agencia de noticias.

Esas decisiones gubernamentales ponen en riesgo más de un centenar de puestos de trabajo y debilitan la inexcusable función que el Estado tiene en materia de comunicación pública.

Las trabajadoras y los trabajadores de TelAm han denunciado la tercerización total del circuito publicitario, con lo que se eliminó la función de control de la pauta oficial que, desde hace 50 años, ejerce la agencia.

A la vez, la empresa anunció cuatro despidos en la planta periodística de la agencia, incluso violando los compromisos que formalmente había asumido ante sus trabajadores y el Sindicato Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).

Lombardi actúa en consecuencia con sus intereses personales maniatados por su necesidad de blindaje de los medios con mayor penetración en la opinión pública, a los que beneficia y para los que opera.

Incluso fue secretario de Turismo de la Alianza -que condujo de la mano de Fernando de la Rúa a una de las peores crisis de la historia nacional- a donde llegó gracias a un pasado de relaciones oscuras en la Franja Morada en la facultad de Ingeniería.

Desde entonces, Lombardi ha echado mano a los contratos basura por acuerdos espurios entre la Franja Morada y la conducción de la Facultad, tal como ahora pretende impulsar el Gobierno a partir de una reforma laboral que se advierte flexibilizadota y expulsiva.

Mientras ocupó cargos públicos, Lombardi ha impulsado negocios paralelos con la empresa constructora de su padre Jorge, quien había levantado las Torres de Manantiales, en Mar del Plata, y el Palacio San Miguel, en la Capital.

Incluso Lombardi ha usado el autodenominado y lamentable Grupo Sushi en el inicio de los 2000 como plataforma de impulso a la fama para fortalecer los negocios privados que mantenía en paralelo, junto a Antonito de la Rúa.

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