Por: Mariano Bustos @MarianoBustos_
A pesar de que ya han pasado casi 80 días desde la muerte de Alberto Nisman, Damián Pachter aún tiene miedo de regresar al país. Por este motivo, desde Israel, el periodista que publicó en Twitter la primicia sobre el deceso del fiscal de la causa AMIA inició medidas legales para que el Estado argentino garantice su seguridad. Sobre todo, luego de que se supiera que el ex gerente general de TelAm, la agencia estatal de noticias que publicó información personal del paradero de Pachter, integra la lista de espías de la Agencia Federal de Investigaciones (ex SIDE).
Se trata de Esteban Orestes Carella, quien el 30 de enero fue removido de su cargo por su responsabilidad en la difusión de los datos del programa de vuelos de Pachter con destino final a Israel.
“El Gobierno difundió información privada de un periodista que estaba en riesgo por dar la primicia del caso Nisman, un caso en el que ha quedado claro que el Gobierno no controla los actores”, explicó el abogado mendocino Ignacio Boulin en relación al papel que pueden haber desempeñado espías nacionales o extranjeros en la muerte del fiscal.
Lo curioso, es que el nombre de Orestes Carella apareció publicado en la revista Noticias dentro de la nomina de 138 espías que Oscar Parrilli ha incorporado a la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) desde diciembre del 2014.
Por todos estos motivos, Javier Teitelbaum y los abogados mendocinos Ignacio Boulin, Lucas Gómez y Carlos De Casas presentaron en nombre de Pachter una serie de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Tanto es así que el 25 de marzo este organismo, el cual depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), le requirió al Estado argentino información sobre la situación del periodista que dio la primicia de la causa Nisman.
En concreto, la CIDH busca determinar si las autoridades competentes adoptaron medidas de protección a favor de Pachter cuando se encontraba en Argentina y cuáles son las garantías de seguridad ofrecidas por el Gobierno para salvaguardar la vida e integridad personal del periodista, en la eventualidad de un retorno a Argentina.
Según expresó la CIDH luego de la muerte del fiscal de la causa AMIA “los funcionarios estatales tienen la obligación de repudiar de manera clara, pública y firme los ataques perpetrados como represalia por el ejercicio de la libertad de expresión, y abstenerse de efectuar declaraciones que posiblemente incrementen la vulnerabilidad de periodistas en situación especial de riesgo”. Sin embargo, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no sólo hizo públicos datos personales de Pachter, sino que el por entonces jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, defendió públicamente esa difusión.
Ante esta situación, la CIDH puso bajo la lupa el accionar del Estado argentino en lo que concierne a libertad de expresión. Al respecto, los abogados de Pachter sostuvieron que el requerimiento constituye un avance significativo, que ayudará a garantizar en el futuro el trabajo de la prensa en la cobertura de los asuntos de interés público.
“Los casos internacionales producen un efecto cascada. A nosotros nos preocupa la seguridad de Pachter y de todos los periodistas en riesgo por causas de narcotráfico, corrupción, etc”, explicó Boulin a MDZ.
Especialistas en Derecho Internacional
Tanto Boulin como Gómez, De Casas y Teitelbaum cuentan con una vasta experiencia en casos internacionales relacionados a la libertad de expresión, y este fue el motivo por el cual Damián Pachter los eligió como sus representantes. “El contacto lo hizo mediante un amigo en común”, explicó Boulin.
Por ejemplo, este grupo de letrados ha llevado adelante casos de diferentes países de Latinoamérica como México y Ecuador.
En Ecuador, representaron al periodista Fernando Villavicencio, quien fue perseguido y condenado por injurias contra el presidente Rafael Correa.
Fuente: mdzol.com
