La lucha sin cuartel entre la presidenta Cristina Kirchner y el influyente grupo de prensa Clarín ingresa en fase crucial este viernes con la entrada en vigencia de una cláusula antimonopólica de la Ley de Medios, rechazada por el mayor multimedios argentino, que libra una intensa batalla judicial
"En 48 horas comienza la aplicación plena de la ley; no es una opinión del gobierno, sino de la Corte Suprema, que dijo que el plazo para adecuarse a la ley vencía inexorablemente el 7 de diciembre", afirmó este miércoles en rueda de prensa el ministro de Justicia, Julio Alak.
La advertencia de Alak se produce en medio de una intensificación de las acusaciones entre Kirchner y Clarín y de una dura disputa en los estrados judiciales, mientras la oposición sostiene que el gobierno utilizará la norma para intentar formar una red de medios favorables y limitar la libertad de expresión.
"El Poder Ejecutivo buscó en la ley una herramienta para atenuar la existencia de un medio importante que es Clarín, porque desde ese medio se emiten opiniones disidentes", dijo a la AFP el senador Arturo Vera, del opositor radicalismo (segunda fuerza legislativa).
Vera sostuvo que "todos los resortes que el gobierno pueda usar para facilitar su mensaje los utiliza, y las voces disidentes las ataca".
El senador señaló que "cuando Clarín era adicto al gobierno, le autorizaba todas las licencias" y recordó que el fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), esposo y antecesor de la mandataria, fue quien "firmó a favor de ese grupo la fusión de las dos más importantes empresas de cable" del país.
"Me preocupa el poder del Estado para condicionar a la justicia y a la opinión publica. El gobierno no ve a la libertad de expresión como inherente al sistema democrático", dijo a su vez a la AFP la senadora del Frente Amplio Progresista (centroizquierda) y periodista Norma Morandini.
Ambos senadores son firmantes de una declaración que la oposición entregará el viernes a una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa que llegará especialmente a Buenos Aires cuando se empiece a aplicar la ley.
En cambio, Eduardo Seminara, uno de los directores de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), dijo que la ley de Medios “permitirá pluralizar más la comunicación en el país, donde el mapa de medios está muy concentrado”.
“Hay una empresa (Grupo Clarín) que maneja el 70% de la comunicación, o sea alrededor de 500 empresas de medios. Eso atenta contra la democratización de la palabra, y es lo que viene a corregir esta nueva Ley de Medios”, aseguró Seminara.
Las autoridades destacan que a través de la norma, por ejemplo, el viernes próximo comenzará a transmitir el primer canal indígena de Argentina, localizado en la sureña ciudad de Bariloche.
Siete de 21 grupos mediáticos que están excedidos en las licencias de cable, radio y televisión, incluido el grupo Clarín, tienen plazo hasta el viernes para presentar un plan de desinversión en esas licencias. De lo contrario la AFSCA (autoridad de aplicación) comenzará un proceso de oficio el 10 de diciembre.
El multimedios Clarín posee "el 41% del mercado de radio, el 38% de la TV abierta y el 59% de la TV por cable, cuando el máximo en todos los casos es 35%", dijo Martín Sabbatella, titular de AFSCA.
Clarín, uno de los principales grupos mediáticos de América Latina, tiene el diario de mayor circulación en el país, canales de aire, de cable, radios y redes de televisión por cable, con un volumen de negocios de 9.753 millones de pesos (unos 2.000 millones de dólares) en 2011.
La batalla judicial
La gran disputa se está librando también en los estrados judiciales, debido a que Clarín considera que no se puede aplicar la norma antimonopólica hasta tanto un juez no se pronuncie sobre si esa norma es constitucional, mientras el gobierno considera que la Corte fijó el plazo del 7 de diciembre ("7 D") para que comience a regir.
"El juez debe dictar sentencia sobre el fondo de la cuestión (si es constitucional o no), pero la Corte Suprema dijo que la fecha de entrada en vigencia es el 7 de diciembre", declaró a la AFP el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat.
El letrado señaló que "entonces AFSCA tiene la obligación de aplicar la norma, porque las leyes se presumen válidas".
De su lado, el abogado Félix Loñ dijo que cualquiera sea el fallo del juez "la parte afectada va a apelar, y la apelación va a suspender la sentencia, entonces no se va a poder efectivizar la desinversión de Clarín hasta que no haya una sentencia definitiva".
La disputa también en los spots
El enfrentamiento entre Clarín y el gobierno se juega además a través de una profusa publicidad en los medios masivos de comunicación, con acusaciones y respuestas mutuas que se renuevan casi diariamente.
"¿Quién miente?", pregunta Clarín en su periódico y en el canal de cable TN, al dar cuenta de polémicas declaraciones de funcionarios, tales como "la inseguridad es una sensación".
El Grupo lo hace en respuesta a carteles callejeros de organizaciones afines al oficialistmo con la leyenda "Clarín miente", mientras el gobierno utiliza el masivo espacio de las transmisiones de fútbol por televisión para cuestionar al multimedios, centrando en el "7D", a la que considera una fecha clave en la gestión de Cristina Kirchner.
Fuente: Agence France-Presse (AFP)
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