Un informe especial de El Argentino da cuenta que mientras Entre Ríos hace esfuerzos para consolidar la lucha ambiental, en Santa Fe la empresa finlandesa Kemira hace una inversión de casi 13 millones de dólares para la firma Celulosa Argentina, que es de capitales uruguayos a través de Fanapel.
Sin embargo, en la lucha contra Botnia, Santa Fe contradice sus mejores intenciones y traiciona a Entre Ríos al promover, animar y generar negocios con la empresa Kemira, la firma que proveerá de insumos químicos a Botnia Fray Bentos y cuyas acciones la integra el propio Estado de Finlandia.
Un trabajo de investigación de El Argentino confirmó la presencia activa de Kemira en Santa Fe, con una inversión que ronda inicialmente los 13 millones de dólares y que está destinada a la planta de celulosa de la vecina provincia, más precisamente en Capitán Bermúdez.
Lauri Junnila, vicepresidente Ejecutivo para América Latina y de Asia y Jarmo Savolainen, vicepresidente de la firma, confirmaron que “Kemira amplía su negocio relacionado con la pulpa de papel” y en Argentina construye una unidad para generar dióxido de cloro “para el molino de la pulpa de celulosa de Capitán Bermúdez”.
Las compañías también han firmado un acuerdo a largo plazo para la entrega de todos los productos químicos usados en blanqueo de la pulpa. Fuentes de Kemira estimaron que a principios de 2008 la planta debería estar en funcionamiento. Para más información alcanza con remitirse al sitio de Internet de la propia firma: www.kemira.com y revisar sus antecedentes de 2006.
“La inversión en
La empresa que funciona en Capitán Bermúdez se llama Celulosa Argentina -cuyos capitales son uruguayos a través de la firma Fanapel- y es uno de los principales fabricantes de la pulpa química del país y la compañía está levantando su capacidad productiva para llevarla a las 200 mil toneladas anuales, de acuerdo a las proyecciones industriales a las que accedió El Argentino.
El rédito de Kemira en productos químicos para la pulpa y el papel asciende a aproximadamente 1,1 mil millones de Euros. Se trata de una compañía que emplea a 2.500 personas en ese sector, y tiene presencia en 34 países.
La declaración de GualeguaychúEl presidente Néstor Kirchner convocó el 5 de mayo del año pasado a todos los gobernadores a reunirse en Gualeguaychú, con el objetivo de rubricar una declaración que tuvo como objeto formalizar su adhesión a la lucha ambiental de
Santa Fe, integrante junto con Córdoba y Entre Ríos de
Textualmente, el documento rubricado en el Corsódromo expresa –entre otros puntos- lo siguiente: … 4) Que con fundamento en tales principios y ante una clara trasgresión al Tratado del Río Uruguay suscripto por nuestro país y
5) Que en función de lo dicho, el desarrollo sostenible, el paradigma del presente y de la visión estratégica del futuro, y considerando que el ambiente es patrimonio común de la sociedad, y que de él depende la calidad de vida y las posibilidades presentes y futuras para el desarrollo del país.
6) Que la devastación de la naturaleza y la contaminación ambiental suelen ser el resultado, en la mayor parte de los casos, de la exacerbación de modelos económicos que, en procura de la obtención de mayores utilidades, desatienden y vulneran los recursos ambientales de los que se vale el ciudadano para poder crecer en un contexto sano y saludable.
7) Que el Estado tiene el deber de proveer a la protección del derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano, y para ello se torna imprescindible la coordinación entre los distintos niveles gubernamentales.
8) Que la comunidad internacional incorporó el paradigma del desarrollo sostenible, comprometiéndose a promover el crecimiento económico, la equidad social y la protección del ambiente y, en consecuencia, el tema ambiental es uno de los elementos centrales en la consideración de las cuestiones que determinan de manera directa nuestro bienestar general.
9) Que nuestro país detenta un importante patrimonio natural que constituye una ventaja competitiva que no debe ser puesta en riesgo por modelos económicos que provocan daño ambiental e inequidad social.
10) Que es nuestra responsabilidad con las generaciones presentes y futuras evitar acciones que representen la continuidad de modelos que erróneamente contraponen el crecimiento económico a la protección ambiental.
11) Que Argentina, junto a toda la región latinoamericana, se constituye en acreedora ante los países desarrollados por los servicios ambientales que presta.
12) Que siendo decisión del Gobierno nacional profundizar la protección de tales derechos, es necesario encarar una acción decisiva que trascienda la misma administración para convertirlo en una política de Estado que asegure la protección del hombre, de las comunidades de las que son parte y de las futuras generaciones a la que les asiste el derecho de nacer en un ámbito íntegro.
13) Que la voluntad política es esencial para que estos procesos se consoliden y sostengan en el tiempo.
Es más, en virtud de los puntos acordados, los gobernadores declararon “acompañar el reclamo argentino ante
“Alcanzar el desarrollo sostenible constituye, en
“Las provincias y
“Fortalecer la institucionalidad ambiental federal.
“Optimizar el uso de instrumentos tales como; el ordenamiento del territorio, la evaluación de impacto ambiental, los sistemas de control y monitoreo, la educación ambiental, el sistema de diagnóstico e información ambiental, la participación ciudadana y el régimen económico de promoción del desarrollo sostenible”.
La complicidad del COFEMA
La contradicción no sólo es evidente en el gobierno de Jorge Obeid, sino que altos funcionarios ambientales de Santa Fe también han incurrido en abierta negación a lo acordado oportunamente.
Este es el caso de la actual conducción del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), cuya presidencia la ejerce el máximo responsable en materia ambiental de Santa Fe, Marcelo Terenzio, que a su vez para llegar a esa posición contó con un apoyo incondicional de las provincias pro papeleras de Corrientes y Misiones. Curiosamente, al COFEMA se le ha pasado de manera inadvertida la presencia de Kemira en Capitán Bermúdez lo que constituye -cuando menos y en el mejor de los casos- una complicidad por omisión. Y torna casi en ridícula la justificación que busca el gobierno de Kirchner para involucrar al gobierno finés en la búsqueda de una solución al conflicto por Botnia.
La situación de Terenzio e incluso de la propia secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
Fanapel fue fundada en 1898, y hoy es considerada la empresa papelera más importante de Uruguay y una de las mayores del sector industrial del Mercosur. En el año 2000 –de acuerdo a la documentación oficial a la que accedió El Argentino-, Fanapel adquiere la mayoría del paquete accionario de Celulosa Argentina SA, constituyéndose en una empresa con una fuerte presencia en Santa Fe. ¿Por qué actualmente Picolotti habla de una reconversión verde en Capitán Bermúdez y por otro lado cuestiona la presencia del gobierno de Finlandia en el proyecto Botnia? No hay una única respuesta, aunque la contradicción en la política y en las acciones es tan evidente que debería obligar al gobierno de Jorge Busti a intervenir para que esta contradicción no termine boicoteando los mejores esfuerzos en la lucha ambiental.
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Está claro que no se hace honor al mandato emanado de
Nahuel Maciel
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