El mes próximo el Ministerio de Industria elevará a Presidencia un borrador de proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, que incluye regulación de contenidos en tres áreas: los derechos de los niños y de las personas con discapacidades frente a los medios, la no discriminación y la promoción de contenidos nacionales. Por su parte, el director general de secretaría del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Pablo Álvarez (foto), también planea elaborar un proyecto de ley para regular la publicidad dirigida a niños.El proyecto de ley que está en este momento a estudio del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) no regula la calidad de la información brindada por los medios. Según informaron a la diaria fuentes del Ejecutivo, propone reflotar un proyecto planteado un par de años atrás por el director nacional de Cultura, Hugo Achugar, respecto a la promoción de contenidos culturales nacionales en los medios. Aquel proyecto disponía, por ejemplo, establecer que 50% de la programación de los canales de televisión y las radios debía ser de producción nacional.
El borrador a estudio del MIEM también establece la obligatoriedad de incorporar lenguaje de señas en cierto tipo de programaciones, dispone tiempos máximos de emisión de publicidad por hora y prohíbe los contenidos discriminatorios y la incitación al odio. Finalmente, propone legislar en torno a los derechos de los niños frente a los medios, estableciendo algunas restricciones a la publicidad dirigida a ellos y a su aparición en publicidades.
Respecto a este último punto, Pablo Álvarez es partidario de prohibir completamente en los medios de comunicación la publicidad dirigida a niños, la publicidad que utiliza a los niños para vender productos a adultos y las publicidades en las que aparecen niños. En este último caso, se exceptuarían los casos de campañas por los derechos de los niños o las sanitarias. El director del MEC piensa elaborar un proyecto de ley para motivar el debate en torno al tema.
“Este tipo de publicidad no está respetando la situación del niño, que está en un proceso de formación, y se intenta modificar su conducta. Estamos de forma muy temprana enganchando a los niños en una estrategia donde el ser está vinculado al tener, y luego se generan frustraciones vinculadas a eso”, consideró Álvarez. Para el director del MEC, proteger al niño también implica proteger a la familia, que muchas veces no puede acceder a comprar determinado producto y eso genera angustia en los padres y en el niño. Asimismo, apuntó Álvarez, se “engancha” al niño en una modalidad de consumo que se prolonga a lo largo del tiempo, estableciendo por ejemplo fidelidades con ciertas marcas.
Álvarez también mencionó el caso de la publicidad de “comida chatarra”, que promueve un consumo “para nada saludable”, y de las publicidades que refuerzan “estructuras sexistas en el comportamiento”. “En este caso no estás atacando ninguna opinión, no estás censurando una opinión, sino una estrategia de venta. Los medios no son dueños de la señal que emiten, sino que están administrando una onda que el Estado les da, y está bien que el Estado ponga condiciones”, estimó Álvarez, y recordó que Suecia tiene este tipo de prohibiciones desde 1913.
Autorregulados
La Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad (AUDAP) está analizando el tema y por eso por el momento prefiere no pronunciarse, explicó a la diaria la gerenta del organismo, Silvana Saavedra. No obstante, recordó que existen normas establecidas por el Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria -creado por la Cámara de Anunciantes y AUDAP-, incluidas en el Código de Prácticas Publicitarias, referentes a la publicidad dirigida a menores de edad.
El código establece que los avisos “no deben abusar de la credulidad de los niños y la falta de experiencia de las personas jóvenes, ni deben establecer un grado de habilidad menor ni un nivel de edad inferior al que efectivamente se requiera en general para el uso o disfrute del producto”. También que “no deben contener ninguna declaración ni presentación visual que puedan tener el efecto de provocar daño en niños o jóvenes de carácter mental, moral o físico, o que puedan llevarlos a situaciones inseguras, o a realizar actividades que signifiquen una amenaza para su salud o seguridad, o que los alienten a tener relaciones con extraños o ingresar a lugares extraños o peligrosos, o cometer actos ilegales que contravengan ordenanzas o reglamentaciones”. Finalmente, dispone que la publicidad no debe “socavar la autoridad, responsabilidad, juicio o criterio de los padres y educadores, ni debe contener frases mandatarias o compulsivas que insten al menor a obtener el producto por cualquier medio”.
Saturados
La filmación del asesinato del empleado de La Pasiva se emitió 48 veces en dos días en los canales de televisión nacionales, según información de la consultora Foco difundida por el Ministerio del Interior. Pablo Álvarez consideró que este tipo de casos deberían “regularse” sobre la base de un acuerdo con los medios, o por lo menos de un acuerdo político amplio. “Hubo evidentemente una morbosidad absoluta. Tenemos que ver si estamos dispuestos a discutirlo en serio, porque si del otro lado ya me acusan de que quiero censurar o soy antidemócrata, ya no se puede”, consideró el director del MEC. Para Álvarez, los medios de comunicación “operan como un partido político y son mucho más eficientes que un partido político en la relación costo-beneficio”, con la diferencia de que utilizan frecuencias que les da el Estado.
Foto: Pablo Nogueira
Privados. Se oponen a participar de llamado abierto y a licencias limitadas
Por: Pilar Besada
Los canales de televisión privados se oponen a que la licencia para explotar la TV digital sea limitada a 15 años y a tener que participar de un llamado abierto para acceder a la señal. Evaluarán presentar un recurso administrativo contra el decreto.
El decreto que regula la televisión digital, firmado el 11 de mayo pasado por el presidente José Mujica, habilita dos alternativas para los actuales canales comerciales de televisión abierta: continuar con la licencia actual, precaria y revocable aunque por tiempo indeterminado, o participar de un llamado público que realizará la Ursec y obtener una licencia por 15 años renovable por otros 10.
Para esta segunda opción, el canal debe presentar información sobre su proyecto comunicacional y de negocios, incluyendo aspectos como la política de pautas publicitarias, la cantidad y tipo de producción nacional propia, la creación de empleos directos y la participación de productores independientes nacionales.
En el primer caso, los canales accederán solamente a una señal en formato estándar, mientras que en la segunda alternativa harían uso de un canal entero de 6 Mhz, a través del cual podrán emitir hasta cuatro señales de TV o señales en alta definición, además de contenidos interactivos y para dispositivos móviles.
Rafael Inchausti, presidente de la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (ANDeBU), dijo a El País que el decreto "no conforma completamente ni a la Asociación ni a los canales", dado que "no asegura la continuidad de los actuales operadores".
Según Inchausti, el decreto implica una "pérdida de licencias" para los actuales operadores, porque "autoriza a los canales a continuar prestando un servicio digital en calidad estándar, cuando los operadores entienden que el cambio de tecnología no debería implicar una limitación en las posibilidades que ofrece la incorporación de esa tecnología digital".
Actualmente, para emitir una señal de televisión en formato analógico se requieren 6 Mhz del espacio radioeléctrico. Sin embargo, mediante la tecnología digital se pueden emitir varias señales y en alta definición en el canal de 6 Mhz.
Inchausti cree que los canales deben continuar explotando el canal entero de 6 Mhz. "Para poner un ejemplo, si en algún momento el Estado decidiera que los taxis tuvieran que pasar de motor a combustión a motor eléctrico, eso no debería implicar que los actuales titulares de los taxis perdieran sus licencias o se vieran restringidos en la posibilidad de usar la nueva tecnología", comentó.
Por otra parte, los operadores también se oponen a que las licencias sean otorgadas por un período de 15 años. "Establecer un límite temporal de 15 años implica incorporar una limitación a la libertad de dedicarse a una determinada actividad", comentó Inchausti. "Si bien reconocemos que el Estado tiene facultades para establecer limitaciones en determinadas situaciones a las libertades de los individuos, eso se debería hacer por razones de interés general y a través de una ley y no un decreto", señaló.
La norma establece que luego de los primeros 15 años, los operadores pueden renovar la licencia por otros 10 años. "En cada renovación se tendrá en cuenta la evaluación del cumplimiento de las condiciones y compromisos asumidos por el operador en su plan comunicacional", señala el texto.
Las evaluaciones serán realizadas por la Ursec, la Comisión Honoraria Asesora Independiente (CHAI) y mediante una audiencia pública no vinculante. Si no existen análisis negativos, la renovación será concedida, salvo que "existan nuevos interesados pre-calificados para los cuales no queden canales disponibles", según la norma.
El director nacional de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Sergio de Cola, comentó a El País que en este caso, "la renovación no es automática y los operadores deben concursar en competencia con los nuevos oferentes".
El decreto también marca que los operadores privados deben pagar al Estado un monto en base a su facturación, para constituir un Fondo de producción audiovisual y aplicaciones de TV digital.
Los canales también rechazan esto. "Por tratarse de la prestación de un servicio que llega a toda la población de forma gratuita, no debería aplicarse un castigo a la actividad sino, por el contrario, deberían encontrarse mecanismos de promoción", dijo Inchausti.
La semana próxima se reunirán en Andebu representantes de los canales privados de Montevideo y del interior y decidirán si aceptan el decreto o si presentan un recurso administrativo.
Fuente: La Diaria y El País Digital
